Voces

miércoles 25 may 2022 | Actualizado a 03:27

Desamparo ante la trata

/ 12 de junio de 2019 / 23:36

Según alerta un informe de la Defensoría del Pueblo, las 29 terminales departamentales e interdepartamentales que existen en el país carecen de mecanismos efectivos para controlar y prevenir la trata y tráfico de personas, y en particular de niños y adolescentes. Y lo propio ocurre con los 31 retenes de peaje y puestos de control instalados en las carreteras nacionales.

Estas conclusiones devienen luego de una pesquisa realizada entre agosto y diciembre de 2018, en la que la Defensoría constató que únicamente en las terminales de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí; así como en Puerto Quijarro y Caranavi, se efectúan controles en los horarios de mayor afluencia para verificar que en los buses no se encuentren menores sin la compañía de sus padres, o en su defecto, que cuenten con la documentación correspondiente para poder trasladarse con otros familiares. En el resto de los horarios no existe ningún control.

Y si esto ocurre en las ciudades capitales del eje, no resulta difícil imaginar el descontrol que campea en las demás terminales, en las que se hacen controles esporádicos o incluso son inexistentes. Por otro lado, la Defensoría evidenció la ausencia de personal especializado para identificar a las posibles víctimas de trata o los documentos falsificados, tanto en las terminales como en los retenes y los puestos de control. Ante este evidente desamparo, urgen mayores esfuerzos estatales en lugares estratégicos como los mencionados para combatir este terrible delito, que por amor al dinero destruye vidas y familias enteras sin ningún reparo.

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De opinología mediática y otras artes ocultas

/ 25 de mayo de 2022 / 03:23

En las últimas semanas, medios de comunicación han llevado al extremo la capacidad creativa de sus escribanos en economía, mostrando que cualquier espectro que se tenga es bueno para poder demostrar que el Gobierno viene haciendo las cosas medianamente mal. Han traspasado los límites de fantasía generando una serie de artículos de opinión en base a lo que para ellos es la muestra clara del debilitamiento del modelo económico, plantado sobre un hipotético grupo de medidas que habría sido encontrado escudriñando las hojas recicladas de alguna instalación gubernamental y, pese a los intentos, no han podido explicar cuál de los papeleros habría sido el revisado.

No ha faltado el criterioso que con orgullo desmedido ha dicho que la información se encuentra “circulando en redes”; un supuesto impuesto al salario, cobros nuevos para empresas públicas y otros cuentos de terror han sido la base de opiniones que no han hecho más que demostrar lo empobrecido de la sustentación técnica de la que hacen gala al escribir un artículo que habla de la economía de un país.

Entrando en terreno serio, el Gobierno reforzó su eslogan sobre el resurgimiento de la economía boliviana, desde varios flancos que se muestran mucho más sólidos, empezando por el reporte que se ha presentado sobre la solidez del sistema financiero, donde resaltan datos como el 6,5% de crecimiento de la cartera de créditos respecto a marzo de 2021, un crecimiento de 81% de las utilidades de las entidades financieras y la creación de más de 1 millón de cuentas nuevas de ahorro, logrando que el monto que tienen los ahorristas en Bolivia sea mayor a marzo del año pasado en un 8%.

El segundo elemento que pone en claro el mejoramiento del contexto económico en nuestro país ha sido la promulgación del Decreto Supremo 4716, donde se determina que las utilidades de la Gestora Publica de Seguridad Social de Largo Plazo sean también una fuente de recursos que cubra la Renta Dignidad, esto por dos sencillas razones, la primera es que la gestora es la instancia encargada de este pago y, por ende, tiene que velar por la sostenibilidad de lo que hasta ahora ha sido el mecanismo con el cual ha venido generando valor público. Por otro lado, y no menos obvio, está el hecho de que la gestora para 2021, conforme los estados financieros que han sido publicados, ha registrado un superávit de más de Bs 7,8 millones; es irrebatible que parte de estas utilidades puedan ir a reforzar el pago en cuestión y que el Gobierno disponga que uno de los usos que se pueda dar a estas ganancias esté relacionado con la sustantividad de la gestora.

