El 10 de marzo se cumplieron 730 días de los primeros casos de COVID- 19 registrados en nuestro país; a la fecha, Bolivia ha superado cuatro olas y tiene un promedio de casos inferior a los 100 por día, con una tasa de letalidad menor al 1%, resonando ya hace varias semanas la llegada de una quinta ola, sin claridad sobre sus características y los efectos que podría provocar.

Cada ola se ha caracterizado por sus propios números y un contexto político social económico por demás interesante, cada ola se ha convertido en un hito en la historia de nuestro país.

La primera ola tuvo una duración aproximada de ocho meses (de marzo a octubre de 2020), con un promedio de 1.500 casos por día y una tasa de letalidad del 6,2%, ligada a un régimen establecido en “mesa”, cuyas características son por demás conocidas y no necesarias de ahondar en este artículo: fue un “gobierno” sin mucho que gobernar y encerrado en sus cuarentenas, que se han convertido en “cuarentenas productivas y de la economía”, provocando un retroceso económico que hasta ahora se encuentra en pleno proceso de recuperación, por ejemplo, el PIB cayó en este periodo hasta -8,8%.

La segunda ola tuvo una duración aproximada de cuatro meses (de diciembre de 2020 a marzo de 2021), con un promedio diario de 2.000 casos y una tasa de letalidad del 2,6%, ligada a la posesión de un nuevo gobierno constitucional establecido en las urnas y con ello, las primeras medidas contra la pandemia, un plan de vacunación y un conjunto de políticas de reactivación económica. El proceso de vacunación iniciaba con las primeras inmunizaciones, tocaba el turno de los trabajadores en salud de primera línea para continuar con las personas con enfermedad de base; a la fecha, todavía se viene insistiendo y sensibilizando a la población sobre la importancia de la vacunación, al parecer no con los resultados deseados. Se iniciaron las campañas electorales para alcanzar las sillas de los gobiernos subnacionales, que fueron extendidas por segundas vueltas hasta abril del mismo año. La población comenzaba a perder el miedo a la pandemia y a exigir la recuperación de su economía.

La tercera ola tuvo una duración de aproximadamente cinco meses (de marzo a julio de 2021), con un promedio de 2.500 casos y una tasa de letalidad del 2,2%, ligada a un repunte interesante de la economía, con un incremento de 5,3% en el primer cuatrimestre de esta gestión. Una reducción del desempleo de 5,2% con respecto a los 11,6% registrados en 2020. Un plan de vacunación con cerca de siete millones de dosis aplicadas a nivel nacional.

La cuarta ola tuvo una duración de aproximadamente cinco meses (de octubre de 2021 a febrero de 2022), con un pico de casos cercanos a los 10.000, pero con una tasa de letalidad del 0,7%, una de las tasas más bajas de la región, incluso a nivel internacional. Pudimos sobrellevar fiestas regionales y nacionales como la Alasita, los distintos carnavales, entre otras. Un plan de vacunación con alrededor 12 millones de dosis repartidas en primera, segunda dosis, refuerzos, etc. Una población que va perdiendo totalmente el miedo a la pandemia, o quizá simplemente es el cansancio generalizado después de dos años de pandemia.

Finalmente, la venidera quinta ola con seguridad tendrá un contexto económico y social muy distinto a sus predecesoras; el mundo progresivamente va dejando el uso del barbijo y va levantando las restricciones establecidas a esta pandemia; por otro lado, las nuevas variantes, al parecer, no tienen la misma carga viral que antes, por tanto, generan una percepción de riesgo más bajo en la población, provocando naturalmente con ello, un relajamiento tanto en su prevención como en su atención; esto significa más atenciones caseras, menos pruebas formales y menos estadísticas para la toma de decisión. El plan de vacunación continúa pero avanza lentamente, frente a una población confiada en los impactos minimizados de la pandemia que no acatará con la misma vehemencia las posibles restricciones emergentes del Gobierno central y mucho menos de los gobiernos subnacionales; son tiempos de reactivación económica y el pueblo bien lo sabe, quedaron atrás las “cuarentenas productivas”, por tanto, esta quinta ola no será como sus predecesoras, no tendrá los números anteriores, no tendrá los impactos anteriores, estamos frente a un punto de inflexión que quizá permita decir que es el inicio de una Bolivia libre de COVID-19.

