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sábado 16 ene 2021 | Actualizado a 16:14

Un juez poco probo

Por su afán de destruir al PT y a sus líderes, las acciones del otrora juez Moro han quedado en entredicho 

/ 7 de julio de 2019 / 23:52

Posicionado como un paladín de la lucha contra la corrupción cundo era juez en Curitiba y se hizo cargo de la operación “Lava Jato”, el ahora Ministro de Justicia de Brasil está en el ojo de la tormenta, pues se ha revelado que en al menos dos ocasiones ejerció presión indebida sobre el Ministerio Público, a fin de producir evidencia que sirvió para impedir la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Todo comenzó a inicios de junio, cuando el portal The Intercept, en su edición brasileña, publicó evidencia que mostraba que, en su papel de juez, Moro se había colisionado con el procurador encargado de investigar la trama de corrupción montada desde la constructora Odebrecht no tanto para sancionar a los culpables, sino sobre todo para destruir al Partido de los Trabajadores (PT), que había gobernado Brasil primero bajo el mando de Lula y luego de Dilma Rousseff. Su propósito se vio cumplido cuando dictó sentencia de casi nueve años de prisión para el expresidente, incluso sin que la evidencia en su contra fuese concluyente.

Casi un mes después, la revista Veja, conocida por su posición editorial conservadora y enemiga del gobierno del PT, publicó una edición trabajada en conjunto con The Intercept en la que se muestra, con más evidencias, que el Ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro hizo todo lo que estuvo a su alcance para dañar al expresidente Lula y a su partido, mientras se mostraba como un personaje imparcial.

En junio, The Intercept señalaba que el reportaje (elaborado gracias a la entrega anónima de documentos secretos, mensajes de texto y audios del entonces juez federal) mostraba cómo los procuradores del caso Lava Jato “hablaban abiertamente de su deseo de impedir la victoria electoral del PT”, así como el hecho de que “el juez Sergio Moro había colaborado de forma secreta y antiética con los investigadores de la operación para ayudar a montar la acusación contra Lula”.

Huelga recordar que las primeras sospechas en contra de Moro surgieron luego de que Bolsonaro lo nombrase ministro de Justicia de su gobierno. Cargo desde el cual, dicen sus críticos, se muestra inflexible con las fuerzas de oposición y los periodistas críticos como el equipo de la citada publicación digital, pero muy complaciente con los allegados al Gobierno y sus negocios sospechosos. Previsiblemente, Moro ha negado de manera vehemente la autenticidad del material publicado, tanto en portugués como en inglés.

Es difícil creer que estas revelaciones cambiarán en algo el rumbo que ha tomado el Gobierno brasileño, incluso si sirviesen para obligar a revisar el caso contra Lula da Silva. No obstante, lo que sí ha quedado claro es la falta de probidad del exjuez y ahora ministro, quien en su afán de destruir al PT y a sus líderes ha terminado poniendo en cuestión todas sus acciones en el marco de la operación Lava Jato.

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Jota Ere

/ 16 de enero de 2021 / 02:16

Los reagrupamientos en el MAS–IPSP han dado lugar a un par de decisiones emergidas por unanimidad, una vez alcanzado el triunfo de Arce y Choquehuanca para acceder a la presidencia y la vicepresidencia del Estado: El entorno de Evo Morales no debe retornar al poder y los que ya fueron ministros no podrán volver a serlo en el marco de una voluntad renovadora y de un pedido de cuentas para quienes habrían sido partícipes o autores de la errónea decisión de desoír la voluntad electoral del 21 de febrero de 2016, que por mayoría decidió no habilitar una nueva postulación a la presidencia de quien ya había ganado tres elecciones consecutivas.

Las medias verdades suelen ser más nocivas que las altisonantes mentiras y, en ese sentido, culpar a un grupo palaciego de lo que hizo o dejó de hacer Evo Morales y que condujo a un quebrantamiento de la constitucionalidad boliviana encabezado por Mesa-Camacho- Doria Medina-Quiroga, será atribuible a equivocadas decisiones unipersonales —Evo es el responsable de Evo y nadie más— y no a supuestos calentamientos de cabeza ejercitados por sus cercanos, esos a los que se les llama llunkus en idioma quechua y han practicado con sistemático entusiasmo la zalamería para conveniencias personalísimas.

