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jueves 21 oct 2021 | Actualizado a 17:42

Postextractivismo II

Los relocalizados se volvieron cooperativistas, cocaleros o políticos; y hoy están cobrando la factura

/ 9 de mayo de 2019 / 23:52

Históricamente, la responsabilidad social empresarial (RSE) solo fue un enunciado, cobró fuerza en los años 90, pero siempre fue un adorno en la retórica empresarial, del Gobierno o de los mineros libres de este país. Solo basta recordar la llamada “relocalización” de los años 80, cuando la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) fue destruida, más de 28.000 mineros quedaron prácticamente en la calle, y migraron a zonas urbanas, a cooperativas mineras o a las zonas de producción de coca (actividad única, que pese a los avatares de la política siempre estuvo/está vigente).

Nadie duda de que se trató de una solución política. A tiempo de definir la suerte del sector minero nacional, no se dudó en eliminar una estructura productiva con la capacidad para generar el 53,5% del valor de la producción minera nacional, con el fin último de destruir sus organizaciones sindicales que querían participar en las decisiones de los sectores productivos.

Tampoco cabe duda de que había problemas económicos, pero la respuesta para solucionar el desastre fue la peor en la historia republicana, y hoy nos está pasando la factura. ¿Alguien pensó en la gente? ¿En el futuro? ¿En la RSE? ¿Y en este caso en concreto, en la responsabilidad social gubernamental (RSG)? Hoy, 34 años después, seguimos hablando de Huanuni, Corocoro, Colquiri, Porco, San Vicente y muchas otras minas que se suponían no rentables en manos de la estatal minera, y volvemos a hablar de una Comibol productiva que regresó a esos y a otros distritos mineros. Los relocalizados de entonces se volvieron cooperativistas, cocaleros o políticos, y ahora el péndulo de la historia los ha colocado como protagonistas de primera línea y se están cobrando la factura.

En el ínterin de aproximadamente 20 años de liberalismo económico (neoliberalismo dicen algunos) se concretaron algunos de los proyectos más representativos como San Cristóbal, San Bartolomé, Kory Khollo, Kory Chaca y otros; paralelamente, el sector minero informal producto de la relocalización creció hasta convertirse en lo que es hoy, un monstruo policéfalo que produce la tercera parte del valor de la exportaciones mineras, sin medida ni clemencia con la retórica de RSE. Puede ser que el sector empresarial esté en un nivel alto de RSE durante la vida útil de la mina, pero, por lo que logré captar de algunos empresarios, la suerte de la gente después del cierre de operaciones dependerá del grado de resiliencia que haya podido desarrollar. El sector estatal, por otra parte, está empeñado en un puñado de proyectos (Salar de Uyuni, Mutún, Corocoro, etc.) en los que la RSG es una incógnita, se conoce muy poco de los protocolos de relacionamiento y del uso del entorno y solo resta esperar que no haya sorpresas desagradables en el mediano y largo plazo para las comunidades aledañas que tienen una centenaria historia de convivencia amigable con el entorno, lo contrario sería sembrar tempestades en un mar por ahora tranquilo.

La RSE tiene que ver con desarrollo sustentable y con alianzas estratégicas con los proyectos de desarrollo regional, esto no se da, los emprendimientos extractivistas son “islas” y/o enclaves de generación de riqueza, temporales y sin conexión con la proyección social a largo plazo que pudieran tener las comunidades y pueblos cercanos. Mientras no se consiga esta conexión seguiremos generando pueblos fantasmas, enclaves de economía informal y sociedades migrantes. La herencia del extractivismo no debiera ser lapidaria, sino que podría ser un factor para cimentar el desarrollo sustentable de pueblos y regiones, el postextractivismo debiera ser la continuidad de un proceso de desarrollo nacido del uso adecuado de las riquezas que atesora el país.

* Ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Minería y áreas fiscales

/ 15 de octubre de 2021 / 01:07

En un clima político muy enrarecido que vive el país, quiero referirme a un tema pragmático que pretendo sea un escape a los problemas de coyuntura y abra perspectivas de debate sobre el patrimonio físico con que cuenta el sector minero estatal administrado por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en toda la cadena de producción, beneficio y comercialización de minerales y metales, que salen de esas áreas mineras calificadas genéricamente como fiscales y cuyo origen se genera en los grupos mineros nacionalizados (DS 3223 de 31-10-1952 elevado a rango de ley en 29-10-1956), concesiones adquiridas posteriormente, residuos mineros en superficie originados por estos dos grupos, 26 áreas de uso exclusivo de la Comibol (DS 1369 de 10-08-2012), áreas que pasaron a su administración por el DS 1308 del 1 de agosto de 2012, áreas de contrato según la Ley 845, áreas de contrato con cooperativas, etc. Esto constituye un gran patrimonio corporativo cuyo manejo es obviamente difícil y aunque la Comibol es una empresa grande, hoy está lejos de ser una gran empresa como querían sus fundadores y cuyo fin debiera ser promover negocios mineros rentables.

Solamente las áreas de uso exclusivo del DS 1369 añadieron en 2012 al patrimonio de la estatal minera 33.564 cuadrículas, equivalentes a 839.100 hectáreas. Esta política de acumulación de áreas mineras a lo largo de los años ha generado un patético contrasentido en una empresa que controla la mayor parte del potencial minero del país y que paradójicamente no tiene la capacidad de desarrollarlo y generar nuevos proyectos mineros, porque en los años 80 se destruyó su Dirección de Exploraciones y Proyectos (hoy en proceso de reestructuración) y también porque se redujo al mínimo la capacidad del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeomin), el otro brazo operativo y de servicios encargado de la investigación geológica-minera de áreas fiscales. En un trabajo de investigación sobre este tema (Comibol un sueño inconcluso, en: ¿De vuelta al Estado Minero? Fundación Vicente Pazos Kanki, La Paz, Bolivia, 2013) detallo estas cosas y propongo algunas soluciones para estructurar una Corporación moderna y eficaz que sí podría revertir la situación y sacar provecho para el país de su inmenso patrimonio. La solución pasa por segmentar la corporación en unidades especializadas y no en grupos de minas, transferir las actividades y servicios de utilidad pública hacia áreas de acción del gobierno (salud, educación), permitir la participación de terceros en campos específicos y también en el desarrollo de nuevos proyectos, generando un clima apropiado a las inversiones de riesgo (v.g. exploración), y en el caso específico de áreas fiscales, alivianar la tediosa y burocrática tramitación de contratos de terceros con el Estado, entre otras medidas.

En las dos décadas precedentes no se han generado nuevos proyectos estatales en áreas fiscales que tengan una proyección significativa a corto y mediano plazos, muchas de estas áreas tienen trabajos previos de privados que no se finalizaron por los cambios frecuentes de la legislación del sector, la falta de seguridad jurídica que genera avasallamientos y estatizaciones, y por una inadecuada ley sectorial (Ley 535) que debería adecuarse a las necesidades actuales, como es el caso de las modificaciones que ya se han hecho por la presión social del sector cooperativo. El potencial minero soterrado en las profundidades de la corteza terrestre no tiene ningún valor, éste se consigue cuando se genera, con trabajo intelectual e inversiones, un proyecto minero que tenga cuando menos un estudio de prefactibilidad (PFS), que lo haga de interés. Lo contrario significaría seguir la moraleja de la fábula El perro del hortelano.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Informalidad y… ¿felicidad?

/ 3 de septiembre de 2021 / 02:03

Se escribe mucho sobre la informalidad y muy poco sobre la felicidad que es entre otras cosas el fin primordial que todo ser busca en su paso por este valle de lágrimas, como dirían algunos agoreros. Cuando se dice que en Bolivia el sector informal de la economía ya sobrepasa el 80%, cabe preguntar: ¿por qué además de la innata necesidad de sobrevivencia, la gente prefiere alejarse de los cánones y reglas de la economía formal para cumplir su cometido? Observe a la gente en un banco, en una oficina de impuestos o en una dependencia oficial, observe los rostros serios, las cejas fruncidas, la impaciencia en sus movimientos y compare con los rostros de la gente en una feria, en una kermés o en un mercado vecinal, vea los rostros alegres de los que compran y de los que venden, su comportamiento relajado, sus movimientos amigables, su felicidad. ¿Por qué la diferencia?

