Voces

Thursday 23 May 2024 | Actualizado a 12:33 PM

Un buen pacto

El tema de fondo es qué decisiones toma una sociedad engañada por periodistas, medios y políticos.

/ 10 de mayo de 2019 / 23:38

Mientras algún “periodista de oposición” predicaba en La Paz hace menos de dos semanas mediante las redes una presunta necesidad de mentir durante la campaña electoral, porque de otro modo ese proceso sería aburrido, la Asociación de la Prensa del Uruguay firmaba con los líderes de los principales partidos políticos de ese país un “pacto ético contra la desinformación”. El acuerdo compromete a las partes nada más que a no mentir, y de inmediato fue definido como histórico por la sociedad uruguaya para “blindarse frente a las fake news”.

Uno de los dirigentes de la Asociación de Prensa del Uruguay explicó que la idea es que se genere desde el sistema político algún tipo de acción que trate de minimizar lo que ha estado ocurriendo en el mundo con relación a las campañas de desinformación y las noticias falsas, por los impactos tan negativos que han tenido en la definición del brexit; así como en las elecciones en Estados Unidos, en Brasil y Argentina”. Y se dejó en claro que el pacto no prevé ningún tipo de condena penal, económica, ni de ninguna otra índole que no sea la moral.

El documento dice que la práctica que pretende manipular a la opinión pública con la finalidad de obtener ciertos objetivos políticos, hoy se vuelve mucho más difusa como consecuencia de la masificación de los medios digitales, a través de los cuales muchas veces se vuelve muy difícil detectar la autoría o el origen de una noticia falsa.

Esta lucha no solo implica no generar o difundir noticias falsas, sino la responsabilidad de aclarar y excusarse cuando éstas son generadas o difundidas por integrantes o simpatizantes de cualquier partido. Además, con esta iniciativa compatible con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, de prensa y de opinión, Uruguay apuesta a ser un país de vanguardia y pionero en cuanto a la calidad del debate democrático y a la lucha contra la desinformación se refiere.

Los partidos políticos uruguayos que firmaron el acuerdo (Frente Amplio, Partido Colorado, Partido de la Gente, Partido Independiente, Partido Nacional y Unidad Popular) se comprometieron a no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos, a promover entre sus afiliados y militantes buenas prácticas de convivencia en el manejo de las redes sociales, y evitar  la ejecución entre sus dirigentes de acciones o expresiones de tono agraviantes o de descalificación contra los adversarios.

Por el momento, un acuerdo de estas características resulta impensable en Bolivia, donde al igual que en Uruguay está en curso una campaña electoral; algún periodista y profesor universitario de periodismo pregona la necesidad de mentir, y hay quienes lo ponen en práctica con un inocultable orgullo, a nombre de una supuesta defensa de objetivos altruistas. El tema de fondo es qué decisiones toma una sociedad engañada por periodistas, medios y políticos. Y ya se tienen experiencias recientes de las consecuencias.

De aplicarse en nuestro país, un convenio como el de Uruguay no sería nada más que comprometerse a ejercer el periodismo con ética y cumplir con lo que dice la Constitución, otras leyes, y los estatutos y códigos de ética de nuestras instituciones. Es decir, como nunca debió ni debe dejar de ser.

* Periodista.

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Ni estatales ni independientes, periodistas

Una reflexión a propósito del Diá del Periodista Boliviano, que se celebra cada 10 de mayo.

Freddy Morales en Piedra, Papel y Tinta. Foto: La Razón.

/ 12 de mayo de 2024 / 06:10

Sala de Prensa

Hay periodistas buenos y malos. Y por lo menos la mitad o más de los periodistas del país, son los malos. Esa es la partición en que han incurrido las Asociaciones de Periodistas de La Paz y de Bolivia para dividir a sus afiliados. A los periodistas malos los ha denominado “estatales u oficialistas”. En esa lógica arbitraria, define como independientes a “sus” periodistas, a los probos, los profesionales, que no mienten ni manipulan, en fin, a quienes hacen periodismo, lo que lleva implícito “que son opositores al Gobierno”. Este absurdo está ocurriendo.

