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Tuesday 10 Dec 2024 | Actualizado a 07:52 AM

Ley del cáncer en medio de una crisis de salud

Las municipalidades no disponen de las condiciones ni capacidades para atender esta nueva responsabilidad.

/ 13 de agosto de 2019 / 23:52

Al igual que pasó con la Ley 1152 del Sistema Único de Salud (SUS), el Gobierno central insiste en tratar temas de altas implicancias y connotaciones administrativas, técnicas y financieras territoriales sin la participación y voz de los gobiernos municipales, pero, paradójicamente, a través de ellos.

El nuevo proyecto de Ley del Cáncer procura, sin consensos con los cuatro gobiernos municipales más importantes del país (Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba, que soportan y contienen la demanda de salud del 81% de la población boliviana), endosar, una vez más, responsabilidades adicionales y de alta especialización sin los recursos ni el financiamiento necesarios para atenderlas. Y lo más delicado, sin iniciativas que desarrollen capacidades materiales para responder a la altura de las exigencias del conjunto de enfermedades que desata el cáncer y sus tratamientos: especializados, costosos, de largos periodos y altamente calificados.

Por ello, la dificultad es doble. Los gobiernos municipales no solamente carecen de recursos adicionales para enfrentar el SUS (obsérvense los conflictos registrados en Santa Cruz y El Alto durante las últimas semanas), sino que además ahora, con una nueva competencia municipal para el tratamiento de los pacientes con cáncer, no disponen de las condiciones ni capacidades para atender adecuadamente esta responsabilidad.

Desligarse de responsabilidades propias de un gobierno central, el cual concentra el 95% de los ingresos del Tesoro General del Estado a costa de los gobiernos municipales, no es el mejor camino para atender la dolorosa situación de los pacientes de esta enfermedad. Al contrario, el cáncer debería ser un programa nacional de alta gerencia, con un presupuesto millonario para construir infraestructura, adquirir equipamiento de punta, capacitar y becar a profesionales de alta técnica para que manejen esta maquinaria y, por supuesto, salarios y régimen acordes a los méritos y responsabilidades propias de esta exigente enfermedad.

Esta vertical forma de atender una necesidad apremiante y de alto rédito político no hace más que sobrecargar aún más las limitadas capacidades de los gobiernos municipales y departamentales, que están zozobrando en su intento de cumplir con las prestaciones del SUS, conteniendo una cantidad de población para la cual no estaban preparados y menos capacitados de sostener. Se está sobrecargando la capacidad de contención municipal y poniendo en riesgo todo el sistema de salud. Sin un fuerte acompañamiento y asistencia técnica y financiera, especialmente a las cuatro ciudades referidas, corremos el riesgo de defraudar a los pacientes.

El Gobierno central no comprende que, a partir de la Constitución, el paradigma con las municipalidades es distinto, más de concertación y no de confrontación; y que en un régimen autonómico prima la coordinación y no la imposición. El Ejecutivo necesita reconocer que toda la política social (desayuno escolar, salud, desarrollo infantil, defensorías, servicios integrales para la mujer, tercera edad, discapacidad, entre otros) se asienta y está en manos de los gobiernos municipales; y que si no trabaja con ellos y a través de ellos, únicamente está haciendo política (pero no política pública), duplicando los recursos sin optimizarlos, malgastándolos en lugar de asignarlos a quienes realmente lo necesitan.

La salud está en crisis, y el tratamiento del cáncer es imperativo, pero no de esta forma, no al estilo del viejo Estado centralista y autoritario, carente de respeto a la estructura y organización territorial definida en la Carta Magna. Urge un modelo de gestión pública que corresponda a un Estado autonómico y de alta coordinación intergubernamental, que vaya más allá de los colores y calores políticos. Por ello los gobiernos municipales, especialmente los de las ciudades capitales, no pueden estar al margen de este importante proyecto de ley.

* Economista.

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Tres décadas de descentralización

Una mirada al proceso iniciado con la Participación Popular y que hoy se expresa en el régimen autonómico.

