Voces

lunes 12 abr 2021 | Actualizado a 03:06

Paridad en Tarija

La paridad de género como cualidad del régimen democrático en Bolivia fue consagrada en la CPE.

/ 17 de mayo de 2019 / 23:34

Ha causado sorpresa e inquietud la decisión mayoritaria en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija de eliminar un artículo, en su proyecto de legislación electoral, que garantizaba la paridad de género en la elección del Órgano Ejecutivo de la Gobernación. Se trata de una preocupante señal de retroceso en el horizonte, no exento de resistencias, de una democracia paritaria en el país.

La participación igualitaria de mujeres y hombres en los órganos de representación política es una conquista de largo aliento en el ejercicio de derechos. No ha sido fácil. Estuvo precedida de las llamadas cuotas como medida de acción afirmativa, que si bien en su momento fueron importantes, se revelaron insuficientes. Hoy las listas paritarias en las candidaturas (50% mujeres, 50% hombres) constituyen no solo un mandato normativo, sino también un sentido común. Enhorabuena por la democracia.

La paridad de género como cualidad del régimen democrático en Bolivia fue consagrada constitucionalmente con el principio de “equivalencia de condiciones” entre mujeres y hombres. Luego se instaló en el sistema electoral bajo los criterios de paridad y alternancia, tanto vertical como horizontal. Ello garantizó la presencia igualitaria de mujeres no solo en las listas de candidaturas, sino también en la elección de los representantes en los órganos legislativos. Es un avance que hoy nadie pone en cuestión.

El asunto crítico, como se constata en el mencionado proyecto de ley del régimen electoral en Tarija, tiene que ver con la todavía inexistente paridad de género en los órganos ejecutivos. En nuestra historia democrática no hemos tenido ninguna mujer electa como presidenta de Estado, hoy todos los gobernadores son hombres, y apenas contamos con 28 alcaldesas en 339 municipios del país. Ni qué decir de los alarmantes casos de violencia y acoso político hacia las mujeres. Es parte de la agenda pendiente.

En el Estatuto Autonómico Departamental de Tarija se prevé la innovadora elección de gobernador(a) y vicegobernador(a). Se eligen en fórmula única. El hecho de que la ley electoral en debate no garantice la paridad de género para estos cargos es inconstitucional y vulnera la legislación base. Cierto que el régimen electoral es una competencia compartida, pero no puede contradecir los principios marco. Tarija podría estar a la vanguardia en paridad. Sería un error que vaya en la dirección contraria.

A reserva del curso que siga el tema en la Asamblea tarijeña, este año electoral tendremos en el país un nuevo ejercicio de listas paritarias para senadurías, diputaciones y representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Claro que es un mandato legal ineludible para las organizaciones políticas, pero constituye también un desafío de cultura democrática. Hay todavía un largo trecho entre la paridad aritmética hoy reconocida y la esquiva igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

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Ser niña en Bolivia

/ 12 de abril de 2021 / 02:03

Cuando encendemos el televisor para ver las noticias del día, hojeamos el periódico para informarnos o revisamos nuestras redes sociales, siempre estarán ahí. Son esos titulares y narraciones que no quisiéramos ver pero que lamentablemente nuestra realidad nos lo impide. Las noticias de feminicidios, infanticidios, violencia de género y contra la niñez no dejan de estar presentes en nuestro contexto.

En Bolivia, solo en el primer trimestre de 2021 se registraron cinco infanticidios y 282 casos de violación a niñas, niños y adolescentes —más del doble de casos presentados el pasado año—. Esta es la realidad que atraviesan muchas niñas, además de ser madres antes de los 18 años —varias veces producto de violaciones— o afrontar las uniones forzadas tempranas, hecho que limita sus posibilidades de estudios, salud integral, libertad e igualdad de condiciones.

Hasta el pasado 5 de abril se reportaron 32 feminicidios, esto quiere decir que 32 mujeres fueron asesinadas en Bolivia solo por su género. ¿Ese es el futuro que estamos construyendo para las niñas? ¿Una vida en la que ellas teman por ser acosadas en las calles, no sean escuchadas cuando denuncien hechos de violencia o tengan miedo de decir lo que piensan porque podrían ser insultadas?

