DIBUJO LIBRE

La crisis económica y sanitaria generada por el surgimiento y expansión del COVID- 19 afectó tanto al comercio interno de hoja de coca en Bolivia, como al abastecimiento normal de esta planta en el Norte de Argentina (NOA), especialmente el tiempo que duró el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Un efecto de la pandemia fue el incremento del precio de la coca, llegando a costar el cuarto kilo de hoja común (ni siquiera de primera calidad) hasta 4.000 pesos argentinos (45 $us). Esto propició a que las provincias del norte argentino debatieran formas de importar legalmente este recurso natural mediante algunas propuestas de ley. La primera, que implicó la posibilidad de producción local de coca en Argentina, y una segunda propuesta que versó sobre la ampliación del Artículo 15 de la Ley 23.737 de 1989 (“La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinada a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”).

Ricardo Abduca, antropólogo, dice que en Argentina (a excepción de algunos años) el coqueo siempre fue legal. A pesar de que el Gobierno argentino firmó la Convención Única de 1961 de Naciones Unidas, como los demás países andinos, en 1976 se cristalizaron leyes de importación de coca mediante convenios con Bolivia, entre el Gobierno argentino y la Sociedad Propietaria de Yungas, para abastecer al NOA con coca de hacienda boliviana de primera calidad. “Nuevos intentos tibios de acuerdos bilaterales se darían años después, poco antes del gobierno de Evo Morales y durante el mismo, pero hasta la fecha sin resultado”. La coca. Tradición y modernidad del acullico en Argentina. Abduca y Metaal (2019).

A partir de la Ley General de la Coca 906 y el Decreto 3318 que la reglamenta, en 2017 nace la comercialización controlada desde los centros de producción, mercados hasta los centros de consumo al detalle.

La ruta de la coca. El mercado argentino demanda hoja grande, es muy exigente con la calidad, cuenta el productor cocalero Aurelio D., quien resalta la existencia de hasta cuatro calidades de hoja de coca para el uso natural; la elegida es de primera calidad y se va directamente al NOA, es tratada por kilo y no por libra; luego están la coca de segunda, de tercera y hasta de cuarta, seleccionadas por su tamaño, originalidad y color.

Abduca recalca que aunque casi todo el mundo cree que la coca del Chapare es de mala calidad, al contrario de la de los Yungas, hay muchas excepciones al respecto; afirma que ha mostrado a gente experta que también hay coca elegida cochabambina, y es una hoja grande. Así que los dos sectores tienen el potencial de no quedarse afuera.

Fuentes productoras indican que cerca de 25% del volumen de producción de coca se produce en los Yungas de La Paz y está destinada al mercado argentino.

Comercialización en pandemia. Durante la pandemia, la coca ha sido parte de la medicina alternativa que los hermanos hemos ido usando, menciona Aurelio D., y agrega: Más allá de los protocolos que nos marcan las autoridades de salud pública, nosotros los productores y los propios consumidores hemos logrado mitigar los resultados nefastos del COVID-19 mediante este consumo.

Aurelio afirma que uno de los problemas más fuertes para la circulación local de hoja de coca en Bolivia durante la pandemia fueron las políticas de interdicción hacia el cocalero, que repercutieron directamente en la interdicción hacia la coca en su estado natural, en un contexto en que Bolivia vivía bajo el mando de un gobierno (de facto) transitorio.

Si bien la comercialización de coca fue difícil en la frontera, como alimento y medicina era apetecida en el norte argentino. Aurelio relata que en esa época en la ciudad de Santa Cruz la libra de coca llegó a costar Bs 150. Había desesperación en la pandemia; nosotros como productores no queremos que la coca se vuelva un privilegio, solo para los que tienen un ingreso alto, concluye.

La frontera boliviana con La Quiaca argentina es una de las principales rutas de comercialización de hoja de coca, la mayor parte de su población son comerciantes de coca, quienes se denominan “cocanis”.

En la ciudad frotenriza en Bolivia se encuentra fácilmente las tres variedades de coca; el costo por kilo de hoja oscila entre Bs 115 y Bs 120, la hojeada está entre Bs 140 y 160, y la elegida cuesta Bs 200.

También se vende coca machucada en bolsas pequeñas que cuestan 10 bolivianos, quienes mayormente la consumen son transportistas bolivianos y argentinos, el ingreso de la coca machucada es reciente ya que antes no se vendía mucho, comenta Marta, otra cocani de la zona, que vende coca yungueña.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, en marzo del 2020, Bolivia tropezó con grandes dificultades para exportar productos a Argentina, si bien es legal llevar coca a este país hasta 1 kilogramo, llevar más de lo permitido puede significar una detención por parte de los gendarmes; en palabras de un cocani de la zona: La primera vez, te quitan tu mercadería; la segunda, además de decomisar la mercadería, uno puede ir a la cárcel hasta seis meses, dependiendo de cuántos kilos estás llevando; y, la tercera vez te quitan la mercadería y ya te vetan del país, es decir, si vuelven a encontrarte la sanción es con más años en la cárcel.