Es necesario hacer mención de que las empresas públicas sufrieron un golpe certero que buscó la inestabilidad en su funcionamiento, no es secreto para nadie que el gobierno de Áñez hizo hasta lo imposible para que las empresas que tienen como propietarios a todos los bolivianos, terminaran desapareciendo para que sus pares privados lograran tener mejores utilidades; falta ver cómo para el servicio de transporte aéreo, donde se tiene como prestador de servicio a BoA, en aquellos tiempos se empezó a cerrar rutas, disminuyó la cantidad de vuelos que se tenía a los destinos de mayor frecuencia, todo a la cabeza de los administradores de la competencia; increíblemente Áñez había nombrado como autoridades de BoA a personeros de Amaszonas, empresa competidora de la estatal.

En 2020, las empresas públicas, de manera agregada, presentaron un déficit de Bs 757 millones, dejando en estado crítico a muchas de ellas; para 2021, presentaron utilidades por Bs 2.873 millones, lo cual ha demostrado plenamente la capacidad del modelo para reabsorber errores generados y plantear soluciones a problemas de orden estratégico y operativo.

Por otro lado, el enunciado de que las empresas públicas no pueden ser instancias que generan una buena administración y, por ende, utilidades, ha sido echado por tierra con los números presentados por el Gobierno, ya que sus ganancias no solo sostienen parte de la Renta Dignidad, sino que hacen lo mismo para el Bono Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy; ejercicios de política pública que, vía evaluaciones de impacto, han quedado como herramientas efectivas que atacan a problemas de orden social como la deserción escolar, el parto asistido y la mejora de calidad de vida de diferentes estratos de la sociedad boliviana.

Mike Gemio es economista.

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La ‘democracia’ de la oposición

/ 25 de mayo de 2022 / 03:18

Hemos visto un espectáculo lamentable hace unos días en la Asamblea Legislativa: el bloqueo de la elección y designación del Defensor del Pueblo. A título de democracia, los dos tercios necesarios —instituidos en la Constitución para decisiones trascendentales— fueron manoseados al antojo de ciertas bancadas.

Había comenzado con augurios el consenso entre las tres fuerzas políticas en la aprobación de la convocatoria y siguió a un sorprendente ritmo hasta que Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó la exclusión de dos postulantes y rompió los acuerdos. Se dio cuenta de que había votado mal por los dos aspirantes, decisión que no sirvió a éstos para conformar la lista corta para su consideración en la sesión bicameral definitiva. No firmó las actas, pero siete postulantes estaban en carrera.

Pero el impasse sirvió para bloquear la designación de manera sucesiva en cuatro votaciones. Bloquearon los dos tercios —es la palabra exacta, como destacaron algunos legisladores como Luis Guillermo Seoane— y validaron la continuidad de Nadia Cruz al frente de la Defensoría del Pueblo.

Sin ningún argumento (por lo menos CC dijo que impediría la designación del Defensor del Pueblo impulsada por las dos exclusiones), Creemos optó por votar blanco y nulo, también eficiente para bloquear la elección. En las dos sesiones fallidas asistieron respectivamente 164 y 162 senadores y diputados de las tres fuerzas políticas; se necesitaban 109 y 107 votos para hacer dos tercios. Ninguno de los candidatos logró la votación necesaria; quienes se acercaron en algo fueron Pedro Callisaya, que recibió entre 82 y adhesiones, y Evelin Cossío, de 47 a 45. Al primero lo tildaron de ser la ficha del Movimiento Al Socialismo (MAS) y a la segunda CC la tomó como su postulante para el bloqueo de la elección, a la que la respaldó de forma consecutiva.

CC denunció trampa del MAS por mantener el interinato, pero fue funcional a la continuidad de Cruz, cuyo mandato se sustenta en el artículo 12 de la Ley 870, del Defensor del Pueblo, “en tanto se realice un nuevo proceso de elección, selección y designación”. Lo mismo ocurrió con Creemos, que incluso se abstuvo de cualquier posibilidad de diálogo, aunque esto se despilfarró cuando el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, no se preocupó mucho por él, pese a los intentos, y rompió su palabra al reinstalar la sesión sin la anticipación debida que prometió, menos bajo acuerdos previos.