El entorno inmediato de Evo era muy peculiar en tanto estaba compuesto no por un coro polifónico, sino por un puñado de solistas, cada uno con estilo y orientaciones propias, fuera por intereses materiales concretos o por ámbitos de actuación especializada, y en ese marco de comprensión, la figura de Juan Ramón Quintana destaca por encima del resto, debido a su cotidiana influencia en la construcción discursiva antiimperialista. Si comparamos las alocuciones de Evo con las de su equipo de colaboradores más cercano, la retórica anticolonial, contra la derecha neoliberal y contra todo lo que significara “Imperio”, estaba provista por la influencia de este sociólogo y militar tempranamente retirado de las Fuerzas Armadas con grado de capitán, encargado de manejar asuntos estratégicos gubernamentales con especial influencia en el oriente y en la Amazonía bolivianos.

Quienes atribuyen a Jota Ere, como se le llamaba en los pasillos políticos de entonces, cualidades maléficas orientadas a la caza de reaccionarios de todos los matices, no saben, por ejemplo, que su manera de encarar y concebir las cosas era distinta y muchas veces contrapuesta a la de su colega de Gobierno, Carlos Romero, y que jamás se le pasaría por la cabeza escribir para un medio de comunicación que forma parte de lo que él mismo etiquetó como “cártel de la mentira”, como sí lo hace otro de los componentes de ese entorno, el que fuera Procurador y Ministro de Justicia, Héctor Arce.

Quintana ha sido pues un brazo fundamental del evismo, especialmente en períodos turbulentos cuando los cívicos y los prefectos, ahora gobernadores, conversaban fluidamente con la Embajada de los Estados Unidos para desestabilizar a un gobierno que fue capaz de reproducir el poder en dos oportunidades consecutivas (2009 y 2014) y desde el que se instaló una hegemonía parlamentaria como nunca antes había sucedido en la historia republicana del país. Controversial por su manera frontal y virulenta de encarar a sus adversarios de circunstancia, se convirtió en el trofeo más afanosamente perseguido por el murillismo, objetivo imposibilitado por la obtención de asilo político en la Embajada de México en La Paz. Se lo buscaba por sedición y terrorismo, con una endeble y poco seria base de sustentación como esa expresión que todavía debe retumbar en las cabezas más reaccionarias que mal gobernaron el país entre fines de 2019 y octubre de 2020, que decía que Bolivia se convertiría en un “Vietnam moderno” para resistir la arremetida golpista de la derecha en la que confluyeron militares, policías, la derecha partidaria y el fascismo cívico atrincherado en Santa Cruz de la Sierra.

Evo ha dejado de ser presidente hace 14 meses y por lo tanto el tan mentado entorno ha dejado de existir, aunque, por supuesto, cada una de sus figuras mantiene vínculos por separado con el jefe del MAS-IPSP, considerando que el actual presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, no fue parte de ese entorno, en tanto su peso específico lo perfiló como maestro de Economía del líder cocalero, y la política económica funcionó a través de una combinación de tecnocracia e ideología que le permitió al país indicadores competitivos en el espectro continental. Para el presidente Arce está claro que la voz partidaria debe respetarse, y nadie del entorno evista forma parte de los ámbitos de influencia gubernamentales en la actualidad, situación que aconseja a Jota Ere, en primer lugar, continuar reinventándose en el campo de la lucha contra el imperialismo y la antinación.          

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Terra incógnita

/ 16 de enero de 2021 / 02:11

El rápido retorno a la “normalidad” está resultando un espejismo, el virus circula entre nosotros, la economía y la paciencia social se están agotando y las opciones para enfrentar las crisis son inciertas. La política aparece empantanada en un escenario plagado de premisas contradictorias y sin soluciones definitivas. En esas aguas desconocidas tendremos que navegar.

A fines de 2020, pasada la primera ola de la pandemia, parecía que lo peor había pasado y que, tomando previsiones sanitarias, la humanidad transitaría hacia una etapa de reactivación de la economía y de paulatino retorno a la normalidad. La aparición de varias vacunas contribuyó a esa expectativa. Sin embargo, la realidad es tozuda, el rebrote virulento de la enfermedad, con sus segundas e incluso terceras olas desestructurando otra vez las actividades humanas, obliga a un recálculo de expectativas y a replantear sustantivamente los escenarios de la gestión política.

Si bien la vacunación aporta una luz en el horizonte, no hay que engañarse, su despliegue será lento y logísticamente complicado. Para una inmunidad colectiva se precisa vacunar al menos al 60% de la población, meta que no se logrará en pocos meses. Mientras tanto, la enfermedad seguirá circulando y matando al ritmo de las intensificaciones o restricciones de las interacciones sociales, las cuales, por otra parte, no pueden cancelarse indefinidamente.

