Hace pocas semanas, las autoridades del Seguro Social Universitario (SSU) de La Paz presentaron la “Audiencia Púbica de Rendición de Cuentas Final 2018”. Se trata de una práctica obligatoria frívola y rutinaria, en la que las instituciones se esmeran por brindar buenos refrigerios servidos por acicaladas azafatas. Los expositores hablan lo que les viene en gana, de lo maravillosas que son sus instituciones y de lo buenos que son para conducirlas. Si el que rinde cuentas es nuevo, garantiza que con su presencia salvará la institución. La pantomima acaba con la firma de un acta preelaborada, que no incluye las opiniones críticas de los asistentes. Los que conducen esta audiencia se esmeran para que el acto termine lo más pronto posible, sin peguntas ni comentarios, porque saben que se trata de un evento más sin efecto alguno.
Como las anteriores, esta rendición de cuentas fue autocomplaciente y cuidadosamente veladora de la verdadera situación del Seguro Social Universitario, expresada en conflictos recurrentes; alto porcentaje de profesionales y trabajadores con contratos temporales; el incremento desmesurado de la planilla administrativa sin que el número de asegurados haya aumentado; en una errática gestión de los recursos humanos; en una infraestructura y equipamiento en franco deterioro; en la utilización de saldos comprometidos de caja y banco; en la alta insatisfacción de los usuarios, incluyendo dramas humanos; en el Programa Médico Estudiantil (Promes), que se desarrolla con total anarquía y mala gestión; en los interinatos habituales de autoridades con procesos de institucionalización amañados; en la compra de servicios a precios elevados; y en la existencia de núcleos subterráneos de poder que manejan y ensombrecen a la institución.
Ocultando a los asistentes que el proceso de institucionalización del cargo de gerente general está observado, los otros gerentes (que están estrenando sus cargos), después de quejarse del estado en que encontraron a la institución aseguraban que, con su nuevo plan, estaban sacando Seguro Social Universitario de su crítica situación. Claro que, por la forma cauta en que cada uno contó su historia, se percibía que la realidad era más grave que la descrita.
Lo llamativo es que pareciera existir una especie de pacto para no procesar a los responsables, y por razones inexplicables, no se da a conocer que la principal autoridad de esta institución es el Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, en su condición de presidente de un directorio planificadamente obsecuente, que funciona con dudosa confiabilidad, amparado en la falacia de una autonomía universitaria absoluta. En consecuencia, el desastroso estado del SSU es resultado de la buena o mala gestión del rector de turno, porque los gerentes son solo sus dependientes sumisos, a partir de la forma en que son contratados.
Lo paradójico del Seguro Social Universitario es que, teniendo asegurados activos estables con salarios altos, pasivos en proporción adecuada, infraestructura y equipamiento aceptables, el grado de satisfacción de los usuarios sea tan bajo; la institucionalización de cargos, precaria; la inestabilidad laboral y los interinatos prolongados, una regla; su modelo de atención y sus procesos administrativos, obsoletos; y los conflictos laborales, recurrentes. ¿Qué falla entonces? Sin duda, la calidad y el estilo de gestión, con poder centralizado y rasgos de corrupción. A pesar de todo, las fortalezas que le quedan al SSU y la inminencia del cambio de rector permiten alimentar esperanzas, para que pronto se produzca una transformación radical, despojada de intereses obscuros, que elimine las prácticas de gestión que han ido dañando al Seguro Social Universitario de La Paz.
* Exdecano de la Facultad de Medicina de Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).