La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 25, señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure —a él y a su familia— acceso a la salud, bienestar y en especial a la alimentación. De la misma manera, nuestra Constitución Política del Estado de febrero de 2009 señala en su Art. 16 que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, y que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.

En muchos sectores de la población boliviana, principalmente del área rural, la alimentación todavía es insuficiente o inadecuada. La seguridad alimentaria se define como el acceso físico y económico a alimentos sanos y nutritivos en todo momento, que permita llevar una vida activa y saludable. Los indicadores socioeconómicos de la población rural en Bolivia muestran que a pesar de los esfuerzos para disminuir la pobreza, aún prevalecen elevados índices de pobreza e indigencia, de acuerdo con el informe “Panorama Social de América Latina 2015”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En Bolivia la mayoría de los alimentos producidos por los pequeños agricultores son los que abastecen la canasta familiar, tanto de la población urbana como de la rural. Sin embargo, estos alimentos se cultivan generalmente con prácticas de cultivo tradicionales desarrolladas por las comunidades locales, como por ejemplo la roza, la tumba y la quema de los suelos para acondicionarlos, conocida como “chaqueo”.

Como ciudadanos, cuestionamos este tipo de costumbres por los daños ambientales que producen en el medioambiente y que vemos desde la ventana. No obstante, sería positivo que nos pongamos en el lugar de los agricultores para entender mejor estas prácticas, las cuales son fundamentales para garantizar la producción de alimentos; siempre y cuando sean realizadas bajo principios sustentables que garanticen el cuidado de los suelos y la preservación de los recursos naturales.

Pero para ello hace falta combinar los conocimientos tradicionales junto a las tecnologías modernas, a fin de desarrollar soluciones ambientalmente adecuadas. El reto está en complementar ambos tipos de conocimientos y prácticas, sin despreciar ni sustituir ninguna de las opciones a la mano, tratando de recuperar las ventajas de cada método. Tal percepción facilita la adopción de innovaciones tecnológicas, nuevas técnicas e impulsa el fortalecimiento institucional de las comunidades locales.

El documento suscrito en abril en la sede de las Naciones Unidas por delegaciones de 175 países, elaborado a partir de los acuerdos alcanzados en la Cumbre del Clima de París en 2015, supone un avance en la lucha mundial por frenar la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento del planeta, y contener así el incremento de la temperatura global promedio por debajo de los 2°C, con el fin último de proteger a la Madre Tierra.

La firma del mencionado acuerdo constituye el primer paso para el diseño de estrategias que permitan alcanzar las metas propuestas en París.

Las que a su vez, en el ámbito nacional, coinciden con algunos de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social. No obstante, para que las estrategias y objetivos sean operativamente alcanzables resulta imprescindible que todos los actores de la sociedad entiendan y ejecuten cabalmente su rol en esta cruzada.

En el Plan Nacional de Desarrollo se han priorizado metas en favor del medioambiente en las que el denominador común es la conservación integral del bosque, como deforestación ilegal cero, entre otras. Y como cualquier otro plan, se requiere de la participación, unidad y el esfuerzo de todos los actores para consolidar sus objetivos.

Para entender la importancia respecto al rol que debemos asumir como sociedad a fin de promover la conservación integral de nuestros bosques apelaré a una analogía con un partido de fútbol. Los responsables de diseñar las estrategias orientadas a ganar este partido (conservar las áreas forestales) vendrían a ser las reparticiones públicas competentes con el apoyo de la sociedad civil; mientras que los jugadores serían los distintos estratos de la sociedad. Y como es de suponer, cada uno de los actores debe comprender y asumir adecuadamente su rol si deseamos buenos resultados; pero además, resulta esencial una apropiada y oportuna comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores.  

Siguiendo esta analogía, es posible afirmar que el primer tiempo de este cotejo ya está por terminar y hasta el momento estamos en desventaja, pero con la participación de todos podemos remontar el resultado y lograr con éxito el objetivo que nos hemos planteado. Pero para ello debemos generar espacios de articulación entre los actores involucrados y trabajar como equipo, sumando esfuerzos orientados a desarrollar un manejo integral de nuestros bosques. Solo así podremos alcanzar las metas que nos hemos planteado como país y como sociedad a fin de preservar el bienestar de nuestra Madre Tierra, que es el hogar que todos habitamos.

