Un tema de obligatoria reflexión en el contexto electoral que se aviva en el país es la definición de si estamos o no en presencia de un cambio de ciclo estatal. Es decir, de la organización de una estructura social, jurídica, económica, política, cultural, constitucional e institucional que instale un proyecto de sociedad capaz de transformar el orden o formación social existente, con el impulso de un acumulado de demandas, reivindicaciones y propuestas.
No existe un acuerdo sobre cuántos ciclos han caracterizado los modelos estatales en nuestro país. Desde mi punto de vista, son cuatro. El primero es el republicano, producto de las guerras de la independencia y la creación de la República, caracterizándose por la superación del ciclo colonial o “ciclo estatal criollo-oligárquico”, y la instalación de un orden minero-feudal.
El nacionalismo revolucionario, gestado en las entrañas de la descomposición del republicanismo y consolidado con la Revolución de 1952, se desarrolla en tres momentos: el del populismo nacionalista, que rompe con el Estado oligárquico minero-feudal y transforma la estructura económica y social con el impulso de la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el voto universal, entre las principales medidas de un poder dual, Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y organizaciones populares.
A este proceso le sigue una sucesión de gobiernos civiles que consolidan un sistema de capitalismo de Estado que va procesualmente desenraizándose de sus propósitos originales. Y se liquida con la emergencia de dictaduras militares que, en connivencia con las nuevas oligarquías, son una expresión extrema de autoritarismo y descomposición del ciclo nacionalista.
Posteriormente, por decreto, el ciclo del neoliberalismo se caracterizó por la aplicación de un modelo de ajuste estructural y economía de mercado, en un régimen de democracia pactada que impulsa la capitalización de las empresas estatales, la Reforma Educativa y la Ley de Participación Popular, la cual, acompañada por la Ley de Descentralización Administrativa, territorializa el país en municipios y redistribuye regionalmente los recursos estatales.
El cuarto período constitutivo, el del Estado Plurinacional, se instituye con la Constitución de 2009, erigida sobre la incompetencia del modelo neoliberal. El Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) recoge el acumulado de demandas populares condensadas en la “Agenda de octubre”, que encamina un proceso de reestatización, y el Estado Plurinacional cuestiona las bases estructurales y tectónicas del Estado neocolonial, privatizador y centralista, proponiendo el Suma Qamaña (Vivir Bien) como el nuevo paradigma estatal.
A diferencia de los quiebres estructurales que caracterizan la emergencia de estos ciclos, la tensión histórica en la actual coyuntura está dominada por un campo político de polarización, con predominio de demandas inmediatas en camino a definiciones raigales. Por una parte, el sentido común ciudadano está develando el interés por una revisión sobre la significación de la democracia, planteando demandas investidas de reivindicaciones manifestadas en una polifonía de cuestionamientos, como el desconocimiento de su voto expresado en referéndum, la cooptación de poderes y el predominio de una política económica extractivista.
A su vez, la aspiración oficialista se sostiene en la continuidad de sus políticas estatales y de gobernabilidad presidencialista con un salto a la industrialización.
Así dadas las cosas, la pregunta es: ¿estaremos con este clivaje prorroguismo estatal / desarrollo industrial–institucionalidad democrática / diversificación productiva recorriendo las autopistas de un cambio de ciclo estatal?
Adalid Contreras Baspineiro
es sociólogo y comunicólogo boliviano, ex secretario
general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).