Voces

Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 20:20 PM

Señales inminentes para una segunda vuelta

El escenario político vislumbra un balotaje electoral inminente entre los candidatos del MAS y de CC.

/ 7 de agosto de 2019 / 23:48

A dos meses y medio de celebrarse las elecciones presidenciales del 20 de octubre, el ambiente electoral viene adquiriendo matices de intensidad inusitados, probablemente inducidos por las últimas encuestas de CiesMori del 21 de julio y de Mercados y Muestras que, entre otros datos, refleja una reducción de brechas de tan solo ocho puntos entre Evo Morales del MAS (35%) y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), con el 27% de la intención de votos. El tercer lugar es ocupado por los indecisos, con el 24%, y Oscar Ortiz, de Bolivia Dijo No (BDN), ocupa el cuarto lugar, con el 11%. El resto de las candidaturas engrosan la lista de marginales que, en el mejor de los casos, podrían aspirar a un curul uninominal, o en el peor escenario, tal como perfilan los sondeos, la pérdida de sus personerías jurídicas, al no alcanzar el 3% de los votos a nivel nacional, margen previsto por la norma electoral.

Llama la atención la concentración del 73% de la intención de votos distribuida entre las tres fuerzas políticas que lideran las encuestas (MAS, CC y BDN), quedando un porcentaje considerable de indecisos (24%). A la par del comportamiento electoral vienen aflorando sendos cuestionamientos y críticas desde el frente oficialista y de la oposición; los cuales están lamentablemente muy alejados de las propuestas programáticas de país. Al parecer, unos y otros recurren a la guerra sucia, al desprestigio, agravios e infamias contra los contendores por doquier, cual argumento maquiavélico perverso convencional, evidenciando las miserias humanas de quienes hoy nuevamente recurren al soberano para subir en las encuestas.

Tal escenario era previsible, dado que la misma convocatoria a los comicios generales estuvo marcada por amplios cuestionamientos y críticas ante la falta de credibilidad y confianza de la ciudadanía hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha evidenciado su servilismo y sumisión al partido gobernante, elaborando reglamentos y disposiciones ventajosas a su favor, y sobre todo por la cuestionada habilitación del binomio Morales-García, y el silencio cómplice ante la utilización grosera de recursos públicos del pueblo boliviano, entre otras vulneraciones electorales.

Lo cierto es que el escenario político vislumbra un balotaje electoral inminente entre los candidatos del MAS y de CC, con pronósticos un tanto desalentadores a la pretensión del partido gobernante de permanecer incólume en el poder. Más aún si tomamos en cuenta que Evo Morales, pese a estar constantemente en campaña y tener una clara ventaja frente a los otros candidatos, no ha logrado superar la barrera del 40%, lo que permite entrever que su proyecto político se ha agotado inexorablemente, y que lejos de avizorar un crecimiento, su apoyo electoral corre el riesgo de disminuir.

No otra cosa podría deducirse de los fundados temores respecto a su porvenir electoral, pues en el mejor de los casos ya no podrá contar con los dos tercios en la Asamblea Legislativa que le permitieron gobernar tranquilamente, además de blindar a sus ministros ante cualquier voto de censura. En el escenario adverso sería derrotado en la segunda vuelta por el candidato de CC, Carlos Mesa, quien, según las proyecciones, obtendría el respaldo del 44% de los electores, frente al 43% de su contendor.

De ahí la desesperación del propio Morales y de sus acólitos por ganar los comicios en primera vuelta, recurriendo a cuanto artificio esté a su alcance, como la tan publicitada agenda autoimpuesta 2025, que augura la culminación del proceso de cambio y solo cobra vigencia en el discurso fatuo e inconsistente de sus ideólogos.

* Docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

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Chiquitanía… cómo dueles

Todas estas leyes se han convertido en auténticos ‘certificados de defunción’ de la biodiversidad de Bolivia.

/ 4 de septiembre de 2019 / 00:43

Con gran dolor y tristeza debo reconocer lo abrupto que me ha resultado escribir estas líneas, no solo por la problemática ambiental y la coyuntura política electoral que vive el país, sino principalmente por los incendios forestales descomunales que sufre el país desde principios de agosto, y que han destruido, de manera irreversible más allá de su capacidad de regeneración, gran parte de la biodiversidad del bosque seco chiquitano y de otros parques naturales de Bolivia.  

