En tiempos de crisis, inestabilidad e incertidumbre política, económica y social, una manera de resguardar el valor de los ingresos es la compra de moneda extranjera, debido a que se entiende que es una forma de minimizar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional en términos reales ante expectativas del incremento de los precios, situación que puede derivar en el aumento de demanda de dólares y la consecuente devaluación del tipo de cambio.

En la actualidad, existe una sobredemanda innecesaria de la moneda norteamericana en un contexto de estabilidad económica, contradicción que solamente puede responder a una ola especulativa, generada por agentes ajenos al mercado de divisas, efecto que es transitorio al no existir crisis alguna en nuestro país.

La economía boliviana tiene un alto grado de bolivianización, razón por la cual las transacciones habituales se las efectúa en moneda nacional, entre otras, compras en mercados, supermercados, consumo en restaurantes, pago de servicios básicos, transporte que utilizamos diariamente, compras en la tienda de barrio, obligaciones crediticias (que en un 99% están en bolivianos), aspectos por los cuales no existe un motivo transacción para la adquisición de moneda extranjera.

En diferentes empresas o negocios que ofertan bienes y/o servicios, los pagos son en bolivianos, los mismos aceptan la moneda extranjera solamente en casos extremos, pagando por ella mucho menos que la banda en la cual se encuentra el dólar (Bs 6,86 y 6,96), razón por la cual pagar con moneda extranjera aumenta el costo de la compra efectuada.

Con relación a los ahorros, las tasas de interés pasivas son más atractivas en bolivianos, contrariamente a las establecidas para moneda extranjera que adicionalmente tienen un Impuesto a las Transacciones Financieras por las operaciones bancarias efectuadas con dicha moneda, motivos por los cuales resulta menos atractivo el ahorro en moneda extranjera.

Es altamente probable que las personas que, en su afán de contar con la divisa norteamericana como motivo previsión, arrastradas por la especulación, pierdan un porcentaje de sus recursos producto de la compra de dólares a niveles superiores a los establecidos y en los próximos días tengan que venderlos a precios menores que se encuentran en la banda de la divisa norteamericana, viendo de esta manera reducirse sus recursos.

Las personas mayores que vivieron los procesos de hiperinflación de los años 80, pueden tener cierto nivel de preocupación y por ello procuren comprar dólares para contrarrestar los efectos de la supuesta devaluación del tipo de cambio, pero afortunadamente es otro el contexto en el que vivimos, por lo que no es comparable a dicha coyuntura que fue generada por la deuda externa y el “tsunami” para la economía boliviana. Para las nuevas generaciones, que asumen como normal la estabilidad económica, no es habitual la compra o venta de dólares como motivo de previsión y tampoco la utilización en sus transacciones cotidianas, por lo que no es precisamente un segmento que esté demandando dólares.

La especulación del tipo de cambio es un proceso temporal, mas no definitivo, que en este caso se produce por la difusión de información distorsionada que genera expectativas negativas e incertidumbre en la población, a través de mensajes en diversos espacios de comunicación; no obstante, los mismos son pasibles a la aplicación de la normativa que prevé como delito financiero la difusión de información financiera falsa, situación que es sancionada.

Estos procesos de especulación e incertidumbre ya fueron observados en meses pasados, por manifestaciones regionales que ocasionaron que en algunos centros de venta de gasolina y diésel se vieran largas colas y precios superiores en mercados paralelos, con personas que acumularon combustible con la idea de revenderlo a precios más altos a los establecidos, aspecto que fue frustrado porque con el paso de los días la situación se fue normalizando.

Es muy probable que en los próximos días la situación de especulación con relación al dólar se revierta con la consecuente pérdida de recursos para la población que se está dejando llevar por la ola especulativa por la presunta devaluación del tipo de cambio, aspecto que está generando una sobredemanda innecesaria de dólares.

Gustavo Gómez es economista.

El Ministerio de Educación propuso para esta gestión una modificación en la currícula escolar que a mí me parece por demás interesante. Lo más destacable, a mi entender, es la introducción de la materia de robótica y de la educación sexual desde primaria.

Empezando por lo primero; los avances en digitalización e inteligencia artificial se han trasladado muy rápidamente al mundo de las máquinas: la robótica. Desde hace varios años esta disciplina viene sorprendiendo al mundo con innovaciones que van desde micro robots que apoyan en intervenciones quirúrgicas, para hacerlas cada vez menos invasivas, hasta automóviles no tripulados, pasando por las cada vez más extendidas aspiradoras autónomas domésticas.

Cualquier proceso de agregación de valor significativo se ha basado, desde la primera revolución industrial, en la incorporación de las innovaciones tecnológicas de punta. Hoy en día, las innovaciones vienen de la mano de la informática, la inteligencia artificial y la robótica.

