Voces

miércoles 6 jul 2022 | Actualizado a 16:30

Marketing contra la salud

/ 30 de mayo de 2019 / 23:56

A propósito del Día Mundial sin Tabaco, que hoy se conmemora, la OMS alertó sobre las estrategias empleadas por las tabacaleras para mantener la prosperidad de su nocivo negocio. En concreto, la agencia de salud de la ONU advirtió sobre la publicidad falsa desplegada por Philip Morris, la mayor tabacalera del mundo, para mostrar a los cigarrillos electrónicos (que calientan el tabaco sin quemarlo) como menos dañinos que los cigarrillos tradicionales que producen humo, a pesar de que no existen pruebas científicas que lo demuestren. Y en la misma línea, procurando que las personas vinculen el humo con el acto de fumar, la tabacalera ha propuesto cambiar el nombre del Día Mundial Sin Tabaco por “Día Mundial Sin Fumar”.

Esto en los países industrializados en los que, gracias a leyes más restrictivas y campañas de educación, el consumo de tabaco ha perdido fuerza. Entretanto, en los países en vías de desarrollo las tabacaleras utilizan estrategias adicionales a fin de captar nuevos consumidores, cada vez más jóvenes, como la venta de cigarrillos saborizados en inmediaciones de escuelas y universidades, junto con regalos llamativos de colores atractivos.

Tomando en cuenta estas estrategias de marketing perversas para atraer a nuevos clientes, particularmente entre las nuevas generaciones, desplegadas por una industria de grandes proporciones a la que no le importa el tremendo daño que sus productos provocan en la salud y economía de los consumidores, el Estado no puede darse el lujo de bajar la guardia en la lucha contra el tabaco.

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Moscú deberá elegir: mantequilla o armas

/ 6 de julio de 2022 / 01:58

¿Ayudan las sanciones contra Rusia? Sí, ya golpean con fuerza a Putin y sus cómplices y los efectos en su economía irán aumentando. Desde que Rusia violó el derecho internacional al invadir Ucrania, la UE adoptó seis paquetes de sanciones contra Moscú. Nuestras medidas se dirigen ahora a casi 1.200 personas y 98 entidades en Rusia y a un número importante de sectores de la economía rusa. Estas sanciones se coordinaron con los miembros del G7. Su eficacia se ve reforzada porque más de 40 países las adoptaron o tomaron medidas similares.

A finales de 2022, habremos reducido nuestras importaciones de petróleo ruso en un 90% y estamos reduciendo rápidamente nuestras importaciones de gas. Esto nos está liberando de una dependencia que durante años ha inhibido nuestras opciones políticas frente a la agresividad de Putin, quien probablemente creía erróneamente que Europa no se atrevería a aplicar sanciones por su dependencia energética. Por supuesto, esta rápida desintoxicación de la energía rusa también crea serias dificultades para muchos países de la UE y sectores de actividad. Es el precio a pagar por defender nuestras democracias y el derecho internacional. Estamos tomando las medidas solidarias necesarias para enfrentar estos problemas.

Algunos dirán, ¿estas sanciones afectan realmente a la economía rusa? La respuesta es sí. Porque si bien Rusia exporta muchas materias primas, también importa muchos productos de alto valor añadido que no produce. En el ámbito militar, las sanciones limitan la capacidad rusa para producir misiles de precisión. Casi todos los fabricantes de automóviles extranjeros han decidido retirarse de Rusia y los pocos coches de los fabricantes rusos se venderán sin airbags ni transmisiones automáticas.

La industria petrolera no solo sufre por la marcha de los operadores extranjeros, sino también por la dificultad de acceder a tecnologías avanzadas. Para mantener el tráfico aéreo, Rusia deberá retirar de circulación la mayoría de sus aviones para recuperar las piezas de recambio necesarias para que los demás vuelen. A esto se añade la pérdida de acceso a mercados financieros, desconexión de las grandes redes de investigación mundiales y fuga masiva de cerebros.

En cuanto a la alternativa que China ofrecería a la economía rusa, es limitada, especialmente para los productos de alta tecnología. Hasta ahora, el Gobierno de Pekín no le permitió eludir las sanciones occidentales. Las exportaciones chinas a Rusia disminuyeron en proporciones comparables a las de los países occidentales.

¿Estos impactos significativos y crecientes llevarán a Putin a modificar sus cálculos estratégicos? Probablemente no en el futuro inmediato: sus acciones no se guían principalmente por la lógica económica. Sin embargo, al obligarle a elegir entre mantequilla o cañones, las sanciones lo encierran en un círculo que se cierra poco a poco.

