Volviendo al tema del narcotráfico y el Estado podríamos mencionar por lo menos tres de los casos más sonados: Huanchaca, “narco-video” y “narco-vínculos”. El primero, como ya lo mencionamos en esta columna la quincena anterior, fue el más impactante, sobre todo por la pérdida de valiosas vidas humanas y las profundas secuelas a las que dio origen. Quedó demostrada la negligencia culpable de autoridades políticas, policiales, jurídicas y de los organismos estadounidenses que entonces tenían una notable presencia en las labores de interdicción.
Es más, nunca se despejó totalmente la versión de que Huanchaca contribuyó a los turbios negocios de la CIA; agencia que no solo vendió clandestinamente armas a Irán, sino que también habría introducido grandes volúmenes de cocaína al mercado norteamericano con la misma finalidad: financiar a los grupos “contras” que luchaban contra el gobierno sandinista en Nicaragua, estamos hablando de los años 1985-1986.
Desatado el escándalo en Estados Unidos, las investigaciones permitieron enjuiciar y condenar con penas muy leves a los principales operadores, entre ellos Oliver North y Elliot Abrams, a pesar de que fue público y notorio que ellos destruyeron la documentación comprometedora. Curiosamente todos ellos fueron indultados por el gobierno de Bush padre y reclutados nuevamente en la administración de Bush hijo. Con Trump han vuelto a la escena, el primero como presidente de la famosa Asociación Nacional del Rifle” (NRA), y el otro nada menos que como encargado de la guerra contra el Gobierno de Venezuela.
En abril de 1986 se reveló la existencia de un video grabado con cámara oculta en el que se ve la visita de tres altos dirigentes del partido banzerista (Acción Democrática Nacionalista) al “rey de la cocaína” de entonces, Roberto Suárez Gómez. Se trataba de Alfredo Arce Carpio, jefe de la bancada parlamentaria de ADN; Mario Vargas Salinas, general retirado, exministro de Banzer; y Jorge Alvéstegui, gerente propietario de una empresa publicitaria. Todos ellos activos dirigentes de ADN.
Es de imaginar el barullo que se armó con este caso. Como es de rigor, una comisión parlamentaria investigó el tema y menudearon las explicaciones entre grotescas y pueriles de los que aparecían en el video. En una espectacular maniobra, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro clausuró por un año los medios de difusión de Carlos Palenque (RTP) por haber dado espacios a los epígonos del narcotráfico, e hizo aprobar con la mayoría oficialista una resolución camaral liberando de toda culpa a los involucrados. Además de dar por terminada la investigación, dispuso la remisión de obrados a la Justicia Ordinaria para los “fines que fueran de ley”. Lo que significó que el “narco-video” tomó el mismo camino que el caso Huanchaca. Los jueces se encargaron de archivar el asunto o, en su caso, absolver a todos los implicados.
Como preámbulo al caso del “narco-video” estuvieron las “narco-fotografías”, como claro indicio de la relación entre Jaime Paz Zamora y otros altos dirigentes del MIR con algunos capos del narcotráfico. La querella fue presentada por dirigentes del partido banzerista, poco después “olvidada” convenientemente para dar paso a la alianza MIR-ADN, que hizo presidente a Paz Zamora pese a haber obtenido el tercer lugar en la votación. Había comenzado el caso “narco-vínculos” cuyo primer indicio fueron las mencionadas “narco-fotos”. El tema se reabrió en 1994 y tuvo tal virulencia que podría decirse que descalabró para siempre al MIR y a sus principales líderes. Óscar Eid Franco tuvo que pasar unos meses en la cárcel, aunque después se las ingenió para obtener su total rehabilitación por el Senado.
Conclusión: los narco-escándalos por lo general terminan en la impunidad absoluta. Eso mismo puede volver a ocurrir ahora.
* es periodista.