Voces

viernes 26 feb 2021 | Actualizado a 06:28

Paros cívicos

La demanda de cambio del TSE implica, en este momento, la paralización de las elecciones

Por La Razón

/ 14 de julio de 2019 / 01:25

El paro cívico del martes pasado en Santa Cruz y el anuncio de nuevos paros en otros departamentos del país mantienen en agenda visiones distintas sobre el proceso electoral de octubre. Así, mientras unos apuntan a frenar dichos comicios en tanto no se atiendan sus exigencias, otros están concentrados en la definición de candidatos y en la campaña electoral.

La demanda de los representantes cívicos, activistas y partidos políticos, todos del campo opositor, es concreta y conocida: la inmediata renuncia de los vocales (“la banda de los seis”) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y por esa vía, la inhabilitación del binomio oficialista para las elecciones del 20 de octubre. No es algo nuevo. Está en agenda al menos desde diciembre pasado. Y ha tenido sucesivos plazos, medidas e incluso ultimátums, ninguno de los cuales dio resultado. Hoy se anuncian nuevas acciones.

Hemos sostenido en este espacio que la demanda de cambio de las máximas autoridades del Órgano Electoral implica, en este momento, la paralización de las elecciones y su correspondiente aplazamiento al menos hasta el primer trimestre del próximo año. Ello tendría serias consecuencias. Debe recordarse que desde mayo está en curso el calendario electoral con las actividades previstas para llegar a las urnas. Todo ello quedaría en suspenso con el descabezamiento de la sala plena del TSE.

¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la oposición con sus medidas de presión? Se anuncia un paro cívico nacional para fin de mes. ¿Y después? Más allá de la debilidad o fortaleza de estas convocatorias, incluidas otras medidas ya fallidas como la huelga de hambre, ¿los movilizados consideran la opción de tratar de impedir los comicios? La paradoja es que, mientras tanto, los candidatos, incluidos quienes se suman a los paros, están en intensos trajines para inscribir sus candidaturas el 19 de julio.

Por otra parte, como ha sido manifestado y visto, los vocales del TSE no tienen la más mínima intención de renunciar. Pese al elevado nivel de desconfianza y crítica sobre ellos, es claro que permanecerán en sus cargos, al menos hasta después de las elecciones subnacionales del 2020. Su dimisión es más difícil aun, salvo que ocurra algo excepcional, considerando que el TSE está en pleno proceso de administración de los comicios. Ante tal evidencia, ¿cuál es el horizonte de la dirigencia cívica?

Para más contrasentido, ninguno de los ocho binomios presidenciales de la oposición (incluido Jaime Paz Zamora, a quien el TSE quiere obligar a ser candidato contra su voluntad, seguramente al igual que a Edwin Rodríguez), ha siquiera insinuado la posibilidad de “bajarse” de las elecciones si acaso no hay cambio previo de vocales. Y desde el 20 de julio los candidatos en carrera no serán solo una veintena, sino cerca de 3.000, entre titulares y suplentes. Los paros, en su hora de encrucijada. (14/07/2019)

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73 indicadores

Las enormes diferencias de ingreso entre oficiales y suboficiales ha sido fuente de tensión.

Por La Razón

/ 26 de febrero de 2021 / 01:17

El Ministro de Gobierno anunció que trabaja en la reestructuración de la Policía Boliviana; el trabajo a desarrollar, explicó, está señalado en un documento de “73 indicadores” presentado en diciembre pasado por el presidente Arce. No es el primer titular de esa cartera en hacer tal anuncio; al parecer la verde olivo es una de las instituciones más reacias al cambio.

Fue en nuestro programa Piedra, papel y tinta, que se transmite vía Internet, donde la autoridad a cargo de la seguridad interna del país afirmó que en la Policía hay tanto cosas buenas como malas. También aseguró que no todo el cuerpo policial se amotinó en noviembre de 2019, sino solo “un grupo” que se hizo “servil al golpe de Estado”. Asimismo, anunció que el Viceministerio de Descolonización presentó 26 demandas contra sendos policías que quitaron la wiphala de sus uniformes.

No es difícil imaginar que, como ha sucedido antes, esos grupos que estuvieron dispuestos a dañar la imagen de toda la institución en 2019 no tendrán reparo en buscar formas de impedir la anunciada reestructuración y cabe preguntarse cuán firme es la voluntad política de verdaderamente transformar esa institución, tarea que seguramente tendrá un costo enorme, no solamente en dinero.

