Si no es inocuo, no es alimento. Los alimentos contaminados con bacterias, virus, pesticidas o residuos químicos pueden causar enfermedades graves, incluso la muerte. Ante la amenaza sin precedentes causada por la COVID-19, debemos hacer todos los esfuerzos para mantener no sólo el flujo de los alimentos a lo largo de la cadena de producción, sino también para administrar los riesgos de inocuidad alimentaria y prevenir la contaminación de los alimentos.

El 7 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, una oportunidad para reconocer la labor de las personas que contribuyen a velar por esta acción, tanto si cultiva, elabora, transporta, almacena, distribuye, vende, prepara, sirve o consume alimentos. Cada uno desempeña una función para mantener la inocuidad de los alimentos, como plantea el lema de este año: “Inocuidad de los alimentos, un asunto de todos”.

Esta perspectiva se amplía aún más en momentos de pandemia, lo que refuerza el compromiso asumido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) que, con sus mandatos complementarios, se ocupan de respaldar la inocuidad alimentaria a escala mundial y proteger la salud de los consumidores.  

En Bolivia se estima que cada año enferman 111 mil personas por consumir alimentos contaminados, existiendo un subregistro que no se reporta porque no concurren a los servicios de salud. La OMS/OPS coopera en el país con el Ministerio de Salud, SENASAG, productores, comercializadores y consumidores en la formación de capacidades técnicas para lograr la inocuidad de los alimentos, aplicando las buenas prácticas de manufactura en toda la cadena alimentaria, para obtener alimentos inocuos.

Por su parte, la FAO trabaja con diferentes ministerios y coordina con los productores de alimentos —agricultores y pecuarios—, para que sigan buenas prácticas agrícolas y de higiene que maximicen la inocuidad. Las pautas de buenas prácticas agrícolas brindan a los productores herramientas básicas que no solo mantienen la inocuidad de los alimentos, sino que también les permiten acceder a los mercados y reducir la pobreza.

Y es que mantener los alimentos inocuos es un proceso complejo, que comienza en el campo y termina con el consumidor. En todos estos eslabones se debe aplicar buenas prácticas de higiene, limpieza y desinfección, zonificación de áreas de procesamiento, control de proveedores, almacenamiento, distribución y transporte, higiene del personal y aptitud para trabajar.

Sin embargo, la responsabilidad es de todos. Aunque los consumidores de todo el mundo tienen derecho a esperar que los alimentos que compran y consumen sean inocuos y de buena calidad, en casa todos debemos asegurarnos de que lo que comemos sigue siendo seguro.

Por nuestra parte, FAO y OMS/OPS seguiremos impulsando la revisión y actualización de la legislación alimentaria, la formulación de políticas coherentes basadas en evidencias y el desarrollo de mejoras en la gestión y contención de brotes mediante el muestreo y análisis de los productos afectados.

Theodor Friedrich, Representante de FAO en Bolivia

Alfonso Tenorio, Represenante de OMS/OPS en Bolivia

Mediante la suscripción de una declaración conjunta, 25 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Bolivia, se comprometieron a coordinar el abastecimiento de alimentos suficientes para los 620 millones de habitantes de la región durante la pandemia desatada por el COVID-19. Este paso implica una decisión fundamental como es el apoyo a las familias agricultoras, pequeños y medianos productores que en estos momentos tan cruciales no han dejado de garantizar la provisión de alimentos básicos para el consumo nacional.

En una coyuntura en la que la enfermedad ha obligado a la mayoría de los países a asumir la cuarentena como principal medida preventiva, 18 millones de agricultores, pescadores, ganaderos y acuícultores, hombres y mujeres, siguen trabajando día a día en la región para que los alimentos no falten. Lo mismo hacen las y los trabajadores de las agroindustrias, el transporte, las empresas importadoras y exportadoras, y los mercados mayoristas y minoristas; contribuyendo todos a que los mercados de la región cuenten con suficientes alimentos como demande la población.

En este contexto, el compromiso de los ministros incide en un aspecto determinante como es la asistencia técnica y financiera oportuna a los pequeños y medianos productores, así como a los pequeños y medianos agroindustriales, para sostener o aumentar su producción. Implica, además, la generación de alianzas con actores importadores y distribuidores de alimentos del sector privado para que se constituyan en un pilar estratégico para el acceso y la disponibilidad.

