El 20 de enero de esta gestión, por segunda vez consecutiva, asumirá la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, conocido por su mensaje xenófobo, islamófobo, antiinmigrante, racista, fascista y sionista, considerado el “primer presidente delincuente”, quien fue condenado de manera formal, el pasado 10 de enero, en el caso por el que quiso comprar el silencio de la estrella porno Stormy Daniels; sin embargo, se quedó en libertad incondicional, sin castigo o multa por el respeto a su investidura, según el fiscal Joshua Steinglass.

Lo cierto es que el presidente electo de los EEUU no solo fue acusado de 34 delitos federales, por supuesta falsificación de registros comerciales, por el pago de 130 mil dólares a la actriz mencionada durante la campaña presidencial de 2016, a cambio de su silencio sobre su relación sexual extramarital que tuvo con ella en 2006; sino que Trump es responsable de muchos otros casos, como su participación e intentona golpista en el asalto al Capitolio de EEUU, el 6 de enero de 2021, en el que resultaron cuatro personas muertas y más de 52 detenidas, después de haber perdido las elecciones frente a Joe Biden.

Es incongruente que en un país en donde se enarbola la “libertad y la democracia” se sigan tomando decisiones arbitrarias para invadir y aplicar “sus principios” en una sociedad mundial que ya no gira en torno a ellos; pues EEUU tendría que entregar a la Corte Penal Internacional a Donald Trump por todos los delitos y crímenes internacionales que cometió durante su anterior mandato, fomentando el terrorismo global.

Al haber ordenado los asesinatos del general del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI), Qasem Soleimani, del comandante interino de las fuerzas voluntarias shiíes iraquíes, Abu Mahdi Al-Mohandes, y de otros militares en un ataque aéreo estadounidense en la ciudad de Bagdad, Irak, el 3 de enero de 2020; Trump se convirtió en un prófugo de la justicia, al ser un claro ejemplo de terrorismo de Estado y violación de los derechos humanos.

Irán abrió legalmente, a través de su poder judicial, un caso contra el gobierno de Estados Unidos y condenó a este país a pagar fuertes compensaciones por el asesinato del Gral. Qasem Soleimani, y que, según el tribunal, se deberá pagar un total de 49 mil 770 millones de dólares, cantidad que irá acompañada del pago de una indemnización por daños y perjuicios desde la fecha de emisión de la sentencia hasta el día de su ejecución, la misma que expira en abril próximo.

La condena a Estados Unidos y la presentación del caso en foros internacionales, incluida la Corte de La Haya, muestran la determinación de Irán de prevenir las peligrosas herejías del terrorismo de Estado; pues debemos recordar que las acciones criminales de Estados Unidos y el régimen israelí se han llevado a cabo muchas veces, no solo incluyendo el asesinato de comandantes de la resistencia, sino también la de científicos nucleares y otras figuras prominentes.

Trump ya tiene un antecedente en la materia, pues su naturaleza islamófoba lo llevó a prohibir, el 28 de enero de 2017, el ingreso a ciudadanos de países de origen musulmán (Irán, Irak, Siria, Somalia, Yemen, Sudán y Libia), aunque estos pidieran asilo, tuvieran estatus de refugiado o permiso de entrada, medida que fue ampliamente criticada porque representó una violación de los derechos civiles.

Desde el 20 de enero, Trump fortalecerá los regímenes autoritarios y de extrema derecha, siendo su presencia un peligro para la convivencia pacífica de la humanidad. En tal sentido, el rol de Rusia, China, Irán y los BRICS —si es que quieren vivir en una sociedad equilibrada— deberá ser la de profundizar mucho más los lazos de integración en defensa de la libertad y la multipolaridad; no hacerlo ocasionará la emergencia de una sociedad del miedo y el terror.

Sdenka Saavedra Alfaro es escritora, corresponsal internacional de HispanTV.