Una sesión anterior del Consejo Nacional de Autonomías.

/ 28 de abril de 2024 / 06:27

Dibujo Libre

La Participación Popular podría considerarse, luego de la revolución de 1952 , la más profunda e inconmensurable reforma en democracia de vocación descentralizadora y paradójicamente impulsada por un gobierno central, quién asumió la audaz decisión de compartir poder político, ceder responsabilidades administrativas y transferir recursos financieros que hasta ese momento. se hallaban bajo custodia y absoluta decisión del poder central.

Caso curioso el boliviano, originado y agendado fuera del centro y del altiplano, pero anidado en mentes visionarias y con voluntad política desde el llano, para trasladarlas al plan de gobierno de un partido, que eventualmente paso a convertirse en una política pública, de la que hoy nadie reniega o pretende devaluarla, reconociéndola como una de las escasas reformas estatales con mayor trascendencia en los planos político, fiscal, social y territorial de la historia de Bolivia.

El régimen de autonomías incorporado en la constitución del año 2009, se estructuró sobre la base de la descentralización del año 1994 con la participación popular, capitalizada por los actores territoriales en la promoción de liderazgos políticos locales, desarrollo de capacidades administrativas, esfuerzos tributarios, ampliación de servicios públicos sociales y económicos, participación vecinal e indígena en la planificación y destino de los recursos asignados, de naturaleza innovadora para la tradición concentradora del Estado.

Desafortunadamente, uno de los riesgos fue descentralizar un Estado tradicionalmente débil, con un país rural abandonado por la implacable urbanización y astillado en pequeños poblados silenciados por la marginalidad de territorios y sistemas de vida cada vez más vulnerables a fenómenos económicos y medioambientales.

La descentralización de base municipal desnudó al débil Estado capturado por un inmaduro sistema político que, en ausencia de normas y estructura institucional estatal, no puedo conducir ni responder a la impronta municipal desatada.

Con el régimen autonómico, el costo de administrar el Estado creció por la ampliación de dos gobiernos (nacional y municipal) a cinco (más el regional, departamental e indígena), aumentando significativamente la burocracia estatal, congestionando la gestión de servicios, como por ejemplo en salud y educación, que eran competencia exclusiva municipal, y la modificó a concurrente para justificar la presencia del gobierno central en el territorio, propiciando una competencia desleal ; sin ocupar la estructura descentralizada del Estado , creando instituciones paralelas y disponiendo de recursos especiales para llegar al territorio con programas de alcance nacional .

La tensión entre el impulso descentralizador del año 1994 y el ambivalente régimen de autonomías de 2010, no ha facilitado la gestión de municipalidades cada vez más debilitadas por la sobrecarga de competencias (bono discapacitados, fondo de fomento a la educación, sistema nacional de seguridad ciudadana entre otras materias) y asfixiados financieramente por la caída en las trasferencias de un modelo primario y monoproductor; en lo cotidiano, abandonados en un escenario mucho más complejo que el del inicio. Prueba de ello, la mayoría de los municipios que se hallaban en el año 1992 en quintil más pobre, treinta años después, continúan en el mismo sitial sin que nada haya logrado mejorar sus condiciones de exclusión y extrema pobreza.

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Aún existen muchas asignaturas sin la debida atención, tanto en el diseño como en la operación, el tiempo y los gobiernos centrales convirtieron por acción u omisión los conceptos en defectos respecto del modelo original; sin embargo, tres décadas después, a pesar de una nueva Constitución y una Ley Marco de Autonomías, afortunadamente no alcanzaron a modificar su espíritu, el mismo que continua vigente y con mayor arraigo en los actores y sistemas predominantes en el territorio.

Nada podrá revertir el escenario de la descentralización municipal de 1994, más al contrario, además de convertirse en la piedra angular del Estado, es la caja de resonancia del trepidante escenario político nacional y también la redención, especialmente en ciudades grandes e intermedias, a la creciente demanda social, económica y de infraestructura pública en favor de los más vulnerables que hacen posible testimoniar y celebrar hoy aquel visionario modelo de descentralización.

