Voces

jueves 16 sep 2021 | Actualizado a 21:48

En nombre de la patria

La historia nos enseña que las barbaries más inverosímiles se han cometido en nombre de la patria.

/ 5 de agosto de 2019 / 23:43

Hay palabras que tienen un recorrido amplio y, en consecuencia, sus acepciones son diversas e incluso contradictorias. Una de estas es la palabra “patria”. De origen latín, en sus inicios este significante hacía referencia a la familia o al clan. Pero como sucede con muchos otros casos, fue evolucionando. Con los años, comenzó a ser asociada con la idea de arraigo, con el vínculo entre las personas y sus ancestros. Por ejemplo, el Tambor Vargas utiliza esta acepción durante el transcurso de la guerra de la independencia: “el lugar que nos vio nacer y morir”. Más adelante fue utilizada para dar paso a un reino, para producir la simbiosis entre el rey y la patria.

Entre otros asuntos, durante la guerra de la independencia, en suelo cochabambino estaba en juego una disputa simbólica en torno a la (re)apropiación del sentido de la patria. Como dice el historiador Gustavo Rodríguez: “El rey, la patria y la religión parecían lenguajes comunes a los dos bandos en pugna, que lo único que disputaban entre 1810 y 1812 era quién los defendía mejor. O el Virrey o el pueblo, resumido en la ciudad capital”.

La concepción de patria adquirió luego diferentes sentidos según la época de enunciación. Por ejemplo, en el contexto de la liberación y al influjo de los procesos de emancipación, se articuló a ideas como república, nación, soberanía, libertad, felicidad, ciudadana. Mientras que en los últimos años, la articulación de la patria con la soberanía estuvo presente recurrentemente en la narrativa gubernamental, asociada en reiteradas oportunidades con la recuperación o nacionalización de los recursos naturales.

Esta alusión a la soberanía descansa en una argumentación histórica, por cuanto hace referencia al saqueo de los recursos naturales que viene desde la Colonia. Se trata de una visión de patria articulada con la soberanía en el contexto de la cruzada descolonizadora. Es decir que en nombre de la patria se edifica un andamiaje discursivo en torno a la construcción simbólica del Estado Plurinacional. De allí que en el discurso gubernamental se percibe una conexión histórica entre la Colonia y los gobiernos neoliberales que, en su afán depredador, asfixiaron y torturaron el cuerpo de la patria. Asimismo, esta nueva concepción de patria se asocia a la construcción de un Estado fuerte que protege a todos los bolivianos, pero particularmente a los más vulnerables: los pobres.

Por otro lado, esta alusión a la patria en el discurso gubernamental se desplazó al nacionalismo a propósito de la reivindicación marítima. Así derivó inexorablemente en un discurso patriotero. Se demostró que cuando esa patria está resquebrajada, el único sendero que queda es reconstruirla en torno la invención de una “comunidad imaginada”, estructurando de esta manera un nuevo sentido de nación. Tal construcción imaginaria se tiene que asentar en un determinado territorio. Quizás aquí estriba este nuevo sentido de patria propagada desde las esferas gubernamentales; una combinación entre un discurso descolonizador y otro nacionalista, la cual sirve principalmente para legitimar una nueva construcción estatal.    

No obstante, la apelación a la patria desde el poder recurrentemente es peligroso. La historia nos enseña que las barbaries más inverosímiles se han cometido en nombre de la patria, desnaturalizando así ese auténtico sentimiento de arraigo de las personas hacia su patria.

* Sociólogo

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Presupuesto público boliviano

/ 16 de septiembre de 2021 / 01:30

La Constitución Política establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto; en este contexto, el Presupuesto General del Estado (PGE) se constituye en el instrumento más importante de la política fiscal para reconstruir y reactivar la economía boliviana, priorizando la asignación de recursos a la inversión pública, así como los gastos en los sectores de salud y educación, políticas sociales, alimentos, servicios básicos, entre otros programas de interés social y de necesidad poblacional.

Desde una perspectiva estructural, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, por lo que el PGE incorpora a las empresas públicas, entidades de seguridad social, universidades públicas, entidades descentralizadas, los Órganos del Estado; gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales, indígenas originarios campesinos y entidades de control y defensa del Estado, entidades públicas financieras y no financieras, los cuales suman 579 instituciones que elaboran su presupuesto institucional de manera anual, en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo (MESCP) y la normativa presupuestaria vigente.

