El presupuesto es el instrumento mediante el cual se plasman en hechos y acciones las políticas de los gobiernos, a través de la asignación de recursos económicos para la ejecución de planes y proyectos. En este sentido, el Presupuesto General del Estado (PGE) se constituye en la herramienta más importante de la política fiscal para el desarrollo de la economía boliviana, priorizando la asignación de recursos a inversión pública, seguridad alimentaria y energética, políticas sociales, así como la subvención a los hidrocarburos, alimentos, servicios básicos, entre otros programas de interés social y de necesidad poblacional.

El PGE de Bolivia resulta de la agregación, consolidación y programación de los ingresos y gastos de 585 entidades de la administración pública: 335 municipios, 118 instituciones descentralizadas, 53 empresas públicas, 27 establecimientos de los distintos órganos del Estado, 15 entidades de seguridad social, 14 universidades públicas, nueve gobernaciones departamentales, ocho gobiernos indígena originarios, cinco instituciones financieras y un gobierno regional.

El PGE 2025 tiene siete objetivos: garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas; profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones mediante el desarrollo de plantas industriales; potenciar el aparato productivo e industrial, incrementando la productividad y el rendimiento; reafirmar la política de acceso universal y gratuito a la educación y la salud; potenciar los sectores minero e hidrocarburífero a través de inversiones estratégicas y desarrollo tecnológico; priorizar recursos para la subvención a los alimentos esenciales y a los hidrocarburos; y continuar con la implementación de políticas sociales que busquen la equidad en la distribución de los ingresos, la reducción de la desigualdad y la disminución de la pobreza.

Es importante resaltar que el PGE contempla una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,51%, una tasa de inflación del 7,5%, un resultado fiscal del -9,2% respecto al PIB, un precio de referencia del barril de petróleo de $us 75,3 y una variación promedio del tipo de cambio oficial de ±10%. El PGE total agregado asciende a Bs 369.341 millones, mientras el presupuesto consolidado alcanza Bs 296.566 millones; es decir, se incrementan del 8,5% y 11,7%, respectivamente, en comparación con el PGE 2024, aclarando que el aumento responde a la mejora en ingresos tributarios y al impulso de la inversión pública, factores que fortalecen la demanda interna y el crecimiento económico.

Considerando el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, el PGE 2025 prevé recursos para la subvención a los carburantes, insumos y aditivos asignando Bs 15.156 millones, y para la subvención a los alimentos, un total de Bs 750 millones. La inversión pública registra $us 4.274 millones, que será destinada a sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, electricidad e infraestructura vial, así como, mantenimiento de carreteras, transporte, comunicaciones, recursos hídricos, educación, salud, medio ambiente y seguridad ciudadana.

Se garantizan los recursos económicos para dar continuidad a las políticas sociales como los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, Renta Dignidad, además del bono para personas con discapacidad. Asimismo, en el marco de la Constitución Política del Estado, se priorizan los sectores de educación y salud destinando Bs 31.078 millones y Bs 29.892 millones, que representan el 10,5% y el 10,1%, del PGE consolidado, respectivamente.

Finalmente, el PGE 2025 y su proyecto de ley consideran aspectos relacionados a la política fiscal y administración de los recursos públicos con el objeto de precautelar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica y financiera del país, para continuar por la senda de la optimización de recursos disponibles y la profundización de la política de industrialización con sustitución de importaciones, permitiendo el cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025.

Ante las recientes y aventuradas declaraciones de algún pseudo candidato a presidente sobre la política tributaria aplicada al sector productivo primario y su comercialización en el mercado interno, con las que propone la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para productos alimenticios, un análisis más responsable con base en datos oficiales del sector alimentario en Bolivia muestra que la realidad es bastante diferente.

El planteamiento de liberar del IVA a los productores de alimentos, ya que “el sector está siendo asfixiado por la carga tributaria” y que “existe falta de apoyo a los pequeños productores”, solo demuestra un total desconocimiento sobre el tratamiento tributario para el sector agrícola y comercio minorista de alimentos vigente desde 1996 hasta la fecha. Me refiero concretamente al Régimen Agropecuario Unificado (RAU), diseñado para promover la producción de alimentos en Bolivia, asegurando que los productores primarios, como los arroceros, no enfrenten obstáculos fiscales que puedan afectar su competitividad.