Así quedaron las cosas en nada. ¿Cómo es se le endilga a Callisaya militancia en el MAS luego de haber pasado la fase de revisión de requisitos que prohibía la adhesión partidaria ocho años antes de las postulaciones? CC y Creemos validaron el cumplimiento de ese requisito consignado en la convocatoria antes de la calificación de méritos.

Siendo el mejor calificado (tres “excelente” y una “buena” en las cuatro categorías), el hombre resultó impedido de ser elegido. El MAS optó por él, en mérito a su mayoría y la consideración de las calificaciones, y la oposición lo frenó, en un intento de sobreponer a la minoría frente a la mayoría.

Si bien instituidos en la Constitución, los dos tercios tienen la finalidad de blindar la institucionalidad de los cargos y las decisiones con el mayor respaldo posible. Sin embargo, cuando son usados para bloquear ese propósito, son un instrumento antidemocrático, que permite a la minoría someter a la mayoría.

La circunstancia política impide pensar que en adelante puedan haber consensos serios y sensatos. La Asamblea Legislativa debe elegir pronto al Contralor General del Estado, pero no está capacitada para asumir el reto. Otras decisiones, como la aprobación de más de una veintena de juicios de responsabilidades, entre ellas cuatro contra Jeanine Áñez, también se encuentran en el limbo.

Mientras, la oposición parece naturalizar la desinstitucionalización del Estado al pretender ser el paladín de la democracia con actuaciones contradictorias. Ya se develó mostrándole la espalda y tocando silbatos al presidente Luis Arce en actos oficiales. Ya lo demostró al considerar que la llegada al poder de Áñez fue constitucional e “impecable”. Ya lo demostró al justificar las masacres de Sacaba y Senkata.

La oposición no es democrática, por más esfuerzos que haga por creerse así.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Apostando por nuestra industria

/ 25 de mayo de 2022 / 03:11

Seguro muchos hemos escuchado de la industrialización por sustitución de importaciones, que en palabras simples significa que “el Estado debe alentar la fabricación local de bienes para que lleguen al consumidor final”; si bien parece simple, es un trabajo arduo y un camino largo por seguir que debe ser impulsado desde varios frentes, con políticas integrales, uniendo esfuerzos entre el sector público y privado; y la población en general, priorizando y apostando por nuestra industria, indudablemente podemos llegar lejos.

En ese camino, el 6 de mayo de 2021 se publicó el Decreto Supremo 4505, que reglamenta la Ley 1257 de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes Nacionales, que establece el Catálogo Electrónico “Compro Hecho en Bolivia”, conformado por fichas técnicas de bienes estandarizados y medicamentos, identificados como producción nacional por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través del cual las entidades públicas podrán realizar compras electrónicas a productores y comercializadores de productos nacionales.

Para arrancar con la implementación de este mecanismo de apoyo a la producción nacional, a partir del 17 de marzo de 2022 está en funcionamiento el Mercado Virtual “Compro Hecho en Bolivia”, en la página web (www.sicoes.gob.bo) del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), permitiendo en una primera fase el registro de bienes y medicamentos de producción nacional, donde tanto productores como comercializadores pueden promocionar y publicitar permanentemente los productos de origen nacional en línea y de manera gratuita.

A través del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) se debe realizar el registro de bienes y medicamentos que quieran ofertar, de acuerdo a la ficha técnica publicada en el Sicoes, incluyendo los precios, ubicación geográfica del domicilio principal o sucursales, imágenes de los bienes y/o enlaces a sitios web o redes sociales, entre otros datos.

Cuando el Mercado Virtual “Compro Hecho en Bolivia” cuente con un número considerable de registros de bienes y medicamentos de producción nacional, como una siguiente fase, todas las entidades públicas realizarán sus compras a través de la compra nacional directa o compra nacional por convocatoria, tema sobre el cual escribiremos en un futuro próximo.

Con esta iniciativa, se pretende lograr que las empresas nacionales que apuestan por la producción nacional se conviertan en proveedores del Estado, facilitando su participación en las contrataciones que realizan las entidades públicas a través de la compra electrónica, reduciendo barreras en su participación, incentivando y priorizando la producción nacional y fomentando la participación de la micro y pequeñas empresas.

