El paro cívico del martes pasado en Santa Cruz y el anuncio de nuevos paros en otros departamentos del país mantienen en agenda visiones distintas sobre el proceso electoral de octubre. Así, mientras unos apuntan a frenar dichos comicios en tanto no se atiendan sus exigencias, otros están concentrados en la definición de candidatos y en la campaña electoral.
La demanda de los representantes cívicos, activistas y partidos políticos, todos del campo opositor, es concreta y conocida: la inmediata renuncia de los vocales (“la banda de los seis”) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y por esa vía, la inhabilitación del binomio oficialista para las elecciones del 20 de octubre. No es algo nuevo. Está en agenda al menos desde diciembre pasado. Y ha tenido sucesivos plazos, medidas e incluso ultimátums, ninguno de los cuales dio resultado. Hoy se anuncian nuevas acciones.
Hemos sostenido en este espacio que la demanda de cambio de las máximas autoridades del Órgano Electoral implica, en este momento, la paralización de las elecciones y su correspondiente aplazamiento al menos hasta el primer trimestre del próximo año. Ello tendría serias consecuencias. Debe recordarse que desde mayo está en curso el calendario electoral con las actividades previstas para llegar a las urnas. Todo ello quedaría en suspenso con el descabezamiento de la sala plena del TSE.
¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la oposición con sus medidas de presión? Se anuncia un paro cívico nacional para fin de mes. ¿Y después? Más allá de la debilidad o fortaleza de estas convocatorias, incluidas otras medidas ya fallidas como la huelga de hambre, ¿los movilizados consideran la opción de tratar de impedir los comicios? La paradoja es que, mientras tanto, los candidatos, incluidos quienes se suman a los paros, están en intensos trajines para inscribir sus candidaturas el 19 de julio.
Por otra parte, como ha sido manifestado y visto, los vocales del TSE no tienen la más mínima intención de renunciar. Pese al elevado nivel de desconfianza y crítica sobre ellos, es claro que permanecerán en sus cargos, al menos hasta después de las elecciones subnacionales del 2020. Su dimisión es más difícil aun, salvo que ocurra algo excepcional, considerando que el TSE está en pleno proceso de administración de los comicios. Ante tal evidencia, ¿cuál es el horizonte de la dirigencia cívica?
Para más contrasentido, ninguno de los ocho binomios presidenciales de la oposición (incluido Jaime Paz Zamora, a quien el TSE quiere obligar a ser candidato contra su voluntad, seguramente al igual que a Edwin Rodríguez), ha siquiera insinuado la posibilidad de “bajarse” de las elecciones si acaso no hay cambio previo de vocales. Y desde el 20 de julio los candidatos en carrera no serán solo una veintena, sino cerca de 3.000, entre titulares y suplentes. Los paros, en su hora de encrucijada.