Queda el impacto de estas sanciones en terceros países dependientes del trigo y fertilizantes rusos y ucranianos. Las responsabilidades en la crisis alimentaria son claras: nuestras sanciones no se dirigen a las exportaciones rusas de trigo o fertilizantes, mientras que el bloqueo del Mar Negro y la destrucción causada por la agresión rusa impide a Ucrania exportar su trigo. De materializarse algunas dificultades potenciales relacionadas con nuestras sanciones, estamos preparados para poner en marcha los mecanismos adecuados para responder. He informado de ello a mis homólogos africanos y les he pedido que no se dejen engañar por las falsedades de las autoridades rusas sobre nuestras sanciones.

La verdadera respuesta a las dificultades de los mercados mundiales de energía y alimentos es el fin de la guerra. El respeto a la integridad territorial de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza no son principios occidentales ni europeos, son el fundamento del derecho internacional. Rusia los pisotea alegremente. Aceptar tal violación abriría la puerta a la ley de la selva a escala mundial.

Contrariamente a lo que pensábamos con cierta ingenuidad hace unos años, la interdependencia económica no implica automáticamente una pacificación de las relaciones internacionales. Por eso es imperativa la transición hacia una Europa como potencia, que reclamo desde el inicio de mi mandato. Ante la invasión de Ucrania, hemos empezado a pasar de la intención a la acción demostrando que, cuando se le provoca, Europa puede responder. Como no queremos entrar en guerra con Rusia, las sanciones económicas son ahora el núcleo de esta respuesta. Ya están empezando a surtir efecto y aumentarán aún más en los próximos meses.

Josep Borrell es Alto Representante para Política Exterior de la Unión Europea.

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El MAS, Morales y sus tensiones

/ 6 de julio de 2022 / 01:52

Jichhapi jichaxa decían en 2005, antes de ganar las elecciones. Ahora es cuando, en aymara. “Nunca más sin nosotros”, también. Era la irrupción del movimiento popular más importante en el país, incluso más que la Revolución de 1952. Era el anticipo de la llegada al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la instalación de su líder histórico, Evo Morales.

Desde su victoria electoral, el 18 de diciembre de ese año, ese partido surgido de los sectores más deprimidos del país no cesó en su fuerza; se reprodujo a través de acciones históricas, como la instalación de la Asamblea Constituyente, la aprobación de la nueva Constitución, la denostada nacionalización de hidrocarburos, la consolidación de las autonomías, la reivindicación indígena, la gestión de un nuevo modelo económico y sus resultados favorables, y la propagación de obras en lugares donde ni conocían un presidente, aunque en otros también elefantes blancos…

Sin embargo, no todo lo que hizo fueron cosas buenas. Una serie de hechos ensuciaron su gestión y, entre ellos, el desfalco al Fondo Indígena —que desahució la “reserva moral”— y la insistencia en la repostulación de Morales, el incumplimiento del mandato del referéndum de 2016 y el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional que convalidó esa acción, que le restaron crédito al MAS y generaron movilizaciones políticas que se decantaron en la crisis poselectoral de 2019.

De esa crisis, el MAS resultó casi desahuciado; solo su fuerza social pudo mantenerlo en pie. Su fuerza política decayó con la renuncia de Morales y circunstancialmente cedió terreno a fuerzas rupturistas y negacionistas, que —a título de recuperación de la democracia— instalaron, a fuerza de interpretaciones legales antojadizas y una hegemonía mediática, un poder político distinto al de 14 años.

Mientras Jeanine Áñez usufructuaba el poder y Morales deambulaba en el exilio tras su salida a México, los cuadros políticos del MAS quedaron dispersados y anulados a fuerza del ministro Arturo Murillo, un funcional Ministerio Público y una politizada Policía Boliviana, que junto a las Fuerzas Armadas había sido el factor clave del derrocamiento de Morales.

El MAS no tenía voz; así como se cuestionaba el abandono de Morales a sus bases, los que se quedaron en el país no lograron neutralizar el discurso que lo vinculaba con el terrorismo y la arremetida política, y se escondieron en el miedo y la impotencia. A sus anchas, el régimen impuso su versión.

Sin embargo, la ruptura constitucional fue reencauzada con las elecciones del 18 de octubre de 2020, cuando, con el apoyo del 55,1%, el MAS recuperó el poder e instaló en el gobierno a Luis Arce, ministro de Morales.