Los bosques en el mundo albergan la diversidad biológica terrestre más grande del mundo, desempeñando un rol fundamental en la mitigación del cambio climático y la conservación de los suelos y el agua. Asimismo, son un medio de vida que da sustento a las poblaciones rurales. Los bosques gestionados apropiadamente se constituyen en un pilar importante de desarrollo sustentable de los pueblos.

Bolivia dispone de una cobertura boscosa que cubre aproximadamente la mitad del territorio nacional. No obstante, en los últimos años presiones socioeconómicas, políticas y climáticas han expuesto la funcionalidad que brindan los bosques al desarrollo nacional; por tanto, urge consolidar acciones desde el Estado que prioricen su importancia y rol.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES 2016-2020), la contribución económica del sector forestal ha disminuido en el país, producto de un conjunto de factores como son la reducción de los mercados internacionales para productos terminados, dificultades en la gestión de los bosques, altos índices de informalidad y cambios en la tenencia y propiedad de los mismos.

Es fundamental encarar políticas de Estado que estén orientadas a la gestión integral de los bosques y su manejo sostenible. El PDES expresa claramente que los bosques son un recurso estratégico del país y su aprovechamiento, en el marco de la gestión integral y sustentable, será promovido por el Estado Plurinacional en todos sus niveles. Se pretende fortalecer un modelo de gestión en el cual: i) se consolide el rol promotor y regulador del Estado en el aprovechamiento de los bosques; ii) se promueva la articulación de todos los actores de la economía plural en su aprovechamiento en el marco de la constitución de la empresa boliviana forestal; iii) se promueva la expansión de la cobertura forestal de manera sostenible.

Es por demás evidente que todos los actores debemos fortalecer la visión integral del bosque, exigiendo a las diferentes instancias la seguridad para un manejo sostenible. Hoy nos damos cuenta de que un día para celebrar nos queda corto, cuando tenemos tanto por hacer, más aún cuando éstos hoy son destruidos por los seres humanos sin darnos cuenta de que nuestras vidas dependen de los pulmones naturales que la Madre Tierra nos da.

En los últimos años nuestro país ha evidenciado que el cambio climático es una realidad que afecta a los medios de vida de la población en general, con consecuencias sociales, económicas y ambientales; pues debemos resistir cada vez con mayor frecuencia los embates de condiciones climáticas extremas, que se convierten en escenarios de desastres naturales, principalmente inundaciones, sequías e incendios forestales.

La proximidad de la época seca en el país es el argumento para rememorar que es en esta temporada cuando ocurren los incendios forestales, fenómenos que en los últimos 15 años han afectado aproximadamente a 33 millones de hectáreas de vegetación boscosa.

Análisis históricos en el monitoreo de incendios forestales en el país han demostrado que si bien estos fenómenos ocurren todos los años, cada tres a cinco años son de grandes dimensiones. El último evento ocurrió en 2010, cuando se quemaron cerca de seis millones de hectáreas de áreas boscosas.

Es indudable que las condiciones climáticas de los últimos cuatro años han favorecido las tareas de gestión de distintas instancias públicas y privadas, propiciando de cierta manera una reducción en los reportes de ocurrencia de incendios forestales en el país.

No obstante, si bien se vienen encarando iniciativas orientadas a buscar una efectiva gestión para mitigar el impacto de estos fenómenos, urge una oportuna gestión para anticiparnos a una temporada similar a la de 2010, en la que además de las previsiones de temperaturas extremas para algunas regiones del país y las presiones para habilitar nuevas áreas destinadas a actividades agropecuarias y ganaderas, pareciera que se conjugaran todos los componentes para desatar incendios forestales con las características de hace cinco años.

La gestión para mitigar el impacto de estos desastres debería integrar acciones orientadas a prevenir los incendios forestales, articulando la incómoda realidad de que el uso del fuego es actualmente el mejor aliado para la habilitación de tierras destinadas a actividades agropecuarias y de pastoreo. La integración de estos componentes es una realidad, de allí que una adecuada y oportuna gestión de riesgos debe tomar en cuenta el empleo del fuego en la ampliación de la frontera agrícola, con el fin de prevenir efectivamente los incendios forestales.