Christiam Cordero Rocha es ingeniero industrial.

En 1930 se consagró por ley la autonomía universitaria, otorgándole la facultad de autodirigirse. Este objetivo fue fruto de la lucha del movimiento estudiantil que en 1928 emergió con la consigna “Reforma universitaria” y otras que aterrorizaron a la sociedad conservadora de entonces: “Tierra al indio”, “Minas al Estado” y “Guerra a la guerra”. La lucha no fue fácil, incluso se llegó al amotinamiento de los cadetes del Ejército, quienes apoyaron a los universitarios masacrados en La Paz; finalmente fue el pueblo boliviano que en referéndum aprobó el principio.

El objetivo es claro: el desarrollo y la transmisión de la educación superior, que en gran medida se da por la creación del conocimiento científico, no puede estar cercenado por dogmas religiosos, ni intereses personales o partidarios: debe realizar su labor desterrando estos intereses; su labor académica debe significar un aporte al desarrollo de la sociedad boliviana.

De la universidad surgieron objetivos nacionales de lucha: la nacionalización de las minas, la creación de las fundiciones, la reforma agraria, la defensa de los hidrocarburos, la seguridad social y tantos otros. La universidad era un foro de ideas y su confrontación fue creando la cohesión necesaria para que el pueblo se aglutinara y luchara por estos objetivos.

Sin embargo, como toda institución no está al margen de los males que la aquejan: el burocratismo, la rutina y el surgimiento de grupos de poder que, desnaturalizando los fines de la autonomía, ponen la institución a su servicio; este es un mal crónico que a veces requiere de remezones para volver al cauce. Esto ocurrió por ejemplo en 1970 con la llamada “revolución universitaria” que dispuso la vacancia de las cátedras para asignarlas por concurso de méritos y exámenes de competencia, creó la catedra libre y los exámenes de oposición para garantizar la renovación y la pluralidad de pensamiento. No solo se abrió la puerta al pueblo, sino que la universidad se propuso estar en el seno mismo del pueblo para ayudar a superar sus problemas, tomó en cuenta la formación técnica como eslabón de la formación integral. La osadía no duró mucho, la dictadura de Banzer intervino las universidades y las cerró por dos años; cuando las abrió no había autonomía, siendo designado por la dictadura un Comité Ejecutivo Nacional, que imponía a los rectores y disponía de las cátedras; García Meza fue más allá, nombró a rectores militares.

El retorno a la democracia no recuperó el espíritu de los años 70, la dictadura había inculcado algunos parámetros que hasta hoy perviven: el Comité Ejecutivo Nacional de la Universidad que coarta la autonomía de cada una de las universidades y las somete a un solo canon: la meritocracia y el ascenso social. El neoliberalismo, bajo los parámetros no-a-la-política y eficiencia, buscó ingresos económicos con la distribución de títulos, maestrías, diplomados, sin ver el contexto de las necesidades nacionales, ni sus propias capacidades. La burocracia se ha institucionalizado con la creación de grupos de poder, que dejan a un lado las normas mismas dirigidas a consolidar la universidad. La autonomía, ante la apatía de la mayoría de la comunidad universitaria, se ha convertido en la libertad de hacer lo que les parezca sin ningún tipo de control.