La economía y especialmente el comercio, nacieron informales, desde el trueque de especies y objetos de valor de los primeros grupos humanos, pasando por el tiempo de conquista de tierras de los imperios primigenios y hasta la colonización de éstos por las potencias militares emergentes en cada época, toda la economía se movía en base a valores relativos y a la supremacía del más fuerte. Pero había que financiar las aventuras de reyes y soberanos y de la burocracia de los gobiernos de turno después; la fuente de este financiamiento no podía ser otra que la generación de tributos y después de impuestos y así, se formó el entramado complejo que hoy denominamos “economía”. No es objeto de esta columna el entrar en mayores detalles sobre este asunto, solo puntualizar que con el paso del tiempo este entramado se complejiza cada vez más y las obligaciones crecen para la gente en relación inversa a los beneficios que obtiene por ejercer una actividad económica formal. Ese es, en mi opinión, el origen de lo que después se llamó informalidad: renegar del sistema y sus obligaciones para obtener mayor beneficio personal. Se la puede calificar como se desee pero está ahí gozando de buena salud y creciendo, de manera especial en los países en vías de desarrollo, eufemismo que engloba a países pobres, subdesarrollados y “bananeros”. Ese es el reto al que como país nos enfrentamos si no queremos terminar siendo un Estado informal.

Generalmente se asocia el sistema de desarrollo actual con las catastróficas consecuencias ambientales y sociales que vivimos, y se añora la simplicidad y el calor humano que acompañaron al Medioevo y al Renacimiento, como describe W. Bluske en su libro humorístico Subdesarrollo y Felicidad (Khana Cruz SRL. 1976), las costumbres y el buen pasar de la gente en mi tierra Tarija cuando era un pueblo feliz anclado en el tiempo, tierra de bucólicos paisajes, de donde salieron poetas, cantores, también políticos e ilustres profesionales de fama y prosapia que dieron renombre a esas tierras. Pero eso es harina de otro costal, la informalidad no hace pueblos felices aunque aquellos que la practiquen vivan algo parecido a esas mieles. Como país debemos reconocer que es el sistema el que tiene que cambiar y debemos hacerlo, la lucha brutal por acumular riqueza a cualquier costo está llevando a la humanidad al borde del abismo. Estas líneas un poco diferentes a los comentarios habituales de esta columna, solo buscan generar un tiempo de reflexión sobre lo que como nación nos espera si no cambiamos positivamente.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Meditación en efemérides

/ 6 de agosto de 2021 / 00:17

Cada efeméride nacional llega acompañada de anuncios grandilocuentes y promesas de logros importantes por parte del gobierno de turno, este ejercicio de buenas intenciones ya no tiene repercusiones más allá de los ámbitos oficiales y de los grupos políticos. La gente común, generalmente adopta una posición ambigua o ignora los anuncios, que no tienen nada que ver con la lucha cotidiana de sobrevivencia de la mayoría del pueblo boliviano. La inversión estatal de miles de millones de dólares en proyectos del sector extractivista de la economía (upstream en minería e hidrocarburos) es reiterativa en la economía nacional del último siglo; no tuvo buenos resultados precisamente porque no se acompaña de la inserción del país a los flujos de capital y a los mercados donde se generan. Tampoco hay relación con la infraestructura industrial existente o planeada para añadir valor a lo que se produce ni con la infraestructura vial, de servicios y de comercialización; esto produce un intrincado esquema de distribución del excedente, en actividades paralelas comerciales y de servicios, dejando para el operador primario y para el Estado, un reducido margen de ese excedente. Así hemos dilapidado nuestro potencial en plata, estaño, wólfram, bismuto, etc.; lo estamos haciendo con el oro y hemos convertido al país en un enclave de generación de materia prima y exportador de capitales. No parece coherente seguir en este camino, ¿verdad?

Los paradigmas económicos, sociales y ambientales en la minería actual, tienen que ver con un nuevo esquema de precios y costos, la preeminencia de la minería de metales tecnológicos, la transición energética en el sector, la lucha de los gobiernos por una mayor participación del excedente minero, la demanda de responsabilidad social empresarial (RSE), la escasez de profesionales y mano de obra calificada con nuevas habilidades tecnológicas y financieras, y el riesgo país. Nuestra legislación sectorial (Ley 535), en contrasentido, plantea una minería de actores diversos y de amplia participación social, con muchos derechos y muy pocas obligaciones, alienta la minería de pequeña escala e informal, ahuyenta inversiones empresariales y prohíbe el juego bursátil como fuente de financiamiento de nuevos proyectos. Las instituciones del sector, que fueron destruidas en los periodos de lo que se llamó neoliberalismo en los años 80 y 90, languidecen todavía a la espera de mejores días que no llegan por la elevada injerencia política en su administración. Así las cosas, pareciera aventurado emprender un programa de inversiones del calibre que se anuncia sin correr los riesgos inherentes a este tipo de proyectos. No olvidemos los anuncios de años anteriores de “un mar de gas” o de “un lago de petróleo” que desembocaron en rotundos fracasos de los programas de exploración de YPFB o las idas y venidas de la minería estatal por resucitar elefantes blancos como el Mutún o Karachipampa.

