Muchos gobiernos del mundo acusan a la pandemia del COVID-19 como la principal causa de todos los males en la economía. ¿Qué hay de cierto en aquella afirmación? Veamos el caso de Bolivia y evaluemos con datos disponibles lo que sucedió en la primera ola de contagios del coronavirus en 2020. Desde el primer caso de infección, el 10 de marzo y durante abril, las cifras mostraron una etapa plana de contagios, continuando con la fase ascendente en mayo hasta mediados de julio, llegando al pico entre mediados de julio y agosto; pasando a la fase descendente hasta mediados de octubre, para luego atravesar una nueva etapa plana hasta mediados de diciembre, cuando se percata un nuevo rebrote.

La relación lógica indica: un aumento de contagios baja el nivel de productividad del trabajador y promueve el cierre de mercados, afectando adversamente al ritmo de actividad económica.

Tal relación no explica determinantemente el desempeño económico de nuestro país, dado que, en la etapa plana de contagios, la actividad económica (medida a través de IGAE) registró la caída más significativa en 2020, con un decrecimiento de -26,6% en abril, en razón a las decisiones rígidas y desmedidas adoptadas por el gobierno de facto, sin mencionar a otras gestiones como la paralización de la inversión pública implementada desde noviembre de 2019.

La gestión de la pandemia fue tan absurda, que cuando la población atravesaba la etapa creciente de contagios, las medidas se fueron relajando, decretando a partir del 11 de mayo la cuarentena dinámica en medio de un incremento de pérdidas humanas, sin visualizar mejoras en el Producto Interno Bruto (PIB) que continuó cayendo en más de dos dígitos (en mayo, junio y julio se tuvieron caídas del -24,1%, -11,5% y -11,8%, respectivamente).

Después de alcanzar el pico de contagios, el gobierno de facto anunció el periodo de “posconfinamiento”, una etapa mucho más flexible que empezó el 1 de septiembre, donde paradójicamente también comenzaron a descender los nuevos casos. La falacia de que las medidas más duras evitan los contagios y las medidas más flexibles los promueven más, se pone en evidencia.

Finalmente, noviembre fue un mes plano de contagios, similar a abril, pero con una diferencia, un distinto gobierno, que optó por la flexibilización y no por la restricción (sin dejar de lado las medidas sanitarias esenciales), mostrando signos interesantes de recuperación económica. Así, durante ese mes se evidenció la primera cifra de crecimiento, del 5,8%, en tiempos de pandemia, que, si bien recoge un efecto de lo que ocurrió en noviembre de 2019, les aseguro que también tiene que ver con un adecuado manejo de la crisis sanitaria por el COVID-19.

Queda claro, entonces, que no es la pandemia en sí la que causó el desastre económico que ahora enfrentamos, sino que fueron las medidas equivocadas del gobierno de facto lo que determinó el suicidio económico del país, replicado en muchas naciones que hoy se encuentran sumergidas en una profunda crisis.

En perspectiva, existen señales alentadoras (sobre todo en los dos últimos meses de 2020) que muestran un mejor escenario económico. Así, la variación del IGAE a noviembre (-8,2%) ya muestra una menor caída respecto a la cifra proyectada inicialmente para el cierre del año (-8,4%).

  Juan Carlos Suntura es economista.

Ya lo decía Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, “Un pueblo sin memoria está condenado a ser dominado”. Sin embargo, muchos economistas de corte neoliberal prefieren obviar este recordatorio histórico, basando sus argumentos en cuestiones superfluas del contexto, encubriendo el fondo y destacando la forma coyuntural de las cosas.

América Latina tuvo mucho que aprender luego de más de dos décadas de gestión gubernamental bajo el modelo neoliberal, cuyas consecuencias para nuestros países fueron desastrosas: mayor pobreza, mayor concentración de la riqueza, estancamiento de las economías, dependencia respecto del capital financiero transnacional, privatizaciones, abandono del Estado a las políticas sociales, deuda externa irresponsable, bajos salarios y un elevado desempleo.

El caso boliviano no fue la excepción. Solo para refrescar la memoria, en Bolivia hace 12 años era impensable quedar desprovistos de los billetes verdes (dólares), sencillamente porque recurriendo a ellos las familias podían preservar el valor de sus ahorros; de ahí que el tipo de cambio era la noticia más importante del día. Actualmente eso ha cambiado, ahora se tiene plena confianza en nuestra moneda. A eso le denominamos bolivianización, fenómeno que se refleja en el hecho de que en 2017 el 86,6% de los ahorros estaban en Bs, frente  a solamente el 16,1% en 2005. Antes de ese año, el Estado no podía realizar inversiones de gran magnitud como actualmente lo está haciendo, dado que no contaba con los recursos necesarios para hacerlo, porque las reglas de asignación favorecían a los privados en desmedro de las arcas nacionales.

A partir de 2006, las nacionalizaciones revirtieron esta situación y el Estado boliviano se convirtió en protagonista de la economía, llegando a invertir más de $us 4.772 millones en 2017, siete veces más que los $us 629 millones de 2005. Esto explica que en el periodo neoliberal era poco probable emprender un proceso real de industrialización, pese a que siempre fue el discurso de muchos gobiernos, que esperaban la buena voluntad y la benevolencia del sector privado.

Con el anterior modelo no se podía soñar que nuestra economía alcance los primeros lugares de crecimiento en la región; peor aún en un contexto externo desfavorable (con fuertes caídas del precio del petróleo), porque sencillamente se descuidó el motor interno de la economía, que actualmente tiene una alta incidencia en el crecimiento del PIB y nos permite crecer aún en un clima de crisis internacional.

Hablar de sostenibilidad de la deuda resultaba incoherente en tiempos neoliberales, debido a que el nivel de deuda respecto a los ingresos de la economía sobrepasaba el 50% (para la Comunidad Andina, porcentajes superiores indican mayor riesgo de insostenibilidad). En estos últimos años ocurre todo lo contrario, existe sostenibilidad debido a que la deuda respecto al PIB en 2017 alcanzó solamente el 24,9%, muy por debajo al 51,7% registrado en 2005.

Son muchos los cambios trascendentales que las familias experimentan día a día. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿qué hay más allá de la bolivianización, de las inversiones, de los resultados sociales, de la sostenibilidad, etc.? En el mediano plazo se espera pronunciar aún más el crecimiento y que las nuevas inversiones (materializadas en grandes proyectos como la planta de Urea, el desarrollo integral de la salmuera, las plantas de cemento, la planta de acero del Mutún, inversiones en energía) rindan frutos e incrementen nuestros ingresos para seguir planificando una mejor economía con resultados sociales.