DIBUJO LIBRE

El lenguaje es instrumento y producto del poder. Como afirmó Mochel Foucault, el poder y saber se articulan en el lenguaje y a su vez éste expresa “elementos tácticos en el campo de relaciones de fuerza”. Así, las Relaciones Internacionales y el Derecho Internacional se construyeron a partir de la lucha hegemónica por imponer el dominio de una “lingua franca” o idioma global dominante desde el cual todas las naciones puedan establecer un entendimiento común y a partir de éste ejecutar el entramado de las relaciones de poder. En la Edad Media y hasta el siglo XIV fue el latín, más tarde y hasta finales del siglo XIX, el francés y en adelante el inglés.

No obstante, la elección de un medio primario de comunicación global en desmedro de otros idiomas generó desigualdades y desventajas estructurales en las relaciones de poder. De hecho, el uso hegemónico de una lengua franca rebasa las relaciones diplomáticas, y al insertarse en la producción académica e intelectual desalienta la producción jurídica en otras lenguas y empobrece el debate plural. Así, el uso de una lengua franca degenera en la creación de un instrumento político hegemónico que instala a escala global un modelo mental (cartesiano, liberal, utilitarista, etc.) y predefine el significado de conceptos claves (democracia, pueblo, desarrollo, etc.) en abierta negación de las visiones diversas de las voces no oficiales.

Justamente, a fin de evitar aquello, cuando en 1945 la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue creada, se adoptó un enfoque multilingüista al determinar que el árabe, chino, inglés, francés, ruso y español serían sus idiomas oficiales. Al presente, ello permite que dentro y fuera de las salas de reuniones de la ONU exista tolerancia y pluralidad, se garantice una mayor participación y se ponga en pie de igualdad a los principales idiomas del mundo para explicar significados multívocos. Lamentablemente, ello no ocurrió con los principales Tribunales Internacionales, y ello genera una serie de dificultades especialmente para las naciones del Sur Global, quienes son clientes asiduos de estos foros.

Al respecto, debe recordarse que los idiomas oficiales de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Europea de Derechos Humanos, entre otros, son el inglés y el francés. Por supuesto, de manera secundaria, un procedimiento se puede conducir en otro idioma si las partes así lo acuerdan; no obstante, ello implica gastos y esfuerzos extraordinarios para dichos Estados.

No obstante, las verdaderas desventajas para los Estados litigantes no nativos es que la adopción de dichos idiomas para el litigio internacional determinan la sustancia doctrinal de la discusión, predefinen el perfil de los jueces y los asesores a ser contratados, e incluso determinan la cultura organizativa institucional de estos tribunales. Entonces, ¿qué está en juego en la elección de un idioma oficial de un tribunal internacional?

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Es claro que los idiomas oficiales imponen abiertamente el sistema jurídico aplicable al litigio, es decir anglosajón y europeo continental, generando una infravalorización de otros sistemas legales. Por ejemplo, del análisis de los perfiles profesionales de los actuales jueces de la Corte Internacional de Justicia se aprecia que independientemente de su nacionalidad, su educación proviene de universidades inglesas (Sebutinde, Robinson y Charlesworth), americanas (Iwasawa, Donoghue, Xue, Bhandari y Salam) o francesas (Tomka, Abraham, Benounna, Yusuf y Barnacla) con excepción de los jueces ruso y alemán. Por lo cual, los Estados litigantes deben adaptar sus argumentos de defensa a doctrinas ajenas a su cultura jurídica, además de estar obligados a compartir la defensa del Estado con bufetes y expertos extranjeros para asegurar una estrategia de defensa acorde.

Por otra parte, estos sistemas también imponen un conjunto de convenciones de escritura que dominan a una corte supuestamente cosmopolita; y, asimismo, hacen que incluso el personal y cultura organizativa de la Corte privilegien a personas formadas en los sistemas jurídicos relacionados con los idiomas oficiales. Como corolario de todo aquello, los documentos producidos por estas Cortes (sentencias, opiniones, informes, etc.) están publicados en inglés y francés, y ello los hace inaccesible para millones de personas que deben estudiar estas fuentes esenciales del derecho internacional para la defensa de sus intereses. Lo que también se traduce en la magra o nula producción intelectual en nuestra región y particularmente en nuestro país. Por lo mencionado, y para el caso particular de nuestro país, debe recordarse que el español es la segunda lengua más importante en el ámbito internacional, la tercera más usada en la ONU y la cuarta más hablada en el contexto europeo, por lo cual los países iberoamericanos deben promover el retorno del plurilingüismo a los tribunales internacionales. De lo contrario, el principio de igualdad de armas y derecho a una defensa justa seguirá pasando factura a los Estados del Sur Global.

(*) Juan Lanchipa P. es abogado, Fiscal General del Estado

En materia de violencia contra la mujer, desde 1992, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW-sigla en inglés) estableció que los Estados pueden ser responsables de los actos privados de las personas “si no adoptan medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos, o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”.

Posteriormente, el concepto jurídico de la “debida diligencia” fue incorporado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobando en la Asamblea General del 20 de diciembre de 1993 una resolución cuyo Art. 4 exhorta a los Estados “a proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”. Este mandato también fue adoptado en la Plataforma de Acción de Beijing, en la Convención de Belém do Pará (Art. 7) y en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, Art. 5).