Este régimen especial simplifica el pago de obligaciones tributarias correspondientes a cuatro impuestos (IVA, IT, IUE y RC-IVA) en una sola cuota mínima anual, que va desde Bs 3 por hectárea de acuerdo con la zona y superficie en la que se desarrolle la actividad económica. Ello representa solamente el 0,05% de la recaudación total por tributos; es decir, el pago de impuestos del sector agropecuario constituye una contribución simbólica para el Estado, permitiendo a los productores agrícolas operar sin una carga tributaria significativa, constituyéndose también en otro de los mecanismos fiscales que apoya a los productores agropecuarios, quienes son los encargados de abastecer el mercado nacional con alimentos.

Por lo señalado, los datos oficiales de recaudación y padrón del SIN muestran que la carga tributaria por IVA no incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector que cumpla con las condiciones para pertenecer al mismo.

Por tanto, queda claro que las mencionadas “sugerencias”, en un afán de crear expectativa en la población, solo buscan engañar a la misma, proponiendo medidas que ya están dentro del sistema tributario boliviano. En todo caso, es importante analizar de manera objetiva, y con respaldo técnico, las causas del desabastecimiento de algunos productos alimenticios, teniendo en cuenta factores como los efectos climatológicos, la especulación y las posibles motivaciones políticas que podrían estar contribuyendo a este fenómeno.

*Verónica Gutiérrez es economista

Al contrario de lo que muchos piensan, Bolivia no es el único país que realiza elecciones para escoger a miembros del órgano judicial. Tenemos al menos cinco países que tienen un procedimiento, al menos similar.

En Estados Unidos, si bien las cortes federales están compuestas por funcionarios elegidos por el presidente, algunos estados optan por el voto popular para escoger a sus jueces; en las Islas Marianas del Norte, los jueces deben optar por su renovación a través del voto popular; en Japón, si bien los jueces de la Corte Suprema son elegidos por el parlamento, deben ser sometidos a votación cada diez años para que se valide su cargo por más años; en Suiza, los jueces de cantones, que deben estar afiliados a un partido político como requisito de acceso al cargo, también son votados por los ciudadanos; por último, el caso más reciente es el de México, que luego de promulgar una reforma judicial en 2024, debe encarar un proceso eleccionario para escoger a los miembros del Poder Judicial de la Federación.

Los asambleístas que redactaron la Constitución Política del Estado en Bolivia y que entró en vigencia el año 2009, a través de esta iniciativa, perseguían dos fines principalmente: dar representatividad y credibilidad a los miembros del órgano judicial y garantizar la probidad de los funcionarios electos, dejando en manos del ciudadano esta labor. Los dos fines tienen un elemento en común, la confianza.

Hubo dos elecciones judiciales en Bolivia, la primera el año 2011 y la segunda el año 2017. Tomemos como ejemplo la elección de miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. El 2011, de 4.176.549 votantes, un 57,9% sumaron votos nulos y blancos. En cambio, para el año 2017, esta cifra se incrementó, ya que, de 5.422.556 votos, los nulos y blancos sumaron el 65,9% del total. Es decir, que los miembros del TCP, como de otros tribunales, no logran la representatividad esperada con este proceso, esto debido principalmente a dos factores: la poca información y una campaña inútil de la oposición por querer desprestigiar el proceso, que provocó dejar en manos del oficialismo el control del órgano judicial.

La representatividad deja números aún más bajos cuando entramos al detalle de los candidatos. El 2011, un candidato de apellido Bacarreza logra ser magistrado del TCP con poco más de 43.000 votos, el 2,45% de los votos válidos; y en 2017 una candidata de apellido Cortéz ingresa al TCP con apenas 5.000 votos (0,1% de los votos válidos).

Ante un claro escenario de crisis judicial, que se expresa en la instrumentalización de la justicia boliviana, no podemos poner las manos al fuego por la probidad individual de los funcionarios que han sido electos, hay un sistema que no descansa sobre el estado de derecho, sino en el cálculo político de los magistrados para poder ser reelectos o beneficiarse del sistema.