Así pues, la política, en todo el mundo, seguirá enfrentando su escenario más temido: la gestión de una incertidumbre casi estructural y de largo plazo, frente a la cual sus posibilidades de resolución definitiva son limitadas, una batalla tortuosa sin victoria clara.

No hay “mejor opción” en este universo, las disponibles son todas imperfectas y tienen costos altos. La relación es, por ejemplo, casi proporcional entre intensidad de interacciones sociales, fundamento de la economía y de la estabilidad social, y la difusión de la enfermedad. ¿Qué privilegiar? ¿Hay realmente posibilidad de elegir?

Parecería que la tarea del liderazgo político es, por tanto, seleccionar las acciones menos disruptivas o con un mínimo de viabilidad social, sabiendo de antemano que haga lo que haga será criticado y que la efectividad de esas medidas podría variar por la aparición de nuevas cepas o porque la gente no puede o decide no acatarlas. No hay soluciones milagrosas, es prueba y error permanente. Fregada la cuestión.

Llegados a este punto, no pretendo concluir con un llamado a la resignación o con un listado de “lo que hay que hacer”, porque estoy igual o más perplejo y con poca información que los decisores. Me animo apenas a reflexionar en voz alta sobre ciertos aspectos a considerar.

El primero de ellos es sobre la necesidad de superar las premisas y suposiciones que sostienen el espejismo de que hay soluciones rápidas, consensuales y a la mano para el problema. Una de ellas es la idea de “retorno a la normalidad”. Estamos, creo, condenados a vivir un largo “periodo especial” que exigirá ser muy realistas sobre lo que se puede hacer con lo que tenemos y en el cual lo crítico es entender y adaptarse a restricciones que no podemos remover. Momento excepcional que exige medidas de similar calibre enfocadas en lo urgente y nada más, las cuales paradójicamente deberían combinar una lectura prudente y sin ilusiones del contexto con una heterodoxia y pragmatismo en los instrumentos de política económica y social que se utilicen. No son tiempos de encerrarse rígidamente en ideologías o certidumbres coyunturales.

Pero eso no es suficiente, no basta con actuar sabiendo que el camino al final del túnel estará plagado de “sangre, sudor y lágrimas”, parafraseando al Churchill de inicios de la guerra, sino también de conversar, acompañar y persuadir a la población al respecto, compartiendo sus angustias, diciéndole la verdad sobre lo difícil que es el panorama, dándole información sobre a dónde vamos y haciéndole entender que será cuesta arriba pero que se puede salir del pozo con algo de esfuerzo, paciencia y esperanza colectivas. Ese es el rol central de la política.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Los fallos de Trump

/ 16 de enero de 2021 / 02:06

¿Qué creen que le duela más a Donald Trump: ser el primer presidente de la historia al que se le hacen dos juicios políticos o ya no hospedar la sede de un gran torneo de golf? No hay duda de que el Presidente la ha pasado mal desde que encendió los ánimos de sus simpatizantes justo antes de que asaltaran el Capitolio la semana pasada. Y resulta hasta cierto punto maravilloso que lo que más lo entristeció fue la decisión de la PGA de llevar su torneo del campeonato de golf de 2022 a un lugar distinto del Trump National Golf Club.

Además, está vetado de Twitter. Hemos sido testigos de este drama desde que Trump se negó a reconocer que había perdido la elección y prosiguió a hacer una campaña descabellada y sin precedentes en la que afirmaba que los simpatizantes de Biden habían amañado los votos a favor de su candidato. Una multitud de sus seguidores maniacos se congregó en Washington. Imaginen su pasmo cuando se fueron a toda prisa al Capitolio llenos de ira.

El miércoles, 10 de los miembros del partido de Trump se alinearon con el voto de los demócratas para someterlo de nuevo a un proceso de destitución. Un día antes, fue a Álamo, Texas, donde pensó que podría contrarrestar el aluvión de mala publicidad al recordarle a la gente su gran triunfo en la construcción de un muro a lo largo de unos 724 kilómetros de la frontera con México de 3.180 kilómetros. La mayoría de los cuales ya tenían barreras. A los contribuyentes les costó miles de millones de dólares, ninguno de ellos pagados por México.

