La suspensión de varios partidos en los últimos días debido a la decisión de los clubes cruceños de no seguir participando en el recién iniciado torneo Clausura 2019, debería marcar un punto de inflexión en la más reciente crisis que rodea a la administración del fútbol profesional boliviano. La movida de los clubes orientales podría costarles muy caro si se aplica la norma.
El origen de la radical decisión de dejar a sus respectivas hinchadas sin el espectáculo deportivo que se produce al menos dos veces por semana y concluye luego de varios meses de encuentros entre todos los equipos se relaciona con la reciente decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) de permitir el traspaso de jugadores de un club a otro con el campeonato ya iniciado.
Guabirá, Sport Boys, Destroyers, Oriente Petrolero, Blooming y Royal Pari son los seis clubes que decidieron boicotear el campeonato como modo de presión a la dirigencia, que como suele ser habitual ya en la máxima instancia del fútbol en Bolivia, correspondiente con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), está rodeada de sospechas y acusaciones veladas de manejos irregulares.
Uno de los dirigentes explicó que la instructiva de cambiar los estatutos para permitir esa nueva modalidad de comercio de los jugadores llegó desde la FIFA y es de cumplimiento obligatorio, así como el hecho de que los estatutos vigentes permiten al comité ejecutivo de la FBF tomar esa clase de decisiones sin la necesidad de realizar un congreso, que por ahora no tiene fecha de realización.
Si se da fiel cumplimiento al reglamento general del campeonato, los equipos rebeldes no solo deberían ser marginados del torneo Clausura, sino también deberían perder su plaza en la categoría A del fútbol profesional. Seguramente por esa razón, el sábado los árbitros prefirieron declarar la “suspensión” de los partidos antes que “walk over”, figura que amerita la señalada penalidad.
El domingo, en una jugada más propia de abogados que de deportistas profesionales, Blooming logró suspender el partido solicitando horas antes del encuentro una postergación, trámite que según las normas de la FBF debería realizarse con al menos tres días de anticipación, pero que logró resolverse en cuestión de horas, incluso a pesar de que era domingo. Abona al malestar generalizado contra la dirigencia de la FBF la también reciente aprobación de hasta seis jugadores extranjeros por equipo en cancha, supuestamente para mejorar la calidad del espectáculo deportivo.
Son, pues, tiempos de crisis para la Federación Boliviana de Fútbol, cuya dirigencia al parecer piensa menos en el espectáculo que alegra a las y los hinchas del balompié que en los negocios que se pueden celebrar en torno al “rey de los deportes”.