La estrategia del camaleón

El Estado es necesario para el narcotráfico. Los narcos no buscan su aniquilamiento, no son nihilistas, son crueles hombres de negocios. Es más rentable y menos peligroso cooptar segmentos estratégicos del Estado para lograr “ventajas competitivas” que confrontarse con su aparato represivo. Así pueden cobijarse en su legitimidad, camuflarse o volverse invisibles. Adoptan la estrategia del camaleón. Necesitan de la complicidad o la pasividad de funcionarios públicos corruptos para operar sin sobresaltos. Requieren, finalmente, que el Estado garantice cierta estabilidad social, económica y política.
Esta convivencia ha producido en Bolivia y otros países de América Latina (México es el ejemplo paradigmático) un doble orden normativo e institucional donde lo legal e ilegal se confunden. La Policía, las unidades de inteligencia y el sistema judicial tienen la obligación de aplicar la ley, pero la fuerza de los hechos demuestra que participan en las redes del narcotráfico; algunos funcionarios públicos han sido fidelizados a través de cuantiosos y sistemáticos sobornos. Llevan una doble vida, la pública y la privada, ellos también se camuflan para pasar desapercibidos.
Lo peor de todo es lo que Esteban Mizrahi, un experto en el tema, llama “naturalización cínica” de este orden entrecruzado que es aceptado y promovido desde las instituciones policiales. Si el discurso del Estado democrático enfatiza la primacía de lo común, la igualdad y la fuerza de la ley, los agentes de seguridad sacan un beneficio personal de sus relaciones con las redes del narcotráfico. Lo fáctico es el contrapunto de la normativa y del discurso oficial.
La penetración del narcotráfico en la estructura estatal tiene efectos políticos devastadores: erosiona la legitimidad del Estado, socava la representatividad y la eficacia simbólica de la ley, destruye la idea de ciudadanía y sepulta el principio de igualdad ante la ley, y finalmente debilita al propio Estado, porque crea un universo político paralelo. Estos daños son irreparables.
Si el Estado boliviano pierde legitimidad y no puede encarnar el orden normativo, el sistema represivo y judicial está confrontado a una paradoja irresoluble: cada día crece la desconfianza y la cólera ciudadana por su colusión con el crimen organizado, pero al mismo tiempo se amplían las expectativas sociales para que estas instituciones garanticen la aplicación estricta de las leyes. Este círculo vicioso se ha convertido en un modo de vida. Tal vez ha llegado la hora de plantearse seriamente otro camino para combatir la infiltración de los narcos: despenalizar la producción, comercialización y consumo de drogas. Pero el pesimismo inteligente tiene ya una respuesta: un Estado con tantos huecos no llena las condiciones para avanzar en esa ruta.
* Sociólogo.