Todo el mundo, desde la Universidad de Lehigh hasta Shopify, anuncia ahora que dará por terminadas las relaciones con el Presidente. Tampoco es que Trump esté precisamente tratando de arreglar las cosas. Después del asalto violento al Capitolio por parte de sus seguidores locos, se las ha ingeniado para menospreciar a casi todos los que no han entrado en un edificio de oficinas federales para defenderlo. Ni el vicepresidente Mike Pence se salvó. Los asesores de Trump parecen haber conseguido que acepte el hecho de que después de la semana que viene, no será presidente. La jubilación, en el sentido de vivir de sus ahorros, probablemente no sea una opción. El Presidente ha pasado toda su vida adulta tratando de vincular su nombre a la idea de riquezas increíbles. La verdad es que más bien eran préstamos increíbles. Ahora las ratas (está bien, seamos justos, los financieros) abandonan el barco que se hunde y Trump se queda rodeado de deudas desastrosas. Los bancos que le han prestado toneladas de dinero lo quieren de vuelta.

El Deutsche Bank, al que la Organización Trump le debe unos $us 330 millones, se ha retirado de la relación. Los préstamos, garantizados personalmente por el Presidente, empiezan a vencer en 2023, momento en el que suponemos que el fiscal de distrito de Manhattan habrá terminado las investigaciones sobre el fraude en materia de seguros, bancos e impuestos.

¿Y qué va a hacer ahora? El que su reputación esté hecha jirones es un problema cuando su mayor éxito en la vida ha sido vender los derechos de uso de su nombre. Siempre ha presumido todos esos años que lleva a cargo de la pista de patinaje de Central Park, solo que ahora la ciudad también quiere quitarle eso.

Lo mismo sucede con el carrusel, lo que podría convertir a Trump en el primer magnate de los negocios que no puede mantener un contrato de carrusel. Y probablemente no hay mucha demanda en el negocio del juego para un hombre que puede llevar un casino a la quiebra. Tal vez regrese a sus raíces y empiece a buscar el lugar de nacimiento de Barack Obama en Kenia.   

Gail Collins es columnista de The New York Times.

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Servidumbre militar obligatoria

Hablaba con otro amigo, hace unos días, sobre la utilidad real de la Policía en nuestro país. Llegamos a la conclusión de que aquel otro sindicato armado era caro, peligroso e ineficiente

/ 15 de enero de 2021 / 01:03

No deja de sorprenderme el masoquismo de nuestra sociedad. Al salir de casa, paso siempre por la avenida 6 de Marzo y el cuartel Ingavi, a pocos kilómetros de la calle donde la infame masacre de Senkata tuvo lugar. Los últimos días observé a cientos de jóvenes acampando en fila a las puertas del regimiento militar que, por lo que me contó un amigo, participó en casi todos los golpes de Estado desde los años 70 del siglo pasado, hasta el último que derrocó a Morales.

Me inquieta, porque después de noviembre de 2019, los bolivianos deberíamos considerar suprimir el servicio militar obligatorio. Yo lo cumplí cuando era joven, y no me hizo mejor persona. Era la “pre”, seré honesto, pero estar ahí fue suficiente para saber que no era un lugar para fortalecer el cuerpo ni ennoblecer el alma, sino un espacio donde, tal como decían los oficiales allá, no había derechos humanos. Poco aprendí de patriotismo, que es más que el culto a la bandera, y en realidad se puede decir que fue un dilatado curso de machismo, racismo y sumisión que por suerte olvidé rápido.

Aquellos muchachos están haciendo fila para ser humillados por algún coronel que seguramente les pedirá que limpien su patio; los chicos con dinero pueden ahorrarse esas molestias. Servidumbre obligatoria, de esas que cuestan la vida, como la del conscripto que murió hace unos años para salvar el coche de su superior atrapado en una zona inundada.

No hemos tenido guerras desde hace más de 80 años y, de todos modos, nuestras Fuerzas Armadas las perdieron casi todas. Sus fusiles disparan siempre, salvo en contadas ocasiones, contra indígenas o campesinos, y de yapa, sus salarios y beneficios sociales son carísimos para nuestro presupuesto, y completamente inmerecidos cuando se compara su utilidad con los trabajadores de la salud o la educación (excluyo intencionalmente acá a los administradores de la justicia). Se jubilan con el 100% de sus ingresos, mientras que siete de cada 10 bolivianos deben buscarse la vida en la calle.

