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miércoles 27 oct 2021 | Actualizado a 17:59

Agropecuaria sin inversiones

El desarrollo del sector agropecuario sin inversiones está impulsando la degradación de millones de hectáreas

/ 5 de agosto de 2019 / 05:43

Es verdaderamente lamentable que, en 13 años de gestión, el Gobierno no haya sido capaz de cambiar la matriz económica, contando con una renta cuantiosa proveniente de los hidrocarburos y la minería, que le permitió efectuar inversiones para un crecimiento del PIB de 4,2% en 2018. Hoy este indicador va en descenso y la perspectiva posterior es incierta.

Para algunos analistas, incluyendo economistas, es muy difícil entender que la prosperidad de Bolivia se debe simplemente a la redistribución de impuestos a la que las compañías petroleras se sometieron con la condición de no invertir en nuevas exploraciones. Esta redistribución no deja de tener su mérito, pero hubiera sido mucho más trascendente si hubiese sido adecuadamente invertida en consolidar una institucionalidad que apuntale otras fuentes de ingresos, basadas en la agropecuaria, la industria, el turismo o la creatividad informática.

La debilidad institucional ha conducido a que en nuestro país la inversión externa directa bruta (IEDB) se mantenga sin variación desde el 2015. La inversión extranjera registrada en 2018 fue la misma que la registrada en 2012, año en que llegó a $us 1.505 millones. Pese a que nuestro país participa en foros de inversiones para atraer empresas extranjeras, el resultado es pobre. Y es que, si fuera un país atractivo, los inversionistas llegarían por sí mismos.

Bolivia prioriza ocho actividades que considera atractivas para la inversión extranjera, entre las que no está el rubro agropecuario. Cuando el sector financiero internacional analiza la región latinoamericana para definir qué países podrían ser objeto de inversión en este rubro, nuestro país no figura en la lista.

El desarrollo del sector agropecuario sin inversiones, repartiendo tierras sin ningún apoyo posterior, fomentando asentamientos humanos no planificados o promoviendo para ciertos grupos el cambio de normas que prioriza la deforestación antes que el aumento de la productividad, está impulsando la degradación de millones de hectáreas (h).

De las más de 12 millones de h aptas para la agropecuaria en Bolivia, según los planes de uso de suelo reconfirmados en 2004 por el Ministerio de Desarrollo Sostenible, a la fecha solo se cultivan comercialmente 3,7 millones de hectáreas, estimándose que existen más de 3 millones de h adicionales entregadas al saqueo, la especulación y la desertificación.

Las 3,7 millones de hectáreas (solo el 30% del área potencial) se cultivan con muy baja productividad por la falta de inversiones adecuadas: fertilización insuficiente (solo un 20%, cifra que indica que Bolivia es el país que menos fertilizante usa en América del Sur), relacionada con la carencia de análisis de suelos (prácticamente inexistentes en Bolivia), tecnologías rudimentarias de roturación, uso inadecuado de pesticidas, ausencia de aplicación de tecnologías de mejoramiento genético, insuficiencia de sistemas tecnificados de riego, carga animal ineficiente, etc. A las que se añade la hostilidad de grupos de falsos ecologistas que promueven la anticiencia, achacando a la tecnología los efectos de las malas prácticas agropecuarias.

Por todo ello, para el próximo Gobierno debería ser una prioridad la construcción de un país con instituciones sólidas respetuosas de leyes y normas, que allanen el camino a las inversiones privadas en todos los rubros, y principalmente en agropecuaria, para tratar de revertir nuestro suicidio ambiental y agropecuario actual.

Es ingeniero agrónomo, especializado en desarrollo rural.

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Los hombres y el plan de Biden

/ 27 de octubre de 2021 / 02:08

Pete Buttigieg se enfrentó a las críticas de algunos conservadores por tomarse un permiso de paternidad por sus gemelos recién nacidos, pero su decisión de hacerlo muestra una característica de la política familiar de Estados Unidos: puede parecer endeble comparada con la de muchos otros países, pero ha tendido a reconocer el cuidado de la familia como algo que hacen todos, no solo las madres.