El Estatuto de la Asociación de Periodistas, manda exactamente lo contrario. En su capítulo I, punto cuarto, inciso f ) sobre los objetivos dice “Mantener la unidad de sus asociados estrechando vínculos profesionales y sociales…”

En febrero del año pasado, las Asociaciones de Periodistas junto al Comité de Defensa de la Democracia (CONADE), y una veintena de instituciones similares, presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe de violaciones a derechos humanos cometidos por el actual gobierno, en una audiencia virtual con Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH.

En 50 páginas, sostiene por ejemplo que, “el supuesto Golpe de Estado de 2019 es utilizado por el Ministerio Público y las autoridades para perseguir a los opositores. La gran cantidad de presos políticos que existen en el país son acusados…” en desconocimiento a las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que durante ocho meses investigó en Bolivia los hechos de 2019 y recomendó: “es fundamental que se avance en las investigaciones y los procesos judiciales de rendición de cuentas por los hechos documentados en este informe y otros similares”.

Las organizaciones periodísticas defienden a “grupos como la Resistencia Civil La Paz, la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista están en detención preventiva por delitos menores”. En el informe del GIEI se detallan, en más de 20 páginas, los hechos violentos contra la población ejercidos sobre todo por la llamada Resistencia Juvenil Cochala durante los eventos de 2019. “El GIEI tuvo acceso a más de 20 videos donde se puede observar a personas con distintivos de la RJC ejecutando actos de violencia, racismo y discriminación en contra de civiles…”.

Dicen las instituciones de periodistas que “…las fuerzas uniformadas (FFAA) hicieron uso proporcional de la fuerza contra manifestantes que poseían armas de fuego, dinamitas y otras durante los sucesos de noviembre de 2019 cuando se produjeron alrededor de 20 muertos principalmente en las localidades de Huayllani y Senkata…”.

La investigación del GIEI “constató que, …las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, la cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas…”. El GIEI habla de masacre y desmiente “el uso proporcional de la fuerza”.

En 13 páginas, las instituciones de los periodistas, denuncian excesos contra el trabajo periodístico y los periodistas, pero excluyen otros hechos de violencia contra periodistas y el ejercicio del periodismo sufridos por quienes, según los dirigente de esas instituciones, no pertenecen a la casta de “independientes”.

Citar sólo algunos: la captura del periodista José Aramayo de la radio comunitaria Confederación de Trabajadores Campesinos, el 9 de noviembre de 2019, quien fue amarrado a un árbol por grupos opositores al gobierno de entonces, bajo amenaza de muerte. La periodista Brishka Espada, de la red ATB, fue agredida, golpeada hasta desmayarla en la plaza Tarija, en Cochabamba el 29 de octubre de 2019. El 9 noviembre de 2019, en Oruro, manifestantes prendieron fuego y saquearon la sede de la Radio y Televisión Mega. Ese mismo día, manifestantes bloquearon el ingreso a la emisora estatal Bolivia TV, en La Paz y amenazaron con quemar a los periodistas que estaban adentro si no interrumpían las transmisiones. El 10 de noviembre 2019, el periodista argentino Sebastián Moro, jefe de prensa del periódico Prensa Rural, fue encontrado desmayado en su casa y murió el 16 de noviembre a causa de la golpiza que le habían propinado.

Más agresiones a periodistas “no independientes” ignorados por las organizaciones de periodistas: 4 de noviembre de 2019, atentado contra la sede de la cadena Tv Abya Yala, arrojaron objetos y pintura a su fachada. El 8 de noviembre, el periodista Jhon Yana, corresponsal de la Red Patria Nueva en Trinidad, sufrió un atentado cuando se dirigía a su domicilio. El 21 de noviembre fueron suspendidas en Bolivia las transmisiones de los canales internacionales de noticias TeleSur y Rusia Today (todos estos hechos están consignados en la investigación del GIEI).

El 11 de noviembre de 2022, en Santa Cruz, afines a la Unión Juvenil Cruceñista incendiaron la Federación de Campesinos y agredieron en el rostro al periodista Enrique Serrudo Tejerina. El 10 de enero de 2023, en La Paz, grupos relacionados al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, agredieron a la periodista Adriana Álvares, quien recibió una pedrada en la cabeza.

