Voces

sábado 23 oct 2021 | Actualizado a 15:43

Huevos y colesterol

/ 14 de agosto de 2019 / 23:21

La relación entre el colesterol asociado con los infartos y los huevos está ampliamente difundida en el imaginario de la población. Sin embargo, esta percepción es errónea, y se trataría más bien de un “mito” que deviene por el desconocimiento generalizado respecto a la existencia de dos tipos de colesterol, uno bueno (HDL) y otro malo (LDL).

Según explican los expertos en una nota publicada el miércoles en este diario, el consumo de huevos efectivamente incidiría en el aumento del HDL. Pero lejos de ser perjudicial esto es algo positivo, pues este colesterol es el encargado de atrapar los restos de grasa en la sangre y de llevarlos al hígado. Órgano que a su vez se encargaría de procesar este compuesto convirtiéndolo en hormonas esenciales para la vida y la salud, como el cortisol, la testosterona y el estrógeno. En cambio, el colesterol malo (LDL) se suele quedar adherido a las paredes de las arterias y de las venas, enfermedad conocida como aterosclerosis, que está detrás de la mayoría de los infartos.

Ahora bien, los estudios científicos realizados hasta ahora no han encontrado una relación directa entre el consumo de huevos y el aumento de este tipo de colesterol (LDL). A diferencia de lo que ocurre por ejemplo con la ingesta de azúcares y cereales refinados y de las grasas saturadas (trans), que se encuentran en los alimentos procesados, también conocidos como comida chatarra. En resumidas cuentas, todo indica que el huevo no tiene relación con el colesterol malo, pero sí con el bueno, de allí que resultaría absurdo restringir su consumo por este motivo.

Comparte y opina:

Cuando la persecución llegó al fútbol

/ 23 de octubre de 2021 / 01:35

Por lo menos dos pares de manos negras decidieron en 2015 manchar la pelota en Bolivia, 14 años después de que Diego Armando Maradona advirtiera en su mensaje de despedida de las canchas (noviembre, 2001) que en el fútbol todo podía permitirse, menos ensuciar el esférico que le da vida y sentido y que desata pasiones diarias en todo el planeta. Nunca sabremos con precisión de quiénes recibió instrucciones el entonces fiscal general, Ramiro Guerrero, que encargó a su fiscal superior, Iván Montellano, supervisar las acusaciones contra Carlos Chávez (+), Alberto Lozada, Jorge Justiniano, Pablo Salomón y Armando Canedo por legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, estafa agravada, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

No hubo debido proceso en contra de estos dirigentes del fútbol boliviano que para comenzar fueron víctimas de una incorrecta aplicación de la ley, en tanto el uso indebido de influencias y los beneficios en razón del cargo son delitos exclusivamente inherentes a la función pública y bajo ningún punto de vista, a personas dependientes de entes privados como la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Tampoco era aplicable la figura de la organización criminal, ya que los estatutos del ente matriz del fútbol boliviano fueron aprobados en su instancia superior que es el Congreso, por lo que hasta parece que se tratara de una broma de mal gusto: Robarse a sí mismos.

El desenlace de esta seguidilla de atropellos contra estos ciudadanos fue, en primer lugar, el fallecimiento del que fuera presidente de la FBF, Carlos Chávez, aquejado por un cáncer de vejiga. Fue tan sañuda la manera en que fue acorralado que cuando se encontraba en una clínica en Brasil recibiendo tratamiento que en nuestro país no se lo podían ofrecer, uno de los fiscales intentó regresarlo al país porque se había fijado fecha para una audiencia en la que debía declarar. El 2 de agosto de 2018, Chávez murió en Sao Paulo. Tres años después, los acusados ya nombrados fueron absueltos de manera unánime por el Tribunal de Sentencia en lo Penal de Sucre. Para decirlo fácil y pronto, fueron declarados inocentes.

Armando Canedo era el contador de la FBF. Se encargaba de pagos y cobros de la institución. Jorge Justiniano, representante del fútbol pandino, fue presidente de las asociaciones departamentales, y Pablo Salomón representaba a la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF). Los tres sufrieron detenciones domiciliarias, mientras que Alberto Lozada, gerente de la Federación, estuvo recluido en Palmasola durante 36 meses con detención preventiva, penal en el que fue víctima de una golpiza que pudo haber acabado con su existencia.