Luego tres décadas, la resistencia a la autonomía y a una mayor descentralización, así como la forma más o menos conflictiva y trabada de su proceso, no es una característica y responsabilidad exclusiva del gobierno central, también responde a la debilidad institucional y falta de liderazgo de los gobiernos municipales para explotar el régimen de autonomías vigente y “jalar” finalmente la auténtica descentralización.

(*)Vladimir Ameller Terrazas es economista

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Fantasmas en el censo poblacional

El autor sostiene que se ha sobrevalorado el factor poblacional para la distribución del poder político y financiero en el país.

El director del INE, Humberto Arandia, acompañado de personal de la misión internacional.

/ 14 de abril de 2024 / 06:48

Dibujo Libre

Los censos permiten a los gobiernos monitorear y evaluar el impacto y calidad de las políticas implementadas y de los recursos destinados a lo largo del tiempo. Ello en teoría debería ayudar a reconocer los errores, el sobredimensionamiento cuando se destina más recursos para iniciativas improductivas o, al contrario, la subestimación cuando las necesidades superaron a las expectativas o supuestos iniciales; promoviendo de manera imperiosa, ajustar las estrategias según sea necesario y garantizar que se logren los objetivos planteados.

Sin embargo, si el levantamiento de información realizada por un censo no es el fiel reflejo de realidad y la misma, es intencionalmente alterada para que el operativo censal registre información equivocada del territorio, sin duda, estamos en presencia de un fraude y resulta al menos cuestionable y merece condena para quienes lo impulsan, financiando el desplazamiento masivo de población hacia otro territorio, que no es precisamente a donde habita en los días previos a la realización del operativo censal.

Por su parte, en los municipios rurales las organizaciones comunitarias hacen los suyo, amenazando con el despojo de tierras o la expulsión de la comunidad, obligando a familias urbanas al retorno temporal a tierras que abandonaron, para registrarse censalmente en el lugar donde no viven ni tampoco, con certeza, volverán a hacerlo.

Esta deformación de los datos que ocurren generalmente en capitales, grandes ciudades y también intermedias, receptoras de asentamientos descontrolados de migrantes que consumen y demandan servicios en la ciudad y no en el campo, distorsionan totalmente los presupuestos y las prioridades de los gobiernos municipales de ciudades quienes, presionados por brindar más y mejores servicios conflictúan al limitado presupuesto comprometido anualmente para una población no prevista.

El efecto es doblemente perverso para las capitales, ciudades grandes e intermedias: por un lado, pierden recursos al registrarse menos población a la que efectivamente atienden y por otra, cuando los presupuestos escasean y (también las capacidades) la respuesta se debilita, convirtiéndose en la semilla para generar una diáspora de virulencia y deslegitimación política como amenaza permanente sobre la autoridad en ejercicio. No solo se “pierde” presupuesto, sino que también, se exige mayor asignación y capacidad de respuesta en servicios públicos para un volumen no contemplado de ciudadanos- demandantes.

Por ello, esta acción premeditada provoca una asignación de recursos equivocada en capitales y ciudades, reduciendo no solo presupuestos, que son insuficientes para la población atendida, sino que, ante la sobredemanda, saturan los servicios y por tanto, también los deterioran para la población residente. Naturalmente los servicios pierden calidad, por ejemplo, en salud aumentan los periodos de espera al igual que los de resolución y comienzan a ser insuficientes los recursos humanos, físicos e insumos médicos para la atención de servicios sobresaturados y en educación existe “hacinamiento” y precariedad en la infraestructura, insuficiente mobiliario y la permanente falta de ítems.