Sin duda, el fuego, que ha arrasado más de 2,1 millones de hectáreas de bosques nacionales, ha causado aflicción, desazón e indignación entre la ciudadanía. Este desastre natural se explica en gran parte por la inmoral y vergonzosa alianza suscrita entre el Gobierno central y los agroindustriales del oriente del país, para ampliar la frontera agrícola a través de la deforestación, con el fin último de apuntalar la producción de biocombustibles y una mayor cantidad de carne bovina que será exportada a China, con el consecuente ingreso de divisas.  

Lamentablemente, la ambición desmedida por incrementar la producción de soya, la ganadería, los biocombustibles (como el etanol y el biodiesel que requieren miles de hectáreas de caña de azúcar y soya) e, incluso, los cultivos de coca; así como los asentamientos y dotaciones ilegales de tierra en áreas forestales en favor de correligionarios del partido gobernante, son los factores que están alentado la destrucción criminal de nuestros bosques y pastizales.  

No otra cosa puede deducirse de la promulgación del Decreto Supremo 3973 del 9 de julio del presente año, que modifica el Art. 5 del DS 26075 de 2001, que autoriza los desmontes y la “quema controlada” en predios privados y comunitarios para habilitar la frontera agrícola en el Beni. Y lo propio ocurre con la Ley 741 de 2015, que amplía el desmonte de cinco a 20 hectáreas; la Ley 1098 de 2018, que promueve el uso de aditivos de origen vegetal; la Ley 1171 de 2019, que autoriza el uso y manejo racional de quemas; y la Ley del Etanol de 2018.

Todas estas normas vulneran el régimen de protección y preservación de los recursos naturales establecido en la CPE, y se han convertido en auténticos “certificados de defunción” de los ecosistemas y de la biodiversidad de Bolivia. Además, transgreden el mandato constitucional de proteger y preservar la sostenibilidad del medio ambiente y las áreas protegidas, destinadas a la conservación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, a fin de garantizar la biodiversidad y los servicios ecológicos que proporcionan para beneficio de las sociedades y del resto del entorno. De allí que lo sucedido en la Chiquitanía y en otras regiones del país no sea un accidente, sino más bien una acción premeditada, impulsada por estas políticas públicas.

Lo cierto es que el discurso pachamamista del Gobierno, que se autoproclama defensor de la Madre Tierra, bien pude calificarse de hipócrita y mentiroso. Pues su accionar lo desmiente, evidenciando una vocación depredadora de la naturaleza que ha impulsado el mayor ecocidio de la historia del país, el cual, tarde o temprano, deberá ser juzgado. Irónicamente, hace cinco años, el Vicepresidente desafiaba a los agroindustriales a ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas por año, cifra que al presente se ha duplicado, en desmedro de bosques, pastizales y de miles de animales.

* Docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

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El poder del narcotráfico

Causa estupor este nuevo escándalo, que relaciona a altos mandos de la Policía con el narcotráfico.

/ 23 de mayo de 2019 / 23:41

Uno de los temas que ha marcado la agenda nacional en las últimas semanas es el referido al nuevo escándalo de narcotráfico, que está socavando peligrosamente la institucionalidad de la Policía Boliviana, extendiéndose incluso a las altas esferas del Gobierno nacional, luego de conocerse los nexos de jefes policiales con el ciudadano Pedro Montenegro Paz, considerado un pez gordo del narcotráfico con presuntos vínculos con los cárteles colombianos, mexicanos e italianos y con el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil.

La nota pintoresca del caso la dio el megaoperativo que se armó para dar con el paradero de Montenegro, quien habría tejido vínculos con altas autoridades policiales, magistrados judiciales, exdiputados oficialistas, empresarios y testaferros (encargados del lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas). Algunos de los cuales aparecen junto a Montenegro en videos y fotografías en fiestas organizadas en su lujosa vivienda, viajes de placer y otros eventos. Incluso el presunto narcotraficante fue reconocido y condecorado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y por otras unidades cruceñas.

Tales vínculos le habrían permitido eliminar sus antecedentes en el país y eludir la orden de captura que pesaba en su contra desde el 2015, emitida por la Policía brasileña por el envío de 1.320 kilos de cocaína a la nación vecina, en el marco de la operación Monte Pollino. Por otro lado, no solo gozaba de protección y seguridad para movilizarse con absoluta impunidad dentro del país, sino que además pudo obtener una identidad falsa, bajo el nombre de Pedro Hoffman Sáenz, para sus continuos viajes fuera del país.

