Fernando Mayorga

Los centros urbanos del eje central de Bolivia están contaminados tempranamente con las campañas electorales. Las múltiples voces que emergen desde ellos denotan incertidumbre. Pero pese a todo, siempre florece el espíritu festivo de la sociedad boliviana, que le permite enfrentar los innumerables agravios, las desgracias y los callejones sin salida. Los bolivianos siempre encontramos una salida y salimos del túnel por el mismo lugar por donde entramos.

La capacidad de la población para reinventar su esperanza es inventando términos y festejar los espectáculos de la corrupción sin límites de los políticos bolivianos. Esta virtud ha fecundado nuevas derivaciones de la seccional policial de Chijini, lugar mítico de las proverbiales escaramuzas entre danzantes del Gran Poder; o las plurales peleas entre compadres que se equiparan a los encuentros y confrontaciones entre aventureros políticos que, a falta de argumentos, recurren al insulto, al asalto y a los cabezazos para luego terminar en la seccional. A este proceso se le llama chijinización, cuando hemos caído en el descrédito por falta de agudeza mental y culminamos encerrados con toda suerte de mal vivientes.

El barrio paceño de Alpacoma, luego del desastre medioambiental que sufrió hace unos meses, ahora inspira a la ciudadanía con un nuevo término a propósito de las sábanas sucias (decir trapitos es una incongruencia) que se exhiben entre los políticos del oficialismo y la oposición con una simple conclusión: todos son corruptos. En concreto, se dice que todos están alpacomizados. Es decir, que todos tienen su basura escondida; la cual, en cualquier momento, va a explosionar y salpicar al resto de la sociedad, incluyendo a quienes no tienen nada que ver con el asunto.

Estos tiempos son benignos para los oportunistas que ofrecen respaldo a los candidatos mejor posicionados. Su propósito es servirse de la política para enriquecerse a costa de nuestra credibilidad, la cual puede llamarse también inocencia. Así, el cuñado del asesor de campaña de Carlos Mesa lo intenta desacreditar, arguyendo que es un ególatra que solo se “rodea de sus amiguitos”.

Sin embargo, el autocalificado “honorable” ciudadano fue expulsado de la Embajada de Bolivia en Madrid por manejos turbios durante el gobierno de Jaime Paz. Asimismo, esta persona fue la que vendió un facsímil que hizo pasar por un documento histórico original a la Fundación del Banco Central de Bolivia (FBCB), entre otras habilidades que seguramente desconocemos.

En los inicios de la gestión parlamentaria, la diputada Jimena Costa denunció al diputado de Unidad Nacional Amílcar Barral por la extorsión mensual a la que sometía a sus acólitos a los que había acomodado en el Asamblea. Por esa razón, sus víctimas lo apodaban el Chupasueldos, en alusión al Chupa Cabras. La Comisión de Ética de la Asamblea lo sancionó con varios meses de alejamiento por estas denuncias, sin pasar a mayores. Pero pronto volvió a la carga, con el beneplácito de su jefe, Samuel Doria Medina. El diputado Rafael Chapulín Quispe se alejó de él, y le dijo que se cortará las uñas antes de criticarlo.

En Bolivia, los delincuentes que se encaraman en el poder tienen un nivel de aceptación incomprensible, y siempre se espera que sean sorprendidos en flagrancia. Esto quiere decir que más del 98% de los actos ilegales no salen a luz pública, puesto que la propia Fiscalía, la Policía, los jueces y abogados han conformado un consorcio con los políticos para delinquir a nombre de la democracia. Los ejemplos sobran, sobre todo cuando hay mucho dinero de por medio proveniente del narcotráfico.

El mismo candidato del oficialismo, el presidente Morales, lamenta el hecho de que resulte difícil conseguir candidatos que le garanticen un mínimo de honestidad. Tal vez ya no recuerde que se deshizo de muchos de sus colaboradores que no dejaban delinquir, y permitió y toleró que sus “leales” manejen el aparato del Estado a su antojo. Es más, a la mayoría los premió con cargos en el exterior. La protección al exalcalde de Achacachi Edgar Ramos durante tres años pese a las evidencias de corrupción en su contra es otro ejemplo; incluso por su causa encarcelaron a gente inocente, y quienes denunciaron los actos ilegales de su gestión tuvieron que fugar al exterior.

En estos momentos, mientras termino este texto, seguramente estarán saliendo varias toneladas de cocaína a los mercados del mundo y muchos funcionarios estarán desfalcando al Estado.