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A lo largo del tiempo, este fraude censal profundizará la inequidad y exclusión con servicios de peor calidad o los mismos serán interrumpidos, provocando reclamos en la unidad territorial a donde vive y no donde fue censada , con mayor fuerza si las organizaciones sociales de representación tiene importante arraigo ; generando que deriven, generalmente, en conflicto movilizado como bloqueos , secuestros de funcionarios o tomas de oficinas públicas, disminuyendo su capacidad contención y exponiendo al gobierno de capital, ciudad o ciudad intermedia, a enfrentar serios problemas de gobernanza y lo más inquietante, degradando la confianza en su capacidad continuar con la administración del territorio.

El tema no es menor, presupuestos reducidos, imposibilidad material de cubrir la demanda ciudadana, sumada a servicios públicos que se deterioran sistemáticamente por la saturación, resultan una permanente amenaza de silenciosa gestación para la gobernanza del territorio urbano.

La insatisfacción y la pérdida de credibilidad pueden ser factores que detonen una espiral de conflictividad inmanejable en las ciudades más importantes, quienes finalmente son el barómetro de la política nacional y también, quienes sostienen y financian la única red de servicios públicos que opera en el territorio sin interrupciones a través de las defensorías municipales, servicios legales integrales, bono de discapacidad, desayuno escolar, sistema único de salud, centros de desarrollo primera infancia, entre otros.

El origen perverso del problema es haber sobrevalorado el factor poblacional establecido hace treinta años para la distribución del poder político y financiero, que entre sus efectos colaterales viene desde hace dos censos induciendo a población “fantasma” a registrarse fraudulentamente en el área rural, cuando debería hacerlo en las ciudades de su residencia; además, alimentando más de medio centenar de disputas de límites municipales, provocando muchos territorios sin gobierno o en otros casos, favoreciendo a un mercado ansioso de ampliar el tráfico del suelo y la apropiación de su plusvalía.

(*)Vladimir Ameller es economista


  • Según expertos y autoridades las temáticas de mayor conflictividad en Bolivia se hallan en la explotación de recursos naturales, la construcción de carreteras, el crecimiento poblacional, la ampliación de las manchas urbanas, el asentamiento y la creación o modificación de nuevas unidades territoriales son algunos de los factores que avivan los conflictos por límites en el país.
  • Fundación UNIR (2023) Los sectores involucrados con mayor frecuencia en conflictos violentos son el de pobladores organizados o no (26%), gremiales (20%), campesinos (14%) y educación (12%).
  • Idem. Op.Cit. La Fundación UNIR señala que la mitad de los conflictos no encontró solución, quedando vigentes o en latencia, que podrían reactivarse en el futuro; solamente en 9% de los casos se llegó a acuerdos parciales o totales.
  • https://dev-qa.la-razon.com//www.la-razon.com/voces/2014/02/13/conflictos-vecinales-2/
  • Nótese que además de tener un alto nivel de conflictividad registrado y alta movilización casi permanente en las principales ciudades, existen cientos de micro-conflictos muchas veces no son registradas por los medios de prensa.

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¿Sirven de algo las declaraciones de desastre?

Será siempre más atractivo políticamente el desastre que el trabajo silencioso de la prevención y la planificación.

Los Bomberos luchan para combatir los incendios y focos de calor. Foto: Archivo

/ 26 de noviembre de 2023 / 06:35

DIBUJO LIBRE

Declarar el desastre significa que el gobierno es consciente de que hay una situación que está desbordando sus capacidades financieras y técnicas y que requiere de un plan de acción para enfrentar dicho escenario. La gran mayoría de las veces reconoce el desastre tarde, cuando poco se puede hacer desde el Estado para atenderlo, su reacción demorada además casi siempre es intrascendente, atendiendo la siempre la emergencia y nunca planificando evitar la emergencia.

En la práctica, es un ejercicio fuera de tiempo y contexto, y muchas veces sin financiamiento (a pesar de que el marco legislativo según Ley 602, establece porcentajes que deberían ser provisionados anualmente). Las miserias de los presupuestos nunca alcanzan, porque además es más “capitalizable” salir a atender la emergencia con una manguera de agua o sacarse una foto con un arbolito antes que realizar el trabajo “invisible”, de planear el adecuado uso del suelo, transparentar el acceso al mercado de tierras, sancionar drásticamente a los que atentan contra el medio ambiente.