El plan de gasto para la red de seguridad de los demócratas ampliaría y consolidaría esta idea. En conjunto, sus propuestas de política familiar definen el cuidado de personas como una necesidad universal, sin importar el género.

El permiso familiar con goce de sueldo podría solicitarse en una amplia variedad de circunstancias, entre ellas nacimientos, enfermedades y el cuidado de la familia extendida, los suegros, las parejas de hecho y las personas que son el “equivalente” de la familia. Los planes para el cuidado infantil y de los adultos mayores eliminan el supuesto de que hay un cuidador familiar por defecto: una madre o una hija.

Los estados también han adoptado un enfoque de neutralidad de género en lo relacionado con la política familiar, y eso diferencia a Estados Unidos de otros países ricos. Aunque Estados Unidos es un país atípico en cuanto a la falta de apoyo para las familias trabajadoras en general (la mayoría de los estadounidenses no tienen permisos con goce de sueldo ni ayudas económicas significativas para el cuidado infantil o de los ancianos), las políticas estadounidenses han sido mucho más propensas a incluir a los hombres desde el principio.

En gran parte de Europa y en el resto del mundo desarrollado, es más probable que estas políticas hayan sido diseñadas para las mujeres en un principio. En consecuencia, a veces han reforzado la inequidad de género, ya que han provocado que las mujeres ganen menos y queden excluidas de los puestos de poder, y dificultado la participación de los hombres en la vida de sus familias.

Otros países ricos tienen políticas mucho más generosas para los hombres: en promedio, los padres tienen dos meses de permiso con goce de sueldo. En Corea del Sur y Japón, tienen un año, y en Francia, siete meses. Sin embargo, para lograrlo, los países han modificado sus políticas para alentar a los hombres a tomar sus permisos, como sucede en Suecia, Noruega y Canadá con los “días para papás”, que son días de permiso remunerado que deben tomar ellos para que la familia no los pierda.

Paradójicamente, la razón por la que Estados Unidos se ha adelantado en adoptar un enfoque de neutralidad de género en las políticas familiares es que ha tardado mucho en ofrecerlas.

Una idea central de los planes de política familiar del presidente Joe Biden es que el cuidado de las personas es algo que hace todo el mundo. Los demócratas han enmarcado esta necesidad como una cuestión económica y no como un asunto de las mujeres.

Según los investigadores, desde el punto de vista político, es probable que este enfoque sea más difícil que centrarse solo en las madres, en parte porque desafía las ideas preconcebidas sobre los roles de género. No obstante, también opinan que, al incluir a más personas, se reconocen las necesidades de las familias modernas y tal vez se pueda reducir la probabilidad de que se castigue a las madres por brindar cuidados.

Los legisladores que impulsan estas leyes reflejan la idea de que los cuidados no son exclusivos de las mujeres. Muchos de los líderes de esta iniciativa son mujeres y madres. Sin embargo, el esfuerzo ha sido dirigido por Biden, quien habla de manera franca y frecuente sobre su experiencia como padre soltero.

No obstante, hacer que las políticas sean neutrales en cuanto al género no significa necesariamente que tanto los hombres como las mujeres las vayan a utilizar. En teoría, los programas actuales de la red de seguridad están abiertos a cualquiera de los padres y, a pesar de ello, son más las madres las que se inscriben. Aunque los programas estatales de permisos con goce de sueldo aumentan las solicitudes tanto de hombres como de mujeres, son ellas quienes se toman permisos más largos.

El diseño de las políticas marca la diferencia. Es más probable que las mujeres acepten trabajos remunerados si encuentran una guardería de buena calidad que cueste menos de lo que ganan. Es más probable que los hombres tomen un permiso familiar si es con goce de sueldo y ofrece protección laboral.

Claire Cain Miller es columnista de The New York Times.

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‘Historiador golpista’ versus ‘dictador fugado’

/ 27 de octubre de 2021 / 02:04

Las tensiones políticas del país se resumen en la guerra de adjetivos de dos actores principales de la crisis poselectoral de 2019: Evo Morales y Carlos Mesa. La relación entre ambos políticos es insostenible desde 2016, cuando el segundo dejó de ser colaborador del primero en la demanda marítima, provocado por las divergencias surgidas luego del referéndum de febrero de ese año.