Lamentablemente, la introducción de la robótica está siendo cuestionada por los sectores conservadores del magisterio. A alguno se le ocurrió decir que no pueden enseñar robótica porque “no son robots”.

Las sociedades que han avanzado en los campos más adelantados de las disciplinas que hoy lideran el progreso técnico lo hicieron porque su sistema educativo está diseñado para justamente eso, acompañar y promover la innovación. Claramente, los sectores conservadores del magisterio boliviano tienen su propio diseño en mente, totalmente desconectado de las necesidades de la sociedad.

Pero, de nuevo grupos conservadores del magisterio han encontrado alianzas con grupos aún más conservadores de padres de familia y de la Iglesia católica, para atacar otra innovación de la currícula: la educación sexual.

El problema que yo veo en esta triple alianza es que va esencialmente contra los derechos de las niñas, adolescentes y, en general, de las mujeres. Las mujeres han logrado avances estratosféricos en las últimas pocas décadas, pesando cada vez más en la vida pública, en el mercado laboral y en cualquier representación social que usted vea. Ya no como segundonas, sino como protagonistas de su vida.

Para alcanzar esos logros, las mujeres han desarrollado su capacidad de decisión propia. Y ahí va el asunto: la educación sexual es clave para el desarrollo de la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo; para decidir o cuestionar la maternidad y para decidir las condiciones que desean para las relaciones de pareja, por mencionar solo dos de los más importantes temas.

Yendo a lo básico, la educación sexual puede lograr transformaciones importantísimas que nos permitan revertir los alarmantes niveles de embarazo adolescente que tenemos hoy en día. Existen decenas de estudios que demuestran que un embarazo precoz puede destruir las opciones laborales de las jóvenes y representa un enorme lastre en sus posibilidades de ascenso socioeconómico.

Pero además de las mujeres, los chicos también se van a beneficiar enormemente de aprender temas de sexualidad en el colegio, para saber reencaminar sus relaciones afectivas fuera del ámbito de la dominación y de la codependencia.

La propuesta de enclaustrar los temas de educación sexual al interior de familias integradas por gente que tampoco ha recibido educación sexual de manera sistemática nos sume en un pozo de ignorancia y fomenta la doble moral.

Pero como dice el gran Chico Buarque, a pesar de usted, mañana será otro día. A pesar de los temores a la educación, que hoy en día ponen en riesgo los avances que plantea la nueva currícula, chicos y chicas del país aprenden por su cuenta de robótica, en la gran mayoría de los casos apoyados por docentes lúcidos y comprometidos con el cambio.

Chicos y chicas se cuestionan todos los días acerca de los parámetros morales sobre la sexualidad y las relaciones de género que nos dejaron nuestros mayores, y toman partido por el cambio. Los sectores conservadores saben que sus paradigmas van en retirada y se van a defender con uñas y dientes. Pero el futuro ya está aquí, y la sed de conocimiento es más intensa que el temor a la educación.

Pablo Rossell Arce es economista.

Para Guy Standing, economista especialista en temas laborales, el precariado sería una clase social en formación, resultado de la mercantilización neoliberal del trabajo que, a diferencia de la clase obrera tradicional, se caracteriza por la inseguridad en el empleo, es decir, que los miembros de esta clase pueden estar largos periodos desempleados, y cortos e intermitentes periodos con un empleo precario o subempleados, es decir, empleados en un trabajo sin la protección del derecho laboral y la seguridad social, o dicho de manera más sencilla: sin seguro médico, sin vacaciones pagadas, sin prestaciones estatales como bonos o rentas, sin las posibilidades para ser sujeto de crédito, es decir invisibilizados. Es más, la presencia de un precario es siempre sospechosa, condicionada y sujeta a comprobación, lo cual permite que se lo despida o se le quite el trabajo sin ninguna compensación previa o posterior.

El precariado sería el resultado del fracaso y desmantelamiento de los Estados sociales de derecho que garantizaban una seguridad en el mercado laboral, en el empleo, en el puesto de trabajo, con cobertura social frente a accidentes y enfermedades, con promoción en la reproducción de las habilidades, con garantía en los ingresos y en la representación político partidaria. El quedar fuera de este marco de garantías del Estado social de derecho equivale a caer en la precariedad laboral. El precariado es una de las siete clases sociales descritas por Guy Standing en su libro titulado El precariado, una nueva clase social. Las siete clases sociales de Standing son: 1) élite o plutocracia, 2) asalariado, 3) profitécnicos, 4) proletariado, 5) precariado, 6) desempleados, 7) lumpen-precariado. Sin embargo, decir quién está o no en el precariado es un poco más complejo. Por ejemplo, el precariado obviamente no posee la seguridad laboral del asalariado o del proletario (diferenciados porque el proletario realiza casi siempre un trabajo manual), no cuenta con la formación de los profitécnicos (que son trabajadores por cuenta propia pero altamente especializados), muchas veces un precario pasa a formar parte de los desempleados, y en casos muy extremos, como lo es la situación de los migrantes indocumentados, pasan al llamado lumpen-precariado.