También fueron ignorados en su denuncia a la CIDH, los casos de la periodista Jeruslava Ojeada, periodista de Bolivia TV en Santa Cruz, Blanca Mamani, reportera de la radio comunitaria de Los Yungas, que fue asaltada y quemadas sus instalaciones en La Asunta; y de Fabio Espinoza, presentador de Noticias de Bolivia TV, en Santa Cruz, hostigado y amenazado junto a su familia.

También puede leer: La izquierda y la crisis del orden mundial

Como ejemplo de la discriminación de los dirigentes está un comunicado del 16 de enero, en respuesta a la protesta de periodistas. En el cuarto párrafo dice: “dentro de esos actos de agresiones también se han visto afectados periodistas que trabajan en medios cercanos al oficialismo, estatales” y agrega que cuando emiten comunicados incluyen a “los oficialistas y estatales”.

Este resumen demuestra graves transgresiones a las normas del periodismo boliviano y también discriminación, uno de los males asociados al racismo. El Estatuto del gremio en su capítulo V sobre “Las normas éticas”, dice que el periodista asociado está moralmente obligado a: a) Ejercer la profesión con probidad, honestidad y patriotismo, informando veraz e imparcialmente a la comunidad, d) … Denunciar la violencia, la tortura, la presión física o moral que se ejerciten contra las personas y la sociedad. e) Respetar la opinión ajena y el derecho a disentir…” En su reglamento interno, capítulo III “Sanciones”, el artículo 15 dice: “Todos los asociados y empleados de la Asociación de Periodistas de La Paz deberán guardar el respeto, cortesía y cordialidad en las relaciones entre sí…”

La realidad distinta a lo que mandan las normas sólo se explica por un irracional alineamiento de algunos dirigentes a una posición política, pese a que el Estatuto en su primer artículo la define a la institución “…con prescindencia político-partidista o religiosa”. La respuesta fácil será “que me comprueben que tengo alguna militancia política”. En lo relatado hasta aquí hay suficiente prueba, sin necesidad de exigir el carnet de militante.

Es más, algunos de los actuales dirigentes estuvieron en la reunión con la ministra de Comunicación de la señora Jeanine Añez, la señora Roxana Lizárraga, cuando a nombre de las Instituciones le dieron total respaldo a su iniciativa de emitir un decreto supremo denominado “La recuperación de la libertad de expresión en Bolivia”, cuando se habían sacado del aire a dos canales de televisión internacional y se ejecutaban otras acciones aquí resumidas. Uno de los dirigentes dijo sobre el decreto: “es un huracán imparable” de libertad de prensa (11 de diciembre de 2019, hora: 18:57, ANF).

La historia de nuestras organizaciones es de rechazo a regulaciones que provengan desde los poderes del Estado. La bandera del periodismo es la auto regulación para evitar que sea el poder el que imponga las reglas y defina los derechos a la información, comunicación, expresión, etc. Y en el marco de la auto regulación, están los Tribunales de Honor y los Tribunales de Ética que parecen ignorar todo.

 (*)Freddy Morales es periodista

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Operación Senkata

/ 7 de mayo de 2023 / 01:13

El gobierno de Jeanine Áñez movilizó a más de 150 efectivos militares con alta especialización en tiro (francotiradores) y una impresionante cantidad de municiones y pertrechos para “tomar” Senkata, con el resultado inmediato (el 19 de noviembre de 2019), de 10 muertos y 31 heridos.

Fue parte del Plan de Operaciones Sebastián Pagador definido con las Fuerzas Armadas, a las que, junto a la Policía, protegió con el decreto 4078 por el que les eximió de toda responsabilidad en el cumplimiento de la orden de restablecer la paz (decreto que se vio obligada a anular por presión interna e internacional).

En la imputación formal, del 17 de abril último, que emitió la comisión de cinco fiscales que lleva adelante la demanda contra Áñez y otros civiles y militares, ante el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad de El Alto, se revela cómo el gobierno de Áñez planificó la masacre de Senkata:

Luego de la emisión del DS 4078, se realiza el traslado terrestre de personal de cuadros y tropas a la Planta YPFB-Senkata, de las Unidades Militares Bilbao Rioja, Max Toledo y Ayacucho (no especifica cuántos efectivos). Desde Challapata, Oruro, R.S–TTE. Gral. Germán Busch Satinadores (fuerzas especiales de asalto): 54 profesionales militares con especialidad francotirador, en artes marciales. Desplazados con armamento fusiles Galil, escopeta calibre 12, pistolas 9mm, 556 cartuchos, personal militar, instructores, camionetas, mecanizados y blindados al mando del Gral. Brig. Franco Orlando Suárez Gonzáles.