El encono de ambos llegó a extremos impensables, que también es impensable creer que en enero de ese mismo año Mesa hubiera elogiado por última vez la trascendencia del presidente derrocado: “Es imprescindible reconocer de nuevo que el gobierno de Evo Morales está sin duda entre los más significativos de nuestros casi dos siglos de vida independiente”.

Tres años más tarde, ya como rival electoral, sus conceptos respecto de Morales cambiaron radicalmente, al extremo de culparlo de un “fraude monumental” o llamarlo “dictador fugado”, como repite ahora en respuesta a otros calificativos del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Aquel episodio había comenzado con la suspensión de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), sistema de información en línea no definitivo pero cuyo parón fue fervientemente denunciado por Mesa luego de las elecciones del domingo 20 de octubre de 2019. Entonces había llamado a vigilias en los tribunales electorales —cinco de ellos fueron quemados luego— y se consideró víctima de fraude electoral.

Desde esa vez, Mesa no ha dejado de pronunciar la frase en su intento de librarse de acusaciones y de otro calificativo de Morales en su contra, “historiador golpista”, que lo acuñó para denunciar que el expresidente y ahora político de oposición fue uno de los primeros operadores de lo que considera un golpe de Estado en 2019.

Mesa fue un actor clave de la ruptura constitucional que desembocó en la cuestionada llegada al poder de la senadora de minorías Jeanine Áñez, cuya sucesión defiende con mucha fuerza.

Morales no lo perdona. Escenario que encuentra, aprovecha para endilgarle a su rival el “golpe” y su papel. Mesa hace lo mismo, en respuesta. Pero en réplica, es tildado de haber generado la crisis de 2019 al zafar el referéndum de 2016 que le dijo no a la repostulación y forzado una resolución del Tribunal Constitucional que supuso su derecho a la repostulación.

Cierto, Morales forzó los hechos y por eso se desencadenaron las protestas en 2019, resolución que, sin embargo, no terminó con el resguardo de la institucionalidad democrática del país.

Entonces, a la luz de los hechos, ¿quién de ambos rivales se acerca a la verdad? Obviamente, cada quien defiende sus tesis, lo que mutuamente llaman “relatos”. Pero en ambos casos hay dos hechos y dos relatos.

Claro, habrá que identificar cuáles de esas tesis son relatos y cuáles, hechos. En eso no habrá consenso/acuerdo, debido a intereses políticos, pero los bolivianos vieron cómo sucedieron. Y entre esos relatos está la tesis de la “sucesión impecable”.

Mesa considera y defiende que la sucesión de Áñez “fue impecable”. ¿Impecable más allá de la línea de sucesión? Sabe él, y está registrado en la cobertura de los medios, que exigió que en la sucesión no participe ningún masista y, al contrario, sea una senadora de minoría, fuera de la línea de sucesión, la elegida: Áñez.

Ante hechos inéditos de entonces, impecable habría sido el esfuerzo sobrehumano por instalar los actores políticos y “demócratas” la Asamblea Legislativa, como Mesa proclamaba ese 10 de noviembre, y la reconfiguración de las directivas antes de forzar una sucesión amparada en una declaración constitucional basada en una vieja Constitución, y destinada al “Vicepresidente de la República”. Y bajo el cumplimiento de la Constitución y los reglamentos legislativos, incluso en las formas: no hubo sesión, no hubo quórum ni hubo acto de posesión, sino, al contrario, hubo una imposición de la banda por parte de un oficial de la Casa Militar, y no en la Asamblea Legislativa sino en la intimidad del Palacio de Gobierno, solo con la presencia de correligionarios y familiares.

Que se digan adjetivos Morales y Mesa, pero a la luz de los hechos hubo una sucesión irregular, menos impecable, a no dejarse engatusar con ese relato.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Amazonía, proteger 80% para 2025

/ 27 de octubre de 2021 / 02:00

El punto de inflexión alertado por científicos reconocidos (Thomas Lovejoy y Carlos Nobre) es el momento donde la Amazonía, el pulmón que sostiene el balance del clima global y la reserva de agua dulce más grande del planeta, podría entrar a un punto de no retorno (20-25% de deforestación y degradación). Es decir, su función ecológica cambiará de tendencia: de bosque tropical a sabana desértica, devastando vida silvestre y liberando millones de toneladas de carbono a la atmósfera, convirtiéndose en una fuente de emisión.