Si los principios que persigue el proceso de elecciones judiciales en Bolivia son nobles, entonces algo está fallando en el proceso que debemos replantearlo. Tanto la representatividad como la probidad descansan sobre la confianza. No puede existir confianza si no permites al candidato pronunciarse y dar un mensaje que vaya a persuadir a las personas a votar por él o ella, no puede existir confianza si nadie te conoce y a la vez te prohíben darte a conocer, no puede existir confianza si un candidato no puede acercarse a la gente que le va a votar.

Ante ese vacío, otros elementos van a guiar la votación del ciudadano en las próximas elecciones que están alejadas totalmente del fin que persigue el proceso en sí. Una vez más, la gente no va a votar por el candidato más honesto o capaz, porque principalmente no lo conoce. Dejará que su voto lo guíe su afinidad o rechazo político partidario, si pertenece o perteneció a tal o cual partido. Terminaremos teniendo magistrados por descarte, haciendo funcionarios por 6 años a gente que llegó ahí porque la campaña de desprestigio a los otros fue mayor, y no por un principio de capacidad y honradez, que en teoría debía primar para emitir nuestro voto.

Mario Vega Yañez es politólogo y docente de la UMSA.

Manfred Reyes Villa parece estar ya en campaña para la presidencia. Sin embargo, sería un pésimo presidente, gobernando para las élites y el ejército, y no para el pueblo.

La división en el MAS, la CC y la derecha le ofrece una oportunidad de destacarse. Encuestas opositoras lo ubican como favorito (con escepticismo), mientras que sondeos más confiables le dan un 10% de intención de voto, similar a Arce y Morales, y muy por encima de figuras derechistas como Tuto Quiroga, Chi Hyun Chung y Camacho. Reyes Villa ya ha competido por la presidencia: en 2002 quedó tercero, detrás de Evo Morales, y en 2009 perdió ampliamente ante él. Ahora, recolecta firmas para registrar su partido: Súmate.

Reyes Villa, exmilitar y capitán del Ejército, es hijo de Armando Reyes Villa, ministro de Defensa durante la dictadura de Luis García Meza, condenado por persecuciones y crímenes durante el Plan Cóndor, la red represiva anticomunista en Latinoamérica respaldada por la CIA que asesinó y torturó a miles en Latinoamérica.

Manfred Reyes Villa elogia el militarismo de su padre, a quien llamó “hijo de la patria” y “defensor de la democracia”, pese a su papel en la dictadura y crímenes contra compatriotas. Reyes Villa asistió a la Escuela de las Américas, donde aprendió tácticas represivas, y sirvió en países del Plan Cóndor como Brasil y EEUU, apoyando su red de subyugación transnacional.

Tras pasar algunos años como empresario en Estados Unidos después de retirarse del servicio militar, Reyes Villa se unió a la ultraderechista Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido de Hugo Banzer durante su dictadura militar. Mientras estaba en la ADN, se convirtió en alcalde de Cochabamba, cargo que ocupó desde 1994 hasta abril del 2000.

Durante su gestión, Reyes Villa impulsó la privatización del agua en Cochabamba, vendiendo los derechos a Bechtel mediante Aguas del Tunari, beneficiando a élites y no a los bolivianos. Pronto, estallaron manifestaciones masivas, que fueron enfrentadas con una violenta represión policial comandada, una vez más, por Reyes Villa y los banzeristas.

Más de 200 personas fueron muertas o heridas por la policía y matones de extrema-derecha. El papel de Reyes Villa en la crisis es vergonzoso y no debe ser olvidado. Mientras Reyes Villa protegía el autoritarismo, la violencia política y los intereses corporativos extranjeros, el MAS, los movimientos de izquierda y los activistas indígenas resistían la privatización de bienes públicos y la violencia policial.

Desde entonces, Reyes Villa ha sido uno de los opositores más vocales a las reformas socioeconómicas del MAS, incluyendo el aumento de salarios para los pobres, la entrega de tierras a comunidades indígenas, el incremento de la participación indígena en la política y la sociedad, la disminución del poder político del ejército y la mejora del acceso a la salud y la educación para los estratos económicos más bajos.