Hay un marcado desfase entre las tendencias actuales de la minería en el mundo, preocupada en el upstreamy el suministro de metales para garantizar la energía verde del futuro (v.g. Platinoides, tierras raras, cobre, grafeno, etc.) y los planes ya añejos que se quiere actualizar en el país, la Comibol se dedica al estaño, zinc, plomo y plata, soñamos con reabrir minas de antaño como Mesa de Plata en los Lípez y dejamos para la minería informal de pequeña escala, yacimientos aluviales de oro del noreste del país. Todo en aras de la reactivación económica, a cualquier precio y de la mano de lo que se llama democracia participativa.

Parafraseando a Octavio Paz: “…en nuestra región la democracia no necesita echar alas, lo que necesita es echar raíces. Antes de vender tiquetes al paraíso, preocupémonos primero por consolidar nuestras endebles instituciones”.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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La Paz en su mes festivo

/ 9 de julio de 2021 / 01:55

En una antigua columna (13/05/16) resumía en clave de cuentacuentos la historia del desarrollo de la minería nacional: “En un remoto lugar de los Andes Centrales y en tiempos donde la memoria se pierde entre la leyenda y la historia, germinó un país rico en oro, plata, estaño, bismuto, wólfram y otros metales. Riqueza de los reinos primigenios, fue saqueada a su turno por conquistadores hispanos que dominaron estas tierras, por una burguesía minero feudal en años republicanos y por transnacionales en el inmediato pretérito. Nunca se pudo implementar una industria minera en estas tierras, que signifique un desarrollo real de sus potencialidades. Siempre hubo un sino diabólico en las luchas intestinas por el control y usufructo de estas riquezas, que postergó las aspiraciones del país en aras de mezquinos intereses”. Hoy, recordando el mes de las gestas julias, cabe meditar sobre una realidad lacerante de intentos que siempre terminan en el área de influencia de intereses políticos de toda laya que postergan indefinidamente esas aspiraciones.

La Paz, tierra de legendarios imperios como el tiwanacota, el inca, el enigmático enclave aimara y de los pueblos originarios de tierras bajas: mosetenes, tacanas, lecos y otros, es tierra de grandes riquezas en oro en lo que hoy se conoce como la cuenca alta de los ríos Beni y Madre de Dios, de plata en la tierra de los Pacajakes en afloramientos con plata córnea o Querargirita de las minas Choquepiña, Jockolluni, Paco Kahua y Berenguela, la primera de ellas explotada desde la Colonia y aun antes del descubrimiento del Cerro Rico. Tierra de minas de cobre en sedimentos rojos como Corocoro, Chacarilla y Cosapa, tiene un gran potencial en estaño, wólfram, zinc, plomo y otros metales en la parte norte del Cinturón Estannífero. En sus tierras bajas hay pisos ecológicos con ganadería y agricultura subexplotadas y un potencial paisajístico y turístico importante. Sus grandes asentamientos urbanos, las ciudades de La Paz y El Alto son producto de los afanes de conquista la primera; fundada a orillas del río Choqueyapu por muchas razones, la principal, porque se encontraron pepas de oro en las gravas de ese río y por el desarrollo contemporáneo de alta migración campo-ciudad la segunda.

Sería muy largo seguir mencionando el potencial de estas tierras que hacen parte de dos cordilleras, del Altiplano y de las tierras bajas del Sub Andino. El departamento fue líder en áreas diversas de economía, política y cultura. Hoy, sin embargo, por su condición de sede de gobierno, se hace muy poco por mantener el liderazgo y desarrollar el potencial someramente descrito líneas arriba, el liderazgo político migra sin prisa pero sin pausa hacia el oriente, también el desarrollo cultural y de las artes. La marcha al norte y noreste del departamento se hace a tropezones, se anuncian proyectos carreteros que se inauguran periódicamente pero avanzan muy poco (v.g. Carretera 16, La Paz-Charazani-Apolo- Puerto Heath); la marcha del oro anunciada con bombos y platillos en los años 70 y 80 cuando Comibol tenía 600.000 hectáreas de concesiones en los ríos Madre de Dios y Beni, terminó con la reversión de las concesiones al Estado (¿?) y con el descontrol que vivimos ahora en el área por la minería informal con componentes de ilegalidad (v.g. Contrabando y blanqueo de activos) cada vez más obvios.