Estos instrumentos internacionales han establecido un estándar superior sobre la “debida diligencia” aplicado para casos de violencia contra las mujeres, enfatizando el vínculo entre la violencia de género, el deber del Estado de actuar con debida diligencia y la obligación de facilitar el acceso a recursos legales idóneos y efectivos para lograr medidas de protección, que resguarden la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres.

En ese orden, el Estado cuenta con una normativa específica, la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que en su Art. 35 determina medidas de protección por las diversas instituciones públicas, a fin de efectivizar el cuidado y protección de las víctimas de una agresión sexual. Este año, esta normativa especializada ha sido reforzada con la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que fortalece el estándar más alto de la “debida diligencia”, especialmente en los grupos vulnerables que sufren hechos de violencia.

La normativa también vigoriza el ámbito protector, posibilitando que aquel que asume conocimiento de la denuncia (Policía, Slim, Ministerio Público y defensorías de la niñez y adolescencia) está obligado a cumplir con el estándar de trato digno, inmediatez en la atención, auxilio inmediato, seguimiento al cumplimiento de medidas de protección y acompañamiento. Estos servicios públicos deben ser gratuitos; por tanto, los costos no deben ser transferidos a las víctimas ni a sus familiares, deben ser asumidos por las instituciones estatales responsables de la atención.

El Estado, a través de sus autoridades y servidores públicos, debe garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y velar su respeto como un deber jurídico propio, y no como el cumplimiento de una formalidad o una gestión que dependa de la iniciativa de las víctimas o de sus familiares. Por ello, de manera responsable y comprometida, el Ministerio Público trabaja en cumplir con el estándar más alto de la “debida diligencia”, que es la protección real de los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de desigualdad y vulnerabilidad. 

* Fiscal General del Estado.

A partir de un análisis integral de la Ley de Abreviación Procesal Penal (Nº 1173), se puede inferir que la implementación de esta norma busca materializar los principios de la jurisdicción ordinaria contenidos en el Art. 180 de la Constitución Política, como son el principio de celeridad, oralidad, eficacia y eficiencia, entre otros. Con ello se busca disminuir la carga procesal, un problema evidente en el sistema judicial. Para tal efecto, se han diseñado mecanismos procesales que permitan, por una parte, profundizar la oralidad en la sustanciación de las causas, así como la simplificación de los trámites y plazos procesales, restringiendo la posibilidad de suspender audiencias por la inasistencia de las partes, y estableciendo facultades coercitivas a los jueces para que puedan impulsar las audiencias con normalidad.

Con la incorporación de la tecnología informática en el sistema judicial, las actividades procesales, las notificaciones y otros actuados serán más ágiles. Las oficinas gestoras de procesos, como instancias de apoyo técnico-administrativas a la labor jurisdiccional, jugarán un rol preponderante en la coordinación, manejo y gestión de la agenda única de audiencias entre el Órgano Judicial y el Ministerio Público. Pues serán las encargadas de coordinar con los fiscales, víctimas, imputados y abogados los aspectos necesarios para la sustanciación de las audiencias, reforzando así la imposibilidad de suspensiones.

También se han establecido plazos para la interposición de excepciones e incidentes, poniendo fin al uso abusivo e indiscriminado de mecanismos de defensa con fines dilatorios en la tramitación de causas. Asimismo, se ha realizado un reajuste competencial en los tribunales y jueces de sentencia, buscando equiparar la carga procesal y redistribuir el conocimiento y sustanciación de los delitos más graves a los tribunales de sentencia, conformados por tres jueces técnicos, y en el caso de delitos menores, por jueces unipersonales. Con ello se refuerzan las medidas de protección a los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de violencia.

Respecto a la labor del Ministerio Público, las modificaciones introducidas por la Ley 1173 aportan un reajuste en sus atribuciones, empezando por la obligatoriedad de los fiscales departamentales y de materia de asistir a las visitas trimestrales en recintos penitenciarios, permitiendo con ello un contacto directo para identificar y solucionar aspectos procesales vinculados con la persecución penal, e impulsar un control directo para la tramitación y sustanciación de las causas penales.

Del mismo modo, se eleva el estándar de fundamentación exigida al Ministerio Público al momento de requerir una imputación formal, más aun cuando exista una solicitud de detención preventiva, debiendo determinarse el plazo de duración de esta medida y los actos investigativos que se van a realizar en dicho término. Esto al margen de haber ampliado el catálogo de improcedencia de la detención preventiva y haber incorporado como una nueva medida sustitutiva la vigilancia del imputado mediante dispositivos electrónicos (manillas o tobilleras electrónicas), teniendo como efecto la reducción del hacinamiento carcelario visibilizado en estos últimos tiempos.

A todo ello se suma la iniciativa del Ministerio Público de implementar el Nuevo Modelo de Gestión Fiscal por resultados y la puesta en marcha de las nuevas plataformas de atención integral al público. Todos estos esfuerzos van a contribuir a dar un salto cualitativo en la forma de encarar los procesos júpiale, acorde con nuestra realidad y las exigencias de la sociedad. Sin embargo, este empeño requiere la participación de todos los actores involucrados en la Justicia y la ciudadanía en general, para alcanzar los resultados esperados y apoyar en la tarea de construir un sistema penal más justo, pero fundamentalmente más humano, una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.

* es fiscal general del Estado.