Cuando caía el ocaso del 21 de agosto de 1971, se consumía el golpe de Estado contra el gobierno del general Juan José Torres. Después de un triunvirato conformado por el general Florentino Mendieta y los coroneles Andrés Selich y Hugo Banzer, finalmente se eligió a este último como Presidente. Su régimen militar duró siete años e inauguró un ciclo de dictaduras en América Latina con efectos perversos para las fuerzas progresistas.
Cientos de bolivianos fueron víctimas del espeluznante Plan Cóndor, nutrido de torturas, persecuciones, asaltos, desapariciones forzosas y violaciones de sus derechos humanos. En 1972, bajo el concepto de “seguridad nacional”, se proclamó el estado de sitio, un régimen de excepción que se puede declarar en ciertas situaciones especiales, similar al de un estado de guerra. Las movilizaciones populares fueron reprimidas ferozmente.
Esta alusión histórica se da a propósito de la coyuntura actual. El Comité Cívico de Santa Cruz, en alianza con sus pares del resto del país y el Concejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), ha convocado a un paro nacional por la “dignidad del pueblo boliviano” y por el respeto de los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F). Como bien se sabe, en aquel plebiscito, el "No" para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que limita la reelección presidencial a dos periodos consecutivos ganó con algo más del 51% de los votos.
Desde entonces, las plataformas ciudadanas se proliferaron movilizándose en aras del respeto de los resultados del 21F y del artículo 168 de la CPE, enarbolando el discurso de la “defensa de la democracia”, enfatizando que “no quieren vivir en dictadura”. Aunque ese discurso, anclado en el clivaje democracia/dictadura, paradójicamente se combinó con enunciaciones conservadoras e intolerantes, incluso de tintes racistas. Por tanto, la verosimilitud del discurso democrático se fue diluyendo, para dar paso a movilizaciones protagonizadas por manifestantes exaltados.
Entonces, escoger una fecha para un paro cívico en nombre de la defensa de la democracia por parte de la dirigencia cívica es soslayar, consciente e inconscientemente, sus connotaciones. No solo es una torpeza política, sino una ignorancia histórica, ya que esta movilización puede ser asociada con la dictadura banzerista. Evocar u homenajear el inicio de una de las peores dictaduras es una forma ideológica. Así confirmarían cínicamente el rasgo autoritario que adquirió las movilizaciones de las plataformas del 21F.
O tal vez sea por ignorancia histórica. Si fuera así, es menester activar la memoria histórica para recordar aquellos días en los que el miedo se apoderaba de la ciudadanía, y la sensación de ser perseguido, arrestado o incluso de morir latía entre aquellos que no comulgaban con la postura ideológica de los dictadores.
Más allá de esos estribillos de “Bolivia dijo No”, estériles e inocuos, la jornada del 21 de agosto debería servir para reflexionar sobre el sentido de vivir en democracia, cotejando las circunstancias actuales con aquellos tenebrosos días de la dictadura, en los que los derechos humanos se pisoteaban, la sensación de vivir en vilo era una constante y el miedo se apoderaba de las almas. Ese régimen de terror instaurado por Banzer en los años 70 sí que era una dictadura.
* Sociólogo