En antesala a la cumbre climática COP26 (Glasgow, Escocia), David Attenborough advierte que «cada día que pasa y no hacemos algo es un día perdido». Los riesgos de un planeta más caliente son reales. Atravesamos «la década decisiva» para encaminar hacia un mundo más seguro ahora.

La Amazonía, un mega-sistema (bioma, cuencas y regiones administrativas) presente en nueve países está en el umbral del punto de no retorno (Raisg, 2021), el 22% de su territorio fue transformado por la deforestación y degradación (incendios y pérdida de carbono) y un 66% está bajo presión de megaproyectos (carreteras, petróleo, minería, centrales hidroeléctricas y agropecuaria).

La secuela es que la Amazonía sufre alteraciones climáticas. En Bolivia (San Ignacio de Velasco y Ascensión de Guarayos) la lluvia redujo un -17% a nivel anual y -64% en agosto y septiembre. Mientras tanto la temperatura media mensual registra ascensos de +2ºC provocando sequías más intensas y prolongadas, consecuentemente mayor recurrencia de incendios y pérdidas socioeconómicas de consideración.

Para evitar los peores impactos y frenar el calentamiento global es urgente la protección del 80% de la Amazonía. Esto es posible y necesario porque el 72% de su territorio contiene sitios con muy alta funcionalidad y representatividad ecológica o Áreas de Prioridad Clave (Raisg, 2021). Un 16% de la Amazonía requiere ser restaurada para garantizar la conectividad de ecosistemas claves. Los territorios indígenas y áreas protegidas juegan un papel central para lograr esta meta, porque se ha demostrado su efectividad en la conservación de ecosistemas. Más de 273 millones de hectáreas (32% de la Amazonía) definidas como Áreas de Prioridad Clave no tienen ningún nivel de protección y deben ser prioridades inmediatas para nuevas áreas protegidas y reservas cogestionadas.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a través de la Moción 129, se ha sumado a este llamado, para evitar el punto de no retorno en la Amazonía protegiendo el 80% para 2025. En Glasgow (COP 26), la esperanza reside en que la Amazonía sea una prioridad de la política global. La Amazonía en pie brinda un portafolio de oportunidades socioeconómicas de largo plazo, es la mejor vía para frenar la crisis climática global; sus ecosistemas son clave para la seguridad alimentaria, seguridad hídrica y salud ecológica mundial. Proteger la Amazonía es proteger la vida del planeta.

Marlene Quintanilla es directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la FAN.

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Biden y la ventaja a China

/ 26 de octubre de 2021 / 01:32

Cuando gestionaba nuestras relaciones con China como diplomática estadounidense, a menudo me hacían esta pregunta: “¿Cuál es nuestra ventaja sobre China?”. Todo el tiempo considerábamos qué palos o zanahorias podíamos desplegar para cambiar la conducta de China.

El mismo presidente Joe Biden ha reconocido que, cuando se trata de China, nos falta ventaja. Pronto, Biden se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping. Entonces, ¿de dónde llegará la ventaja tan necesaria para Estados Unidos? No ayuda que los líderes chinos hayan percibido debilidad del frente estadounidense.

La principal estrategia del gobierno de Biden para enfrentar a China ha sido reclutar a otros países para que se sumen a su objetivo de contrarrestar a Pekín en todo tipo de asuntos, desde los derechos humanos pasando por la tecnología hasta Taiwán. No obstante, a final de cuentas, la dificultad para establecer prioridades claras podría ser la perdición de Biden. Para enfrentar a China, Biden debería prestar atención. Priorizar los asuntos en los que Estados Unidos pueda progresar con China en términos realistas: comercio e inversiones, medidas para el cambio climático y límites para armas peligrosas.