Este escándalo se habría destapado gracias a la infidencia de una conversación protagonizada por el excomandante de la Policía Rómulo Delgado, y reportes de inteligencia que daban cuenta de la participación de altos jefes policiales en el tráfico de cocaína con destino a EEUU vía Panamá. Gracias a estos hechos salió a la luz la estrecha relación de Montenegro con uniformados inamovibles como el exjefe de la FELCC de Santa Cruz Gonzalo Medina, ratificado de manera continua en el cargo desde el 2015, o el capitán Fernando Moreira, exjefe de la División Propiedades de la FELCC cruceña.

Causa estupor e indignación este nuevo escándalo, que relaciona a altos mandos de la Policía con el narcotráfico, desacreditando aún más la pobre imagen y la credibilidad de unas fuerzas del orden llamadas a proteger y preservar el Estado de derecho, pero que habrían sucumbido ante el poder de la mafia de las drogas. Además, tal parece que el narcotráfico se está infiltrando no solo en la Policía, sino también en otras entidades estatales, generando niveles extremos de corrupción e inseguridad. Situación que, a su vez, genera desconfianza y zozobra en la ciudadanía, ante la ausencia de respuestas y acciones concretas para controlar y eliminar la penetración de los tentáculos del crimen organizado y del narcotráfico.

De esta manera, a los múltiples escándalos que han enlodado a la Policía Boliviana (cobros ilegales por destinos, contrabando, irregularidades en el ingreso a la Anapol, múltiples violaciones cometidas por uniformados, etc.), se incorpora el poder de la droga que, a modo de metástasis terminal, expone hasta dónde avanzó el narcotráfico en el país, trascendiendo la esfera policial, judicial, empresarial y política. De ahí que resulte de vital importancia proseguir con las investigaciones, junto con la aplicación de medidas correctivas ineludibles para sanear la imagen institucional y reestructurar completamente a la Policía Boliviana.

* Docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

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Insufrible oposición

Las divisiones internas y la vigencia de liderazgos insustituibles impiden configurar una alternativa política de país.

/ 5 de abril de 2019 / 03:56

Desde hace tiempo que no se vislumbra una oposición política sólida y consecuente en el país, capaz de hacerle frente al partido oficialista, que gracias a los dos tercios que posee en la Asamblea Legislativa aprueba discrecionalmente leyes y decretos que favorecen las intenciones prorroguistas de su líder, Evo Morales. Esto ante la incompetencia de una insufrible oposición reacia a elaborar lecturas reales del escenario político, y a construir una agenda de unidad concertada y preparada para defender la democracia y el estado de derecho.

Las divisiones internas y la vigencia de liderazgos insustituibles impiden configurar una alternativa política de país. En primer término hacen falta desprendimientos nobles que allanen el camino para la construcción de una opción política representativa unitaria, alejada de proyectos individualistas de ególatras trasnochados y grupos corporativos, que solo buscan asegurar los privilegios y ventajas que ofrecen las esferas del poder político nacional (clientelismo y negociación de cargos), aun a costa de alejarse de sus referentes ideológico-programáticos, que en cierta medida les aseguran identidad y permiten renovar los nexos entre la sociedad civil y el Estado.

El debilitamiento del capital político de la oposición y el descrédito ante la sociedad civil se explican desde dos vertientes. La primera está vinculada con el fracaso de los procesos de democratización interna, que solo significaron la ratificación caudillista de sus líderes y no así la renovación y promoción de nuevos cuadros. La segunda deviene por su incapacidad para constituirse en gestores de políticas públicas y en articuladores de la integración nacional. De ahí que estamos ante una oposición política fragmentada e incapaz de afrontar el embate del oficialismo; insufrible e intrascendente a la hora de extremar recursos no necesariamente económicos, sino principalmente político-constitucionales.

A ello se agrega el surtido de fuerzas políticas, plataformas y agrupaciones ciudadanas que hasta el momento suman 25 siglas (ocho con personería y 17 en trámite). Este escenario se asemeja a una verdadera torre de Babel, con posicionamientos mesiánicos de proyectos utópicos y en algunos casos artificiales, con candidatos que representan a una casta decadente que hizo de la política su medio de vida. Este es el caso, por ejemplo, de los grupos corporativos empresariales y las logias del oriente cruceño, los cuales apadrinan una candidatura que simplemente jugará el papel funcional de dispersar el caudal de votación de un otro candidato con mayores probabilidades de hacerle frente al MAS. Esta candidatura no tiene capacidad de articulación ni presencia nacional, tal como evidencian las encuestas de intención de voto. También está el partido del disidente gobernador de La Paz, Félix Patzi, quien antes de su salida del masismo pedía perdón por sus excesos fabricando adobes; así como antiguos inquilinos del otrora Palacio Quemado, que hoy salen al ruedo electoral y que junto al ilegítimo habilitado candidato oficialista aspiran ocupar la silla presidencial. No deja de extrañar la ausencia del empresario paceño de Unidad Nacional (UN) en estas justas electorales.     

