Aclaración debida
La estrategia del silencio adoptada por Mesa y su alianza parece que se mantendrá inalterable.
El expresidente y actual candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Diego Mesa, ha optado por el silencio ante la reiterada acusación de que recibió dinero para ser candidato a vicepresidente el 2002. Tanto el oficialismo como diferentes voces de la oposición demandan que aclare el asunto, que ha devenido en el primer suceso de campaña en estos comicios.
Los antecedentes son de conocimiento público. Mauricio Balcázar, el yerno del expresidente Sánchez de Lozada y hombre fuerte de su gobierno, asegura desde hace algunos años que Mesa condicionó su candidatura en el binomio del MNR a un aporte financiero. El destino habría sido “evitar la quiebra de PAT”, del cual Mesa era copropietario. Luego surgió la cifra de la supuesta operación: poco más de 830.000 dólares. Y se difundieron datos de depósitos bancarios a la cuenta de PAT realizados en 2002 y 2003.
¿Cómo respondió el candidato de Comunidad Ciudadana? Optó por no referirse al asunto, alegando que no entrará “al juego de la guerra sucia” en su contra; de la cual acusó a una acción coordinada del oficialismo, el gonismo y su adversario Oscar Ortiz, candidato de Bolivia Dice No. El acompañante de binomio de Mesa fue claro al señalar que no iban a “gastar inteligencia” ni tiempo frente a la acusación. Y su jefe de campaña llegó más lejos, al sostener que “al electorado no le interesa” el tema.
La actitud de Mesa no siempre fue así. En ocasiones anteriores salió rápidamente a desmentir o en su caso aclarar acusaciones. Así ocurrió en el caso Quiborax, ante la posibilidad de un juicio de responsabilidades en su contra. También hubo respuesta clara y oportuna sobre el presupuesto público destinado al personal de apoyo y a sus viajes como vocero de la causa marítima. Y más recientemente, la alianza respondió en bloque cuando el vocero fugaz habló de 10 millones de dólares para la campaña.
En el caso que nos ocupa, autoridades del Gobierno, candidatos e incluso operadores mediáticos de la oposición, todos ellos en modo campaña, demandan a Mesa que brinde una aclaración. ¿Se produjo tal acuerdo entre partes en 2002 para viabilizar su candidatura como vicepresidente de Sánchez de Lozada? Si fue así, ¿en qué condiciones? La estrategia del silencio adoptada por Mesa y su alianza parece que se mantendrá inalterable. Permanecerá firme también la presión para que “responda con claridad”.
Como afirmamos anteriormente en este mismo espacio, la acusación por el caso PAT se ha convertido en el primer suceso de campaña en los comicios de octubre. Y en esa condición, a reserva del curso que siga, puede influir a favor o en contra de las candidaturas, en especial de Comunidad Ciudadana. ¿Será suficiente ignorar el pasado para evadir un hecho con efecto electoral en el presente? No parece sostenible, peor aun cuando, con afanes electorales, se vincula con otros hechos del pasado, como los gastos reservados.