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viernes 1 jul 2022 | Actualizado a 19:16

Dinero universitario

La rendición de los cerca de Bs 1,8 millones que reciben las FUL es poco clara o ni siquiera se la realiza.

/ 17 de septiembre de 2019 / 00:10

La autonomía universitaria en Bolivia, que data de la primera mitad del siglo XX, ha dado grandes avances políticos e institucionalidad a ese componente clave de la sociedad moderna: la academia superior. Sin embargo, el revolucionario modelo de cogobierno con la participación del estudiantado también ha dado lugar a malversaciones y manejos poco transparentes del dinero que administran.

En efecto, en casi todas las casas superiores de estudio públicas del sistema universitario boliviano, las diferentes federaciones universitarias locales (FUL), que agrupan y representan a los centros estudiantiles de las diferentes carreras, reciben una parte de los casi Bs 12 millones que se obtienen por los aportes estudiantiles adosados a la matrícula universitaria, y un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que debe servir para extensión, cultura y deportes. En total, las federaciones universitarias manejan cerca de Bs 1,8 millones; y la ley establece que se debe dar cuenta del uso de este dinero ante la Dirección Administrativa Financiera (DAF) de cada universidad, pero tal rendición es poco clara o ni siquiera se la realiza.   

En las universidades Nacional Siglo XX y Mayor de San Simón (UMSS), la FUL presenta descargos ante la DAF por el dinero recaudado con las matrículas. En la UMSS, el dinero se usa para financiar guarderías universitarias y pagar honorarios de abogados. En la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho no se transfiere parte de la matrícula a la dirigencia estudiantil; mientras que en la Universidad Mayor San Francisco Xavier esta partida ha sido congelada por instrucción rectoral.

En todas las demás universidades la dirigencia estudiantil ejecuta sus recursos tras concertar con los representantes estudiantiles de las carreras y facultades, y luego rinde cuentas en asambleas ante los propios estudiantes. Algunos dirigentes reconocen que no es del todo legítimo hacer este tipo de rendición, aunque esto necesita mucho debate, sobre todo en el contexto de la autonomía universitaria.

Y precisamente esta ausencia es la que preocupa a la Contraloría General del Estado (CGE), institución que no puede inmiscuirse en la gestión autónoma de las universidades, pero al mismo tiempo tiene el deber de auditar el uso de estos recursos, que no dejan de ser públicos. En opinión del presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, ese dinero es más bien un “fondo gremial” y, por tanto, no debe ser auditado por la CGE.

El aspecto financiero es apenas un indicador del complejo entramado de poder que existe dentro de las universidades públicas y del cual una buena tajada corresponde a la dirigencia estudiantil, que a menudo produce evidencia de poco apego a la democracia y la transparencia, amén de ejemplos de “estudiantes profesionales” que nunca dejan la universidad, pues viven de los puestos dirigenciales y las canonjías que llegan con ellos.

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La ocupación israelí, ¡hasta cuándo!

/ 1 de julio de 2022 / 01:16

El mundo entero es consciente de que todas las acciones y prácticas de la ocupación israelí en los territorios palestinos ocupados son “contradictorias con las normas más básicas del derecho humanitario y el derecho internacional”. Son más de 700 resoluciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 90 resoluciones en el Consejo de Seguridad y 90 resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos, las resoluciones de legitimidad internacional relacionadas con el tema palestino. Ninguna de éstas permite la anexión de las tierras palestinas por la fuerza y todas ellas prohíben y tipifican como delito los ataques a la propiedad pública y privada, incluidos los lugares de culto, culturales, patrimonio, instalaciones sociales y de antigüedades. El país ocupante debe preservar la vida de los residentes de los países ocupados y no ponerlos en peligro o intimidarlos o imponerles sus leyes de ninguna manera. ¿Qué ocurre con las prácticas de la ocupación israelí en relación con estas resoluciones?