El 18 de noviembre de 2019, desde el aeropuerto de Yacuiba, de la “Escuela de Cóndores Gral. de Ejto. Oscar Escóbar Miranda”, personal de élite especialista en operaciones tácticas de combate no convencional, especialidad tiro con fusil y pistola, combate urbano, al mando del My. Alfredo Irrazabal Guzmán abordó el avión FAB-65 Hércules, a las 17.35, eran 42 instructores y 48 Cóndores Alumnos con armamento y munición: 81 pistolas 9mm, 80 fusiles Galil, cinco fusiles Steyer, cinco ametralladoras MAG, 18.000 municiones calibre 5.56-nacional, 5.000 municiones calibre 7.62mm fabricación china, 1.000 municiones calibre 7.62mm fabricación belga, además de 25 cintas metálicas para alimentar a la ametralladora MAG.

El 16 de noviembre se produjo el traslado desde el Grupo Aéreo GCAE-1 “Gral. Apóstol Santiago”, de Cochabamba, de dos helicópteros multipropósito modelo 29-H425 matrícula EB105 y EB106 que el 19 de noviembre realizaron labores de sobrevuelo en el espacio aéreo de la planta de Senkata durante la mañana y la tarde con el traslado, dentro de Senkata, de personal de Esconbol (Escuela de Cóndores Bolivianos, cuya consigna es “La Patria debe vivir, así tengamos que morir”).

También fueron movilizados de la Armada Boliviana, efectivos del Grupo de Reacción Inmediata de la Escuela de Sargentos Litoral, con los mecanizados del Batallón de Infantería de Marina VI Independencia del Cuarto Distrito Naval Titicaca. El documento no menciona el número.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, verificó que se produjo innecesario y excesivo uso de la fuerza, lo que echó por tierra el argumento de que una multitud derribó con dinamita el muro de la planta distribuidora de carburantes y pretendía hacerla volar:

“…el grupo de manifestantes que embistió el muro y la puerta de la planta de YPFB de Senkata, no superó a un centenar de personas (…) A partir del derribamiento del muro, las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, la cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas (…) El GIEI no ha identificado evidencias concretas que indiquen que se hubiera producido un ataque directo contra la planta y que ésta haya estado expuesta a un riesgo de explosión. El GIEI no pudo comprobar que dinamitas y otros explosivos hubieran sido lanzados hacia el interior del perímetro de la planta ni que se hubiera producido algún foco de incendio cerca de alguna de las áreas (…)” (Informe GIEI, pág. 213)

Después de la matanza, en el acto de clausura del curso de Satinadores 2019 en Sanandita, el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo en su discurso ante su presidenta Jeanine Áñez: “Frente a ustedes está la Fuerza 10 que yo los llamo los héroes de Senkata”.

Freddy Morales es periodista.

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Un estreno sin aplausos

/ 12 de julio de 2022 / 01:38

Empiezan a correr los créditos del documental. El ambiente es iluminado por velas. No hay aplausos, el silencio se extiende hasta volverse incómodo. Terminan más de dos horas de estreno del documental Senkata, memorias de una masacre. El público, en esta premier, en su gran mayoría son también actores. Son familiares y sobrevivientes de la masacre. En la capilla de Senkata una vez más se han visto contando su tragedia y han visto otra vez, baleado, al hijo o esposo. En esta capilla, donde un día después de la matanza del 19 de noviembre de 2019, entre la bruma del dolor y la angustia, veían y escuchaban la labor de los tres equipos forenses, la sierra cortando el esternón, el corte horizontal en la frente para levantar la piel del rostro como si fuese una máscara para observar el cráneo…

