En reiteradas oportunidades hemos ponderado la significativa contribución de las cámaras de vigilancia para combatir la inseguridad ciudadana en el país. Por ejemplo, en 2018 permitieron detectar 2.065 casos de inseguridad tan solo en la sede de gobierno, entre robos, asaltos, peleas entre pandillas y la venta de drogas. Cifra que durante el primer semestre de 2019 alcanzó los 644 casos, según datos de la FELCC. Además, gracias a su aporte fue posible identificar los lugares más peligrosos no solo de La Paz, sino también de El Alto y de otras urbes del país. Identificación que a su vez ha contribuido a evitar varios atracos, varios de los cuales podrían haber culminado con la muerte de la víctima.
Sin embargo, pese a esta importante contribución, según datos del Departamento Nacional de Monitoreo y Videovigilancia, de las 346 cámaras instaladas en la ciudad de La Paz, actualmente solo funcionan 46 de manera óptima (13%), 205 están operativas, pero con fallas técnicas o imágenes pixeleadas (59%); 88 se encuentran inactivas (25%) y siete fueron desinstaladas (2%). Porcentajes que en el resto de las urbes pueden ser incluso mayores. Por ejemplo, solamente ocho de las 30 cámaras que fueron instaladas en los últimos dos años en la Ceja de El Alto funcionan.
Estos datos ponen en relieve la necesidad de reforzar el soporte técnico de las cámaras de vigilancia, así como también la institucionalidad entre las fuerzas del orden, de tal manera que cuenten con unidades especializadas que aseguren la sostenibilidad y la efectividad de los proyectos. (09/07/19)