El compromiso de los ministros considera de primera importancia que todo este accionar vaya acompañado de la implementación de programas de emergencia para prevenir las pérdidas y desperdicios, incluyendo aquellos que estimulen y faciliten el funcionamiento de bancos de alimentos. Así lo establece la declaratoria, que se compromete a agilizar en forma constante las cadenas logísticas y resolver expeditamente cualquier cuello de botella que pueda reducir su funcionamiento. Por supuesto, esto también tiene que ver, entre otras cosas, con el impulso de políticas fiscales y/o comerciales de respuesta al efecto económico de la crisis que no debiliten el funcionamiento normal del comercio regional y global de alimentos.

La declaratoria involucra a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a otros organismos multilaterales especializados, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Caribbean Research and Development Institute (CARDI),  la Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency (CAHFSA), y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), comprometiéndonos a trabajar para asegurar que los 620 millones de latinoamericanos y caribeños sigan teniendo cada día alimentos suficientes, innocuos y saludables en sus mesas. Como FAO, creemos que las medidas mencionadas atenderán la situación inmediata para garantizar que la producción y la comercialización de alimentos sea regular y sin problemas. Pero también hay que pensar en el futuro y en el tiempo posterior a la pandemia: hay que facilitar y destrabar, si fuera el caso, las cadenas de suministro de insumos y el movimiento de técnicos agrícolas y productores para que puedan sembrar y atender los cultivos del próximo ciclo agrícola. Actualmente hay incertidumbre entre los productores sobre si pueden arriesgarse a nuevas siembras, inclusive si lograrán vender lo que tienen en estos momentos en el campo. En ese sentido, hacen falta señales claras y apoyo concreto para que la producción agrícola no se detenga a causa de la incertidumbre.

Theodor Friedrich, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia

La agricultura urbana y periurbana (AUP) es una estrategia de desarrollo para la alimentación y la agricultura. Su aporte abarca dimensiones de la salud, del medio ambiente, de la educación y del bienestar. Por lo que es prioritario apoyar su consolidación y popularización desde todos los ámbitos de acción, en un esfuerzo global de lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza.

En Bolivia esta práctica es impulsada desde 2003, con un enfoque de promoción del huerto familiar como punto de partida para mejorar la nutrición y alimentación de familias de escasos recursos, y de contribución a la diversificación de sus economías. Pero los resultados han trascendido estos objetivos y el país acumuló valiosa experiencia en urbes tan disímiles geográfica y socialmente como son Cobija (Pando) y Sucre (Chuquisaca); así como en espacios catalíticos como El Alto (La Paz) y el Plan 3.000 (Santa Cruz).

Hoy varios son los desafíos que plantea este camino: el acceso a tecnologías, inversión para la mejora de infraestructuras, la diversificación de las estructuras de acuerdo a los contextos (invernaderos, casas de cultivo, carpas solares, cultivos verticales), la construcción de políticas públicas para su fomento, la institucionalidad, pero sobre todo hay que trabajar en los mercados.

Esto último es de primera importancia, porque acortando las brechas entre productor y consumidor se beneficia toda la población en muchos más aspectos que solo la alimentación. A saber: las verduras y legumbres que produce una familia en un huerto tienen un valor nutricional indiscutible, son alimentos sanos y saludables. Este tipo de producción también contribuye al medio ambiente, porque el sistema no requiere de grandes cantidades de agua para riego ni agroquímicos. La AUP tiene un componente social muy fuerte cuando pensamos que es una actividad que ocupa predominantemente a mujeres: más del 80% de los emprendimientos corresponde a madres de familia.

Por último, la incorporación de la práctica a contextos educativos ha demostrado ser una herramienta pedagógica de alto valor. De hecho, el vínculo con el sistema educativo es una veta que debe ser potenciada. Las escuelas que cuentan con huertos escolares son la prueba de que es posible e importante vincular la agricultura urbana y periurbana con la alimentación complementaria escolar y la educación nutricional, como paso lógico para mejorar la nutrición y la salud de la población en edad escolar.