Necesitamos nuevas reglas comerciales que controlen los subsidios y la tecnología, así como reglas para detener la propagación de armas autónomas y limitar su uso. El gobierno de Biden también debería hacer lo posible por garantizar cambios concretos a los sistemas de transporte, construcción y energía a nivel mundial para frenar el cambio climático.

Para obtener la ventaja necesaria, debemos darle a China la posibilidad de un resultado benéfico, el cual para Pekín podría comenzar con el desarrollo de una sociedad que ellos consideren más respetuosa. Las autoridades estadounidenses suelen hablar de “aumentar la presión” sobre los chinos, pero en general las sanciones y los aranceles no han producido movimientos políticos en China. Lo que sí lo ha logrado es la posibilidad de una relación más estable y constructiva con Estados Unidos, una posible motivación detrás del acuerdo comercial provisional de Donald Trump. En la actualidad, los chinos no ven eso sobre la mesa.

En cambio, el gobierno de Biden ha puesto en la mira todo, desde los proyectos de infraestructura china en otros países hasta los científicos chinos en Estados Unidos, como si todo lo que China hace o fabrica fuera un potencial caballo de Troya que se filtró a la fortaleza estadounidense.

Esta estrategia no solo no cumple con el argumento distintivo del gobierno de Biden de evaluar las prioridades políticas en el extranjero con base en los beneficios que tengan para el pueblo estadounidense, sino que permite que Pekín descarte nuestras inquietudes al considerarlas politizadas. Asimismo, enfrentar a China en un montón de problemas dificulta más que otros actores se sumen a nuestra estrategia. Para tener la ventaja de una influencia conjunta, Biden debe reconocer y darles el peso debido a las inquietudes de los aliados y primero llegar a un acuerdo verdadero —no a medias— sobre la agenda con ellos. Esto requiere tiempo, trabajo arduo y compromiso.

Con una presión conjunta y focalizada, y la promesa de una estrategia constructiva de Estados Unidos, China se moverá. Sin embargo, hace poco también dejó claro que no ve el sentido de cooperar si Estados Unidos insiste en una relación de suma cero. Y el mensaje de la Casa Blanca no deja mucho espacio para el optimismo. El gobierno de Biden ha declarado que la era de la cooperación con China se ha terminado, que se busca “prevalecer en una competencia estratégica”. La administración está creando coaliciones para disuadir y contener a China a nivel militar y con frecuencia critica públicamente las acciones de China. Por lo tanto, a menos que algo cambie y aparezcan incentivos más persuasivos, no espero que China altere su comportamiento.

Por supuesto, cabe mencionar que, incluso con toda la ventaja del mundo, habrá áreas de desacuerdo con China. Sus protecciones de los derechos humanos son pésimas y el trato que da a sus propios ciudadanos, en especial a las minorías y a los disidentes, es abusivo. Asimismo, los asuntos de soberanía —es decir, Taiwán— son piedras angulares nacionales; es probable que esos temas sigan siendo una fuente de fricción en las relaciones entre China y Estados Unidos. Por supuesto que Biden debería seguir denunciando los abusos a los derechos humanos de China o seguir presionando sobre el tema de Taiwán, pero debemos reconocer que nuestra capacidad para hacer que China se mueva en esos asuntos es insignificante.

Por eso Biden no debe desperdiciar la ventaja que puede lograr Estados Unidos. Establecer prioridades claras y garantizar que China sepa que el progreso llevará a una relación constructiva es un punto de partida necesario.

Susan Thornton trabajó para el Departamento de Estado de Estados Unidos y es columnista de The New York Times.

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Mi lumpenfobia

/ 26 de octubre de 2021 / 01:24

El desprecio que sentía Marx por el lumpen proletariado es evidente en sus escritos más políticos de su madurez, particularmente en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Sin coincidir con su doctrina, en Los Orígenes del Totalitarismo, Hannah Arendt, también denunciaba el rol perverso que jugó este segmento de la sociedad europea desde finales del siglo XIX, sirviendo como el principal caldo de cultivo y base de reclutamiento para el movimiento fascista.