Queremos que la comunidad internacional implemente solo una de estas resoluciones que se han ido adoptando durante 74 años. Es triste que seamos el único pueblo del mundo que no obtuvo la implementación de ninguna de las resoluciones de legitimidad internacional. Como ejemplo está la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU que fue adoptada por unanimidad y, sin embargo, tampoco ha sido implementada. Como no obtuvimos justicia en el Consejo de Seguridad, ni en la Asamblea General, ni en el Consejo de Derechos Humanos, entonces ¿hacia dónde vamos y qué debemos hacer?

Pero a pesar de toda la injusticia que estamos soportando, adoptamos la política de resistencia popular porque queremos justicia, pero si no la obtenemos, ¿dónde tenemos que buscar la justicia?

La comunidad internacional hasta ahora no ha podido brindar protección al pueblo palestino ni disculparse ante él. No se ha trabajado para hacer justicia a la víctima, para acabar con la soberbia de esta entidad canalla y para detener las continuas agresiones y sus ataques diarios. Como consecuencia, Israel continúa con su provocación descarada y prosigue con sus acciones criminales, que son calificadas como crímenes de guerra, desafiando a la comunidad internacional y a sus decisiones. Todo ello es fruto de la red de apoyo y seguridad que le brindan los países coloniales. Una demostración de todo lo expuesto es el uso excesivo del derecho de veto y la amenaza de utilizarlo siempre para anular cualquier decisión que imponga sanciones en su contra o la emisión de cualquier decisión que pueda conducir a poner fin a la ocupación y la inadmisibilidad de anexarse las tierras de los palestinos por la fuerza, así como el asentamiento en las tierras palestinas ocupadas para hacer justicia a la víctima (el pueblo palestino), al permitirles el retorno y la autodeterminación.

Todo lo expuesto no significa una falta de interés por las normas del derecho internacional, por los acuerdos, tratados y resoluciones internacionales que Israel y sus aliados buscan eludir, sino la necesidad de trabajar en implementarlos y activarlos para enfrentarse a él, haciéndole responsable de sus acciones, obligándole a cumplir las normas y trabajar para hacerlas efectivas.

Las autoridades de ocupación corren a contrarreloj para perpetuar la realidad del apartheid y aplicar la política de extremismo del Gobierno israelí que está supeditada a la aplicación de los planes del bloque extremista del Gobierno. Esta frenética campaña de asentamientos está siendo practicada por las autoridades de ocupación a la luz del continuo apoyo de la comunidad internacional, lo que sienta un peligroso precedente en el tratamiento de asuntos internacionales. Estas prácticas están generando preocupación especialmente por la política de doble moral y su contradicción con las leyes y legislación internacional.

Por lo tanto, señalamos que la ocupación debe terminar lo antes posible. Basta de ignorar, postergar y fabricar pretextos endebles para perpetuarla. El pueblo palestino debe obtener sus derechos plenos íntegros, desde el derecho al retorno, la igualdad y el derecho a la autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado palestino libre, independiente y soberano con Jerusalén Oriental como su capital. Solo así la paz y la seguridad prevalecerán en la región.

Mahmoud Elalwani es embajador del Estado de Palestina en Bolivia.

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Precedente preludio

/ 1 de julio de 2022 / 01:16

No se trata solo del aborto. Lo ocurrido hace unos días cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió eliminar todas las protecciones federales para el acceso al aborto en este país constituye un preocupante precedente y a la vez un momento preludio que es preciso entender en su magnitud, porque se trata de un decidor hito de nuestra época actual y de los desafíos que conllevará gestionar nuestras sociedades en los siguientes años y para las generaciones venideras.