Todas estas dimensiones las estamos acompañando actualmente desde la FAO con un proyecto que ve la necesidad de impulsar la producción de AUP hacia espacios comerciales que vayan más allá de los mercados tradicionales. Dar un salto del abasto (donde la oferta es abundante y no diferencia productos ecológicos de otros) a los hospitales que precisan de insumos de alta calidad nutricional; a los supermercados donde el comprador está dispuesto a pagar por el valor alimenticio y no solo por el precio; a los restaurantes donde se le puede dar un valor agregado al origen del alimento.

Ya se han logrado, por ejemplo, pequeños contratos para abastecer centros de distribución del subsidio de lactancia en Santa Cruz con buenos resultados y perspectivas para extender esta experiencia a nivel nacional. Con esto se aporta no solo a la salud pública, sino también a la creación de pequeños negocios familiares. La agricultura urbana y periurbana tiene el potencial para convertirse en una verdadera política de abastecimiento nacional.

Y de eso se trata, de explorar mercados y estrategias para que la población acceda a hortalizas y verduras frescas producidas bajo estándares garantizados de inocuidad, con beneficios tanto para productores como consumidores. Esto no solamente mejorará los ingresos de las familias agricultoras, sino también contribuirá a mejorar la salud y la nutrición de la población urbana que actualmente enfrenta problemas relacionados a la subnutrición y a la obesidad.

* Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia.

Durante décadas, el mundo progresó en la lucha contra el hambre; sin embargo, hoy el número de personas subalimentadas está aumentando y los datos nos exigen acciones desde todos los ámbitos, porque aproximadamente una de cada nueve personas padecen hambre en el mundo.

Son tiempos en que nuestras dietas y hábitos alimenticios han cambiado como resultado de la globalización, la urbanización y el aumento de los ingresos. Hemos cambiado nuestros alimentos ancestrales por dietas hipercalóricas, con alto contenido de almidones refinados, azúcar, grasas, sal, conservantes y carne. Dedicamos menos tiempo a preparar comidas en casa y, sobre todo en las ciudades, dependemos cada vez más de supermercados, establecimientos de comida rápida y vendedores callejeros de alimentos. En gran parte del mundo garantizar la disponibilidad y el acceso a una alimentación sana es un desafío.

Las dietas poco saludables se han convertido en un factor muy alto de riesgo de enfermedad y muerte en todo el mundo. El consumo de alimentos poco saludables, combinado con estilos de vida sedentarios, han superado al hábito de fumar como el factor de riesgo principal de discapacidad y muerte en el mundo: más de 672 millones de adultos y 124 millones de niñas y niños son obesos.

Miles de millones de personas carecen de los nutrientes que sus cuerpos necesitan para llevar una vida sana y activa. Pero, a la vez, la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad matan a más personas que el hambre. Estamos, por tanto, frente a la imperiosa necesidad de hacer que una alimentación sana y sostenible sea asequible y accesible para todos. Esta es una realidad que debe ser encarada desde distintos ángulos, ya que el daño ambiental y la explotación de los recursos naturales ocasionada por el sistema alimentario está aumentando de forma no sostenible, debido al mayor consumo de alimentos procesados, carne y productos de origen animal.

Vivimos momentos en que el agronegocio, que busca ganancias rápidas, y el cambio climático amenazan con reducir la calidad y la cantidad de los cultivos, disminuyendo las cosechas y la producción en el largo plazo. El aumento de las temperaturas, junto con un cambio de patrones de lluvia, también está exacerbando la escasez de agua, cambiando la relación entre plagas, plantas y patógenos, con afectaciones en cultivos y alimentos.

En este escenario, en el Día Mundial de la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hace un llamado para abordar de manera conjunta la malnutrición desde sus raíces. Alcanzar el hambre cero en 2030 (uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) no es solo alimentar a las personas hambrientas, sino también nutrir a la población de forma sostenible, cuidando el planeta, considerando a las futuras generaciones.

Convocamos a todos a contribuir a la adopción de prácticas de producción alimentaria favorables a la nutrición, que se centren menos en variedades de alto rendimiento y demanda en mercados agroindustriales; y más en la diversidad y en la calidad nutricional para el beneficio del consumidor.