Lozada tuvo que soportar, además, acusaciones sin sustento contra sus hijos y su esposa. Según el Ministerio Público, se habían llevado el dinero de la Federación hacia cuentas bancarias fuera del país, cuando era bien sabido por la dirigencia de la época que por sus relaciones empresariales, cuando las papas quemaban y no había recursos, con su firma como garantía, accedía a préstamos para paliar las dificultades de los clubes necesitados de liquidez para cumplir con las planillas mensuales de sus jugadores.

Los indicios no eran indicios. El debido proceso fue pisoteado sistemáticamente al extremo de allanamientos policiales para secuestrar computadoras en la sede de la avenida Libertador Bolívar de Cochabamba con la peregrina idea de que en ellas se encontrarían datos sobre el supuesto robo a manos llenas de estos dirigentes que tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir durante estos seis años, soportando ese inmisericorde acoso como otra prueba más de que la Justicia en Bolivia tarda demasiado en llegar.

Los dirigentes opositores a las gestiones de Chávez al frente del ente federativo, advirtieron en él un abierto prorroguismo que los sacó de las casillas. En efecto, el dirigente cruceño proveniente de las filas del club Oriente Petrolero consiguió un tercer mandato consecutivo en un accidentado congreso realizado en la ciudad de Trinidad con escenografía de contubernio entre sus enemigos y la mismísima Policía, que gasificó la sede del encuentro a fin de impedir la realización del acto reeleccionario, dando lugar a uno de los episodios más burdos de los que tenga memoria el fútbol boliviano. A Chávez se le había aconsejado en determinado momento que renunciara al cargo. Tal cosa no sucedió y ya se sabe que la búsqueda de forzadas prórrogas en el poder conlleva el riesgo de consecuencias funestas.

Este muy ilustrativo ejemplo sirve para confirmar que ninguna reforma judicial podrá funcionar si no se mira con profundidad quiénes deben asumir los mandos del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Las transformaciones estructurales pasan por mujeres, hombres y nombres. Cualquier otro camino es seguir ladrando a la luna.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

Comparte y opina:

Bloqueados

/ 23 de octubre de 2021 / 01:33

Oficialistas y opositores se atribuyen pírricas victorias en un conflicto cada día más confuso y poco relevante para las mayorías. Mientras tanto, el tole tole ha ratificado únicamente la enorme dificultad del Estado boliviano para realizar reformas modernizadoras. Los verdaderos vencedores son nuevamente las corporaciones y los intereses particulares reacios al cambio.

Ya pasó algo parecido en el conflicto sobre las reformas al Código Penal. Hoy es el turno de las regulaciones contra la legitimación de ganancias ilícitas, con el agravante que los intereses auténticamente en riesgo tienen que ver con la informalidad, el contrabando o el narcotráfico. Es decir, detrás de la agitación contra el supuesto “autoritarismo” del Gobierno se esconde también el interés de varios de continuar aprovechando las lagunas del sistema financiero. En río político revuelto, ganancia de pe(s)cadores, ilícitos, por cierto, parafraseando un conocido dicho.

El episodio evidencia la hipocresía de algunos políticos, opinadores y entidades, que andan rasgándose las vestiduras contra la informalidad y los desarreglos de un país dizque “sin institucionalidad”, pero que, a la hora de la verdad, reculan o no dudan en oponerse, por razones varias, cuando se actúa institucionalmente, valga la redundancia, sobre el nervio de esos fenómenos que es la plata.

Pero lo más relevante del episodio es que refleja la creciente dificultad de la política para impulsar transformaciones necesarias para el bien común pero que indefectiblemente, para lograrlo, deben afectar los beneficios de algún grupo de poder o sector social.

Seamos sinceros: muchos cambios y políticas no siempre pueden beneficiar a todos, eso es una mentira piadosa, a veces redistribuyen el poder o afectan a unos pocos en beneficio de la colectividad. Desde esa perspectiva, las resistencias a las normas sobre control de ganancias ilícitas no deberían sorprendernos, hay poderosos intereses en juego, sobre todo en una sociedad en la cual casi la mitad de sus actividades económicas son informales.

Sorprende, eso sí, la ingenuidad y/o inoperancia del Gobierno y otros actores políticos que han subestimado la complejidad de la cuestión o que se hacen a los tontos sobre a quien finalmente benefician con la demolición entusiasta de esas regulaciones. Por eso la polarización se ha convertido en un cáncer para nuestro futuro, no solo porque satisface nuestros más bajos instintos, sino debido a que erosiona nuestra capacidad como sociedad para tomar decisiones vitales pero difíciles. Debilitamiento que no impactará solo en el actual Gobierno, sino en todos los que vengan por detrás. Las corporaciones están ganando poder y punto.