Dunkerley recuerda, en su libro Los Orígenes del Poder Militar, que las FFAA han actuado siempre bajo una lógica corporativa más atenta a sus numerosos privilegios que a la integridad de nuestro Estado, funcionando durante mucho tiempo como plataforma política de avispados, pero no siempre honestos, personajes. Hoy son un trampolín de acceso a las clases medias por su alta remuneración, por lo que entrar a sus filas suele ser tan caro como la corrupción. Zavaleta decía que si el Estado es la síntesis de la sociedad, entonces las FFAA son la síntesis del Estado, y es así: son más clientelistas y rentistas que cualquier funcionario público.

Hablaba con otro amigo, hace unos días, sobre la utilidad real de la Policía en nuestro país. Llegamos a la conclusión de que aquel otro sindicato armado era caro, peligroso e ineficiente. Lo mismo podría decirse, y con mejores argumentos, del Ejército. Tomando en cuenta la compleja relación que seguramente hoy existe entre el Gobierno y los militares, me limitaré a decir que recuerdo con melancolía aquello que Galeano esperaba para nuestro continente en el siglo XXI. “En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo”.

No creo que podamos abolir esta odiosa institución por lo pronto, así que me limitaré a esperar a que al menos se haga justicia por las masacres de Senkata y Sacaba y todos los muertos bajo botas policiales y militares.

Carlos Moldiz es politólogo

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Espacio ¿público? digital

En el siglo XXI, los usos de la tecnología en comunicación fueron primero de movilización social desde la ciudadanía, eran los albores de la idea de una utopía democratizante bajo la que se miraban sus efectos.

/ 15 de enero de 2021 / 00:59

Una pregunta que desde la comunicación política se viene haciendo hace algunos años debido a la acelerada inclusión de las tecnologías de comunicación e información en nuestras vidas, que rápidamente ha ido expandiéndose en su magnitud y profundizándose en su complejidad es la duda sobre la existencia de un espacio público digital.

Aunque la oposición griega entre oikos y polis, como comprensión de lo privado y lo público-político, data de los albores mismos de la democracia, el espacio público, como noción, ha venido siendo reflexionado principalmente a lo largo del siglo XX y ha sido útil para poder esquematizar y entender aquellos escenarios en los que los asuntos de tipo público se resuelven a través de mecanismos democráticos, alejándolos de otros de índole privada. Así, la comunicación política se había constituido como una rama especializada que se focaliza en la relación existente entre comunicación y política, centrando gran parte de su mirada en lo que refiere a opinión pública, comunicación mediatizada y sistema político, sin ser los únicos objetos de estudio.

Entonces, bajo el entendido de que todo cambio dentro de estos tres aspectos implicaría modificar las formas de comprender y estudiar todo lo que esta rama especializada engloba, es que incluso desde sus reflexiones primeras la comunicación política tuvo que afrontar los sucesivos debates en torno al desarrollo tecnológico de la comunicación masiva. 

En el siglo XXI, los usos de la tecnología en comunicación fueron primero de movilización social desde la ciudadanía, eran los albores de la idea de una utopía democratizante bajo la que se miraban sus efectos. Luego, eventualmente —y cada vez más rápidamente—, la política empezó a jugarse comunicacionalmente en las plataformas digitales, principalmente las redes sociodigitales, dando paso a irlas constituyendo más bien como el escenario predilecto para el desarrollo de la idea de la distopía desinformativa bajo las que hoy se evalúa a ciertas tecnologías, las cuales permiten generar agendas informativas más globales que nunca y que continuamente tienden a polarizar afectivamente los discursos políticos actuales.

Por eso es que cuando a Trump grandes corporaciones que han creado plataformas digitales como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube le aplican una censura posterior a sus incitaciones que tuvieron efecto directo sobre la legitimidad de una de las democracias más importantes del mundo, se renuevan las preguntas en torno a si realmente las aguas en las que ha estado navegando gran parte de la política discursiva estos últimos años es, en realidad, un inconmensurable espacio público digitalizado o simplemente un cúmulo de plataformas privadas sobre las cuales se llevan adelante los debates globales más importantes sobre nuestro futuro y a través de las cuales estamos entregando una importante parte de los intercambios públicos globales a manos de unas cuantas personas, que superan los Estados Nación y sus normativas.

Lo cierto es que silenciar lo antidemocrático no necesariamente es algo, en consecuencia, democrático; mucho menos cuando no se establecen previamente y con claridad los criterios implementados para una supuesta y selectiva preservación democrática. A pesar de tantos y tan acelerados cambios, es menester recordar que son las instituciones las llamadas a gestionar lo público, no así las personas. El rizomático ruido desinformante global que atenta contra las democracias no se va resolver a punta de silenciamientos unilaterales, mucho menos si son de corte empresarial.

*Es comunicadora social

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