Quizá uno de los pocos pensadores de la izquierda contemporánea que no lo fustigaba de entrada fue Frantz Fanon, que valoraba su capacidad revolucionaria por encima de la del reducido y privilegiado proletariado de la Argelia colonial de los años 50. Al mismo tiempo, la cultura gangster, que fascina a millones a través de artistas de hip hop, fue en sus orígenes una expresión de rebeldía, denuncia y anhelo por mejores días, nacida en las comunidades negras de los EEUU. Es decir, como toda genuina forma de arte, progresista y democrática.

¿Por qué, entonces, considero que uno de los principales enemigos del movimiento popular en Bolivia, después de la oligarquía agroexportadora acaudillada hoy por Luis Fernando Camacho, es justamente esta capa de nuestra sociedad? Después de todo, el partido en el cual yo milito debe, se supone, incluir en su seno a los ninguneados de siempre, donde se puede contar a los herederos espirituales de Vizcarra.

La respuesta es la misma que inspiraba el escepticismo de Marx. Debido a su marginalidad, pandilleros, delincuentes y drogadictos son más proclives a actuar como músculo contratado por las clases privilegiadas que a favor de las oprimidas. Su desamparo, al mismo tiempo, se refleja también en un resentimiento extremo hacia sus propios orígenes, por lo cual no es de sorprender que los racistas más radicales vengan de esta capa social. Sus aspiraciones jailonas los llevan a ser, muchas veces, más papistas que el Papa. Incluso su admiración por la estética militar, como se observa en la organización vandálica de la Resistencia Juvenil Cochala, delata evidentes complejos y frustraciones de clase.

Sin su auxilio, el golpe de Estado de 2019 no hubiera sido posible, debido a las claras limitaciones combativas de los “niños bien”, que seguramente no hubieran podido siquiera tomar la plaza San Miguel. Irónicamente, uno de los discursos más usuales de la derecha es relacionar al movimiento cocalero con el narcotráfico y el mundo de lo ilícito, cuando en los hechos, las tendencias criminales son abundantes en sus filas, como lo demuestra el caso de Arturo Murillo y toda la seguidilla de corruptos y cleptómanos que desfalcaron Bolivia bajo el régimen de Áñez.

Nada nuevo para Bolivia. Luis García Meza, el más deplorable y patético de toda la línea dictatorial del siglo pasado, se servía de bandas de rufianes como Los Marqueses, que ultimaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Eran motoqueros, tal cual Yassir Molina, quien, tengo entendido, tiene un prontuario que data de mucho antes del golpe. También escuché que durante su última estancia en prisión se volvió muy amigo de Jhasmani Torrico, alias El abogangster. ¿Coincidencias? Para nada. Yassir por fin encontró a su maestro.

El travestismo mafioso de Camacho, miembro de la élite, pero admirador del infame Pablo Escobar, es otro ejemplo, tal vez el más elocuente, para entender cómo funciona la lucha de clases en Bolivia. Todo acá es un reflejo invertido de lo que sucede en el norte. Si allá la cultura gangster cantaba para la liberación de un pueblo desde las calles del Bronx, acá la enarbolan hijitos de papá que contratan pandilleros para hacer su trabajo sucio. Carlos Mesa nunca se quitaría los guantes. Y tal como me lo hizo notar un amigo, esos mismos jovencitos y sus amigos acomplejados creen que son rebeldes, ¡rebeldes de clase alta! Valientes privilegiados que se enfrentan al autoritarismo de las masas sin lavar.

La lucha resuelta contra el crimen organizado fue ineludible para la Revolución Cubana. ¿Sabía usted, estimado lector, que gran parte de los que escaparon de Castro cuando éste descendía de la Sierra Maestra, trabajaban para la mafia italiana, que invirtió millonarias sumas en esa isla para convertirla en el casino del Caribe? Si de verdad le preocupa la violencia y la inseguridad, no mire al Chapare, sino a los barrios pudientes del eje central.

Luchar contra el crimen organizado, no obstante, no es lo mismo que luchar contra la informalidad. La distinción es imprescindible. Le apuesto mi meñique a que encontraremos más mafiosos en un bufete de abogados que en cualquier feria comercial.

Chao queridos.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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