Hoy, en el Día de la Niña y Niño en Bolivia quiero recordar el motivo por el cual se declaró esta conmemoración: visibilizar la situación de los menores de edad en el país, identificar sus necesidades y cuidados específicos requeridos para alcanzar su derecho a la igualdad y equidad de género. La primera declaración fue en 1955, por Decreto Supremo, y tres días después de la redacción de la Declaración de los Principios Universales del Niño realizada por las Naciones Unidas; y en la segunda, en 2013, se instituyó la fecha —mediante la Ley 357— como el Día de la Niña y del Niño en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Los hitos históricos nos permiten identificar que estamos persiguiendo el derecho de la igualdad para las niñas en Bolivia hace más de 60 años. Sin embargo, los datos que refleja la realidad nos dicen que debemos invertir más esfuerzos por lograr este propósito. Además, será necesario reflexionar cuál es la ruta que seguiremos para eliminar la violencia, o por lo menos impedir que sea normalizada. Un elemento central es la participación activa de todos los sectores involucrados, uno de los principales: las niñas. Debemos escucharlas, saber qué piensan, qué sienten y qué proponen.

Por ejemplo, en un estudio global de Plan International se identificó que 83% de las niñas afirmó sentirse preocupada por la violencia sexual y un 73% por la violencia de género. Esta es tan solo una muestra que representa la conciencia que tienen las chicas sobre la realidad que atraviesan día a día y debería ser una alerta para las instituciones, autoridades, organizaciones y sociedad civil para considerar la problemática y, sobre todo, el valioso espacio de dialogar y escucha activa con las niñas.

Esperamos que los 12 de abril no se conviertan en un día para recordar tragedias de niñas víctimas de violencia grupal, agresiones físicas y psicológicas o maltratos. Sigamos trabajando para que este día sea el que nos permita sentir la paz de abrir el periódico, encender la televisión y ver las redes sin un solo titular que nos recuerde que la violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres aún existe. Todo esto, como resultado de haber escuchado sus voces, buscado soluciones de raíz e implementado una estructura que combata cualquier tipo de violencia.

 Emma Donlan es directora País de Plan International Bolivia.

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¿Y la conspiración?

/ 12 de abril de 2021 / 01:50

A los pies del Cristo Redentor, el 4 de octubre de 2019, en medio de un atiborrado de gentío asistente al cabildo, el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho lanzaba una profecía: “Hemos definido rebeldía y desobediencia, ante un posible fraude. Es nuestro derecho y no es sedición, es soberanía”. Acto seguido, a las dos semanas, el 20 de octubre, noche de los escrutinios, gracias a la suspensión de los datos electorales preliminares no vinculantes, Carlos Mesa, candidato presidencial, llamaba a una movilización arguyendo un “descomunal fraude”. Entonces, para el bloque opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS), la profecía se autocumplía.

Pero, no fue profecía —o plegaria divina obispal. Fue parte de una confabulación conspirativa que desembocó en un golpe de Estado. Esta tramoya política se ajusta a un delito penal: la sedición. El Código Penal establece que los culpables de esta transgresión “serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que, sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, (…) ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público”. En concordancia a los hechos, hay indicios inequívocos que hubo una sedición para el derrocamiento del expresidente Evo Morales.

Hace mucho tiempo, la tramoya golpista se fue gestando. Su clímax fue en octubre/ noviembre 2019. El politólogo Gene Sharp, con relación a los novedosos golpes de Estado del siglo XXI, señala que son resultado de estrategias conspirativas para derrocar gobiernos democráticos. Las fases conspirativas delineadas por Sharp se ajustaron a la maquinación golpista contra la democracia boliviana. La primera de ablandamiento, se remonta al referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, donde se estableció las matrices discursivas; luego, en la segunda fase se orientó a deslegitimar el liderazgo político de Morales posicionando la idea del “tirano”. La tercera fue del “calentamiento en las calles” con movilizaciones promovidas desde las plataformas ciudadanas con la consigna “Bolivia dijo NO”. La cuarta etapa fue un pastiche de diversas estrategias desplegadas (guerra psicológica, racismo, violencia física, etc.) en el curso de la movilización “ciudadana”, poselecciones de 2019. Finalmente, la etapa de la fractura institucional, o sea, el golpe de Estado.