Fue la primera vez que esa fuerza política tuvo en la Casa Grande del Pueblo a un hombre que no sea Morales, y éste resignó las mieles del poder con un protagonismo político que coincidió con la dicotomía “fraude”-“golpe”, que aún es materia de debate y confrontación. En la búsqueda de responsables de la derrota en 2019, el oficialismo encontró tensiones inhibidas en los últimos años, aparecieron quienes, desde el Gobierno, comenzaron a cuestionar al expresidente.

Morales no es un tipo que se calla. Su liderazgo —aunque intacto en grandes sectores populares— ingresa en tela de juicio al descuidarse por mantener la unidad de su partido, a pesar de una intensa campaña orgánica: talleres, cabildos y congresos.

El hombre no es capaz de recuperar voces disonantes; las enfrenta y confronta. Lo peor, las pone en evidencia, como pasó con el ministro Eduardo del Castillo, cuando cuestionó su gestión en la lucha antidroga, teniendo la oportunidad y la autoridad política para hacerlo de forma orgánica y ante Arce. Como si no tuviera acceso a esos recursos.

Hablando de “serruchos”, acaba de echarle dardos al vicepresidente David Choquehuanca: “Algunos se llenan la boca (con) unidad y unidad cuando tienen sus propios proyectos”.

Esa actitud se reproduce en sus correligionarios, que también son capaces de echarle lodo a su partido, y de la peor manera: vincularlo con el narcotráfico. Aunque el diputado Rolando Cuéllar matizó su denuncia diciendo que el segundo hombre del MAS, Gerardo García, recibió fondos del ilícito, y no dicha organización, el caso es suficiente para sus detractores y la agenda mediática.

Las tensiones en el MAS se están ahondando y tienden a socavarlo con miras a 2025. Y Morales siquiera debería pensar en reponer las sillas destruidas en los cabildos.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Territorio para las mujeres

/ 6 de julio de 2022 / 01:50

El tema de vivienda y hábitat es particularmente sensible para las mujeres ya que son ellas, fundamentalmente, quienes realizan en el contexto familiar las principales funciones que tienen lugar en la vivienda y su entorno, vinculadas a la reproducción, cuidado y recuperación de la fuerza de trabajo: protección y cobijo, alimentación e higiene, educación y socialización.

Estas funciones se ven facilitadas o dificultadas dependiendo de las posibilidades de acceso a servicios públicos y sociales de cuidado infantil, educación, salud, entre otros; además, dependiendo de la seguridad de la tenencia, calidad espacial y ambiental de la vivienda. Claramente debemos resaltar que las posibilidades de acceso a una vivienda y al pago de los servicios se ven reducidas en hogares a cargo de mujeres con trabajos menos remunerados o vinculadas al sector informal de la economía. Al mismo tiempo que hay un aumento de hogares monoparentales de mujeres con hijos o hijas a cargo, o personas dependientes.

¿Cómo pensar la ciudad y su ordenamiento territorial desde la perspectiva de género? Esta necesidad se ve en varios países de Latinoamérica, es así que se tiene transitando en las redes diversidad de publicaciones, como ser Proyecto Ciudad Mujer, Agendas de la Ciudad Mujer, Derechos de las mujeres en las ciudades, Planes de igualdad de oportunidades de las mujeres de El Alto, Programa Ciudad Mujer-Tarija, todos con el mismo objetivo, fortalecer y apoyar en la orientación, en las nuevas modalidades de trabajo y prácticas sociales, que requieren pensar en temas como las políticas de vivienda, de salud, de movilidad, de seguridad, de equipamientos y espacios públicos, entre otras, desde un enfoque que contemple la diversidad de la población, la seguridad de las mujeres en las ciudades que se ha convertido, desde la perspectiva de género, en uno de los temas claves del urbanismo.

¿Qué es lo que se busca? Que la organización del territorio debe expresar y responder claramente a la doble presencia laboral en los espacios privado y público que tienen las mujeres, y que determina su relación con la vivienda y el hábitat como principales usuarias —considerando que la vivienda, en muchos casos, es también el único lugar de generación de ingresos—, con la dotación de servicios públicos para la realización de funciones domésticas.

Desde el Estado se han establecido acciones legales que permitan fortalecer estas iniciativas, como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348 del 09/03/2014) y su reglamentación (DS 2145 del 14/10/2014), recientemente se tiene el Decreto Supremo 4401, del 26/11/2020, que tiene el objetivo de impulsar medidas para la igualdad de oportunidades y la eliminación de la brecha salarial entre mujeres y hombres; a nivel departamental se tiene la Ley departamental 124 de Igualdad y Oportunidades para la Mujer, del 20/09/2016.