En lo cotidiano, solo tiene acceso a recursos frescos el gobierno central, el resto de entidades territoriales tienen que ir a mendigar a la Asamblea Legislativa Plurinacional se apruebe el reformulado, para reinscribir recursos que no recaudan y que, faltando menos de un mes para el cierre administrativo y financiero de la gestión 2023, no tiene sentido ni apuro, salvo para pagar planilla de salarios y deudas contraídas.

Es más, por los tiempos dispuestos por la normativa del sistema SAFCO, pueden tomar semanas e inclusive meses identificar los recursos y poder liberarlos para reasignarlos a otros destinos, identificando una fuente para garantizar su aplicación, lo que involucra una obligatoriedad más a considerar en la asignación del presupuesto en cada órgano y gobierno. Posteriormente, preparar el reformulado y enviar para su aprobación a su órgano deliberativo y finalmente, si cuenta con una ley, inscribirlos y habilitarlos para su uso. Solo así pueden, aunque parezca inaudito, transcurrir varias semanas dependiendo de la pericia de los técnicos tanto del ejecutivo como del legislativo para evacuar informes sin mayor rigurosidad en el análisis.

Pero el tema no queda ahí, ahora que se cuenta con la aprobación del ente legislador y una ley promulgada por el ejecutivo, viene el camino el tortuoso de la contratación de bienes y servicios, que según la norma específica debería estar aprobada en cada repartición estatal ante la declaratoria de desastre; debería en teoría, allanar el camino para realizar compras rápidas, oportunas y pertinentes para atender la gravedad del desastre, a veces sin consciencia que este ejercicio administrativo es inocuo ante el daño irreversible por la pérdida de especies, bosques y aires.

En la práctica, las compras resultan un calvario por la papelería exigida en procesos “abreviados”, debido a las firmas requeridas en su larga ruta, por la lentitud de hacer una compra de emergencia que pueda demorar más semanas que no se disponen. Aunque parezca contradictorio, la emergencia para la legislación y procedimientos vigentes en los gobiernos, no muestran como atributo la celeridad.

La compra por emergencia se convierte en un “vía crucis”, porque los insumos o los servicios se contratan o se adquieren a veces no están disponibles, y si lo están no son de la calidad y cantidad necesaria, y llegan generalmente cuando la emergencia dejó de serlo. De manera extemporánea, las zonas afectadas reciben insumos que ya no necesitan que se dispersan en el mar de necesidades y/o apetitos de la zona.

La declaración de desastre a cargo de cualquier Gobierno, sea central, departamental o municipal nunca en Bolivia tuvo efectos inmediatos ni de magnitud. Recordemos el efecto del fenómeno del niño 2007-2008 su inacción, o los incendios descontrolados del año 2019 previos a la pandemia.

Los órganos públicos, ocupan los medios de comunicación para visibilizar una ayuda que llega tarde y donde no se la necesita con urgencia. Se procuran entregas de insumos en organizados actos para la prensa local intentando convencer al colectivo social sobre sus actuaciones.

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Finalmente, es evidente la complacencia con la alteración permanente del ecosistema a cargo de gobiernos inescrupulosos que persiguen la visibilidad mediática y la perpetuación del apoyo político, privilegiando a una minoría movilizada que toma el suelo para explotarlo con actividades económicas muchas veces no controladas, para su asentamiento o su irracional explotación, interviniendo en el mismo de manera no planificada y cambiando su destino, sin analizar el daño inmediato y posterior que se realiza al mismo.

No existen lugar en Bolivia donde no exista evidencia humana de la depredación, donde no hayan dejado huella de su intervención, alterando ecosistemas y haciendo daños directos y otros colaterales, muchas veces ignorados en su alcance e intensidad.

¿No es momento de cambiar la forma de responder al desastre y disponer de un modelo de gestión que deje de lado la visión administrativa y documental insuficiente y tardía al desastre, y que otorgue un giro radical para desarrollar las capacidades de prevención, planificación y control para esta manera aplicar leyes que solo se cumplen para algunos y no para el resto?