El Gobierno quizás saldrá apaleado de la coyuntura, algún insensato en el otro lado se declarará el pírrico vencedor, pero el saldo real es que habremos dado una señal contundente de que el país no quiere o no puede controlar las transacciones económicas irregulares, lo cual incluso podría llevar a un encarecimiento de los servicios financieros internacionales en el mediano plazo.

Este desarreglo debería preocupar a toda la clase política, empezando por el oficialismo. En particular, sobre la necesidad de construir un clima mínimo de diálogo entre las fuerzas sociales y políticas, no por razones de estética o moral, sino porque a este ritmo tomar cualquier decisión pública puede acabar en la patética y estéril batalla de mentiras, manipulaciones y contrainformación que estamos viendo estos días.

Salvo en ciertas coyunturas excepcionales en las que el Gobierno acumula un nivel de legitimidad enorme, como la que disfrutó el MAS entre 2009 y 2015, la viabilidad para cualquier reforma implica algún grado de cooperación entre los actores políticos y algún consenso sobre ciertos principios y pautas comunes de actuación. Sin eso, será casi imposible doblegar a las corporaciones y grupos que defenderán a muerte el statu quo que les favorece.

Si eso no se logra, el riesgo no es tanto que la esperpéntica polarización nos lleve a una nueva crisis política, está visto que eso no es muy viable, sino que bloquee durablemente la urgente acción del Estado para resolver montones de problemas vitales para la vida y el bienestar cotidianos de las y los bolivianos.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Comparte y opina:

El colapso de WeWork

/ 23 de octubre de 2021 / 01:27

Es un triunfo que WeWork haya llegado tan lejos. Esta semana, una versión reducida de la empresa que alquila espacios de oficina comenzará a cotizar en la bolsa unos dos años después de que los inversionistas se dieran cuenta de que esta empresa emergente era una cortina de humo, de que casi se quedara sin dinero y de que su fundador se fuera con una fortuna.

WeWork no es la única empresa emergente ambiciosa que se tambalea. Los fiscales federales han dicho que la empresa de análisis de sangre Theranos falseó afirmaciones de que podía realizar cientos de pruebas médicas con solo un pinchazo de sangre y su fundadora está siendo juzgada.

Las empresas jóvenes como éstas no tienen mucha importancia para el resto del mundo. Sus inversionistas, en su mayoría acaudalados, pueden permitirse perder dinero. Sin embargo, el espectacular ascenso, caída y (tal vez) recuperación de WeWork tiene un alto precio. Al igual que el colapso bancario de hace más de una década y las historias de personas acaudaladas que utilizan medios legales para pagar poco o nada de impuestos, las empresas emergentes que fracasan contribuyen a la actitud de que el sistema financiero y la economía de Estados Unidos están amañados para favorecer a los ricos y a quienes tienen conexiones.

Para decirlo sin rodeos: los ricos y poderosos sí tienen una ventaja. Eso no significa que sea saludable que la gente se sienta fatalista porque así es como funcionan las cosas.

Agradezco, y al mismo tiempo temo, lo que han hecho las jóvenes y a veces descaradas empresas emergentes, demasiado entusiastas o absurdas, en la última década. Han tenido la ambición y el dinero para reimaginar viejas formas de hacer las cosas en la salud, el transporte, la educación, la vivienda, las compras y otros sectores de la vida.

Más de una década de manía por todo lo relacionado con la tecnología nos ha proporcionado tanto maravillas que han mejorado nuestras vidas como una industria artesanal de empresas insostenibles en lo financiero que, en ocasiones, han causado un daño catastrófico y nos han dejado a cargo del desorden. ¡Es complicado!

Lo que me llama la atención es el abrumador olor a injusticia. Cuando las empresas emergentes han tenido éxito, en su mayoría han hecho aún más rico al 1%. Y cuando estas empresas se inflan en exceso e implosionan, las personas influyentes que son responsables de ello tienden a no rendir muchas cuentas por sus actos.

Las personas que ven con mayor optimismo a las jóvenes empresas tecnológicas no han tenido en cuenta esta injusticia. Por lo general, estas empresas o personas no infringen la ley. Sin embargo, estos ejemplos nos dejan una sensación de injusticia que erosiona nuestra confianza. Tenemos esta sensación cuando los jefes de este tipo de empresas, como Adam Neumann, de WeWork, fracasan y son recompensados de todos modos y cuando los neoyorquinos ricos compran casas a precios (relativamente) bajos valiéndose de una ley destinada a ayudar a las familias de menores ingresos. Esa sensación de malestar se filtra a través de las historias de directores ejecutivos de empresas emergentes, en su mayoría poco rentables, que se han convertido en algunos de los ejecutivos mejor pagados del mundo empresarial estadounidense.