Como todos los años la prensa realiza la cobertura educativa con las inscripciones escolares, posteriormente seguirán otros temas recurrentes sin entrar a abordar temas de fondo como la generalizada percepción social sobre las limitaciones de la educación formal (escolar, alternativa, especial y superior) y la consecuente urgencia de re plantear las instituciones educativas, sus formas de desarrollar los procesos formativos y de garantizar el derecho a una educación de calidad para todas y todos. A la falta de cumplimiento de la promesa de educar (Banco Mundial, 2018) y la sospecha generalizada de la sociedad sobre las instituciones educativas (Tenti, E. 2022), se suma hoy la disrupción tecnológica y su impacto exponencial en todas las actividades humanas (Harari, Y.N. 2024), particularmente con la gradual generalización del acceso a la inteligencia artificial (IA).

¿Ha tenido el lector la oportunidad de interactuar con alguna de las diversas IAs disponibles actualmente? Al asombro y el entusiasmo de las posibilidades que ello abre le sigue una preocupación que, como mecanismo natural de autodefensa, evitamos ahondar. Lo cierto es que, al boom de la novedad de la IA de hace dos años, le ha seguido un rápido desarrollo y su gradual instalación en nuestras vidas.

Se puede seguir ahondando en el tema, ahora interesa centrar nuestra atención en lo que la IA implica para la educación a corto plazo. Para el mundo laboral y productivo la pasividad ante esta nueva realidad no es opción si se desea tener un papel que no sea simplemente periférico o básico -incluso irrelevante- como personas y como países; de la misma manera, la inacción no es opción para las instituciones educativas. Lo único seguro es el cambio y quien no lo asume lo sufre más temprano que tarde.

Muchos aspectos cambiarán con el uso generalizado de la IA en educación; se escribe mucho al respecto. Hoy los docentes viven día a día estos cambios. Quienes lo hacen con perspectiva intentan comprenderlos y adaptarse; quienes no desean desinstalar sus seguridades cierran un ojo, e incluso los dos, en una actitud negacionista. El impacto de la IA ya está en los procesos educativos, en el acceso y procesamiento de información, en las tareas, en las evaluaciones.

Gradualmente la incorporación de la IA en los procesos educativos formales afectará a toda la gestión curricular e institucional: El papel de los docentes, la forma de organizar los procesos, las gradualidades, las evaluaciones, las certificaciones, la disposición de la infraestructura y de los recursos. La educación en masa irá cediendo paso a una educación personalizada, los maestros pasarán de ser facilitadores a diseñadores de itinerarios de aprendizaje individualizado que sus estudiantes desarrollarán en interacción con la IA, la misma que se adaptará a sus intereses individuales, sus propios ritmos, sus formas particulares de aprender.

La transmisión de la información y la instrucción dejarán de ser el rol principal de los docentes. Por supuesto la educación es más que eso; por ello los desafíos y objetivos de los sistemas educativos serán los de la democratización del acceso a la conectividad y a plataformas educativas gestionadas con base a la IA. La labor docente se centrará quizá en organizar procesos de socialización, el desarrollo de habilidades, hábitos, actitudes que nos permiten la convivencia y nos hacen propiamente humanos.

Sin la pretensión de adivino o apocalíptico, es posible que, en un futuro próximo, la prensa -que también cambiará con la IA- anunciará no ya las fechas para la inscripción escolar sino una especie de información sobre las diversas opciones de subscripción a entidades educativas, ya no regidas por un calendario y pensum único, sino abiertas y flexibles. Si fuera así, ¿no debiéramos estar preparando las condiciones para que nuestro sistema educativo no quede rezagado u obligado a adherirse ciegamente a paquetes no siempre contextualizados ni libres de mercantilismo?

Luis Fernando Carrión Justiniano es educador e investigador boliviano

«Para ser felices se necesita eliminar dos cosas: el temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado», decía Séneca, recordándonos que la verdadera transformación de una sociedad radica en su capacidad de superar sus miedos y sanar sus cicatrices. Hoy, Bolivia enfrenta un momento crucial en su historia, con la posesión de nuevos magistrados que prometen ser el faro de esperanza en un océano de incertidumbre.

Nuestra justicia, durante años, ha sido como un río contaminado: indispensable para la vida, pero envenenado por la corrupción, el servilismo político y la indiferencia. En ese contexto, la llegada de nuevos rostros al sistema judicial podría simbolizar el inicio de una purificación. Sin embargo, no basta con el cambio de nombres; lo que está en juego es la reconstrucción de la confianza en el pilar más frágil de nuestra democracia.