La hoja de coca por kilo en Jujuy, cuenta Lucy, cuesta a 2.300 pesos argentinos (Bs 180,11; 26 $us) la coca común, hojeada, 2.800 pesos (Bs 219,26; $us 31,72) y la elegida cuesta arriba de 3.800 pesos (Bs 297,57; 43,06 $us). Sin embargo, en Buenos Aires un kilogramo de hoja de coca puede llegar a costar 5.800 pesos argentinos (Bs 454,22; $us 65,72).

Mercado legal. Durante la pandemia, uno de los principales problemas del desabastecimiento de la planta en Argentina se dio por las incautaciones en el NOA, cosa que generó sobreprecios para la coca. Es preciso recalcar que no se han encontrado denuncias de fabricación ilícita de drogas por esos sectores y tampoco se conocen datos estadísticos oficiales que demuestren que la hoja de coca internada en Argentina tenga fines ilícitos; es claro que las dinámicas comerciales de la coca en la frontera boliviano-argentina brindan oportunidades de trabajo.

Los caminos, oportunidades y desafíos que tiene ahora Bolivia ante esta realidad, es solicitar a la OMS una revisión crítica, para pedir la reclasificación de la hoja de coca; o facilitar acuerdos y tratados Inter Se para generar canales de comercio internacional de coca mediante un acuerdo bilateral entre Bolivia y Argentina. Argentina ya está explorando esas posibilidades, no se olvide que a nivel regional Perú lidera el mercado de exportación de coca y Colombia, que a pesar de su precaria legislación generó grandes avances en su industria, a pesar de estar hoy en pleno debate sobre la aplicabilidad del programa de aspersión aérea, que a pesar de haber sido suspendido en 2015 hoy amenaza con retornar sin tomar en cuenta los numerosos antecedentes generados en la salud de su población, el medio ambiente y las formas de vida.

Es una buena oportunidad para Bolivia de iniciar esta nueva gestión democrática con visión a futuro y con objetivos en común que generen unidad en sus comunidades.

 (*) Patricia Chulver B. es investigadora, directora de Fundación Semilla

La estrategia boliviana de lucha contra el narcotráfico se basa esencialmente en el control social a la producción de la coca. Su aplicación limita la oferta en función del consumo legal, bajo la premisa de evitar su desvío con fines ilícitos. Y si bien es una estrategia aún perfectible, demuestra que las políticas de apoyo son mucho más efectivas que las coercitivas. Tales resultados nos inducen a considerar que otras políticas públicas sobre sustancias controladas deberían basarse en este enfoque de apoyar en lugar de castigar.

En 2018 se vio un avance con la Ley 1005, abrogada por tensiones políticas que dificultaron una lectura algo más objetiva acerca de lo que se planteaba con relación a las drogas. Pequeños pasos como la despenalización del consumo y del microtráfico de drogas fueron pasos esperados por la sociedad civil progresista. Sin embargo, la falta de socialización del documento y la desinformación llevaron a que la población confunda la despenalización con el “fomento al consumo”. Y es en este punto que se deben dejar en claro algunos criterios.

La despenalización implica que un delito (que antes era sancionado) deje de ser penado. En cambio la tipificación de la descriminalización pasa del ámbito penal al no penal, sigue siendo una infracción, pero ya no es un delito. Con legalización una conducta otrora proscrita pasa a estar permitida. Entretanto, la regulación plantea que el Estado controle la producción, comercialización y venta de una sustancia, mediante normas específicas.

Estos conceptos responden a procesos muy diferentes; y entender su significado legal puede ayudar a la solución más pertinente para tratar el fenómeno de las drogas. Si me dieran a elegir entre uno de los cuatro procesos antes mencionados, me decantaría siempre por la regulación de las sustancias ilegales. La legalización puede servir si se la entiende como un paso dentro de un proceso; pero no tendría mucha trascendencia si apunta a una política pública de regulación que le haga frente al problema del narcotráfico, pues este negocio se alimenta de la ilegalidad y de la falta de control del Estado.

Me considero siempre una optimista y creo que Bolivia, país que algún momento fue cuna de pensamiento político, lucha y reivindicación del sur, no debe detenerse en la búsqueda de soluciones a sus problemas por temas políticos o conflictos de intereses. Campañas como la de “Apoye, No Castigue”, que fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, son sencillamente brillantes, al sobresaltar que un cambio de enfoque lo es todo en cuanto se trata de derechos humanos, justicia y buen vivir con relación a las drogas.

* es miembro de la Fundación Acción Semilla.