Podemos entender cómo la ambición en ocasiones tienta a la gente y cae en la codicia o el engaño, sobre todo si nadie les dice que no. La injusticia no es el resultado de manzanas podridas individuales, sino de sistemas que se inclinan a favor de los ricos y poderosos, y de guardianes, incluidos los funcionarios del gobierno, que son demasiado indiferentes o ineficaces.

Shira Ovide es columnista de The New York Times.

Comparte y opina:

El costo real de cambiar teléfono

/ 22 de octubre de 2021 / 01:52

Hablemos de comprar un iPhone por $us 1.000. Tim Cook, director ejecutivo de Apple, comparó alguna vez este precio deslumbrante con comprar una taza de café al día durante un año. No es gran cosa, ¿verdad? Pero los asesores financieros lo ven de otra manera. Según algunos cálculos, hoy una inversión de $us 1.000 en una cuenta de jubilación se dispararía a alrededor de $us 17.000 en 30 años.

En otras palabras, entre $us 700 y 1.000, el rango de precios de los teléfonos inteligentes modernos, es un gasto considerable. Menos de la mitad de los adultos estadounidenses tienen suficientes ahorros reservados para cubrir tres meses de gastos de emergencia, según el Centro de Investigaciones Pew. Sin embargo, una de cada cinco personas encuestadas por el sitio web financiero WalletHub pensó que valía la pena endeudarse por un teléfono nuevo.

Con razón, las empresas de tecnología argumentan que los teléfonos inteligentes son las herramientas más poderosas para trabajar y jugar y, por lo tanto, valen cada centavo. Pero también hacen trucos con los números para minimizar los costos de un teléfono nuevo. Por ejemplo, Samsung ha dicho que el precio de su nuevo teléfono Galaxy es de $us 200, pero eso es solo si cambias un teléfono con un año de antigüedad por crédito para uno nuevo. El precio real es de $us 800.

Por lo tanto, vale la pena considerar los cambios de teléfono desde otra perspectiva para medir su impacto financiero. Esto puede ayudarnos a tomar decisiones bien pensadas y no actuar en automático.

La ironía de la analogía de Cook con el café no se le escapa a Suze Orman, la asesora financiera que alguna vez comparó los hábitos de café de las personas con “tirar un millón de dólares por el desagüe”. Afirma que la aparentemente pequeña cantidad de dinero que la gente gasta sin pensar en ciertos tipos de café y ahora en cambiar de teléfono podría ser un camino hacia la pobreza. “¿Necesitas un nuevo teléfono cada año?”, preguntó Orman, presentadora del pódcast Mujeres y dinero. “Por supuesto que no. Solo es una pérdida de dinero ridícula”.

Este año, Flipsy, una empresa que compra y vende teléfonos usados, publicó un análisis en el que argumenta que es inteligente comprar un nuevo iPhone cada año. En resumen, cambiar de teléfono anualmente durante tres años consecutivos cuesta $us 418 más, o cerca de $us 12 al mes, en comparación con cambiar de dispositivo cada tres años.

Visto de esta manera, puede parecer una ganga obtener un teléfono nuevo cada año en lugar de cada cierto número de años. Pero la historia es distinta si introducimos estos números en una calculadora financiera.

Si colocas $us 12 al mes en una cuenta de jubilación, como una Roth IRA, que tiene una tasa de rendimiento anual promedio del 10%, esa cantidad se convertiría en $us 25.161 en 30 años, según la calculadora de ahorros de Orman.

Entonces, ¿qué pasa con esas tazas de café? En promedio, pagamos $us 3 por una taza, por lo que $us 1.000 podrían comprar cerca de 333 tazas. Pero es obvio que hacer tu propio café es mucho más barato.

Introduje algunos números en una calculadora de café diseñada por Bone Fide Wealth, un servicio de planificación financiera. En Costco, una bolsa de granos de café de Peet’s Coffee cuesta $us 16 y podrías preparar alrededor de 41 tazas de café a un costo de 39 centavos cada una. Entonces, un iPhone de $us 1.000 vale alrededor de 2.500 tazas de café. Así ya cambian las cosas.

Doug Boneparth, presidente de Bone Fide Wealth, ofreció un argumento en contraposición. Para las personas que tienen mucho dinero en efectivo y son conscientes de los efectos de sus gastos, derrochar en teléfonos nuevos podría ser intrascendente para sus objetivos generales de ahorro en comparación con gastos más grandes como la vivienda y, si los teléfonos los hacen felices, adelante. Comentó que aparta dinero en efectivo todos los años para comprar un nuevo iPhone como una especie de pasatiempo.