Concluyendo, será siempre más atractivo políticamente el desastre que el trabajo silencioso de la prevención y la planificación. Mientras no se realicen ajustes normativos al procedimiento y se dispongan de recursos frescos para financiar la retórica expresada en las declaratorias de emergencia, todo será una ilusión y no una verdadera respuesta.

(*)Vladimir Ameller Terrazas es economista

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La educación luego del golpe letal de la pandemia

Las tensiones entre el mundo unipolar, que lucha por persistir, y el multipolar, que va naciendo a empujones.

Los estudiantes pasarán clases hasta diciembre. Foto. Archivo.

/ 8 de octubre de 2023 / 06:40

DIBUJO LIBRE

El 12 marzo de 2020 la salud colapsó en Bolivia al decretarse el inicio de la cuarentena rígida por pandemia; murieron más de 22.365 personas y muchas mas no registradas, hubo 1,2 millones de contagios, la tasa de letalidad fue la más alta de la región alcanzando el 6,8% en su momento. Sin embargo, hoy nada parece cambiar en el sector, se continúa realizando lo mismo y de la misma forma.

Así como la salud no parece tener cura, la educación tampoco parece aprender. Sin capacidad de reacción ante el deterioro del aprendizaje y el aumento del rezago educativo. La magullada educación recibió con la pandemia un golpe letal, pero (des)afortunadamente invisible para los ciudadanos y gobernantes. El daño en educación es silencioso a diferencia de salud, cuando está de por medio la vida todo es inmediato, no existe forma de ocultar las debilidades de la salud, pero si en el caso de la educación.

En la educación es distinto, nadie se entera si un individuo entiende lo que lee, si tiene la capacidad de establecer relaciones, interpretar y concluir en significados, o si es un incompetente en la carrera universitaria que acaba de concluir virtualmente. Los efectos no son de corto plazo, son de largo y prácticamente irreversibles; arrastrar un déficit en la formación no solo es insalvable, sino también acumulable por el alto deterioro del capital humano; sin que nadie lo perciba, el aprendizaje es limitado y las desigualdades aumentan entre quienes aprovecharon la oportunidad de adaptarse a la nueva realidad y quienes en gran porcentaje no lo hicieron.

La educación a diferencia de la salud, no dispone de métricas oficiales desde el año 1996; se están tomando decisiones a “ciegas” desde hace casi treinta años en el sector. Por lo tanto, aquello que no se mide no es posible reencauzarlo, aquello que no se conoce es inexistente para el Ministerio de Educación, que insiste, además, en evitar cualquier medición internacional como la prueba PISA o participar de cualquier otro ranking que pretenda valorar y monitorear el desempeño de los distintos compontes de la educación y su Ley Avelino-Siñañi promulgada el año 2008, que ya debería estar mostrando resultados.

Los últimos datos parciales del estudio TERCE/Unesco (2017), establece que en el sexto grado de primaria el 85% de los estudiantes no entienden lo que leen y en matemáticas es todavía más preocupante, 2 de cada 3 estudiantes se hallan en el desempeño más bajo. Si la situación era preocupante antes de pandemia, luego de ella, estamos en presencia de un golpe letal para más de una generación. Otro estudio de Procosi (2023), estima que las pérdidas en capital humano fueron enormes, la calidad de bachilleres y profesionales egresados de las universidades son dramáticos por la insuficiente formación. Los niveles de desempeño son sistemáticamente más bajos en el área rural, entre los indígenas y en las escuelas públicas.

Tres años de iniciada la pandemia nada importante ha ocurrido en el sector, al contrario, el Ministerio de Educación, sin capacidad de reacción, permanece en la intrascendencia, sin respuestas para subsanar este déficit en la formación básica de 2,9 millones de niños, niñas y adolescentes en etapa escolar y más de 556.371 estudiantes matriculados de universidades públicas y privadas según datos del INE de abril 2018.