El documental pone énfasis en la ya varias veces constatada mentira del gobierno de Jeanine Áñez para justificar la masacre, de que quienes repudiaban el golpe de Estado utilizaban dinamitas para hacer explotar la planta de hidrocarburos de YPFB. Muestra que varias personas empujaron y el muro cedió. Que no hubo una sola explosión de dinamita. Luis Fernando López, ministro de Defensa de Jeanine Áñez, dijo: “Hordas en estado inconveniente pretendieron ingresar a la planta de Senkata con cachorros de dinamita, decidieron voltear paredes con cachorros de dinamita”. Hasta la investigación del GIEI lo desmintió, pero aún hay periodistas y medios que repiten la falacia que, en esos días, acompañaron hasta el hartazgo con imágenes de la explosión de una planta de hidrocarburos en México, con la versión de que se pretendía matar a los habitantes de 20 cuadras a la redonda de Senkata, versión distribuida por el gobierno y que calzaba con el “salvajes” que espetaba Jeanine Áñez contra la gente de piel morena. Juan Carlos Mamani, uno de los dos directores del documental, lo simplifica: “No es posible aquello, porque nosotros vivimos aquí, sería un autoatentado”.

Franks Bautista, el otro director del documental, dice que pretenden “interpelar la conciencia de la opinión pública, (que) esto no vuelva a pasar y se haga justicia”.

El documental ingresó a la casa de las víctimas. El anciano Prudencio Jamachi, en el centro de su humilde dormitorio, huérfano de su hijo Edwin rompe en llanto. “Nos llamaba todo el tiempo para preguntarnos cómo estamos. Ahora, ¿quién nos preguntará cómo estamos?”

El 19 de noviembre de 2019, Alison y Calixto compartieron junto a sus dos bebés el desayuno. Calixto, joven de profesión costurero, hizo cuentas: Ya no tenemos dinero para comer. Iré hasta la Ceja de El Alto a buscar cierres para hacer chamarras, y tú vas y vendes, aunque sea en 20 pesos. Alison asintió. Calixto respondía a Alison de inmediato en el celular. Ese día no. La mujer insistió hasta que le contestó un paramédico, quien le dijo que Calixto tenía una herida de bala en la cabeza y que en ningún hospital lo aceptaban. Agonizó seis días.

El documental no deja dudas de que la masacre fue preparada. Muestra órdenes de despliegue de militares “satinadores” (entrenamiento en operaciones especiales) de Sanandita. Contrasta la versión oficial de que “no salió un solo disparo de los militares”, con imágenes de militares disparando. Y recupera una transmisión del canal estatal, en vivo, en el homenaje de Jeanine Áñez a esos militares, cuando su ministro de Defensa, Luis Fernando López, dice: “Frente a ustedes está la Fuerza 10, que yo los llamo los héroes de Senkata, que tiene por misión organizar, planificar, entrenar y ejecutar acciones de acción directa…” El gobierno de Áñez, el 14 de noviembre, aprobó el Decreto 4078 que instruye a las FFAA emplear “todos sus medios disponibles y los que puedan ser adquiridos…” para garantizar el bienestar… y en el artículo 3 los exime “de responsabilidad penal”. Un día después fue la masacre en Cochabamba. Con ese decreto arropó y transportó a “satinadores” por 1.135 kilómetros, entre Sanandita-Tarija y El Alto.

Me acerco a Alison micrófono en mano. Se excusa con un movimiento de cabeza. Avergonzado insisto. Me recuerda que estamos “en la casa del Señor donde fueron velados los muertos”. Dice que siente un nudo en la garganta y se deja vencer por el llanto. Cuenta que sus hijos recuerdan a Calixto y que siente “desesperación al no encontrar justicia, al seguir peregrinando por justicia”. Aquí no caben aplausos. Los asesinos siguen impunes.

Freddy Morales es periodista.

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Que el diablo escoja

/ 6 de junio de 2022 / 01:35

La derecha siempre lo tuvo claro. Las movilizaciones de 2019 contra Evo Morales eran para sacar del gobierno a Morales y al Movimiento Al Socialismo (MAS), no por la democracia. Tres meses antes Carlos Mesa, candidato, afirmó en un desayuno con medios internacionales que Morales “no es, ni será candidato”. Luis Fernando Camacho, a cargo del Comité Cívico pro Santa Cruz y otros comités cívicos anunciaron mucho antes de la votación que no aceptarían el resultado. Los medios y periodistas afiliados a la derecha y empeñados mucho antes en la desestabilización del gobierno de Morales, habían pronosticado con dos meses de anticipación que habría fraude. La noche del domingo 20, de elecciones, Carlos Mesa confirmaba las predicciones periodísticas: “se produjo un fraude monumental”. (*)

