El viernes se desarrolló la marcha “Vivamos sin violencia”, convocada por la alianza de mujeres por la revolución democrática y cultural y el Gobierno nacional. Sin duda solo en Bolivia podemos imaginar una acción callejera encabezada por el Presidente del Estado, inesperadamente acompañado por la Presidenta de la Organización de las Naciones Unidas. Personalmente no me sentí convocada a participar porque la marcha ha sido un instrumento de presión política de la sociedad civil contra el Estado, y me sonó confuso acompañar a las autoridades en una acción pública que podría ser entendida como una protesta contra ellos mismos. Por eso prefiero concentrarme en profundizar algunos puntos que plantea el Plan de Acción contra el feminicidio presentado recientemente por el Gabinete de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
El presidente Morales presentó el 15 de julio un “Decálogo para eliminar la violencia contra las mujeres”, buscando frenar las alarmantes tasas de feminicidio del país. Según informa la Fiscalía General del Estado, en lo que va del año Bolivia registra 80 casos de feminicidio, superando las cifras registradas en años anteriores. Detrás de este decálogo se encuentra un plan de acción con diversas propuestas que considero no han sido difundidas. Me concentraré en las que considero cruciales para atender el problema.
i) Prevenir la violencia desde el sistema educativo. Ésta ha sido una demanda histórica de las organizaciones de mujeres que ha sido reflejada en la Ley de Educación, pero que nunca ha sido implementada por el sistema educativo. Se plantean tres medidas: incorporar en la materia de religión contenidos de prevención de violencias, acciones de prevención en aula el 25 de cada mes, y establecer como requisito para los maestros la formación en prevención de violencia. La preocupación de estos compromisos se centra en torno a los contenidos y el mensaje que serán impartidos por los maestros, quienes, junto con los líderes religiosos, son los más sospechosos de transmitir creencias conservadoras sobre los roles de género.
ii) Un porcentaje del presupuesto de seguridad ciudadana proveniente del IDH deberá ser destinado a la lucha contra la violencia. Esto implica compromiso de las municipalidades de Bolivia para ejecutar de manera eficiente sus recursos destinados a la prevención y atención de la violencia. Me pregunto cómo se mejorará la capacidad técnica de estas instancias para dirigir de manera eficaz sus inversiones. Y si estos recursos no se traducen en la institucionalización del personal de los servicios legales integrales, corremos el riesgo de malgastar dinero en obras de infraestructura.
iii) Eliminar la impunidad y acelerar el acceso a la Justicia. En este punto se espera un compromiso del Ministerio Público y del Órgano Judicial para resolver los casos de feminicidio. Sin siquiera dudar de la voluntad política del fiscal general, Juan Lanchipa Ponce, considero que la crisis del sistema de Justicia es tan profunda que se me hace difícil creer que se pueda lograr este compromiso. Desde el 2013 se encuentran abiertos 288 casos por feminicidio y muchos de ellos no han pasado la fase preliminar. Si bien la Ley de Abreviación Procesal Penal nos proporciona modestas esperanzas, la realidad nos muestra que las familias desisten en su búsqueda de justicia frente a un sistema de justicia que nos aterroriza a todos.
En este corto tiempo de implementación del plan contamos con la organización de una marcha y la difusión de una campaña comunicacional, acompañada por el compromiso de los medios de comunicación privados en la difusión de mensajes de sensibilización. No está mal. Sin embargo, continuamos a la espera de que la institucionalidad estatal ponga manos a la obra, e inicie acciones concretas para constituirse en un genuino garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
* es cientista social