Los nuevos magistrados asumen sus cargos con una doble carga: la esperanza de un pueblo que anhela justicia verdadera y el peso de un pasado que se resiste a ser olvidado. La frase de Séneca cobra vida aquí: para avanzar, debemos mirar al pasado sin permitir que su sombra nos paralice. La justicia no puede ser prisionera de los rencores históricos ni de los intereses de turno; debe ser un instrumento de reconciliación y verdad.

El desafío filosófico y humano que enfrentan estos magistrados no es menor. Se les pide que sean los arquitectos de un nuevo orden, que levanten puentes donde otros solo han dejado abismos. Esto requiere valentía, independencia y, sobre todo, una visión ética que trascienda los intereses mezquinos que tantas veces han contaminado el sistema judicial.

La justicia no es un concepto abstracto; es el rostro sereno de una madre que confía en que el asesino de su hijo será juzgado. Es el brillo en los ojos de un joven indígena que, por primera vez, siente que su voz importa. Es el suspiro de alivio de una mujer que ya no teme denunciar a su agresor. En su forma más pura, la justicia es el alma de una sociedad que busca la paz consigo misma.

Pero para que esta justicia renazca, no solo necesitamos magistrados íntegros; necesitamos una ciudadanía vigilante. La transformación no vendrá desde un despacho, sino desde la unión entre instituciones sólidas y un pueblo que exige transparencia, equidad y resultados.

Hoy, Bolivia se encuentra en una encrucijada. Los nuevos magistrados pueden optar por ser los protagonistas de una epopeya que cambie la historia o meros actores secundarios en un drama repetitivo. La elección está en sus manos, pero también en las nuestras, como sociedad.

En este amanecer judicial, no basta con mirar el horizonte con esperanza; debemos caminar hacia él con determinación. El pasado nos ha dejado lecciones dolorosas, pero no estamos condenados a repetirlo. El futuro nos espera, y con él, la posibilidad de que la justicia, finalmente, sea el espejo limpio en el que todos los bolivianos puedan reflejarse con orgullo.

Que la frase de Séneca no sea solo un recordatorio de lo que falta, sino una promesa de lo que podemos construir. Porque una Bolivia justa no es un sueño imposible; es un destino al que estamos llamados, si tenemos el coraje de enfrentarlo juntos.

Sin agenda y sin norte político, la oposición venezolana protagonizó un bochornoso y circense espectáculo político cuando dijo el jueves que la opositora María Corina Machado había sido secuestrada por el régimen del presidente Nicolás Maduro. Al más puro estilo de las fake news (noticias falsas), el equipo de apoyo de la opositora afirmó que las fuerzas policiales habían retenido a Machado tras ser interceptada y tumbada de una motocicleta en la que se trasladaba después de participar de una movilización opositora en Caracas; además, que hubo un herido tras la detonación de armas de fuego.

Este hecho fue la apertura de los noticieros televisivos en sus emisiones nocturnas en varios países de Latinoamérica. Lo paradójico de todo es que en ninguna de las imágenes televisivas ni de las redes sociales se escucharon detonaciones de armas de fuego, ni se vieron irrupciones violentas de parte de la Policía Bolivariana en contra de los manifestantes opositores.

La oposición y el Comando con Venezuela, equipo de campaña del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, no supieron explicar por qué el “régimen dictatorial” liberó a la exdiputada Machado después de su “captura”. Parece que el gobierno de Maduro no había sido tan “dictatorial” como lo califican varios gobiernos y medios de comunicación internacionales. Fue el mismo ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que, si el Gobierno chavista hubiera decidido capturar a la líder opositora, “ya estuviera detenida”. Veinticuatro horas después, la misma Machado dijo que fue detenida, atacada y que “abruptamente hubo una orden para liberarla”.

Muchos gobiernos y exmandatarios de la región buscan descarrilar a Venezuela y tratar de llevarla por los caminos del caos, la división, por los caminos del enfrentamiento y con el caos, la división, la violencia, hacer un llamado a una intervención extranjera militar, que es el sueño último de esta idea descocada del fascismo venezolano, de la extrema derecha, de tratar de aplicar un método de máxima presión, violencia y destrucción del chavismo. Desde hace años existe un movimiento mediático promovido en la prensa escrita, televisiva y en las redes sociales, para hacer ver a Venezuela como un estado fallido y desestabilizar a la nación. Y esta vez se ha sumado al mismo los medios de la socialdemocracia europea y latinoamericana, repitiendo los mismos argumentos sin base alguna.