Hoy el debate sobre el golpe de Estado esquiva la etapa conspirativa previa. Se hace imprescindible investigar este periodo sedicioso para esclarecer las fuentes de financiamiento, descifrar el modus operandi; esclarecer la participación directa e indirecta de políticos, dirigentes cívicos, militares, policías, diplomáticos extranjeros, religiosos, periodistas e inclusive intelectuales. Al parecer, las movilizaciones urbanas poselecciones de 2019 no fueron el inicio para la renuncia presidencial forzada de Morales, como se esfuerza en señalar la inteligentsia golpista, sino, todo lo contrario, el corolario de una cruzada conspirativa que desembocó en la ruptura constitucional.

Entonces, las pesquisas deberían empezar con una pregunta del entrañable Sherlock Holmes: ¿A quién benefició el crimen? O sea, ¿a quiénes benefició el golpe de Estado? Quizás, por esta ruta holmesiana se identifique a los responsables de la conspiración, ¿quiénes pactaron con policías y militares?, y, finalmente, en el periodo posgolpe, ¿quiénes se beneficiaron con la liberación de impuestos?

Yuri Tórrez es sociólogo.

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Facebook y los DDHH

/ 12 de abril de 2021 / 01:39

El 16 de marzo de este año, Miranda Sissons, directora Global de Derechos Humanos de Facebook Inc., presentó la Política Corporativa de Derechos Humanos de esa empresa que es válida para todas sus apps. Es la primera política empresarial de este tipo emitida por una plataforma digital, como se les dice de manera genérica a las empresas de redes sociales, mensajería instantánea, streaming o cualquier otro servicio que se da en Internet de manera masiva.

La directora ha expresado el compromiso empresarial con un sinfín de cuerpos legales de defensa de los Derechos Humanos como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la de las personas con discapacidad, los Principios de Libertad de Expresión y Privacidad del Global Network Initiative (GNI) y los Principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial, entre varios otros.

Sin duda es un enorme trabajo y un enorme cuerpo de principios al que se compromete Facebook y lo hará además con un fondo de apoyo a los defensores de Derechos Humanos en el mundo. ¿Por qué lo hace siendo que esto implica recursos y un esfuerzo importante de cambio en sus procesos empresariales?

Es una respuesta a presiones que viene recibiendo hace varios años acerca de vulneraciones de Derechos Humanos en sus plataformas relacionadas a libertad de expresión, privacidad, discriminación, discurso de odio, entre otros. Estas denuncias hicieron crisis con el escándalo de Cambridge Analytica que implicó el uso de millones de registros personales de usuarios y no usuarios de la plataforma para la supuesta manipulación de elecciones. Mark Zuckerberg confesó ante el Parlamento norteamericano que no entendía plenamente los efectos que su plataforma podría estar provocando en la democracia. Se dio cuenta de que se había metido en temas grandes y serios que necesitaban otro tipo de soluciones, no solo las tecnológicas.

Será interesante seguir el desarrollo de estas iniciativas que juntan dos mundos, el privado y el público; dos intenciones: la búsqueda de beneficios y la defensa de derechos.

Este debate y sus soluciones están en inglés, responden a la opinión pública de Estados Unidos y conversan con Asia y África en inglés, por el momento. Es de esperarse que algo más adelante lleguen a América Latina y conversen acerca de nuestras propias preocupaciones en castellano.

 Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Desalojo de la casa propia

/ 10 de abril de 2021 / 23:05

La clase obrera es producto de la revolución industrial. Se fue formando en la comprensión de que la técnica y la ciencia aplicadas a la producción pueden sustituir el duro trabajo físico del hombre, a la vez que generan una enorme producción y ganancia.