Se desbordaron las acciones terroristas de la derecha con grupos paramilitares hasta llegar a la toma de rehenes y quema de viviendas de gente cercana al gobierno de Morales. Caso emblemático el de Víctor Borda, presidente de Diputados, cuyo hermano, Marco, fue tomado rehén, torturado, obligado a caminar descalzo calles de Potosí, su vivienda incendiada y con fijación de hora para “ejecutarlo” si Víctor no renunciaba. Todo transcurría bajo el amparo del “motín” policial que dejaba hacer.

Tras la renuncia de Morales, los principales cabecillas entraron a una competencia sobre quién había conspirado más. Luis Fernando Camacho contó cómo su papá “arregló” con la Policía “para que no salga”. Solo entonces, el valiente Luis Fernando dio plazo para que Morales renuncie y le llevó la carta para que la firme (como hizo Luis García Meza con Lydia Gueiler en 1980). El “macho Camacho” publicó en las redes videos suyos vestido de policía para presumir el pacto de su papá y contar cómo caminaba, protegido, para conspirar.

Otro concursante fue Jorge Tuto Quiroga. Pregonaba que se convirtió en “agente de viajes” de Evo Morales, porque fue quien autorizó que ingrese el avión mexicano que lo llevó al exilio: “Yo hablo con la gente de la Fuerza Aérea, les digo que den el permiso para pacificar el país y también, no voy a negar, porque el hecho de que suba al avión mexicano, se vaya al asilo, significaba dejación del cargo, abandono de funciones y efectivizaba la sucesión constitucional”. Anunciaba a los “hermanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua” que iría a liberarlos y en Bolivia los liberados le agradecían: “En el canal donde trabajaba la esposa del ex Vicepresidente, yo llegué y todos me decían gracias. ¿Por qué?, porque también se han liberado de tener que estar sometidos. Imagínense que la esposa del Vicepresidente sea la que dé las noticias en un canal independiente. Así pasaba en mi país”.

En esa disertación en México, Quiroga intentó “legalizar” que Jeanine Áñez se hubiese proclamado presidenta sin quorum aludiendo la sucesión constitucional de 2005: “…renuncian a la sucesión el presidente del Senado, renuncia el que lideraba diputados y acabamos con un juez, Rodríguez Veltzé, él es posesionado en una sesión donde no había quorum ni por asomo porque había dinamitas, problemas, dificultades y se procedió a hacer la sucesión porque así mandaba la Constitución, no decía con quorum, sin quorum”.

No es difícil suponer que esa misma historia manejaron Quiroga, Carlos Mesa, un grupo de obispos católicos y de embajadores para ofrecerle la presidencia a Áñez y evitar el ingreso de parlamentarios del MAS para que no haya quorum en el único lugar donde legalmente se debía resolver la crisis. La señora Áñez ante la Fiscalía contó que Ricardo Paz, operador político de Carlos Mesa, desde la Universidad Católica, durante la reunión que sustituyó al Legislativo, le ofreció ser presidenta y del trato de jefa del Estado que le dispensaron Policía y Fuerzas Armadas antes de que tome el gobierno. Es fácil suponer quiénes daban las órdenes a la Policía y, en este caso, otra vez, a la Fuerza Aérea.

Demasiado obvio que una conspiración tan prolongada y minuciosa no tenía como objetivo devolver la democracia y el gobierno al Movimiento Al Socialismo tras la anulación de Evo Morales. Y lo dejó claro uno de los cabecillas, el 9 de noviembre, un día antes de la renuncia: “El tema de la sucesión, con todo respeto. Leamos la Constitución, entre Evo Morales, García Linera y sus presidentes de Cámara que venga el diablo y escoja. Yo no quiero decir cuál masista se queda”.

(*) El gobierno de Jeanine Áñez abrió 10 procesos por fraude electoral. En su año de gestión ni Mesa, ni nadie presentó una sola prueba, al extremo que los 10 procesos se cerraron “por falta de pruebas”.

Freddy Morales es periodista.