Esta condición de clase en sí pero no para sí, nos permite decir que el precariado es una clase social siempre en formación, con miembros que acumulan una frustración que los convierte en una clase peligrosa, pues son proclives, a veces sin quererlo, a la ilegalidad y a veces la delincuencia.

Esta caracterización del precariado que realiza Guy Standing puede no contener otros factores que, en países como el nuestro, son influyentes, como la colonialidad, la discriminación por razones de género y el racismo.

Farit Rojas T. es abogado y filósofo

Cuando se fundó Estados Unidos, los amigos y vecinos podían aconsejarse libremente unos a otros sobre cómo abordar los problemas legales. Cualquiera podía dar consejos sobre la ley o redactar documentos legales para otros. Uno tenía que ser abogado para abogar ante ciertos tribunales, pero eso era todo lo que los abogados tenían derecho exclusivo a hacer. El tribunal supremo de Nueva York lanzó un cambio significativo en 1919 cuando declaró que la práctica de la abogacía, reservada exclusivamente para los abogados, incluía la asistencia legal provista por una tarifa fuera del juzgado. El tribunal señaló que uno “probablemente” podría “pedir ayuda legal a un amigo o vecino”, pero desde entonces los tribunales han ampliado el monopolio de los abogados para que las leyes en todo el país restrinjan que cualquier persona que no sea abogado ayude a otra persona con un problema legal.

Estas leyes que prohíben la “práctica no autorizada de la abogacía” perjudican a quienes no pueden pagar un abogado. Incluso aquellos que tienen capacitación relevante o experiencia personal, pero que no son abogados, pueden no ofrecer asesoramiento gratuito sobre cómo manejar un problema legal común. No pueden aconsejar, por ejemplo, cómo usar los procesos legales para obtener la devolución de un depósito de seguridad, obtener horas extras o el pago de manutención infantil, o probar que se pagó una deuda.

Los estados deberían suavizar estas restricciones. Muchos estarían de acuerdo en que la Constitución debería otorgar a todos el derecho a dar y recibir asesoramiento gratuito sobre los desafíos de la vida, incluidos los problemas legales. La Constitución requiere que las leyes que censuran el discurso se adapten estrictamente para cumplir un propósito apremiante. Los estados pueden proteger a las personas de consejos malos o fraudulentos, pero no prohibiendo que todos, excepto un abogado, ayuden a otros en su comunidad con sus problemas legales. Eso va demasiado lejos, porque las personas que no tienen un abogado pueden beneficiarse del asesoramiento gratuito sobre problemas legales comunes de parte de alguien con capacitación o experiencia que conocen y en quien confían, incluso si esa persona no es abogado.

Cuando la asistencia legal requiere habilidades y conocimientos altamente especializados, se vuelve cada vez más legítimo que el estado insista en que solo un abogado la brinde; por ejemplo, representar a un cliente en una sala del tribunal donde se necesita conocer reglas procesales y probatorias particularmente complejas y otras leyes, o redactar determinados documentos jurídicos sin un modelo fiable.

En algunas jurisdicciones, existen excepciones a estas restricciones, y el público se beneficiaría de más de ellas. En los procedimientos administrativos, las partes que buscan beneficios federales pueden ser asistidas por otras personas que no sean abogados, ya sean profesionales como trabajadores sociales o amigos conocedores. En algunos estados, los paraprofesionales certificados pueden ofrecer ciertos servicios legales, por ejemplo, preparar documentos legales en Arizona, defender a los inquilinos del desalojo en Delaware y ayudar en asuntos de la corte familiar en el estado de Washington. En Utah, la Corte Suprema del estado estableció una Oficina de Innovación de Servicios Legales para supervisar la experimentación con la prestación de servicios legales, incluso por personas que no sean abogados, en formas no tradicionales.

Las prohibiciones de prácticas no autorizadas no deben interponerse en el camino de aquellos que buscan ayuda con problemas legales comunes de otras personas en sus comunidades que pueden brindarla de manera competente. Las personas que enfrentan muchos desafíos legales en la vida deberían poder recurrir a aquellos en quienes confían para obtener asesoramiento gratuito.

Bruce A. Green es columnista de The New York Times.

Este año se intenta volver a la normalidad en la realización de las fiestas andinas y una de las más conocidas y publicitadas es la del Gran Poder en la ciudad de La Paz. En una sociedad del espectáculo y la propaganda, el Gran Poder fue paulatinamente auspiciado por las empresas y especialmente por las cerveceras. ¿Por qué existe la íntima relación de las danzas y las músicas folklóricas andinas urbanas con el consumo de diferentes formas de alcohol, incluido la cerveza? En el caso boliviano es muy estrecha esta dependencia y muy difícil pensar en las entradas folklóricas sin el gran consumo de alcohol, incluidos los espectadores.