Lo cierto es que la crisis de la oposición política evidencia conflictos internos permanentes; la vigencia de eternos caudillos, que en muchos casos no gozan de la confianza y ni de aceptación social; así como la falta de voluntad y desprendimiento para superar los egoísmos y vanidades de los insustituibles, a pesar de sus escasas probabilidades de llegar al poder. Guiados por meros intereses electoralistas, que tristemente están por encima de un proyecto político nacional alternativo, los opositores no tienen la capacidad de interpelar el accionar del oficialismo, que luego de 13 años de gobierno ha corroído y amordazado perniciosamente la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. 

* Docente investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

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Reciprocidad en materia de salud

No resulta extraño la decisión de Jujuy de implementar el sistema provincial de salud para extranjeros.

/ 17 de febrero de 2019 / 04:00

El 6 de febrero, la Asamblea Legislativa de Jujuy aprobó la Ley 6116 de Creación del Sistema Provincial de Seguro de Salud para Personas Extranjeras, que promueve el cobro por el acceso a servicios de salud pública a los extranjeros de tránsito por esa provincia. Disposición impulsada a raíz del trato que habría sufrido Manuel Vilca, músico jujeño que, tras un accidente automovilístico en Oruro, tuvo que pasar por un periplo de negaciones y atención oportuna, peregrinando durante dos meses por nosocomios de ese departamento y luego derivado a Cochabamba.

Después de reclamos de familiares y la intervención de la diplomacia argentina, el 30 de enero fue repatriado en un avión sanitario para continuar recibiendo asistencia médica en el Hospital “Pablo Soria”, donde será sometido a una intervención quirúrgica de columna cubierto por el sistema de salud de dicha provincia. Lo grave de esto son las denuncias de allegados que señalaron que desde la internación el 8 de diciembre de 2018, se realizaron varios pagos por curaciones (en Oruro Bs 22.000, luego en Cochabamba $us 7.000), bajo el argumento de que “es argentino, tienen que atenderlo en su país” y el hospital clínico de Cochabamba condicionó la realización de la cirugía, previa cancelación de $us 10.000.

Por ello, no resulta extraño la decisión de Jujuy de implementar el sistema provincial de salud para extranjeros que obligará a pagar entre $us 20 y $us 30 a toda persona en tránsito como seguro de salud; medida que afecta mayoritariamente a nuestros connacionales que son los que más viajan y radican en esa región. Al margen de este y otros casos, debemos referirnos ignominiosamente a la tan difundida hermandad latinoamericana, que suele mirarse desde un solo lugar y desde unas grietas que parecen no tener fin; retumbando con fuerza aquella percepción que reza que no podríamos estar bien sino en nuestra tierra —pero en nuestro caso, ni aún esto es posible—, con el sistema de salud que tenemos y lo sucedido solo refleja las grandes carencias y limitaciones del cual adolece.

El trato inhumano, la falta de reciprocidad e igualdad en atención a nacionales y extranjeros denunciado por el Gobernador de Jujuy, la defensa de la vida y los derechos humanos parecen no ser prioritarios para el Gobierno; mereciendo todo el repudio y reproche vehemente ante la priorización de gastos superfluos, en lugar de favorecer inversiones para el sistema de salud y así evitar pasar vergüenzas y críticas por el maltrato dispensado a los pacientes; lejos de importar si éstos son o no nacionales, ni cuál sea su cultura o etnia; pues por encima de esas clasificaciones y diferenciaciones perversas y mediocres, debe primar el derecho a la vida, el pronto socorro y auxilio efectivo, por la razón suprema de velar por la vida y la salud de las personas.

El Sistema Único de Salud (SUS), no solo deja entrever un trato excluyente a extranjeros en tránsito de la atención gratuita, sino que demuestra su inconsistencia, fragilidad y sostenibilidad en el corto plazo; la falta de certezas necesarias sobre el financiamiento para la atención médica, medicamentos y cirugías gratuitas; además de incumplir con la firma de convenios internacionales de reciprocidad, frente a los cuales el Gobierno ha mostrado apatía a celebrarlos, principalmente con países vecinos como Argentina, Brasil y Chile.