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con políticas y normas de avanzada para proporcionar una alimentación más sana y sostenible a la población. Estas políticas deberían ayudar a diversificar la producción y contribuir a sistemas alimentarios sostenibles con prácticas urgentes como la agricultura de conservación, además de orientar las intervenciones tales como la alimentación escolar, la educación nutricional, los subsidios, la compra institucional de alimentos y la normativa sobre comercialización, etiquetado y publicidad de los alimentos.

Bolivia tiene el desafío, la oportunidad y los recursos para producir una gama diversa de alimentos nutritivos, culturalmente valiosos e inocuos, en cantidades adecuadas para cumplir con las necesidades de la población de manera sostenible y soberana. Esto tendrá un efecto positivo en nuestra salud, en nuestra biodiversidad y sostenibilidad ambiental, y reducirá los riesgos de salud pública.

Nuestro compromiso es contribuir para que el país no deje pasar la oportunidad única y temporal de avanzar en la consecución de las metas relacionadas con la nutrición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de fortalecer la labor conjunta y aportar para que todas las personas, en todo momento y de todas las edades, tengan acceso a dietas asequibles, diversificadas, inocuas y saludables. Porque nuestras acciones son nuestro futuro, urge una alimentación sana para un mundo, con hambre cero.

* Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia.

Recientemente, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) anunció que en el corto plazo el país contará con el Plan Nacional de los Algodones en Bolivia, con el objetivo de darle condiciones de producción y sostenibilidad al sector algodonero en el período 2020–2025. Esta decisión dará continuidad a acciones que están siendo impulsadas por el Estado, productores, empresa, academia y la cooperación internacional, quienes desde hace más de dos años trabajan en la revitalización de la producción algodonera en el país, a través del proyecto Más Algodón.

La iniciativa ha logrado incidir en varios aspectos de la producción algodonera y sembrar la expectativa de que el próximo año el país esté produciendo cerca de 12.000 hectáreas de este cultivo, después de que a fines de los años noventa la actividad entrara en un período recesivo debido a la caída del precio en los mercados internacionales.

Este logro responde a diferentes acciones para mejorar la producción del algodón, fortalecer la agricultura familiar y sus organizaciones, comenzando desde el rescate de una semilla de variedad nacional (la CCA 348 Mandiyuti); pasando por la aplicación de prácticas sostenibles, como es la agricultura de conservación; la recuperación de saberes y la promoción de la investigación; el fortalecimiento de capacidades y la apertura de oportunidades para mujeres artesanas indígenas, entre otras acciones.

Bolivia tiene una historia de producción de algodón de larga data, y la crisis de los 90 no despojó al sector de la esperanza de volver a este cultivo. Desde este punto partió en 2017 una alianza conformada por la Cooperación Sur-Sur Trilateral, con la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Gobierno de Brasil, representado por la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC/MRE); el MDRyT y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP).

La coalición se fortaleció con el compromiso de los productores, la empresa y la academia, y reflotó rápidamente el valor de este cultivo que comercialmente tiene un gran potencial en sistemas diversificados de producción y ofrece una alternativa viable para rotar con otros cultivos, como la soya, por ejemplo, tal como lo hacen los algodoneros en Brasil.

No tan solo eso, hay mucho por desarrollar y la meta no debiera ser únicamente sustituir la importación de algodón, sino también exportar y desarrollar subproductos, como la semilla, la torta de algodón, el aceite de algodón, que es comestible y puede contribuir a la alimentación animal. Bolivia puede ofrecer al mercado, además, variedades de color, ya que gracias el rescate de la semilla nacional se dispone ahora de algodón marrón y verde de diferentes tonos, productos sumamente interesantes para mercados que buscan lo orgánico y natural.

El país tiene condiciones, incluso ecoclimáticas para producir algodón sin mayores problemas. En suma, este cultivo tiene la capacidad de dar más que solamente algodón, puede desarrollar un sector productivo muy versátil en el país y fortalecer principalmente al productor familiar indígena, lo que es también un reto para Bolivia en el Decenio de la Agricultura Familiar.

* Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia.