Danzan solas
Ellas danzan solas, cantó Sting en la década de los 80 para contar la historia de las mujeres chilenas sobrevivientes a la tortura, desaparición y muerte de sus seres queridos a manos de la dictadura del general Augusto Pinochet.
En 2013, se aprobó en Bolivia la Ley 348, una de las normas más avanzadas para proteger a las mujeres. Ahí se incorporó el término “feminicidio” para tipificar un delito excepcional y dejar en claro que el asesinato de una mujer por alguien cercano a ella es mucho más que un asesinato. Para dejar en claro que esa violencia es recargada por el solo hecho de ser mujer. Por eso, se impuso la pena máxima de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, y esta semana se habló incluso de añadirle la categoría de “crimen de lesa humanidad”, uno de los peores e imperdonables crímenes.
Han pasado más de cinco años desde la aprobación de la Ley 348 y más de 620 mujeres han sido víctimas de feminicidios, según las cifras oficiales facilitadas por las instituciones que se preocupan por el tema. En lo que va de este año ya son 72. Estas son estadísticas oficiales, las que llegan a conocimiento de las autoridades, quienes toman nota, registran y suman. Quienes saben dicen que hay otras muertes no registradas oficialmente, que escapan a las estadísticas.
Según los informes oficiales, de los casos remitidos a conocimiento de la Justicia solo el 1,13% terminó en sentencia. La regla, dicen, es que cada asesinato llega precedido por un rosario de violencias: económicas, psicológicas, golpes y discusiones que casi siempre son de conocimiento de vecinos, parientes y amigas. La culminación es la muerte. Después de eso, de nada sirven los arrepentimientos con los silencios, por solo haber acompañado, desde lejos, el calvario.
La Ley de 2013, se supone, fue elaborada con la colaboración de expertos. Se cuidó cada detalle y experiencia internacional y local para garantizar que los errores no se repitan, se copiaron las virtudes de otras normas y se crearon nuevas. Pero la ley no se cumple. Un ejemplo: el 80% o más de las municipalidades no cumplen su obligación de desplegar toda la estrategia de protección a las potenciales víctimas. No tienen casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia ni nada. Empedrar una calle o construir un puente da más rédito político que instalar la infraestructura para la prevención de la violencia, dicen las activistas. El remedio parece simple: al alcalde que no cumple la ley, no se le desembolsa presupuesto. Pero nada se hace para que eso ocurra; ni esta presión, ni ninguna otra.
Y, ¿los jueces? Cuando hay una decisión política, se detiene, encarcela y procesa a los magistrados por una mala actuación; por ejemplo, en casos notorios de narcotráfico. Si solo un juez fuese sancionado por actuar de manera negligente en un caso de feminicidio, los otros al menos quedarían advertidos. Y a la sociedad le quedaría clara la gravedad del feminicidio. La actuación de los jueces queda escrita, es muy sencillo establecer qué hacen o qué dejan de hacer; pero “nada”, como dicen los futbolistas.
La indefensión de las víctimas no es otra cosa que una tremenda soledad, la cual me recuerda el “bailan solas” de Sting. Más de 600 muertas en cuatro años. Más de 70 en lo que va de éste. Si se las juntara en un funeral, serían 70 ataúdes, o más de 600; si no estuviesen solas.