Al respecto, el PGE se compone de dos grupos de cuentas. Por un lado, los ingresos, que corresponden a la estimación de recursos que podrían ser captados por las actividades que realiza cada entidad, ingresos por recaudación tributaria, regalías, donaciones y otras fuentes financieras. Y por el otro lado, los gastos, que constituyen las erogaciones recurrentes basadas principalmente en la administración y operación de la institución pública, como ser sueldos y salarios, servicios básicos, materiales y suministros, impuestos, así como gastos destinados a proyectos de inversión orientados a la creación o adquisición de bienes de capital, como ser la compra de maquinaria, construcción de edificios, entre otros que contribuyen a la formación bruta de capital fijo.

En el periodo neoliberal (1985- 2005), los gobiernos de turno elaboraban el Presupuesto General de la Nación (PGN), el cual respondía a un modelo neoliberal y tenía carácter regulador, discrecional y solo administrativo del Estado, cuyo principal objetivo era reducir la participación pública en la economía local en beneficio de las empresas transnacionales que operaban en el país.

Asimismo, el PGN se elaboraba con base en las recetas dictadas por los organismos internacionales, no existía claridad en los gastos, presentaban constantes déficit, y otras deficiencias, por ejemplo los gastos no se transparentaban, evidenciando la existencia de los gastos reservados, cuyos recursos económicos eran asignados al Ministerio de Gobierno sin fiscalización, o el pago de sobresueldos a ministros, viceministros y otras autoridades estatales, con dinero proveniente del exterior; otro ejemplo, en dicho periodo se recurría a préstamos externos para el pago de salarios o aguinaldos de los empleados del sector estatal, maestros del magisterio fiscal y trabajadores en salud.

A partir de 2006, el PGE refleja el impacto de la intervención del Estado en la economía boliviana, asumiendo con responsabilidad el papel protagónico para la implementación y aplicación del MESCP, convirtiendo al sector estatal en planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero del país, a cuyo efecto, el PGE consolidado y agregado para la gestión mencionada alcanzaba a Bs 46.332 millones y Bs 59.834 millones, respectivamente. Para la presente gestión fiscal, el PGE aprobado asciende a Bs 228.357 millones (consolidado) y Bs 295.600 millones (agregado), es decir que, el presupuesto público en los últimos años ha cuadruplicado sus cifras.

Sin duda, este aspecto incremental del PGE ha permitido a nuestro país la obtención de los siguientes logros: crecimiento económico sostenido, acumulación de niveles récord de reservas internacionales, reducción de la deuda externa, inflación controlada, bolivianización de la economía, incrementos de los depósitos y créditos en el sistema financiero, aumentos salariales, nivel de ejecución alta de inversión pública, reducción de la pobreza extrema, redistribución del excedente económico a sectores desprotegidos, disminución del desempleo y de la desigualdad económica.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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¿Oposición que agoniza?

/ 16 de septiembre de 2021 / 01:26

La última declaración de la senadora Barrientos en su condición de jefa de bancada de Comunidad Ciudadana sobre la aparente “coincidencia con el MAS, que con Creemos”, no fue respaldada por su propia organización, que posteriormente radicó en la renuncia a la jefatura; a esto se sumó la voz de sugestión de Camacho, para no perder brillo. En síntesis, esta fue la semana que caracterizó la agenda de la oposición.

En el funcionamiento de nuestra democracia representativa tenemos a las organizaciones políticas como los titulares —que si bien no solo son la disputa electoral— de la democracia como institución política, pues son el liderazgo y la administración de los gobiernos nacional, departamental, regional y municipal; las organizaciones, sean partidos, frentes o agrupaciones, deben ser la institucionalidad política en el sistema de gobierno.

Sin embargo, las organizaciones políticas con candidatos, sigla, color y eslogan se han constituido en un club de amigos electorales que viven, disfrutan y se realizan solo en el tiempo electoral; posteriormente, para subsistir públicamente su identidad política es ser nombrado oposición —concepto vacío—.

Es en este escenario el libreto improvisado que no está en función de un horizonte de país, por el contrario, solo se encuentra la posibilidad incierta del tiempo de ser un abanderado de las oposiciones.

La opinión política vertida por la senadora fue considerada desde CC como “una opinión personal que no involucra a la organización”, esto representa la orfandad política, es la característica que se ha ido repitiendo desde 2006 en todas las oposiciones: desautorizan una opinión política parlamentaria bajo el supuesto que no representa al partido, cuando en los hechos esta aparente organización es inexistente pues solo constituye una sigla —nostalgia electoral— y no una institución política.

Esto se convirtió un problema estructural de nuestra democracia representativa. Las organizaciones en la oposición tienen una aparente “institucionalidad” únicamente en la medida que lideren temporalmente un espacio subnacional, su justificativo discursivo no dejó de mirar alrededor de lo público-administrativo en lo coyuntural, ya que su subsistencia depende de la permanencia en ella. Sin este último objetivo en las próximas elecciones, agonizan.