Este es un mecanismo más que implementa el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como órgano rector de las normas de gestión pública, en pro de una mayor transparencia en los procesos de contratación que llevan adelante las entidades del sector público y la modernización de la gestión de las compras públicas.

Camelia Delboy es administradora de empresas y especialista en contrataciones.

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Bolivia, el país con la economía más sólida

/ 24 de mayo de 2022 / 01:06

La invasión rusa contra Ucrania promovió un considerable cambio geopolítico, el cual inevitablemente condicionará la realidad mundial a largo plazo, habiéndose promovido además la transformación de la agenda internacional. Ante este escenario, es propicio mencionar que la historia refleja que algo similar ocurrió con la caída del Muro de Berlín allá por 1989 y la desaparición del bloque soviético en 1991, el atentado contra las Torres Gemelas en 2001 y la crisis financiera global de 2008. Si bien con el hecho más reciente pareciera emerger un mundo más incierto, tanto económica como geopolíticamente, se pueden avizorar espacios de oportunidad para terceros países, y un ejemplo claro de ello son los de América Latina.

En ese entendido, la actual coyuntura ha vuelto a conceder cierto protagonismo a los países latinoamericanos, los cuales han afrontado diversos efectos directamente vinculados con el conflicto bélico. Desde el punto de vista económico, un hecho perceptible es el incremento del precio de los hidrocarburos y de otras materias primas, lo que ha beneficiado a los países productores y castigado a los consumidores. Asimismo, se ha podido constatar importantes tensiones inflacionarias.

Es evidente que la invasión rusa a Ucrania ha reactivado la incertidumbre mundial, deteriorando las expectativas de crecimiento económico y dificultando aún más la salida de la crisis pospandemia en América Latina. Sin embargo, la subida del precio del petróleo es un aliciente para los países productores con problemas de inflación o caída de recursos, o que han experimentado un deterioro de sus cuentas fiscales. En este escenario, el aumento de los precios de las materias primas que comenzó en 2021 y cobró un mayor impulso a causa de la crisis ucraniana, podría promover a las economías latinoamericanas que dependen de las exportaciones de dichos insumos. Sin embargo, esto repercute en la interrogante de si el auge actual de las materias primas podría incentivar a contraer tasas de crecimiento más rápidas en una región que ha estado en un modo de crecimiento lento desde el último auge de las materias primas en 2014.

Quedando establecido que existe una fuerte correlación entre los precios de las materias primas y el crecimiento económico de los países latinoamericanos. El auge de estos insumos, fomentado por una fuerte demanda mundial, ha sido un factor clave del crecimiento económico en una región que continúa dependiendo de las exportaciones de productos básicos. Ante tal escenario, es importante reconocer que la dependencia de los países latinoamericanos de las materias primas para impulsar el crecimiento los deja vulnerable a las crisis de precios y ciclos económicos. Lo cual se pudo constatar de forma evidente en gran parte de la región, posterior al último auge de las materias primas en 2014.

Ante esta coyuntura, la revista Economist Intelligence Unit (EIU) realizó un estudio denominado Las perspectivas para América Latina en medio de la guerra de Ucrania, que tuvo la particular intención de medir qué países de esta región del mundo están mejor posicionados respecto a otros para resistir e incluso prosperar en el entorno global actual, para lo cual tuvieron a bien diseñar un mapa de calor (diseñado en una escala de 1 a 5, donde la proximidad a 1 muestra una mejor posición) que evalúa el desempeño de la región en el ámbito de siete indicadores clave, tales como la inflación, la deuda pública, los pagos de intereses/ingresos del sector público, el ratio de las exportaciones de materias primas respecto a las exportaciones totales, balanza por cuenta corriente (% del PIB, 2021), riesgo de estabilidad política y el riesgo legal y regulatorio.

Los resultados de dicho estudio demuestran que Bolivia es el país mejor posicionado entre los cinco menos vulnerables de la región, con una puntuación de 2,14, seguido por Ecuador, Paraguay, Chile y Perú. El otro lado de la moneda son El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todos están entrando en crisis con niveles relativamente altos de deuda pública, desequilibrios externos sustanciales y alta inflación, y ninguno es un importante exportador de materias primas.