La experiencia del proletariado minero boliviano es ejemplificadora. Confinado en la desolación de la montaña, obligado a constituir familia permanente en el campamento, su lucha se volcó a garantizar la educación para sus hijos. Desde el establecimiento de escuelas primarias como obligación patronal, las conquistas se fueron ampliando a los establecimientos secundarios en los municipios y posteriormente en los de la empresa. El deseo de aprender los llevó a plantearse lograr becas en las instituciones de educación superior como la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo en La Paz o el Politécnico de Oruro; en este abanico también se encontraba el Colegio Militar y la Academia de Policías. La creciente necesidad les planteó la creación de centros de profesionalización en los mismos campamentos mineros: la Escuela de Enfermeras de Catavi y los colegios industriales de Colquiri y Telamayu. A éstos se sumaban los esfuerzos de las propias familias mineras que se preocupaban de mandar a sus hijos a profesionalizarse por cuenta propia.

El avance social no es lineal. La ocupación de las minas llevó a que el poder del Estado utilice a estos profesionales en su acción represiva, su resistencia era sancionada con despidos y transferencias a minas alejadas, la preservación de un status adquirido y la seguridad de la familia hacían que se sometan y sean los ejecutores de las acciones represivas. Por otro lado, numerosos jóvenes que habían logrado el bachillerato ante la imposibilidad de continuar estudios superiores se incorporaron a la vida productiva minera.

Así surgió la necesidad de establecer una Universidad en los campamentos mineros, para evitar el desarraigo y continuar con la profesionalización de los trabajadores. El célebre XIV Congreso Minero de Siglo XX en 1970 formuló la creación de la Universidad Obrera. Su planteamiento coincidió con un momento político de ebullición de las ideas en el movimiento universitario nacional; la juventud retomaba las banderas autonomistas de la década de los 30, para liberarse de una conducción apoltronada en los privilegios del status académico de una Autonomía traicionada. Volvieron a relucir las consignas: exámenes de competencia y evaluación permanente para el desempeño docente, libertad de cátedra, llevar la Universidad al seno del pueblo, una educación para el desarrollo nacional, compromiso con la defensa de los recursos naturales y la lucha contra la opresión imperialista. En ese ambiente el planteamiento de la Universidad Obrera tuvo el respaldo del IV Congreso de la Asociación Universitaria Boliviana.

La dictadura banzerista (1971-78) frustró estos sueños. Proscribió el movimiento sindical minero y cerró las universidades por dos años, para abrirlas bajo la tutela de la dictadura. Sin embargo, el pueblo se levantó y en 1980 los mineros replantearon su proyecto de Universidad Obrera: solo el 1 de agosto de 1985 se concretó la creación de la Universidad Nacional Siglo XX.

La criatura nació en momentos aciagos. El mismo mes se lanzó el DS 21060 que destruyó la industria minera y condenó a la desaparición al movimiento sindical minero. El modelo de formación adoptado estaba basado en el estudio en el trabajo. Los laboratorios, los talleres, el tope de la mina, los problemas operativos de la producción debían ser incentivo para explicar el fenómeno y encontrar una solución científica. Los hospitales de especialidades debían mostrar el origen y desarrollo de la enfermedad, el seguimiento del tratamiento debía explicar las mutaciones del organismo humano. La red de radios mineras, que promovía la creación y cohesión de la identidad minera, sería los inicios de una comunicación alternativa a nivel nacional, ampliando su acción a la prensa escrita y la televisión.

El modelo neoliberal llevó a la UNS-XX a una lucha por su sobrevivencia, titánica tarea que hoy la tiene en pie, pero ¿cuánta de su genética se mantiene? Esta rememoración amplía la interrogante al sistema universitario nacional, cuyos documentos de compromiso con el desarrollo nacional y la liberación nacional están presentes desde la década de los 70, pero su práctica es la formación profesional para el mercado y no para las necesidades del país. En la minería hay pocas industrias de punta en explotación, pero nadie conoce cuántos minerales se van en los concentrados de complejos, ni los costos reales de su realización; se ha paralizado el proceso de fundición de los minerales y no se ha dado un solo paso en su industrialización. Por otro lado, hay una minería de sobrevivencia artesanal, con baja eficiencia, altos índices de riesgo profesional y ninguna previsión ambiental que debiera conmover a la sociedad, pero ante todo a los profesionales conscientes de esta realidad.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Casco de realidad virtual

/ 10 de abril de 2021 / 22:59

Mi generación solo vio en películas de ciencia ficción los cascos de realidad virtual, esos artilugios que se colocan en la cabeza, montados con lentes que pasan imágenes y te separan de la realidad objetiva. Puedes escoger aventuras mil, vivir sensaciones de terror y felicidad el tiempo que te dure la batería, luego despertar y seguir viviendo con esos mensajes en tu cerebro. Te cuesta admitir que la vida no había sido así.