Entre ellos citaremos al Movimiento Sin Miedo (MSM), reconvertido en Soberanía y Libertad (Sol.bo), que administró el gobierno municipal de La Paz por 21 años y en la elección de este año no logró obtener ni un solo concejal; en Santa Cruz, Rubén Costas lideró la gobernación desde 2006 hasta 2021 con su agrupación APB, que luego se transformó en Movimiento Demócrata Social, y en la última elección departamental Demócratas no pudo postular candidato propio a la gobernación y se limitó a una pírrica participación electoral municipal donde apenas obtuvo el cuarto lugar.

A nivel nacional, desde 2005 hasta esta última elección, la participación de los frentes electorales se constituyó en alianzas circunstanciales de siglas bajo el común denominador de ser oposición. Implícitamente formaron una costumbre política limitada en dos tiempos: primero, las fases pre y electoral que abanderan un eslogan coyuntural; segundo, poselectoral, como comportamiento mediático sin norte político circunscrito a los momentos de oportunidad política donde muchas de las y los actores limitan su opinión a los titulares de prensa, este hecho es una constatación de lo que percibimos diariamente.

Nuestra democracia representativa no tiene la institucionalidad partidaria para constituir un sistema político sólido. Hoy, éste gira bajo el paraguas monopartidario del MAS, es la única organización nacional que no cuenta con una estructura partidaria clásica; por el contrario, se construyó como la expresión política y electoral de una confederación de organizaciones de todo el país, que a diferencia de las oposiciones tiene un horizonte de país.

Este déficit en la institucionalidad partidaria opositora, lejos de ser superada, tiende a agudizarse, y se muestra en las miradas de los líderes políticos de las siglas electorales que están concentradas en mantener imágenes individuales como referente personal y no así como opción política de gobierno. Es por eso que la certidumbre para las oposiciones es incierta, pues dependen de los errores del Gobierno, del actuar político y articulador de algunos medios privados de comunicación, de cívicos, de movilizaciones indígenas y regionales para cabalgarse sobre banderas que no son suyas, pero que les son necesarias para subsistir; es la agonía de quienes aparentan ser oposición.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

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El aborto en Texas

/ 16 de septiembre de 2021 / 01:20

En Texas, las adolescentes que necesitan abortar deben tener el consentimiento de sus padres, pero para muchas jóvenes eso no es una opción. Tal vez estén en un hogar temporal o sean menores no acompañadas en un centro de detención de inmigrantes, en cuyo caso el gobierno tiene autoridad jurídica sobre ellas. Tal vez sus padres son maltratadores o se oponen por completo al aborto.

La Corte Suprema dictaminó que los padres no tienen poder absoluto para obligar a sus hijas a continuar con embarazos no deseados, por lo que Texas, al igual que muchos otros estados, permite lo que se conoce como una dispensa judicial. Si una menor embarazada puede demostrarle a un juez que tiene la madurez necesaria para tomar la decisión por sí misma o que notificar a sus padres no es lo mejor para ella, puede obtener una dispensa que le permita abortar.

Sin embargo, la prohibición del aborto en Texas después de las seis semanas, que la Corte Suprema se ha negado a detener, acabó en la práctica con las dispensas judiciales. Incluso si una chica descubre que está embarazada en el momento en que una prueba casera puede detectarlo, superar el proceso de dispensa judicial y el periodo de espera de 24 horas del estado antes de las seis semanas de embarazo es sumamente difícil, si no es que imposible. Mientras la medida, conocida como el proyecto de ley 8 del Senado, siga vigente, el aborto no estará disponible para algunas de las adolescentes más vulnerables del estado. Según la ley, no importa si fueron violadas o si decirles a sus padres que están embarazadas las pone en peligro. Ni siquiera importa si su padre fue quien las embarazó.

Jane’s Due Process es una organización que ayuda a menores embarazadas a obtener dispensas. Rosann Mariappuram, su directora, me comentó que antes del proyecto de ley 8 del Senado, al menos una adolescente al día solía solicitar la ayuda del grupo.

Las mujeres mayores de edad con recursos pueden salir del estado para abortar. Las adolescentes que no cuentan con la ayuda de sus padres no pueden hacerlo. Si no puedes decirles a tus padres que estás embarazada, lo más probable es que tampoco puedas explicar un viaje en carretera a Nuevo México. Las personas detenidas por motivos migratorios obviamente no pueden viajar. “No hay opciones para ellas”, dijo Mariappuram.