Finalmente, no deja de extrañarnos el silencio de aquellas voces —principalmente del Gobierno— que pregonan la hermandad y reciprocidad latinoamericana en el acceso a la salud, llamándonos a reflexionar y exigir la aplicación de gestiones y voluntades sinceras, alejadas del aprovechamiento político; los chauvinismos innecesarios y aquellos actos de solidaridades fingidas que hacen imposible superar las miserias humanas.

*es docente investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

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Reciprocidad en materia de salud

No resulta extraño la decisión de Jujuy de implementar el sistema provincial de salud para extranjeros.

/ 17 de febrero de 2019 / 04:00

El 6 de febrero, la Asamblea Legislativa de Jujuy aprobó la Ley 6116 de Creación del Sistema Provincial de Seguro de Salud para Personas Extranjeras, que promueve el cobro por el acceso a servicios de salud pública a los extranjeros de tránsito por esa provincia. Disposición impulsada a raíz del trato que habría sufrido Manuel Vilca, músico jujeño que, tras un accidente automovilístico en Oruro, tuvo que pasar por un periplo de negaciones y atención oportuna, peregrinando durante dos meses por nosocomios de ese departamento y luego derivado a Cochabamba.

Después de reclamos de familiares y la intervención de la diplomacia argentina, el 30 de enero fue repatriado en un avión sanitario para continuar recibiendo asistencia médica en el Hospital “Pablo Soria”, donde será sometido a una intervención quirúrgica de columna cubierto por el sistema de salud de dicha provincia. Lo grave de esto son las denuncias de allegados que señalaron que desde la internación el 8 de diciembre de 2018, se realizaron varios pagos por curaciones (en Oruro Bs 22.000, luego en Cochabamba $us 7.000), bajo el argumento de que “es argentino, tienen que atenderlo en su país” y el hospital clínico de Cochabamba condicionó la realización de la cirugía, previa cancelación de $us 10.000.

Por ello, no resulta extraño la decisión de Jujuy de implementar el sistema provincial de salud para extranjeros que obligará a pagar entre $us 20 y $us 30 a toda persona en tránsito como seguro de salud; medida que afecta mayoritariamente a nuestros connacionales que son los que más viajan y radican en esa región. Al margen de este y otros casos, debemos referirnos ignominiosamente a la tan difundida hermandad latinoamericana, que suele mirarse desde un solo lugar y desde unas grietas que parecen no tener fin; retumbando con fuerza aquella percepción que reza que no podríamos estar bien sino en nuestra tierra —pero en nuestro caso, ni aún esto es posible—, con el sistema de salud que tenemos y lo sucedido solo refleja las grandes carencias y limitaciones del cual adolece.

El trato inhumano, la falta de reciprocidad e igualdad en atención a nacionales y extranjeros denunciado por el Gobernador de Jujuy, la defensa de la vida y los derechos humanos parecen no ser prioritarios para el Gobierno; mereciendo todo el repudio y reproche vehemente ante la priorización de gastos superfluos, en lugar de favorecer inversiones para el sistema de salud y así evitar pasar vergüenzas y críticas por el maltrato dispensado a los pacientes; lejos de importar si éstos son o no nacionales, ni cuál sea su cultura o etnia; pues por encima de esas clasificaciones y diferenciaciones perversas y mediocres, debe primar el derecho a la vida, el pronto socorro y auxilio efectivo, por la razón suprema de velar por la vida y la salud de las personas.

El Sistema Único de Salud (SUS), no solo deja entrever un trato excluyente a extranjeros en tránsito de la atención gratuita, sino que demuestra su inconsistencia, fragilidad y sostenibilidad en el corto plazo; la falta de certezas necesarias sobre el financiamiento para la atención médica, medicamentos y cirugías gratuitas; además de incumplir con la firma de convenios internacionales de reciprocidad, frente a los cuales el Gobierno ha mostrado apatía a celebrarlos, principalmente con países vecinos como Argentina, Brasil y Chile.

Finalmente, no deja de extrañarnos el silencio de aquellas voces —principalmente del Gobierno— que pregonan la hermandad y reciprocidad latinoamericana en el acceso a la salud, llamándonos a reflexionar y exigir la aplicación de gestiones y voluntades sinceras, alejadas del aprovechamiento político; los chauvinismos innecesarios y aquellos actos de solidaridades fingidas que hacen imposible superar las miserias humanas.

*es docente investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

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