Derechos Reales
Urge que todas las instancias del Estado que tienen mandato sobre DDRR transformen esa institución.
Entre las instituciones del Órgano Judicial más cuestionadas, sin lugar a dudas Derechos Reales es la que carga con más estigmas, debido a una larga historia de desidia, negligencia y hasta corrupción de algunos de los servidores que allí trabajan. Al reciente escándalo de alteración de partidas de propiedad de bienes inmuebles se suma la falta de personal suficiente para el trabajo que realizan.
Ha sido la nueva Directora Nacional de Derechos Reales (DDRR), quien hasta el lunes era directora de la oficina en La Paz, la que explicó la causa principal para la lentitud en los trámites: cada día solo en la sede de gobierno se atienden entre 800 y 1.000 personas, y hay apenas 44 servidores para hacer todo el trabajo.
La nueva autoridad nacional asume el cargo luego de que se decidiera el retiro de 400 trabajadores de aquella institución en todo el país, debido al hallazgo de numerosos casos de corrupción, que incluyen: un servidor en La Paz aprehendido luego de descubrirse que alteraba informáticamente partidas y matrículas para incrementar la superficie declarada y hasta cambiar el nombre del propietario; otro en Montero (Santa Cruz), quien ganó Bs 700.000 por “perder” centenares de trámites; y uno en Sucre, encarcelado luego de descubrirse que alteraba las anotaciones preventivas de bienes inmuebles, entre muchos otros.
La flamante Directora Nacional afirmó que se están buscando medios para dar solución a la sobrecarga de trabajo, comenzando por ampliar el horario laboral de 07.00 a 18.00. También recomendó a las personas que tienen trámites acudir no solo a la nueva oficina central de Miraflores, sino también a las de Chijini y de la zona Sur de la ciudad.
Sin embargo, es posible que no baste con medidas administrativas como ampliar el horario de trabajo o descentralizar los servicios de DDRR si no se interviene la cultura corporativa de la institución. De muy viejo se sabe que la propiedad de la tierra, sea en áreas rurales o urbanas, es un asunto muy delicado, no solo porque implica dominio sobre un determinado territorio, sino sobre todo porque los engaños y estafas suelen tardar demasiado en ser descubiertos, y los malos funcionarios que posibilitan estos extremos son un eslabón crucial en la cadena de la corrupción.
Asimismo, el que la institución llamada por ley a dar fe y garantizar la propiedad de las personas sobre sus bienes inmuebles no solo incumpla su misión, sino que deliberadamente la traicione, constituye una forma más de inseguridad jurídica para el ciudadano común.
Urge, pues, que así como el Consejo de la Magistratura ha decidido investigar y procesar a esos cientos de servidores públicos dedicados a la corrupción, todas las instancias del Estado que tienen vinculación y mandato sobre DDRR hagan su trabajo y transformen esa institución; de lo contrario, pasarán a la historia como los que pudiendo resolver la problemática prefirieron no hacerlo.