La educación es un sector poco desarrollado institucionalmente y con un gasto muy inflexible; el 90% del presupuesto está en manos del gobierno central y el 83% del gasto es para pagar planilla de docentes y administrativos según el presupuesto del año 2023. Docentes que para las exigencias del siglo XXI muestran fuertes debilidades en su formación y capacitación, pero, además, poseedores de una cultura sindical rígida y contestataria a cualquier posible reforma en tiempos de permanentes cambios.

La clave para la transformación de la educación está en los docentes, y ello requiere cambios profundos desde los incentivos y promoción, así como en su reclutamiento y formación desde los institutos y normales a través de otra ley más ambiciosa que el Escalafón Docente, útil para el año 1957, pero no para una cuarta ola industrial en la era de la información.

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Si bien el acceso a la educación aumentó vía bonos, mayor infraestructura y equipamiento, no lo hizo en la calidad educativa. Sobran aulas en al área rural y existe hacinamiento en las ciudades; dos de cada tres bolivianos vive en áreas urbanas, y en el año 2035, 8 de cada 10 lo hará en ciudades capitales o intermedias. Se dotan ítems en áreas rurales donde su productividad es cada vez más baja y algunas ciudades reciben nuevos institutos y unidades educativas vía el programa Evo Cumple, pero sin docentes, mobiliario o equipamiento.

Por otra parte, la virtualidad “forzada” ha desnudado el analfabetismo digital y la ausencia de conectividad para la oportuna provisión del servicio en grandes territorios del país. En áreas rurales de baja densidad, la situación es mucho más crítica y se hallan abandonados a su suerte.

La única forma de aprovechar las oportunidades es cuando se las identifica, pero lo más importante, cuando se está preparado para aprovecharlas. La pandemia fue (o todavía es) la oportunidad para un golpe de timón en la educación, pero bajo otra lógica y paradigma acorde a la vorágine de la cuarta revolución industrial, la robótica y la inteligencia artificial, sin concesiones para la inacción o la sobre-ideologización, de lo contrario seguiremos languideciendo en silencio y de forma invisible.

(*)Vladimir Ameller Terrazas es economista

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La salud en Bolivia parece no tener cura

El autor sugiere nuevos enfoques y estrategias para mejorar los servicios.

hospital-clinicas

Por Vladimir Ameller Terrazas

/ 27 de agosto de 2023 / 06:25

Dibujo Libre

El ciclo económico basado en los ingresos generados por los hidrocarburos ha llegado a su fin y, lamentablemente, no se cuenta con un plan fiscal y financiero que se adapte a esta nueva realidad. La caída constante de los ingresos desde 2016 ha resultado en un déficit fiscal que ya abarca una década, el cual está siendo cubierto mediante deuda pública y recortes significativos en la inversión pública. Este contexto limita cualquier posibilidad de reforma o, al menos, de inyección de recursos sustanciales en sectores afectados por el coronavirus. El sector de la salud, que ha sido uno de los más afectados durante la pandemia, no presenta signos de transformación ni indicios de cambio, arrastrando deficiencias que parecen carecer de solución a lo largo de los años.

A pesar del colapso del sistema de salud hace menos de 3 años, no se vislumbran condiciones propicias para la discusión de una nueva política en esta área. Una política que, basada en las lecciones aprendidas durante la pandemia, proponga modificaciones o ajustes en la estructura, el modelo de gestión, el perfil epidemiológico y el financiamiento del sector.

Durante las últimas tres décadas, el sistema de salud ha estado fragmentado debido a la tricefalia y al conflicto institucional entre el gobierno central y los gobiernos sub-nacionales. Esto se manifiesta en inversiones desconectadas en el territorio, como los hospitales recién construidos en Montero o Del Norte en El Alto, que carecen de personal adecuado y con funcionamiento restringido. Las tres responsables del sistema de salud público están fragmentados: el personal adscrito al Ministerio de Salud trabaja en Centros de Salud y Hospitales Municipales sin coordinación con el Gobierno Municipal, mientras que los Hospitales de Tercer Nivel bajo la jurisdicción de los Gobiernos Departamentales trasladan pacientes a los Hospitales de Segundo Nivel. A lo largo de estos años, no se han establecido mecanismos efectivos de coordinación y planificación integrada, y esta falta es aún más evidente si el partido político en la entidad territorial no coincide con el del gobierno central.