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Un mar de papeles

/ 7 de abril de 2022 / 01:23

Soraya, Azucena y Carmen se sienten solas pese a que existen siete convenciones, protocolos, declaraciones y recomendaciones internacionales que las protegen. Otras cuatro leyes, seis decretos y un reglamento bolivianos también las protegen del acoso y la violencia política.

Soraya Destre, concejala de Riberalta, inauguró su calvario cuando cuestionó el alza del precio de la carne y lo empeoró tras su denuncia de un presunto sobreprecio en el intento de compra de una planta generadora de oxígeno. Es víctima de un tal Miller, que se atribuye dirigir un comité cívico. Un mal día, tras un periodo de “ablandamiento” con amenazas y conatos de agresiones físicas, los concejales municipales de Potosí (en la anterior gestión), expulsaron a su colega Azucena Fuertes, sin que hubiera sentencia judicial o prueba en su contra. Azucena logró una orden judicial para retomar el cargo, pero sus colegas se lo impidieron. Hoy es asambleísta departamental y también por denunciar irregularidades en la gobernación, otra vez, es perseguida. Carmen Vásquez, presidenta del Concejo Municipal de San Pedro de Curahuara, provincia Villarroel de La Paz, tiene sobre su cabeza una resolución de la Central Agraria, tramitada por el alcalde, para que renuncie a su cargo, por haber denunciado nepotismo e ítems fantasma. Tiene miedo caminar por las calles de su pueblo.

Es que ni las leyes universales ni las bolivianas les garantizan nada. Veamos solo una. La ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres (2012) no disimula su intención de no hacer nada. Su artículo 17 divide las faltas administrativas o disciplinarias en leves, graves y gravísimas. Las gravísimas van de los incisos i) al q) del artículo 8 e incluyen discriminación, presión y engaños para obligar a la renuncia al cargo e imponen como sanción máxima “suspensión temporal del cargo sin goce de haberes hasta treinta (30) días”, para el violento y acosador. Pero no hay que alegrarse. El inciso II del artículo 17 aclara que, para imponer la sanción máxima deben concurrir, además, agravantes como atentar contra una mujer embarazada, mujer mayor de 60 años, sin instrucción, discapacitada, “si el abuso es cometido por dos o más personas” o, si “como resultado de los hechos, se hubiere producido el aborto”. Ya que el agresor casi siempre es un macho, se puede afirmar que es imposible contar con una ley más blandengue.

La vocal Dina Chuquimia, del Tribunal Electoral, en la Cumbre contra el acoso y la violencia política reveló que “no existe una instancia interna que ventile estos casos ni en las asambleas departamentales ni en los concejos municipales. Es decir, no hay un protocolo o comisión o comité de ética que sean el filtro de denuncias que tanto concejalas y asambleístas departamentales puedan hacer de forma inicial, antes de ir a la Policía o a la Fiscalía o al Órgano Electoral.” De lo que nos enteramos 10 años después.

Claro que la misma ley dice que la agredida puede denunciar ante la Fiscalía, donde en un juicio ordinario se podrán imponer penas de entre dos y ocho años de cárcel. Pero en 10 años, solo un caso concluyó en la Justicia Ordinaria. Y no es por falta de denuncias. En esta década, se presentaron 677 denuncias por acoso, presiones, agresiones psicológicas y físicas contra autoridades mujeres elegidas. Son 185 los casos de violencia y 150 renuncias. Este año ya van cinco denuncias y cinco renuncias.

Según la conquistada “paridad”, si una mujer va de titular un varón va de suplente y viceversa. Sin embargo, hay “acuerdos” para que a mitad de gestión el suplente herede la titularidad. Y si no es de a buenas, el suplente será titular a las malas. Según la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, esto se conoce como acuerdos de gestión compartida que “lastimosamente solo han servido para que las mujeres titulares sean obligadas a renunciar, pero, extrañamente, los hombres titulares no. Ni siquiera bajo esos compromisos de lealtad o esos acuerdos políticos”. Las 18 leyes, convenciones y decretos que protegen a las mujeres del acoso y violencia política están publicadas en un libro de 296 páginas, que dejan claro que también se puede perecer en un mar de papeles escritos con declaratorias de paz, equidad y amor.

Freddy Morales es periodista.

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