Se ha señalado numerosas veces, en este y en otros espacios de opinión, que síntoma de la corrupción estructural en la Policía eran las denuncias de cobros irregulares, y altamente onerosos para padres y madres de jóvenes aspirantes a la condición de Oficial de Policía, que se conocían año tras año. Si necesitaba corromperse, incluso antes de iniciar su carrera, quien aspiraba a ser un servidor dedicado a combatir el crimen, es poco probable que luego tuviese incentivos para la corrección y la ética.

No solo eso. Las enormes diferencias de ingreso entre oficiales y suboficiales también ha sido fuente de tensión en varias ocasiones; y varias veces se denunció que parte de los sobornos que algunos policías suelen aceptar, alegando que su paupérrimo ingreso les obliga a esos extremos, termina en manos de los jefes en el Comando. No se recuerdan investigaciones y sanciones, como tampoco fehacientes desmentidos.

Tal vez por eso el ministro reconoció en la entrevista que hay “demandas históricas” de los policías que hasta ahora no han sido resueltas, irónicamente pese a que fueron varios los ministros de Gobierno que dijeron preocuparse por la tropa. Resolver esas demandas, tal vez, puede ser un inicio en la recomposición moral de una institución que, desafortunadamente, a muchos les conviene que sea venal.

Será bueno dar a conocer los 73 indicadores de mejora en la Policía Boliviana para hacer seguimiento a las acciones que encare el ministro a cargo de la tarea, pero sobre todo para que la población sepa qué debe cambiar y cómo. Así tal vez sea posible involucrar a la sociedad en la tarea y tal vez darle algo de esperanza en que es posible ese cambio.   

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Cinco años de 21F

Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP.

Por La Razón

/ 24 de febrero de 2021 / 00:42

Más allá de la disputa política y de la degradación de la deliberación pública (en especial en las redes sociales), el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F) marca un hito democrático en el país. Es también un punto de inflexión en el gobierno del expresidente Morales. Y se sigue agitando como bandera de las oposiciones, aunque con escaso potencial movilizador.

Cuando en el segundo semestre de 2015, en medio del referéndum sobre estatutos autonómicos departamentales, el gobierno del expresidente Morales tomó la decisión de impulsar una consulta para la reforma constitucional, estaba reponiendo en primer plano el debate sobre la reelección. El asunto había sido crítico en el proceso constituyente y fue uno de los puntos álgidos en la negociación política (año 2008) que viabilizó el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.

Así, la pretensión del gobierno del MAS-IPSP de ampliar la posibilidad de reelección de su binomio presidencial (bajo el eufemismo de “derecho a la repostulación”) generó un escenario de disputa cuyas consecuencias, en ese momento, eran imprevisibles. Convocado por ley, el referéndum constitucional para la reforma del artículo 169 de la CPE se realizó el 21 de febrero de 2016. Por escaso margen, tras una bien sincronizada guerra sucia, ganó la opción NO, de rechazo a la reforma. Fue una decisión democrática.

De acuerdo con la normativa vigente, el resultado de un referéndum es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Desconociendo ese principio, el oficialismo recurrió a un atajo constitucional para habilitar la candidatura del binomio Morales- García Linera en los comicios generales. Ello se expresó, 21 meses después de la consulta, en una polémica sentencia constitucional, aprobada en noviembre de 2017, días antes de las malogradas elecciones judiciales. El 21F se convirtió entonces en bandera opositora.

Lo que sigue es conocido. Al amparo de la sentencia constitucional, que también es vinculante y de cumplimiento obligatorio, el MAS-IPSP confirmó su binomio en las primarias presidenciales de enero de 2019, previa habilitación del TSE. Y se encaminó el proceso electoral de ese año. La oposición, por su parte, junto con sus operadores mediáticos, tejió la narrativa del “fraude”. Esa narrativa desconoció por anticipado el resultado de los comicios. La bandera devino en movilización con salida inconstitucional.

Transcurridos cinco años del referéndum, más allá de la reciclada disputa política, el 21F marca un hito de decisión democrática en el país, que también fue punto de inflexión en la legitimidad del prolongado gobierno del expresidente Morales. Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP. Y lo más importante: reafirma de manera inequívoca la necesidad de renovación de liderazgos y la tradición de alternancia bajo reglas democráticas.

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Las pequeñas cosas

No se trata únicamente de comentarios que desinforman, sino que se añade una actitud que ignora los argumentos en contra.

Por La Razón

/ 22 de febrero de 2021 / 01:40

Los tiempos de campaña proselitista son por defecto el campo de la hipérbole, de las promesas grandilocuentes, de las emociones epidérmicas, pero también de la polarización y las posiciones mutuamente excluyentes. Se espera que tras conocerse los resultados de cualquier elección esos comportamientos amainen, pero en Bolivia hay políticos que han hecho de ellos su práctica cotidiana.

Se trata, casi sin excepción, de asuntos menudos, pero de gran importancia para alguna opinión pública que aplaude las ideas que le son afines y denuesta con creciente virulencia las ajenas. Así, es posible mantener activa una base de apoyo, que casi a diario tiene nuevos motivos para el malestar y la irritación; los discursos inflamados y los comentarios publicados en redes sociales virtuales son el mejor combustible para la indignación que en tiempos de crisis puede convertirse en movilización.

Los ejemplos son abundantes, pero basta con señalar los más recientes: un candidato a la Gobernación, de origen indígena campesino, llamó “sardina” al pescado enlatado y recibió una andanada de críticas por su supuesta incapacidad de hablar bien el español; de poco sirvieron los comentarios que explicaban la lexicalidad y otras operaciones lingüísticas comunes para referirse a una cosa nombrando otra similar, el tema sirvió para que una parte de la sociedad descalifique al candidato con argumentos de claro trasfondo racista.

Días después, el Gobierno aprobó un Decreto Supremo instruyendo el uso de una nueva identidad visual (una figura con forma de cruz andina en cuyo interior se distribuyen tramas de tejidos indígenas de todo el país; mal llamado “logotipo”, pues en los hechos se trata de un emblema), pero el jefe del partido político de oposición creyendo que se trata del cambio del escudo de armas del país inició una cruzada en redes sociales para “defender” el símbolo patrio.

En ambos casos se observa el funcionamiento de lo que la teoría llama mecanismos de la posverdad, pues no se trata únicamente de comentarios que desinforman, sino que se añade una actitud que ignora los argumentos en contra, repite la falsedad y, finalmente, da paso a la agresión (verbal, casi siempre) contra quienes argumentan en sentido contrario. El esquema se repite con otros temas que hoy son fuente de conflicto entre el Gobierno y algunos grupos.

Es, pues, el tiempo de las cosas pequeñas, pero no en el sentido del sano recogimiento que algunas filosofías recomiendan en tiempos inciertos, sino un flujo constante de alertas por cosas intrascendentes (cuando no de asuntos de interés privado) que ocupan el debate en el espacio público, velando el interés por las cosas verdaderamente importantes, que quedan en manos de unos pocos, cuyas decisiones, probablemente, serán fuente de nuevos conflictos. Así, el propósito de afectar la gobernabilidad en el corto plazo, y las reacciones políticas que provoca, se convierte en un permanente obstáculo para la mejora del Estado, sus instituciones y sus normas.

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7M: recta final

Es lamentable la ausencia de un sistema de resultados preliminares.

Por La Razón

/ 20 de febrero de 2021 / 23:24

En apenas dos semanas, las y los bolivianos acudiremos nuevamente a las urnas. Esta vez, para elegir a las autoridades y representantes de los niveles departamental, regional y municipal. Con estos comicios se cierra un largo y difícil ciclo político-electoral en el país. En medio del agotamiento, la disputa y la pandemia, las elecciones del 7 de marzo ingresan a su recta final.

Despejada la incertidumbre sobre la realización de las elecciones subnacionales 2021 en un contexto de emergencia sanitaria, el próximo domingo 7 de marzo votaremos en Bolivia para elegir gobernadores y asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales y en algunos casos otras autoridades y representantes regionales. Hay más de un centenar de organizaciones políticas en competencia (en especial agrupaciones ciudadanas locales). Con esta votación se define la llamada “división vertical” del poder.

En la recta final del proceso, solo quedan algunas actividades de orden administrativo y logístico por parte del organismo electoral, entre ellas la publicación de las listas de candidaturas habilitadas. El próximo domingo se cumple el plazo para la difusión de encuestas de intención de voto. Y el miércoles 3 de marzo concluye la fase prevista tanto para la campaña electoral en espacios públicos como para la difusión de propaganda en medios de comunicación. Así, solo quedará esperar la jornada de votación.