Pero reconoció que su afición está empezando a tener rendimientos decrecientes porque los nuevos teléfonos que lanzan cada año no están mejorando mucho en el aspecto tecnológico. Sobre el último modelo de Apple, mencionó: “Con el iPhone 13 es la primera vez que pienso: ‘En realidad solo tiene una mejor cámara’”.

Orman advirtió que para la mayoría de las personas que no tienen tanto dinero en el banco, en particular las que están endeudadas, los efectos de un cambio de teléfono podrían aumentar. Un teléfono de $us 1.000 cargado a una tarjeta de crédito podría convertirse en uno de $us 3.000 con intereses en el momento en que se pague, señaló. Más deuda también podría afectar tu puntaje crediticio, lo que te dificultaría la compra o el alquiler de una casa.

“Si crees que vale la pena endeudarte por un teléfono, entonces, Dios mío, te has tendido una trampa para estar siempre endeudado”, indicó. “La verdad es que, salvo por un gasto médico, no hay nada por lo que valga la pena endeudarse”.

Brian X. Chen es columnista de The New York Times.

Comparte y opina:

Comunicación no reemplaza política

/ 22 de octubre de 2021 / 01:49

Pasó hace poco, apenas algo más de un año. La medio y la sondeocracia nos mostraban el camino del resultado electoral, de él se decía que era incierto y que todo apuntaba a una segunda vuelta. No se vislumbraba la posibilidad de que en el país visible algún partido o alianza generara diferencia suficiente respecto al segundo, como para definir la elección en primera vuelta. Clarito se mostraba, no había posibilidad. Pero un partido sí lo hizo posible, uno por el que había votado un segmento de la sociedad que poco salía en las noticias y menos en las encuestas. Un sector que estaba subrepresentado en su imagen, voz y opinión. Luego vinieron los análisis y mea culpas. Casi 15 años después había ocurrido un fenómeno similar al de 2005 en el que la realidad mediática y discursiva (una buena parte de la comunicación) distaba mucho de la realidad en las calles. La mirada a lo que desde la comunicación mediatizada se proponía nos había distraído en exceso de lo que ocurría en la política desde las calles. De alguna manera, los análisis privilegiaban lo comunicacional antes que lo político. Y eso —lo demostraron los hechos— fue un error de percepción.

La pregunta entonces es: ¿por qué —tan pronto— se cae en el mismo error? Me refiero a la predominancia del lugar común en el que se lee el complicado momento que afronta el Gobierno nacional exclusivamente a través de sus errores comunicacionales. En todo caso, no se trata de una situación propia solo de esta época ni ocurre solamente acá. De alguna manera la proliferación y magnificación de la industria del marketing político en los últimos años ha sido uno más de los ingredientes que han fortalecido la idea de que la comunicación puede reemplazar a la política. La comunicación se ha vuelto la nueva vieja confiable. Carta aplicable para explicar toda situación o momento: falló la comunicación, como respuesta a todo fracaso político.

La comunicación política es un área de conocimiento que estudia la relación entre sistema mediático, político y ciudadanía; y sus efectos en la democracia. Ante ello parece importante recordar ahora que varios de sus estudios en el siglo XX postulaban la posibilidad de un “reemplazo” entre un campo/actor, el comunicacional por otro, el político. La situación convocaba a la preocupación de los estudiosos tanto por el reemplazo de los actores políticos por comunicacionales (situación que, en esta época, ya dejó de ser solamente una sospecha) como por el consecuente debilitamiento que esto ocasionaría sobre la acción política tan necesaria para el desempeño democrático y la resolución de conflictos de tipo público dentro de las sociedades occidentales.

Las acciones desplegadas desde la gestión comunicacional gubernamental y desde los medios de comunicación importan en política, sin duda. Pueden ser muy relevantes en determinados escenarios políticos. Y, sí, en esta gestión gubernamental requiere importantes ajustes. No obstante, aún en tiempos ruidosos y rebosantes de hiper (des)información, es importante recordar que endilgarle la totalidad política a la comunicación empobrece el análisis. Esto muy a pesar de las crecientes corrientes de marketing político que promueven este tipo de lecturas. Y es que en la comunicación política en realidad importa más el efecto en el horizonte democrático, el mismo que está compuesto por varias dimensiones y solamente una de ellas es comunicacional, que viene después y no en vez de la política.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora.Twitter: @verokamchatka

Comparte y opina:

Últimas Noticias