En los últimos años, los principales opositores han huido de Venezuela, como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien en noviembre de 2017 escapó a España después de ingresar ilegalmente a Colombia. El también opositor Leopoldo López llegó en octubre de 2020 a Madrid tras abandonar la residencia del embajador de España en Caracas. Allí permaneció como huésped durante 18 meses, justo desde que fue liberado en abril de 2019 de su arresto domiciliario por un grupo de uniformados dirigidos por el también líder opositor y expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En abril de 2023, entró a Colombia desde Venezuela en un viaje muy polémico al tratarse de la tercera vez que rompía la prohibición de Maduro de no salir del país por una orden de arresto sustentada principalmente en la «legitimación de capitales». En la actualidad vive en Miami, desde donde realiza un activismo político «discreto». Aunque técnicamente se encontraba bajo vigilancia y no arrestada, la exfiscal General, Luisa Ortega, tenía prohibido salir del país. Sin embargo, protagonizó un sonado escape en una lancha que la llevó a la isla de Aruba y de ahí viajó a Bogotá. Actualmente vive en la capital española. Desde que huyó a España en agosto pasado, González Urrutia amenaza con autoproclamarse gobernante de Venezuela, no precisamente de Maduro, sino de Guaidó, el olvidado títere a quien Estados Unidos ungió presidente interino entre 2019 y 2023.

Lo cierto es que con una oposición cada vez más débil y menos creíble, Maduro juró como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031 y Estados Unidos ha elevado a 25 millones de dólares, el máximo disponible, la recompensa por información para detenerlo.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

Hulsman, mi profesor y uno de los referentes principales del abolicionismo, aquel vikingo de cerca de 2 metros, que vestía camisas floreadas sueltas y bermudas, quien, si bien no pretendía la abolición del Estado, pero sí la reducción del sistema penal, y por ello se prestaba a la confusión de si era un liberal o anarquista, como se lo pregunté en aquella clase en Maracaibo-Venezuela (1987), afirmaba que el abolicionismo se da principalmente en los países del noreste de Europa.

Caminando por las calles de Santa Cruz de la Sierra, observaba a los peatones y a conductores de vehículos, de servicio público y a los privados.

Observé que, en una intersección, mientras el semáforo estaba en verde, tanto para el transeúnte como para vehículos, aquel inicia el cruce de la calle, pero el vehículo sin poner guiñador ni observar, dobla justo hacia donde el transeúnte cruzaba, poniendo en riesgo su integridad y además propiciándole una reprimenda, el conductor y quienes lo acompañaban, como si tuviesen la razón.

Recordé a Hulsman, quien decía que los semáforos (símbolo del orden y del Estado) no deberían existir, porque cuando el ciudadano que va caminando o conduciendo por la calle se atiene al semáforo y descuida a la persona que están también caminando o conduciendo, es aquí donde pueden producirse los accidentes. Claro, implica toma de conciencia, de conocimiento y voluntad.

En repúblicas fallidas como la nuestra, de raquítica institucionalidad, por esas mismas razones, la mayoría no respeta —o no conoce— al sistema que es lo que representa un semáforo; desde la “autoridad”.

Con el pasar del tiempo me di cuenta de que sí, Hulsman, tenía razón. Vivimos, sufrimos y hacemos sufrir continuamente, ya que pareciera que quienes conducen vehículos nunca fueron a un curso o dieran examen sobre las reglas del tráfico, que los vehículos teniendo guiñadores no son utilizados para cruzar de una línea a otra, o cuando están girando hacia otra calle. Y también los peatones cruzamos la calle y en cualquier parte, tomamos servicios públicos en cualquier lugar, nos parqueamos en aceras, doble fila, e inclusive habiendo espacio donde está permitido, igual parqueamos en lo que corresponde a un doble espacio. Como diría Foucault, reproducimos fallas del Estado fallido, pero al final… poder.

Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo.