Una vez concluidas las negociaciones para establecer el incremento salarial de este año, han comenzado a surgir cuestionamientos sobre los porcentajes determinados, así como respecto a la política salarial del Gobierno. Por una parte, algunos sectores sindicales denuncian que los incrementos no son suficientes para satisfacer las necesidades de los trabajadores, planteando desde hace varios años que para el cálculo del aumento salarial se debe considerar el crecimiento del PIB, la pérdida del valor adquisitivo y el valor de la canasta familiar. Por otro lado, representantes de los sectores empresariales, en defensa de sus intereses, manifiestan que políticas salariales como las que se vienen ejecutando desde 2006 pueden afectar la productividad, la sostenibilidad de las empresas y la generación de nuevos empleos.

En esencia y fondo ambas posturas resultan radicales. Por una parte, la postura sindicalista, que implica un incremento desmesurado del salario mínimo nacional, generaría efectos directos a la estabilidad financiera del sector empresarial, comprometería la generación de nuevos empleos, incrementaría el desempleo y fomentaría a la economía informal.

Por otra parte, las posturas del sector empresarial, que plantean no incrementar el salario, tuvieron su máxima expresión entre el 2002 y el 2005, años en los cuales el salario mínimo prácticamente fue congelado pese a que la inflación promedio de este periodo osciló entre el 3,5% y el 4%. Dicha posición establece que el salario mínimo significa un costo adicional para el sector, y que éste no debería incrementarse si se quiere mejorar la productividad y la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, no considera que a nivel macro, el salario se constituye en el motor de la economía en general.

Más allá de los planteamientos recurrentes de cada gestión y del escenario de conflictividad entre ambos sectores, la política salarial ejecutada hasta ahora por el Gobierno ha resultado prudente y sostenible, y a la vez ha impulsado un incremento sostenido del salario superior a la tasa de inflación de cada año, beneficiando a los sectores que perciben salarios más bajos con incrementos inversamente proporcionales, y ha permitido el crecimiento de la economía a través del fomento de la demanda interna. Asimismo, esta política ha posibilitado el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores sin perjudicar el desarrollo de la actividad empresarial.

Los resultados en el contexto internacional también han sido positivos. En 2005, el salario mínimo nacional, en torno a los $us 54, ocupaba el último lugar respecto al resto de los 10 países de Sudamérica. No obstante, en las últimas gestiones se ha incrementado hasta situarse cerca de los $us 300, ocupando el séptimo lugar en 2015 respecto a las demás naciones, por encima de Brasil, y en 2016 sobre Venezuela y Perú. Esto evidencia que la política salarial ha sido prudente y que ha mejorado la calidad de vida de muchas bolivianas y bolivianos.

* Abogado.