En la actualidad, al centro de las discusiones en torno al tipo de sociedades occidentales que queremos se encuentra el destino de muchos de los derechos adquiridos de las personas en las últimas décadas, pero, sobre todo, los de las poblaciones históricamente excluidas y condenadas sistémicamente a las múltiples desigualdades; las regresiones con las que se amenazan hoy a estos derechos y el rol de los Estados ante su protección y garantía. ¿Qué tanto de ello es privativo de la justicia aún en este tiempo? ¿Es posible que los desacuerdos respecto a los derechos de las personas permanezcan en manos de tribunales de justicia? Los debates jurídicos en torno a ello deben darse no solo con mayor celeridad sino con mayor atención, pues pareciera ser que los tiempos que nos llevan hacia “el futuro” se están acelerando, ganándole la carrera a la institucionalidad del Estado de derecho, tal como lo conocemos.

Si partimos de la hipótesis que los sistemas democráticos tal y como los conocemos, a esta altura del partido, ya no tienen un futuro garantizado, estamos —en lo cultural y discursivo— ante el enorme desafío de pensar cómo se logra que sea el gran relato democrático de la ampliación (y garantía) de derechos humanos el que salga triunfante dentro de las disputas de este tiempo, esto es: que convenza a quienes componemos las sociedades de que ese es (sigue siendo) el camino de la convivencia y la base de un nuevo (renovado, más bien) contrato social. 

No se trata solo del aborto. Aunque esta batalla político-cultural haya iniciado hace ya algunos años, en realidad lo que este fallo denota es que independientemente del nivel de institucionalización que tengan los Estados, las decisiones sobre las vidas/cuerpos de las personas aún pueden estar sometidas a las concepciones de mundo de quienes tienen el poder para generar Estado. Esto, peor aún, sin haber atravesado una (s)elección democrática que avale que estas personas representan el pensamiento y la forma de vida de, cuando menos, la mayoría de las personas que componen una determinada sociedad.

En el fondo, pues, lo ocurrido hace días en Estados Unidos se ubica como uno de los principales síntomas del signo de época que llevará la historia occidental en los próximos años y que se ha venido cultivando desde hace varios años. Y, lo curioso y que se ha ido anticipando, es que ese signo de época tiene más que ver con lo que conocemos como pasado —y, en consecuencia, se creía superado— que con lo que durante muchos años se imaginó como futuro de la democracia. Estamos al frente, pues, de un signo de época ya demasiado cercano y que debe ser pensado, afrontado y gestionado con profundidad, creatividad y seriedad desde la política en un tiempo en el que la inmediatez, la superficialidad y la desinformación cooptan muchos de los escenarios en los que se libran las batallas político-culturales de nuestro tiempo.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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Arte degenerado

/ 1 de julio de 2022 / 01:15

Días atrás, un grupo de activistas entró a un espacio municipal de Santa Cruz para rechazar furiosamente las obras presentadas en esa exposición de arte. Sin ningún empacho, mostrando una profunda homofobia, destrozaron las obras en nombre de “la moral y las buenas costumbres”. Usando palabras humillantes diría: el grupo estaba indignado ante una muestra de “arte degenerado” (Hitler dixit). Las obras eran cuadros y ensamblajes (de discutible factura artística) pertenecientes a grupos LGTBQI+ como La Pesada Subversiva. Con ese ataque las obras y la sala ganaron en cobertura y los artistas lograron sus 15 minutos de fama.

Si piensas que solo aquí, en este olvidado país tercermundista, se dan esas muestras de intolerancia ante un arte comprometido, te equivocas. En la quincuagésima versión de la Documenta Kassel (el encuentro de arte contemporáneo más importante del mundo, más que las bienales de Venecia o de Sao Paolo) que se acaba de inaugurar ha sucedido algo diferente, por el contexto social e histórico, pero equivalente a una censura. El colectivo indonesio Ruangrupa, curador de la muestra Documenta 15 (la primera curaduría a cargo del sur), invitó a varios artistas y colectivos, casi todos con obras socialmente comprometidas y de protesta política. El colectivo indonesio Taring Padi presentó un mural de grandes dimensiones llamado La justicia del pueblo. En esa obra figuraban dos personajes: la representación irónica de un banquero judío y la de un agente del Mossad (apenas dos personajes en medio de la inmensa muchedumbre pintarrajeada en el mural). La obra describe, en un lenguaje artístico politizado, la historia reciente de Indonesia, el paso del dictador Suharto, las miles de víctimas, y el apoyo de occidente a esa dictadura. Ante las enérgicas críticas de instituciones proisraelíes, la organización de la Documenta 15 primero cubrió el mural, y luego lo retiró de la muestra (un acto inimaginable en Kassel). El mural La justicia del pueblo fue expuesto desde 2000 en diferentes ciudades del mundo sin rechazo alguno; pero, en el contexto alemán, donde el pasado nazi es un tema tan delicado como un cristal, el mensaje artístico fue recibido con otras connotaciones.

