Luego de una larga indecisión y espera, el Tribunal Supremo Electoral resolvió finalmente viabilizar la sustitución de los candidatos de binomios presidenciales que habían renunciado por diferentes motivos. El tema ya venía cargado de polémica. Y el camino adoptado generó reacciones inmediatas a favor y en contra, en este último caso con amenazas de juicio penal a los vocales.
La decisión del TSE llega después de un periodo de silencio, mensajes contradictorios e incluso diferencias públicas entre los vocales. Primero se rechazó la renuncia de candidatos como Jaime Paz Zamora por el PDC y Edwin Rodríguez por la alianza Bolivia Dice No. Ello generó críticas e incertidumbre. Pero el viernes pasado, en sesión extraordinaria de sala plena, los vocales dieron luz verde a la sustitución, con lo que cuatro fuerzas políticas podrán completar sus binomios y competir el 20 de octubre.
Esta resolución del TSE ha provocado controversia por su contenido y por sus efectos. En relación al contenido, cuya letra aún no se conoce, el cuestionamiento primordial es que en los hechos deja sin efecto el carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio de las primarias, cuyo cuestionado estreno fue el 27 de enero. Así, se incumple la Ley de Organizaciones Políticas, que en su condición de ley especial se aplica con preferencia a la norma general, en este caso, la Ley del Régimen Electoral.
En cuanto a sus efectos, la decisión del TSE beneficia a tres partidos políticos (PDC, Frente para la Victoria y PAN-Bol), y en especial, a la alianza BDN, encabezada por el candidato Óscar Ortiz. Todos ellos corrían el riesgo de quedar fuera de los comicios por falta de binomio presidencial, que es una unidad indisoluble. Ahora los cuatro podrán elegir libremente a sus nuevos candidatos. Se espera al menos que lo hagan según las instancias orgánicas de decisión establecidas en sus estatutos.
Como argumento para su decisión, los vocales del TSE subrayaron que deben garantizar el ejercicio de derechos de los militantes y de las organizaciones políticas, así como los derechos colectivos de los ciudadanos a elegir. Para el efecto recurrieron a jurisprudencia y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como se está haciendo cada vez más frecuente en el país. De ese modo, la sustitución permite que todas las fuerzas políticas puedan competir en los comicios. Parece razonable.
Mientras los beneficiados recibieron la medida con satisfacción, otros actores políticos de la oposición anunciaron la presentación de juicios penales contra las autoridades electorales. Las acusan del delito de incumplimiento de deberes y de daño económico al Estado, pues a su entender habrían “derrochado” casi Bs 27 millones en las primarias. Por lo pronto, los partidos que competirán en octubre afinan la sustitución de sus candidaturas en diferentes niveles, incluidos ahora los binomios presidenciales.