Fue un escándalo menor cuando Scott Lloyd, un director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados durante la presidencia de Donald Trump, utilizó su autoridad para tratar de impedir que algunas niñas migrantes abortaran. Ahora lo hace todo el estado de Texas. La escalada de autoritarismo del Partido Republicano hace que las políticas que resultaban impactantes en fechas tan recientes como 2018, dentro de poco tiempo podrían convertirse en algo rutinario.

Como informó The Washington Post, los funcionarios republicanos de al menos siete estados están considerando imitar la ley de abortos de Texas. El costo humano que esto supondrá será terrible; un amplio estudio de mujeres que querían abortar, pero se les negó el procedimiento reveló que el parto forzado tuvo consecuencias desgarradoras para su salud física y mental, sus finanzas y los hijos que ya tenían. Hay una dosis adicional de crueldad en despojar a las jóvenes con menos control sobre sus propias vidas del control sobre sus cuerpos. El margen de maniobra para las adolescentes que se encuentran en condiciones desfavorables ya era pequeño. Texas lo ha reducido a casi nada.

Michelle Goldberg es columnista de The New York Times.

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EEUU y la política de Medio Oriente

/ 16 de septiembre de 2021 / 01:16

Algún día, dentro de mil años, cuando los arqueólogos desentierren esta era, de seguro se preguntarán cómo fue que una gran potencia llamada Estados Unidos se propuso lograr que Medio Oriente se pareciera más a ella —adoptar el pluralismo y el Estado de derecho— pero terminó pareciéndose más a Medio Oriente, es decir, imitando sus peores costumbres e introduciendo un nivel nuevo de anarquía en su política interna.

Es posible que los habitantes de Medio Oriente denominen “chiitas” y “sunitas” a sus tribus y que los estadounidenses les llamen “demócratas” y “republicanos”, pero parece que ambos operan cada vez más con una mentalidad conformista de nosotros contra ellos, aunque con distintos niveles de intensidad. El tribalismo republicano extremo se aceleró muchísimo cuando en la tribu del Partido Republicano empezó a predominar una base de cristianos, blancos en su mayoría, que temían que su arraigada supremacía en la estructura del poder de Estados Unidos se estuviera erosionando con el rápido cambio de las normas sociales, el aumento de la inmigración y la globalización, lo cual provocó que ya no se sintieran “en casa” en su propio país.

Para manifestarlo, se interesaron en Donald Trump quien, con mucho entusiasmo, les dio voz a sus más oscuros temores y a su fuerza tribal que intensificaron la búsqueda de un gobierno de la minoría por parte de la derecha. Y debido a que esta facción de Trump llegó a predominar en la base, incluso los republicanos que solían tener principios también se unieron sin mucha resistencia a su mayoría y adoptaron la filosofía central que rige la política tribal en Afganistán y el mundo árabe: el “otro” es el enemigo, no un conciudadano, y las únicas dos opciones son “mandar o morir”.

Les advierto que los arqueólogos también observarán que los demócratas mostraron su propio tipo de obsesión tribal, como el estridente pensamiento compartido de los progresistas de las universidades estadounidenses del siglo XXI. En concreto, hubo pruebas de que se “neutralizó” a los profesores, los administradores y los estudiantes, ya sea haciéndolos callar o expulsándolos del campus por expresar, incluso de manera moderada, opiniones disidentes o conservadoras sobre la política, la raza, el género o la identidad sexual. Una epidemia de corrección política tribal procedente de la izquierda solo sirvió para estimular la solidaridad tribal en la derecha.

Pero ¿qué fue lo que provocó el giro del pluralismo tradicional al feroz tribalismo en Estados Unidos y en muchas otras democracias? Mi respuesta breve es que, hoy en día, se ha vuelto mucho más difícil mantener la democracia debido a las redes sociales que de manera constante están polarizando a las personas, a la globalización, al cambio climático, a la guerra contra el terrorismo, a las brechas salariales cada vez más grandes y a las innovaciones tecnológicas que con rapidez sustituyen los empleos que las alteran de manera constante. Y, además, la pandemia.

Lo que más me asusta es lo mucho que ahora este virus del tribalismo está contagiando a algunas de las democracias multisectoriales más vigorosas del mundo, como India e Israel, así como Brasil, Hungría y Polonia.

El hecho de que las democracias de todo el mundo estén siendo contagiadas por este virus del tribalismo no podría estar sucediendo en un peor momento, un momento en que todas las comunidades, empresas y países van a tener que adaptarse a la aceleración del cambio tecnológico, de la globalización y del cambio climático. Y eso solo puede hacerse de manera eficaz dentro de los países y entre ellos mediante niveles más altos de cooperación entre las empresas, la mano de obra, los educadores, los emprendedores sociales y los gobiernos, nada de “mandar o morir” ni de “tiene que ser como yo digo”.