Este suceso refleja una vez más, ante constantes críticas carentes de fundamentos reales, la eficiencia del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) diseñado e implementado por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce. Es un hecho destacable que el MESCP sí funciona y prueba de ello es que ha logrado estabilizar la economía boliviana ante escenarios bastante adversos, obteniendo como resultado perspectivas favorables para la población boliviana en el ámbito interno y externo.

Álvaro Nina Nina es economista.

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El imperio del contrabando

/ 24 de mayo de 2022 / 01:00

¿Y si les dijera que la independencia de los EEUU fue inspirada por una patriótica defensa del contrabando de molasa, materia prima para la elaboración de ron, que el yugo británico sobre las Trece Colonias hacía cada día más difícil? ¿Que su revolución industrial fue impulsada por el contrabando de patentes, tecnologías y el robo de cerebros, a costillas de Inglaterra? ¿Que sus propios ejércitos independentistas financiaban sus campañas militares con los ingresos provenientes del contrabando de esclavos y cigarrillos desde el Sur? Es decir, ¿si les dijera que el contrabando es tanto acerca de construir estatalidad, como de subvertirla?

Esa es la provocadora tesis del no tan reciente libro del politólogo estadounidense Peter Andreas, Smuglers Nation: How Illicit Trade Made America (que puede traducirse como Nación de contrabandistas: Cómo el comercio ilícito construyó América), publicado en 2013, donde hace una exhaustiva revisión de la historia del imperio del norte a través de los lentes del contrabando, explicando gran parte de su éxito por su capacidad para borrar las líneas imaginarias del comercio internacional, pero a su favor. El contrabando, nos recuerda el autor, no es más que el libre comercio llevado hasta sus últimas consecuencias, razón por la cual Adam Smith les derrochaba a los agentes de esta actividad no pocos halagos.

No es, pues, una anomalía en el sistema, sino algo intrínseco a él, debido a que las mercancías que lo componen corren por las mismas vías que las de carácter legal, muchas veces movilizadas por los mismos agentes que forman parte de la economía formal. Andreas nota, en el prefacio de su libro, cómo la producción de cocaína en Latinoamérica no sería posible sin la materia prima legalmente importada desde los EEUU, como los precursores o papel higiénico.

Es de notarse cómo en el ámbito de las economías informales se repite el patrón de la división internacional del trabajo, que separa a Estados productores de materias primas de Estados que producen bienes con valor agregado o que se benefician de su comercialización. Las millonarias ganancias del narcotráfico las reportan cárteles brasileños y colombianos, no los productores campesinos bolivianos. El contrabando, huelga decirlo, puede actuar a favor de un Estado mientras lo hace en contra de otro.

¿Cuál es la diferencia entre una forma y otra de contrabando? Siguiendo a Andreas, es de notar que, de la misma forma en cómo sucede con el narcotráfico, la priorización de algunas formas de contrabando sobre otras refleja las asimetrías de poder que pueden darse en las relaciones internacionales.

Así, advierte el autor en otro artículo académico, que mientras el desecho de desperdicios del norte al sur (veamos el caso de la ropa usada en Atacama, Chile) o de antigüedades del sur al norte no reciben mucha atención en las agendas bilaterales entre dichos Estados, el narcotráfico y la migración ilegal copan sus agendas, siguiendo los intereses de los polos dominantes de estas relaciones entre países. Nuevamente, y al igual que sucede con las drogas, se trata de determinaciones políticas antes que técnicas.

¿Y si México condicionara su cooperación en la lucha contra el narcotráfico a una respuesta proporcional desde los EEUU respecto al contrabando de armas?

Este enfoque no es aplicable a todos los casos, por supuesto. El problema del contrabando de vehículos desde Chile o de alimentos desde Perú seguramente tendrá que seguir otro tipo de enfoques, pero me atrevo a suponer que la solución a estos problemas, como casi todo en la vida, es política. Para corroborar esto solo hace falta revisar la siempre polémica historia de los EEUU, el imperio del contrabando.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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