Reyes Villa apoya intereses militares y empresariales sobre el bienestar común, calificando de “totalitarios” a líderes del MAS pese a su propio historial autoritario. Respaldó la represión durante el régimen de Banzer, la Guerra del Agua, y las protestas tras las elecciones de 2002 y 2019, estas últimas dando lugar al gobierno derechista no democrático de Jeanine Áñez.

El historial, pasado y propuestas de Manfred Reyes Villa muestran que sería un líder catastrófico para el país, a pesar de su intención de postularse para la presidencia en 2025. Su carrera es emblemática de un patrón recurrente en la vieja guardia boliviana: autoritarismo y corporativismo disfrazados de progreso. Reyes Villa representa un pasado problemático y no debería formar parte del futuro nacional. Su candidatura solo traería más turbulencia, dolor, desigualdad y opresión. Es un vestigio de la dictadura y el neoliberalismo; no es lo que los bolivianos comunes necesitan para avanzar.

Joseph Bouchard es periodista canadiense en América Latina, con experiencia de reporteo en Bolivia, Colombia y Brasil.

Cuando un ciudadano acude a las urnas para participar en una decisión colectiva, se suele hablar de una “fiesta democrática”, porque el soberano tiene la posibilidad de influir en el rumbo del país. Sin embargo, las elecciones judiciales de 2024 están lejos de merecer ese calificativo; son, más bien, un desastre.

En primer lugar, estas elecciones carecen de los elementos esenciales de una democracia informada. La mayoría de los ciudadanos desconoce a los candidatos que postulan y, lo que es más preocupante, no tiene claridad sobre la composición y funciones del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Este desconocimiento no es casual; es el resultado de un proceso electoral opaco, que no fomenta el acceso a la información ni la transparencia, aspectos sumamente importantes para una decisión consciente y responsable.

Por decisión de un suprapoder injerencista, estas elecciones no solo son confusas para el ciudadano, sino que violan principios fundamentales de la Constitución. La fragmentación y deterioro de los procesos electorales, impuestos por decisiones del TCP, han sentado un precedente peligroso y nefasto para la democracia.

En lugar de elecciones integrales y únicas, como lo establece la Ley de Elecciones Judiciales, se ha optado por un proceso fraccionado que debilita la institucionalidad y la legitimidad de los resultados.

El domingo 15 de diciembre, solo 19 de los 26 miembros de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura serán elegidos, incluyendo titulares y suplentes. Este hecho no solo refleja la fragmentación del proceso, sino también la incapacidad del sistema político para garantizar elecciones completas e integrales.

Desde su origen, en la Asamblea Legislativa, estas elecciones enfrentaron múltiples tropiezos. Los parlamentarios fracasaron en la tarea de conformar las listas de precandidatos, debido a la división interna de las bancadas y a la injerencia del TCP, que impuso decisiones que obstaculizaron el desempeño de los órganos Legislativo y Electoral.

Esta dinámica de subordinación y desorden institucional evidencia la urgente necesidad de reformar el sistema y fortalecer la institucionalidad. La Constitución de 2009, que en su momento fue vista como un avance significativo para la democracia, hoy muestra sus limitaciones y exige una estricta revisión.

Abrir la Carta Magna será una tarea crucial para el próximo o próximos gobiernos, ya que es la única forma de frenar el poder excesivo de un TCP controlado por magistrados prorrogados, quienes actúan como presidentes de un cuasipoder.

Especialmente preocupantes son los casos de los prorrogados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Yván Espada Navia, quienes, con sus polémicos fallos, han marcado negativamente las elecciones judiciales.

Las elecciones de este 2024 no son una fiesta democrática, sino un recordatorio de las profundas fallas estructurales de nuestro sistema político. La falta de transparencia, la manipulación institucional y el desconocimiento ciudadano no pueden seguir siendo la norma.

El verdadero desafío está en recuperar la confianza en la democracia, reformar las instituciones y garantizar procesos inclusivos y participativos. Solo así podremos hablar, con propiedad, de una auténtica fiesta democrática.

Andrea Condori es periodista de La Razón Plus