Como parte de la disputa electoral, algunos actores políticos y operadores mediáticos buscan afanosamente instalar la idea de que habrá “fraude” en las elecciones generales de octubre. Su interés es deslegitimar por anticipado el proceso y, por esa vía, ante una posible derrota en las urnas, desconocer el resultado. Aunque es de manual, el mensaje no deja de ser preocupante.
Ya es lugar común, como se vio en varias experiencias en la región, que partidos que pierden elecciones denuncian irregularidades o, directamente, “cantan fraude”. Claro que eso depende no del proceso ni necesariamente de su transparencia, sino del resultado: si es favorable, lo aceptan y elogian; si es adverso, lo impugnan. Dicha actitud, propia de una cultura política antidemocrática, malogra los procesos electorales y busca dañar la legitimidad de origen del candidato ganador. No es juego limpio.
Un supuesto en la democracia electoral es que los comicios, además de ser plurales y competitivos, son transparentes y técnicamente bien administrados, con procedimientos y resultados incuestionables. No siempre es así. Algunos casos, en diferentes países, mostraron intentos de manipulación y desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas. Ello tiene que ver con la integridad y confianza del sistema electoral. Y también con la fortaleza e imparcialidad del organismo electoral.
En nuestro país, la transición a la democracia se inició con un monumental fraude en las elecciones presidenciales de 1978, finalmente anuladas. Ahí surgió la necesidad de un primer blindaje del voto con la papeleta multicolor y multisigno. El otro episodio conocido se produjo en las elecciones de 1989, cuando la célebre “banda de los cuatro” recontó votos y alteró resultados. Ello dio lugar al principio de preclusión, protegiendo en especial el cómputo de votos en mesa, que no se revisa ni repite.
Luego hubo otros dos avances fundamentales. Uno en 2009 con el Padrón Electoral Biométrico, que garantiza el registro único de votantes. Y el otro con el sistema de transmisión rápida y segura de actas inaugurado en el referéndum de 2016, que además de proveer resultados preliminares, resguarda el cómputo departamental. Así, con estos blindajes, la posibilidad real de “hacer fraude” es marginal y se reduce al eventual intento de coacción o algún caso excepcional, detectable, de alteración del acta.
Así las cosas, quienes hoy trabajan la variable “fraude” para deslegitimar las elecciones apuestan por instalar esa sensación sin ninguna evidencia. Claro que hay una preocupante falta de confianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) (la oposición acaba de exigir, con ultimátum, la renuncia de los vocales), pero ello no implica, per se, desahuciar la transparencia de los comicios. Ahí estarán, el 20 de octubre, los jurados electorales, los delegados de partidos, el control ciudadano y las misiones de observación para verificarlo.