La dinámica en el territorio urbano en términos de desarrollo económico, social y sostenibilidad ambiental, ha generado cambios multidimensionales debido al crecimiento de los mercados diferenciados, ciudades y conexiones urbano-rural, dinámicas productivas, etc., promoviendo un eslabonamiento y afinidad hacia el empoderamiento de las mujeres, es por ello que todas estas iniciativas que se van sembrando a diferentes escalas y con diferentes actores buscan que estas agendas y pedidos se hagan realidad, que no exista una limitación espacial y motivo de exclusión para las mujeres.

Sara Espinoza es subgerente socioambiental en investigación y proyectos geoespaciales de la FAN.

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Mercado Rodríguez 2.0

/ 5 de julio de 2022 / 01:43

Después de dos años desde el inicio de la pandemia ocasionada por el COVID-19, a nivel mundial la tendencia hacia la digitalización de las economías avanzó a pasos enormes, especialmente en la adopción de nuevas tecnologías aplicadas a los pagos digitales como resultado de las recomendaciones sanitarias de evitar el uso del dinero en efectivo o reducir el traslado a los centros financieros y minimizar el riesgo de contagio.

¿Qué es todo esto tan complicado?, pregunta doña María, quien tiene su tienda en el popular mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz. ¿Qué es lo que hablan estos jóvenes de banca electrónica y banca móvil, transferencias en QR y pagos sin contacto? ¿Me puede explicar que no entiendo nada?, me consulta, extrañada.

Además, doña María relata que hace unos años la costumbre en los mercados de abasto para el pago de los productos era con billete en efectivo y se guardaban las monedas para el cambio, y al finalizar la jornada ella y sus compañeras tenían que hacerse acompañar con familiares y hasta policías por seguridad. Esta platita bien resguardada tenía como destino pagar a los proveedores de productos, transportistas y otros, termina su alocución la casera.

El documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado Acelerando los Pagos Digitales en América Latina y el Caribe, destaca que los pagos digitales representan un aspecto fundamental de la actividad económica, la inclusión financiera y el crecimiento empresarial. Además, serían un importante motor del comercio electrónico, pues los pagos digitales permiten a personas y empresas efectuar y recibir pagos de forma rápida y segura, lo que contribuye a estimular el comercio.

En este ámbito, los pagos digitales han mostrado una gran aceptación de la población a nivel global. Según las perspectivas, de los organismos internacionales los pagos sin contacto, pagos móviles, pagos integrados en una apps y redes sociales, junto al uso de los códigos QR cobrarán cada vez más fuerza en esta evolución del comercio electrónico.

La pregunta de rigor es: ¿En toda esta digitalización y adopción de nuevas tecnologías en el ámbito de pagos, el mercado Rodríguez y la economía boliviana están lejos de esta revolución? La respuesta es no. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del sistema de pagos publicadas por el Banco Central de Bolivia (BCB), en 2021 se registró un importante crecimiento en el uso de los instrumentos electrónicos de pago, donde las transferencias electrónicas (por banca digital) aumentaron 70% en volumen de operaciones con relación a 2020, mientras las transacciones a través de tarjetas electrónicas subieron 41% en cantidad y 36% en el valor procesado, gracias a funcionalidades como pagos sin contacto y la habilitación de compras por internet.

Asimismo, el uso de la billetera móvil se amplió en 16% con respecto al valor procesado en 2020, gracias a la posibilidad de efectuar transferencias hacia y desde cuentas del sistema financiero con el uso de códigos QR, brindando una variedad de opciones a la población para efectuar pagos y transacciones a zonas rurales y periurbanas.

Estos resultados sin precedentes se explican por la construcción de esta infraestructura del mercado financiero de pagos y una regulación moderna atribuida al BCB, que permitió profundizar el uso de los medios electrónicos de pago en un entorno moderno y seguro. Otro factor relevante, que dio impulso a los pagos digitales en 2021 fue la recuperación de la economía que favoreció al valor y el volumen de las operaciones procesadas en el mercado financiero.

En síntesis, la revolución de los pagos digitales está permitiendo, de manera gradual, que la población boliviana pueda efectuar y recibir pagos de forma rápida y segura contribuyendo a una mayor actividad comercial que permite una mayor inclusión financiera y crecimiento de la economía.

Sergio Colque Soldado es economista y docente de la UMSA.

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La capital del narcotráfico

/ 5 de julio de 2022 / 01:37

Lo dije una vez y lo diré de nuevo: las drogas no son malas. Sin embargo, estamos obligados a cumplir con las leyes de nuestra sociedad, so pena de vivir sin ellas. Sócrates sabía esto, así que bebió nomás la cicuta, consciente de que incluso el orden más injusto es mejor que ninguno. El narcotráfico, por lo tanto, debe ser combatido, así como los narcotraficantes; por ello me pregunto ¿por qué habrá creído Calvo que era una buena idea convocar a una marcha en contra del narcotráfico?