Está claro, no es lo mismo que el auspiciador sea una embotelladora de agua o fabricantes de alcohol, aunque se llame cerveza. Se ha estudiado la fiesta del Gran Poder desde diferentes perspectivas, pero menos desde los efectos que produce el consumo del alcohol. Las fiestas populares y urbanas como el Gran Poder son los espacios propicios para el consumo indiscriminado, sus grados de intoxicación, accidentes y muertes como consecuencia, el inicio de la dependencia e incluso las violaciones.

Desde hace varios años, todas las fiestas folklóricas son auspiciadas por empresas cerveceras, aunque tengan diferentes nombres. Lo que no se sabe públicamente y tampoco se ha estudiado es ¿en qué consiste el auspicio de la empresa de cerveza? ¿Quiénes se benefician directamente con las cajas de cerveza que son repartidas a las distintas fraternidades? ¿El beneficio directo es para los organizadores? ¿También los bailarines usufructúan? Hay más preguntas, ¿cuál es el costo social y de salud de ese auspicio? En términos capitalistas, ¿cuánto invierten las empresas cerveceras y cuánto ganan de esa inversión? A la lógica empresarial capitalista no le importa el costo social.

¿Cuál es el costo real social, cultural del auspicio? He escuchado en muchas ocasiones decir con mucho orgullo a muchos/as danzarines que “bailan porque les gusta y nadie les da nada”. Esta frase conlleva a la idea de que lo hacen por voluntad propia y nadie les apoya o les financia económicamente. Sin embargo, esta expresión es muy relativa porque hoy y desde hace varios años alguna empresa cervecera tiene la exclusividad de auspiciar el Gran Poder.

En el fondo es una forma de apropiación cultural, aunque los danzarines gasten en su participación en alguna fraternidad. Pero los auspiciadores se han dado a la tarea de construir un discurso de que apoyan las manifestaciones culturales, la identidad, etc. Esta es la injerencia y la apropiación descarada de una manifestación de identidad largamente construida por migrantes aymaras. Tal es el grado de intrusión de estas empresas capitalistas, que han obligado o naturalizado el consumo de alguna comida típica boliviana acompañada de una determinada cerveza.

¿Se pronunciarán sobre este hecho social de salud pública del consumo masivo del alcohol los ministerios de Culturas y de Salud? Parece poco probable. Pero estoy casi seguro que el Ministerio de Culturas manejará algunas cifras referidas a la presencia de personas partícipes en la indicada fiesta a realizarse en junio, incluso de la cantidad de dinero que generó el Gran Poder.

Lo más cínico es el anuncio reciente de funcionarios de la empresa cervecera como “el gran auspicio” a la Fiesta Mayor de los Andes para este año. ¿En qué consiste este auspicio? Que superaría el 120% de los años anteriores. Lo más preocupante es cuando señalan que la cerveza es el “símbolo de la celebración”. Es decir, que no se puede hacer fiestas sin alcohol, es decir sin cerveza. Vaya la apuesta por la colonización de un producto dañino y con graves consecuencias sociales.

Además, indican que la cerveza “es un elemento que se ha incorporado a su ritualidad”. ¿Cuál es esa ritualidad? ¿La ch’alla? ¿Alimentarse acompañado de una cerveza? Siguiendo el discursito escabroso de la empresa cervecera, dicen que es la “inigualable oferta” que tiene el fin de demostrar “que realmente estamos orgullosos de nuestra cultura, tradiciones y nuestro Gran Poder”. ¿Orgullosos de que nos hemos convertido en borrachos…? ¿Qué orgullo puede haber cuando la identidad cultural se ha mezclado con el alcoholismo? ¿Sera posible que los/as bailarines conscientes puedan rebelarse contra ese manejo humillante de los organizadores, apoyados por la empresa de cerveza?

La danza y la música de los pueblos andinos tienen un aire de libertad y muchas veces se ha inventado danzas anticoloniales, como los doctorcitos. Siguiendo este espíritu rebelde se esperaría que se tire al basurero ese auspicio que ha supeditado que una empresa capitalista gane mucho dinero haciendo consumir mucho alcohol.

Markachirinakaxa wali thuqhu chuymatanwa. Gran Poder uka thuqhuwixa jach’a qamir sirwisa apnaqirinakaruw jaqkattatawa. Arusisiñasawa uka jan suma thakhi sartawiruxa ¿Janicha ukhamaxa?

Esteban Ticona Alejo es aymara boliviano, sociólogo y antropólogo.