Las universidades, despojadas de un ideario político, se han alejado del pueblo, que confió en ellas y les dio su autogobierno, y han vuelto a ser castillos de marfil aislados de su pueblo y la realidad nacional. No escapa a la memoria que fueron universidades, a través de sus autoridades y a veces de sus consejos universitarios, que entraron al esquema de la conspiración contra el sistema democrático nacional y se sumaron a los afanes desestabilizadores de los sectores más retrógrados del país. Es la hora de la rectificación interna, posteriormente será el repudio nacional.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

El riesgo moral es un problema de información asimétrica que tiene como consecuencia un desequilibrio en la toma de decisiones. Un ejemplo muy utilizado para una mejor comprensión es el mercado de seguros. Cuando uno tiene un seguro a todo riesgo para su vehículo, no tiene incentivos a cuidarlo, porque sabe que cualquier desperfecto que tenga el motorizado será cubierto por la empresa aseguradora, por lo tanto, el conductor tiene un comportamiento de conducción muy arriesgado.

En el caso boliviano, el problema nace a partir de la Constitución Política del Estado (CPE) que, en parte de su artículo 93, señala “Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o por crearse”. Sin embargo, el problema no se encuentra necesariamente en la CPE, ni en la administración de las Universidades Públicas Autónomas (UPA), sino en quienes son los beneficiarios finales, es decir, los estudiantes matriculados. Si salen las cosas bien, las UPA gradúan más profesionales capacitados para un mercado laboral que los requiere (dejando de lado por ahora el debate de las carreras que demanda el mercado, así como el ineficiente vínculo entre las universidades y las empresas que procuran el desarrollo económico). Si las cosas no salen bien, las pérdidas se socializan, es decir que existen más estudiantes matriculados, menos egresados y titulados que consecuentemente generan presión al financiamiento estatal (que como se dijo antes, está asegurado constitucionalmente). Con todo, ¿qué nos queda por hacer?, ¿cambiamos la CPE?, ¿seguimos siendo observadores silenciosos de estudiantes que están 10, 20 o más años matriculados?, que, dicho sea de paso, pueden recibir un salario cuando son dirigentes, cuentan con seguro de salud, entre otros beneficios.

Una alternativa de solución son los sistemas de vouchers educativos (bonos canjeables), que fueron promocionados desde los años 60 y han tenido resultados diversos, puesto que no es una receta única que funciona bien, indiferentemente del sistema económico de cada país. En el caso boliviano, cuando un estudiante ingresa a una universidad pública, el presupuesto designado para formar al estudiante debería ser asignado directamente a la demanda, es decir, al estudiante, pero en forma de voucher universitario, intransferible y no monetizable excepto por la UPA donde esté matriculado y exclusivamente para solicitar presupuesto público. Este monto presupuestado tiene validez por un número máximo de años (digamos seis), para que el estudiante los canjee por su educación; asimismo, en caso de repetir alguna materia, el costo debería ser cubierto, en al menos un porcentaje, por el estudiante. Ahora bien, en caso de abandono, el beneficiario debería salir del sistema universitario público, así como la extinción de los vouchers asignados. A esta idea agreguemos un componente tecnológico de digitalización y control por las universidades, así como por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sin que esto signifique una afrenta a la autonomía universitaria, simplemente velando por la transparencia de la información.

Bienvenido a la universidad pública, usted ha sido aceptado tras haber aprobado sus cursos preuniversitarios y su examen de ingreso. Aquí tiene sus vouchers que pagamos todos los bolivianos, utilícelos con responsabilidad.

Mauricio Rocabado Rocabado es economista.

A inicios del año, autoridades mujeres de gobierno, acompañadas por representantes de movimientos sociales de mujeres, declararon a 2022 como el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres”, con el fin de establecer mayores mecanismos de información que permitan dar a conocer las acciones desarrolladas para enfrentar esta problemática.

Tener mayor conocimiento de los delitos que más se cometen en Bolivia y aquellos vinculados a la violencia contra la mujer, ayudaría a “pisar tierra” y tomar conciencia de este problema; asimismo, entender la norma que busca garantizar a las mujeres el derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica, y conocer el financiamiento que los niveles de gobierno realizan para su cumplimiento.