Pareciera que ya nadie recuerda la sentencia “Los discordes en concordia…” del escudo paceño, único camino para retomar la senda de desarrollo y progreso para estas tierras. Hoy domina la división campo-ciudad, originarios-foráneos, izquierda- derecha, ricos-pobres, etc. Sin embargo la esperanza siempre persiste y desde esta columna deseamos a todos los paceños Felices Fiestas Julias.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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¿Quién controla el oro del noreste?

/ 11 de junio de 2021 / 01:46

Hablar de oro es siempre alucinante y como anotaba en uno de mis escritos el brillo de este metal fue “la primera locura del hombre” (Plinio el Viejo en Naturalis, 79 d.C.), inspiró las más arriesgadas expediciones y es el metal más buscado desde tiempos inmemoriales. Por otra parte, hay un dicho popular que circula entre los exploradores: “el oro no es del que lo busca, sino del que lo encuentra”; siempre hay un halo de misterio en todo lo que se refiere a este metal. ¿Por qué vuelvo a citar estas frases en esta columna? En el país hay un debate sobre los yacimientos aluviales de oro del noreste del país, su manejo arbitrario para decir lo menos, sobre el contrabando, informalidad e ilegalidad que campean en las faenas mineras y en la cadena de comercialización del metal; aspectos que he tocado desde años atrás en esta columna y en otros escritos y como geólogo, desde los albores de la exploración moderna de los años 70 y 80 en la que participé, especialmente aquella de los años 80 cuando como director de Exploraciones de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) dirigí, entre otros, un proyecto de exploración de oro en el noreste que tenía la ayuda del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que se frustró alrededor de 1985 cuando la inestabilidad política instaló en el país un gobierno de tinte “neoliberal” que terminó con éste y con otros programas estatales de exploración minera y abrió el país y la corporación al capital privado nacional y transnacional. Al margen de afinidades políticas o juicios de valor al respecto, la nueva etapa, como todas en el vaivén de políticas contradictorias a lo largo de la historia del país, generó resultados positivos y también negativos, que no son tema de esta columna. Lo que quiero “remarcar” es el efecto negativo de este vaivén, cuando de desarrollar proyectos mineros se trata.

El proyecto aludido determinó varias áreas que podían ser explotadas racionalmente y delimitó en los ríos Madre de Dios y Beni las concesiones San Antonio del Río y Madre de Dios que totalizaban 600.000 hectáreas para la Comibol. En los primeros años 90 se trató de interesar al capital extranjero para un joint venture, varias empresas tenían interés y se llegó a un acuerdo con Downer Mining/ Autspac Gold para seguir la exploración de áreas seleccionadas y llegar a una factibilidad (DFS) que garantizaría una operación rentable. Paralelamente empezó una campaña de cooperativas, pequeñas unidades artesanales y garimpeiros que pugnaban por operar en el área que para entonces ya tenía un potencial muy interesante. La zona se llenó de dragalinas (balsas con equipo de succión y lavado de gravas mineralizadas). Esto, acompañado del difícil acceso, falta de infraestructura y sobre todo la inestabilidad política que vivió el país, lograron, sin prisa pero sin pausa, abortar el joint venture y pasados los años, la caducidad de las concesiones de la Comibol. El Estado anulando concesiones mineras de la estatal minera. ¿Qué tal? El resto es historia conocida y llegamos al presente, con el vaivén político en el otro extremo y con la minería informal, en algunos casos, ilegal, campeando en toda el área.

Así las cosas no marchan ni lo harán en el futuro. Acabo con una reflexión que hacía en esta columna hace muchos años (22/02/2013): ”el oro es hoy el más estratégico de los metales que produce el país, el control de la cadena de producción y comercialización debería ser una prioridad nacional. Un adecuado fortalecimiento institucional y una clara política sectorial pueden convertir la minería artesanal y/o informal que produce para invisibles reyes chiquitos, en una minería fuerte y moderna que beneficie a la región y al país”.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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