¿Cuál es el balance de estos comicios? El proceso se inició, como es tradición, con la disputa por las candidaturas. Como las organizaciones políticas, en general, carecen de mecanismos de democracia interna para seleccionar candidatos, se imponen las presiones, el faccionalismo, las cúpulas, el “dedazo”. Así, las listas de candidaturas devienen en marginamientos, renuncias e incluso divisiones. En el MASIPSP hubo importantes disidencias y la oposición, otra vez, fracasó en sus intentos de unidad.

Las elecciones subnacionales, que se realizarán en pandemia con probados protocolos de bioseguridad, trajeron alguna renovación de liderazgos, pero también mucho reciclaje y movimiento de candidatos. Como en anteriores comicios, hubo escasez de debates y primaron más los nombres que los programas de gobierno. Se apostó por las impugnaciones. Y las esmirriadas encuestas fueron objeto favorito de crítica. Así, en general, pese a su relevancia, estamos ante un proceso con sensación de fatiga y poco entusiasmo.

Pronto pues estaremos de regreso en las urnas luego de varios años sucesivos de sufragio. Se espera una importante participación, aunque menor que en los comicios de 2020. La certeza a favor es confiar en una jornada electoral pacífica y ordenada. Es lamentable la ausencia de un sistema de resultados preliminares. Y el reiterado anhelo es que todos los actores políticos reconozcan el resultado de la votación sin cantar “fraude”. Recta final de los comicios 2021. Que haya voto informado y la ciudadanía decida.

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Financiamiento controvertido

Hay que entender que no basta con argumentos tecnocráticos para resolver este tipo de problemas.

Por La Razón

/ 20 de febrero de 2021 / 02:45

Fue un grave error del anterior gobierno suponer que la gestión de una operación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se podía realizar sin un amplio debate público y sin un mínimo consenso político previo. Ese traspié debería, al menos, dejarnos la enseñanza de que es necesaria una discusión transparente y oportuna sobre las opciones de financiamiento externo disponibles para el país.

En abril de 2020, el gobierno de Jeanine Áñez gestionó un financiamiento de $us 346,7 millones del FMI, en el marco de la aplicación de un Instrumento de Financiamiento Rápido que esa entidad habilitó en medio de la crisis provocada por la pandemia.

El trámite de esta operación fue controversial y opaco desde sus inicios. El MAS, entonces en la oposición, aunque con mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, manifestó sus observaciones y la rechazó argumentando que incluía disposiciones contrarias al marco constitucional y que no había seguido la vía regular para su aprobación. También se criticó la manera poco transparente en que habría sido presentada a los legisladores. No está demás decir que dada la historia del FMI en Bolivia y en la región, era bastante ingenuo, sino totalmente imprudente, pensar que tal decisión iba a pasar sin discusión o conflicto.

Lo cierto es que nunca quedaron claras, para la opinión pública, la naturaleza y condiciones de tal préstamo, ni, menos aún, cuál era el procedimiento que se debía utilizar para que sea asumido como un compromiso de Estado. Las autoridades del gobierno transitorio afirmaban que no estaba asociado a ningún condicionamiento y que no precisaba de autorización parlamentaria, como suele ser la norma en contratos de este tipo. Pero, sus explicaciones fueron imprecisas.

Como muchas situaciones que sucedieron el año pasado, la cuestión terminó por empantanarse por el conflicto político y la notable inestabilidad y desorden del propio gobierno. Lo que quedó fue una sensación de opacidad que profundizó la deslegitimación política de la medida. Su desenlace bastante previsible, después del triunfo del MAS en las elecciones, ha sido la devolución de esos recursos con costos para el país.

Seguramente la controversia sobre este préstamo continuará, pero el episodio nos está ya dejando, al menos, un par de enseñanzas valiosas. En primer lugar, la necesidad de clarificar y transparentar, desde el Gobierno, el panorama y las necesidades reales que tiene el país de financiamientos externos, las opciones disponibles para su resolución y sus costos e implicaciones. Y finalmente, el carácter ineludiblemente político que tendrán siempre esas decisiones. Hay que entender que no basta con argumentos tecnocráticos para resolver este tipo de problemas, se precisa igualmente de un sólido manejo político y comunicacional para que sean viables.

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