Durante la pandemia, los numerosos centros de salud en todo el país no han sido la puerta de entrada al sistema, sino más bien la salida. Solamente remiten casos a los hospitales, los cuales no cuentan con la capacidad, los profesionales ni el equipamiento y medicamentos necesarios que podrían salvar más vidas de las que logran hacerlo. Los Hospitales Municipales y de Tercer Nivel asumieron una carga excesiva de servicios sin haber sido fortalecidos adecuadamente para ello, y continúan haciéndolo a pesar de considerables déficits. Los problemas de salud afectan con intensidad a las ciudades y las urbes intermedias, y esta realidad parece escapar a la comprensión de las autoridades.

A la evidente ausencia de las universidades en la formulación de políticas públicas (tanto antes como durante la pandemia), se suma el Sistema de Seguridad Social, liderado por la Caja Nacional de Salud. Este sistema está segmentado en más de una veintena de seguros y un sector privado que, de manera curiosa, durante la pandemia derivó a sus pacientes hacia el sistema público, exponiendo la debilidad de la entidad rectora no solo para liderar, reorganizar e integrar la salud pública, privada y del seguro social, sino también para supervisar la calidad de los servicios.

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El panorama posterior a la pandemia se asemeja al escenario previo, arrastrando las mismas deficiencias y ahora con una agravante adicional: meses antes de la aparición del coronavirus, se implementó el Seguro Universal de Salud (SUS), que ofrece más de 1,290 prestaciones utilizando las mismas capacidades administrativas y financieras de los Gobiernos Municipales. Estas capacidades ya se encontraban debilitadas en años anteriores debido a la implementación del Ex-Seguro Básico de Salud.

Pocos países en la región cuentan con sistemas de seguro universal, y en aquellos que los tienen, las prestaciones no superan la centena debido a la complejidad administrativa y, por supuesto, a los riesgos de insostenibilidad financiera al intentar universalizar las prestaciones. Esto es especialmente cierto considerando que dos de cada tres atenciones médicas se realizan en hospitales, con costos elevados y tratamientos prolongados para enfermedades no transmisibles propias de la tercera edad que afectan a la población boliviana.

Ante los brotes de enfermedades transmisibles que creíamos erradicadas de nuestro territorio, el Ministerio de Salud una vez más se encuentra abrumado por la falta de control del coqueluche, con 847 casos reportados, 797 de ellos solo en Santa Cruz; además de casos de rabia que superan los 100, e incluso la aparición de la meningitis.

Sin embargo, no todo está perdido en el ámbito de la salud; existe una pequeña oportunidad para la entidad rectora. Esta oportunidad radica en una comprensión adecuada de lo que está operando precariamente en el territorio y en su formalización. La reconfiguración territorial, respaldada por la vinculación y la capacidad resolutiva, es la única respuesta ante esta necesidad. Así como la racionalidad económica nos lleva o nos aleja de un territorio, ocurre lo mismo con la salud: las personas no asumen riesgos innecesarios con su salud; se dirigen y se desplazan hacia donde les puedan salvar la vida o aliviar su sufrimiento.

Se trata de dejar de asignar presupuestos desde las oficinas centrales en La Paz y hacerlo desde el territorio mismo. Esto implica abandonar parcialmente la planificación sectorial y adaptar la política a la realidad de aquellos que requieren tiempos de espera más cortos, más estudios y análisis en laboratorios, y también medicamentos de calidad. Esto implica apartarse del enfoque de oferta de servicios y concentrarse más en la evidencia generada por una demanda demográfica y un perfil epidemiológico diferentes y en constante cambio.

(*)Vladimir Ameller es economista especialista en gestión pública

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