Según la Fiscalía, hasta marzo 23 mujeres fueron víctimas de feminicidio y si nos remitimos a 2021, se confirmaron 108 feminicidios: 43 en La Paz, 17 en Santa Cruz, 15 en Cochabamba, 10 en Oruro, 10 en Potosí, 6 en Chuquisaca, 3 en Beni, 3 en Tarija y 1 en Pando, realizados por hombres con relación de parentesco con las víctimas. Otro dato alarmante señala que en Bolivia los delitos de violencia familiar alcanzan el 50% del total, luego están los robos con el 14%, lesiones graves y leves 11% y entre hurto, estaba, robo agravado y lesiones vinculadas a accidentes el restante 25%; esto implica que 9 de cada 10 víctimas de violencia familiar o doméstica fueron mujeres.

Con esta problemática, en 2013, el Gobierno promulgó la “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, planteando la implementación de mecanismos, medidas y políticas de prevención, atención, protección a las mujeres. Esta ley manda a todas las entidades públicas, incluyendo gobernaciones y municipios, a realizar las acciones necesarias y destinar recursos suficientes para este fin. La mencionada norma, adicionalmente, crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), como organismo especializado de la Policía; se establece el sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia; y con su reglamentación se definen porcentajes que las entidades deben destinar para financiar todas estas políticas.

Aparte, al revisar la normativa que regula el financiamiento, de los recursos que reciben las gobernaciones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el 10% se destina a seguridad ciudadana y, a la par de este porcentaje, un 15% es para la prevención y la construcción y mantenimiento de casas de acogida y refugios; a ello se suma el 10% para la infraestructura y equipamiento de la FELCV.

En el caso de los municipios ocurre algo similar: del IDH que reciben según la población, se destina entre 5% y 10% para seguridad ciudadana y de estos porcentajes, aquellos con menos de 15.000 habitantes utilizan 15% y los que cuentan con una población igual o mayor a 15.000 habitantes, disponen el 20% del total de los recursos del IDH de este acápite para la prevención y construcción de casas de acogida, y 10% para la FELCV.

Evidentemente, el nivel central del Estado destina también recursos para este fin, por ejemplo el bono Juana Azurduy, los centros de salud como el hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, o el financiamiento de las fiscalías o juzgados.

Desde la perspectiva del análisis planteado, existe una amplia normativa que define políticas, estructuras de financiamiento e instancias destinadas a la lucha contra la violencia hacia la mujer, sin embargo, no se ha podido revertir esta situación, probablemente porque son necesarios mayores mecanismos de seguimiento y control en las instancias involucradas, pero también es importante que la sociedad tome conciencia y asuma su responsabilidad para afrontar este mal. ¿Usted qué opina?

Rodolfo Perales Arce es economista.

El presidente Joe Biden dice que está analizando detenidamente el alivio de la deuda de los estudiantes, lo que probablemente significa que se avecina un alivio significativo. Por un lado, Biden prometió alivio durante la campaña de 2020. Por otro lado, es una prioridad progresista que puede abordar mediante una acción ejecutiva, lo cual es importante dada la extrema dificultad de obtener algo a través de un Senado dividido en partes iguales.

¿Cuánto alivio ofrecerá? No tengo ni idea. ¿Cuánto alivio debería ofrecer? Estoy a favor de ir tan grande como lo permitan las realidades políticas, pero entiendo que una condonación de deuda demasiado generosa podría producir una reacción violenta. Y no tengo confianza en saber dónde se debe trazar la línea.

Lo que creo que sé es que gran parte de la reacción violenta a las propuestas para el alivio de la deuda de los estudiantes se basa en una premisa falsa: la creencia de que los estadounidenses que han ido a la universidad son, en general, miembros de la élite económica. La falsedad de esta proposición es obvia para aquellos que fueron explotados por instituciones depredadoras con fines de lucro que los alentaron a endeudarse para obtener credenciales más o menos inútiles.

Lo mismo se aplica a aquellos que asumieron una deuda educativa pero nunca lograron obtener un título, no un grupo pequeño. De hecho, alrededor del 40% de los deudores de préstamos estudiantiles nunca terminan su educación. Pero incluso entre aquellos que lo logran, un título universitario difícilmente es una garantía de éxito económico. Y no estoy seguro de cuán ampliamente se entiende esa realidad.

Lo que se entiende ampliamente es que Estados Unidos se ha convertido en una sociedad mucho más desigual en los últimos 40 años más o menos. Sin embargo, la naturaleza de la creciente desigualdad no es tan conocida. Sigo encontrándome con personas aparentemente bien informadas que creen que principalmente estamos viendo una brecha cada vez mayor entre los que tienen educación universitaria y todos los demás. Esta historia tenía algo de verdad en las décadas de 1980 y 1990, aunque incluso entonces no tuvo en cuenta las enormes ganancias de ingresos en la parte superior de la distribución: el aumento del 1% y aún más entre el 0,01%.

Sin embargo, desde 2000, la mayoría de los graduados universitarios han visto estancarse o incluso disminuir sus ingresos reales. El Instituto de Política Económica tuvo un análisis muy útil de estos datos justo antes de la pandemia. Entre 1979 y 2000, hubo una coincidencia aproximada entre el crecimiento en una medida de la desigualdad general (la brecha entre los salarios en el percentil 95 y los del trabajador medio) y su estimación de la prima salarial promedio para los trabajadores con educación universitaria. Sin embargo, desde 2000, la desigualdad salarial ha seguido aumentando, mientras que la prima universitaria apenas ha cambiado. Además, no todos los graduados universitarios han tenido la misma experiencia. A algunos les ha ido bastante bien, pero muchos no han visto ganancias en absoluto.

Ahora, los estadounidenses en el percentil 95 no se consideran ricos, porque seguramente no lo son, en comparación con los directores ejecutivos, los financistas de fondos de cobertura, etc. No obstante, han visto ganancias sustanciales.

Por otro lado, el típico graduado universitario, que es, recuérdelo, alguien que lo logró y recibió un título acreditado, no lo ha hecho. Entonces, así es como lo veo: gran parte de la deuda estudiantil que pesa sobre millones de estadounidenses se puede atribuir a falsas promesas. Algunas de estas promesas fueron estafas puras y simples; piensa en la Universidad Trump.

Sin embargo, incluso aquellos que no fueron engañados por completo, fueron atraídos por mensajes de élite que les aseguraban que un título universitario era un boleto para el éxito financiero. Demasiados no se dieron cuenta de que las circunstancias de su vida podrían hacer que sea imposible terminar su educación: es difícil para los estadounidenses acomodados de clase media alta darse cuenta de lo difícil que puede ser permanecer en la escuela para los jóvenes de familias más pobres con ingresos inestables.

Muchos de los que lograron terminar descubrieron que las recompensas financieras eran mucho menores de lo que esperaban. Y demasiados de los que fueron víctimas de estas falsas promesas terminaron cargados con grandes deudas.

Por supuesto, hay muchos estadounidenses que han sufrido el aumento de la desigualdad. No diría que los deudores universitarios son mayores víctimas que, digamos, los camioneros que han visto caer sus salarios reales o familias atrapadas en áreas rurales en declive y pequeños pueblos. Y deberíamos estar ayudando a todas estas personas.

Desafortunadamente, la mayoría de las cosas que podríamos y deberíamos hacer por los estadounidenses necesitados, como extender el crédito fiscal ampliado por hijos, no se pueden hacer frente a 50 senadores republicanos, más Joe Manchin. El alivio de la deuda de los estudiantes, por el contrario, es algo que Biden puede hacer. Así que debería.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía y columnista de The New York Times.