Eso nos pasaba en las clases de literatura en los colegios, cuando nos obligaban a leer las novelas que estaban canonizadas académicamente como el reflejo de la sociedad boliviana, más o menos ideal y que los constructores de ese orden simbólico consideraban que las generaciones debían internalizar ese producto.

Entre ellas estaba Raza de bronce, de Alcides Arguedas (1879-1946), autor vinculado a la aristocracia paceña, dueño de enormes latifundios con indígenas que trabajaban para él y que le permitiera obtener una vida de holganza y bohemia en París, espacio considerado como Ciudad Luz, desde donde se exportaba el positivismo, la idea de progreso ilimitado y la supremacía de la raza blanca y la cultura occidental.

Este casco con el que escribió su novela contenía toda esa idea mundo del que procedía, desconocía el universo simbólico indígena y, secretamente, lo abominaba; es así que en tono desdeñoso relata un ritual lacustre de fecundidad, donde los trataba como “los pobrecitos hombres”; en otro párrafo, asegura sobre el personaje Choquehuanca: “Su rostro cobrizo y lleno de arrugas acusaba una gravedad venerable, rasgo nada común en la raza”.

Cuando hablaba de los patrones, argumentaba con éstos sobre la imposibilidad de la redención indígena: “Por otra parte, ellos nunca habían visto descollar a un indio, distinguirse, imponerse, dominar, hacerse obedecer de los blancos. Puede sin duda cambiar de situación, mejorar y aún enriquecerse, pero sin salir nunca de su escala, ni trocar de inmediato, el poncho y el calzón partido, patentes signos de inferioridad, por el sombrero y la levita de los señores.” Para el indígena, esto se trocó en una danza que ridiculizaba a los doctorcitos republicanos y pendolistas de la colonia que abusaban de los comunarios inventándose normas y engañando a sus líderes para avasallar sus tierras.

Arguedas, en su novela supuestamente “indigenista”, re-fosiliza su orden simbólico cada vez que la emoción literaria le hace perder su guion preestablecido por su casco virtual obtenido en París y consolidado en la república criolla con su estructura de jerarquización pigmentaria. Otro tanto ocurre con la novela Juan de la Rosa, de Nataniel Aguirre (1843-1888), nacido antes que Arguedas y en cuya memoria estaban frescas las republiquetas y las organizaciones de resistencia contra la colonia, durante la Guerra de la “independencia”. Devela su irrefrenable desprecio por el quechua, lengua que seguramente hablaba y que para el medio en que se vivía, era signo de barbarie; así en un párrafo de su novela, se espanta: “Me volví con un esfuerzo a un lado, y vi en cuclillas y arrimado a la pared de piedras toscas sin cimiento, a un indio viejo con montera abollada y poncho negro que le cubría todo su cuerpo hasta los pies. —¿Dónde está Alejo? Le pregunte en quichua, o más bien en ese feísimo dialecto de que se sirven los embrutecidos descendientes de los hijos del sol.” Javier Sanjinés, en su texto El espejismo del mestizaje concluye que Aguirre trataba de apartar al indígena, “de negarle la posibilidad alguna en la construcción nacional”.

Se hace ocioso mencionar a Gabriel René Moreno, cuya virulencia contra los indígenas de las tierras altas y bajas era constante. En Bolivia, una importante universidad lleva su nombre como homenaje, no solo a su erudición como un notable bibliógrafo, sino también como vigilante del orden simbólico criollo republicano que sirve para reproducir la falacia de la supuesta superioridad blanca y garantizar su universo social, tarea delirante y engañosa de las clases hegemónicas, por el rumbo imparable que toma la historia.

Estos discursos narrativos fueron pasados por los cascos virtuales de las clases de literatura a generaciones de jóvenes que renegaron de su pasado y cuyo modelo original fue la Historia de la Villa Imperial de Potosí de Arzáns Orsúa y Vela.

Édgar Arandia Quiroga es artista y antropólogo.

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