Tenemos que hallar pronto el antídoto para este tribalismo, de lo contrario, el futuro es muy desalentador para las democracias de todo el mundo

Thomas L. Friedman es columnista de The New York Times.

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El Bicentenario de Costa Rica

/ 15 de septiembre de 2021 / 02:18

En 2021, Costa Rica está celebrando el Bicentenario de su Independencia. A partir del Acta de Independencia de 1821, nuestro país se ha caracterizado, desde un principio, por una clara vocación institucional.

Desde el comienzo de la formación del Estado costarricense se consignó expresamente una norma para el país que aún sigue siendo una guía fundamental de conducta, tanto en el ámbito interno como en sus relaciones exteriores, y que establece que Costa Rica “reconoce y respeta la libertad civil, propiedad y demás derechos nacionales y legítimos de toda persona y de cualquier pueblo o nación”.

Hoy, 200 años después, este pequeño pero ambicioso país centroamericano ofrece al mundo una prueba efectiva de que es posible vivir en paz, con libertad y democracia y respeto al ambiente, a pesar de no contar con grandes recursos económicos y de enfrentar todavía importantes retos y desafíos.

A lo largo de su vida independiente, Costa Rica ha atribuido un singular valor a la paz y a la armonía. Confirmando esta vocación de paz, en 1949 fue proscrito constitucionalmente el ejército nacional. El apego a la institucionalidad ha sido otra característica fundamental del ser costarricense. Creemos firmemente en plataformas de negociaciones, arbitrajes y procesos jurisdiccionales y, ante organismos internacionales hemos apoyado efusivamente la causa del desarme, especialmente en el ámbito nuclear.

El respeto a los derechos humanos, tan claramente enunciado en 1821, ha caracterizado la existencia de nuestro país. Hitos tempranos de ese respeto fueron la declaratoria de la educación primaria como gratuita y obligatoria en 1869 y la consagración constitucional de la abolición de la pena de muerte en 1882. Costa Rica fue la proponente de la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, primer tribunal permanente de derecho internacional público, y primer tribunal internacional de derechos humanos de la historia. La Convención Americana de Derechos Humanos se firmó en nuestra capital San José, y en ella sigue teniendo su sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En foros internacionales y regionales, Costa Rica ha defendido de manera inclaudicable la causa de los derechos y libertades fundamentales, y fue activa promotora de la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Nuestra Sala Constitucional incluso ha declarado que en Costa Rica los convenios internacionales sobre derechos humanos tienen un rango jerárquico superior al de la Constitución nacional.

En los últimos decenios, Costa Rica, dueña de una gran diversidad biológica, se ha comprometido firmemente con la protección del ambiente. Una parte importante del territorio nacional está compuesta por parques nacionales y áreas protegidas, y en su acción exterior el país atribuye gran importancia a la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental. Recientemente se lanzó oficialmente la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas, cuya meta es conservar el 30% de la superficie terrestre y marina para 2030, detener la pérdida masiva de especies y proteger ecosistemas clave para el bienestar humano y de la naturaleza.

Todos estos aspectos le han dado un cimiento sólido a la política exterior de Costa Rica, que llega al Bicentenario como un caso singular de una democracia desarmada, institucionalmente sólida, respetuosa del medio ambiente, pionera en derechos humanos y propositiva a nivel internacional. Para la presidencia del SICA, asumida en enero 2021, Costa Rica ha definido como ejes prioritarios de acción la equidad de género y los derechos humanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables; la recuperación económica y social de la región después de la pandemia; la salud y la seguridad alimentaria y nutricional, y la promoción de la ciencia, la tecnología, la creatividad y la innovación, con particular énfasis en la gestión integral del riesgo y la lucha contra el cambio climático.

En la CEPAL, la presidencia costarricense, iniciada en agosto 2020, se ha fundamentado en los principios de cooperación internacional, solidaridad y promoción de los derechos humanos, y se concentra también en la coordinación y la cooperación política regional, la cooperación con las instituciones financieras internacionales, el apoyo al Sistema de las Naciones Unidas y el resguardo del Derecho Internacional y los Derechos Humanos.

Costa Rica se propone iniciar su tercer siglo de vida independiente aportando nuevas iniciativas que, reflejando esos mismos valores, respondan también a las cambiantes necesidades de nuestro mundo y la importancia de resolver con entusiasmo, responsabilidad y sentido de innovación los desafíos que nos aguardan.

Guillermo Rodríguez Romero es embajador de Costa Rica en Bolivia.

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