Así, aunque ya no quisiera escribir sobre el tema, me veo obligado a hacerlo, dadas las circunstancias que delatan que la nueva estrategia de la oposición es desprestigiar al movimiento cocalero utilizando la guerra contra las drogas como vetusto barco de guerra y, aún peor, bloquear el funcionamiento de la sociedad boliviana. Mala elección, pues al hacerlo dirigen los reflectores sobre las cabezas de muchos de sus miembros, quienes a diferencia de las élites colombianas no tienen la fuerza suficiente como para imponerse como les gustaría hacerlo. Es por eso que nuestro admirador de Pablo Escobar, Luis Fernando Camacho, no es más que una caricatura de mafioso, incapaz de hacer lo que hacía ese infame gánster en Medellín.

No obstante, estamos lidiando con un problema serio aquí en Bolivia. Entre las muchas observaciones que pude rescatar de mi abusada lectura de Peter Andreas encontré la siguiente: la violencia es una forma recurrente de resolver controversias entre los emprendedores del comercio ilícito, debido a que los mecanismos legales les están vetados por la naturaleza ilegal de su actividad. Es decir, dado que no pueden demandarse en tribunales que funcionen con normas, solo les queda los balazos. Las últimas semanas son un ejemplo de ello.

Pero las élites del narcotráfico no operan al margen de la sociedad, aunque sí de la ley. Por eso, invito al lector a considerar lo siguiente: aunque para producir cocaína los cárteles de la droga dependen de la hoja de coca que se produce en todo el territorio nacional, así como de la proveniente de Perú, la comercialización de su mercancía no se dirige a nuestro mercado interno, sino al de grandes metrópolis conectadas con destinos de ultramar donde la droga multiplica su costo, como EEUU y Europa. Y para poder sacarlas hacia tales destinos, ésta debe cruzar la frontera hacia el Brasil, a través de los departamentos de Pando, Beni y, sobre todo, Santa Cruz.

Una buena parte de los costos de transporte se paga justamente en estas regiones, donde el dinero circula y entremezcla con otros capitales; un pequeño norte de México, si se quiere. He ahí, si la verdadera intención es combatir el narcotráfico, necesario transparentar la proveniencia de esos recursos, que solo es posible mediante leyes como la que se impulsó a finales del año pasado, y que fue vetada, justamente, por la intensa campaña de las élites cruceñas. Una observación detallada sobre la proveniencia de la fortuna de sus miembros arrojaría escandalosos resultados. Invito al (Ministerio de) Gobierno a hacerlo. Es hora de atacar a la verdadera capital del narcotráfico, que, a diferencia de los cárteles mexicanos y colombianos, no podrían defenderse.

No obstante, eso no resuelve el problema de fondo, que no consiste en que amplios sectores de la sociedad se ganen el pan de cada día como engranajes más o menos pequeños en ese tipo de negocios, sino que también participen en él instituciones del Estado, en este caso el Órgano Judicial y la Policía. Al hacerlo, dichas instituciones contribuyen, tal vez sin quererlo, a otra dinámica que nota Andreas en otra de sus investigaciones: el debilitamiento de la democracia. Al hacer de la corrupción una rutina, desprestigian la institucionalidad del Estado, que puede conducir a una crisis de gobernabilidad por el simple hecho de que la gente ya no respeta la formalidad estatal.

La oposición está consciente de esto, razón por la cual bloquea todo intento de reforma institucional o incluso simples cambios de rutina, como sucede con el Defensor del Pueblo o como sucederá seguramente con la Contraloría. El objetivo no es hacer visible la disfuncionalidad de nuestro Estado, sino obstaculizar su funcionamiento mientras el actual partido esté en el poder, poniendo en riesgo no solo la estabilidad política de Bolivia, sino la propia vida de sus ciudadanos, que deberían estar conscientes de que la oposición boliviana no está comprometida con la idea de construir país. Su lógica es: “si no puedo ganar elecciones, que se hundan todos”.

Por todo esto, impulsar reformas estatales es una prioridad para el Gobierno, se cuente o no se cuente con la fuerza para ello. Se tiene una ventaja, por otra parte, y esa es la consciencia que existe sobre el penoso estado de nuestra Justicia y nuestra Policía. El pueblo debe marchar por ese tipo de consignas: por una nueva Bolivia.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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