El arte es el espacio donde podemos expresarnos en libertad, pero ¿la libertad artística es ilimitada? Sabiendo que el arte es inasible, ingobernable y hasta libertino, ¿podemos censurar una obra artística con las pulsiones éticas y estéticas del tiempo presente? Más aún, ¿existe un “arte degenerado” correspondiente a nuestro tiempo?

Y aquí me detengo. Si sigo escribiendo me hundiré lentamente como todos los que “explican” racionalmente el arte.

Carlos Villagómez es arquitecto.

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El MIR y la unidad de la izquierda

/ 30 de junio de 2022 / 01:04

El Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) creado en 1971, desde su fundación se preocupó por la unidad de la izquierda. La izquierda en Bolivia nació en los años 30, la mayoría de estos partidos se dividieron, podemos nombrar al Partido Obrero Revolucionario (POR, 1935); el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR, 1940-1955). De una escisión del PIR nació el Partido Comunista de Bolivia (PCB, 1950). Luego el PCB se dividió y surgió el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML, 1965). Se creó el Ejército de Liberación Nacional (ELN, 1967), el Partido Socialista (PS, 1970). De una disensión del PS, surgió el Partido Socialista-1 (1978).

En su primera participación electoral, el MIR, bajo la consigna “El poder de la unidad”, creó un Frente Unitario de Izquierda (mayo, 1971) compuesto por el Movimiento Espartaco, Marxistas Independientes y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para terciar en las elecciones de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con la sigla MIR-UMSA donde obtuvieron el triunfo electoral.

Al momento de su nacimiento (septiembre, 1971), el MIR se fundó con la unidad de tres corrientes ideológicas: Marxistas Independientes, Grupo Espartaco y la Juventud Demócrata Cristiana Revolucionaria (JDCR), escisión del Partido Demócrata Cristiano.

En 1972, el MIR impulsó la creación del Frente Revolucionario Antiimperialista (FRA) —durante la dictadura de Hugo Banzer—, con la participación de todos los partidos de izquierda: ELN, PCB, POR (Guillermo Lora), PCML, PS (Marcelo Quiroga Santa Cruz), PRIN (Juan Lechín Oquendo). A pesar de sus postulados estratégicos para derrocar a la dictadura banzerista su duración fue corta, las pugnas internas especialmente con el PCB y el PS, llevaron a la ruptura del FRA. El resultado para el MIR fue la pérdida de sus filas de René Zabaleta Mercado, Pablo Ramos Sánchez, Adalberto Kuajara y otros, que se adscribieron al PCB.

Luego de la experiencia del FRA, el MIR continuó su camino de lucha solo, en alianzas estratégicas coyunturales con los otros partidos de izquierda hasta la creación del frente de la Unidad Democrática y Popular (UDP) en 1978, del cual fue su principal impulsor. La UDP estaba conformada por el MIR, PCB y el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), frente con el cual el MIR gobernó (1982-1984).

El MIR se dividió en MIR MASAS (1984-1990), MBL (1985-2006) y MIR Nueva Mayoría (1985-2006).

El MIR MASAS, en su tradición de unidad de la izquierda, creó el Eje de Convergencia Patriótica (ECP), una alianza con la Coordinadora 4 de Marzo (C4M), el Bloque Popular Patriótico (BPP) y el Partido Comunista V Congreso —escisión del PCB—. Participó como Eje de Convergencia Patriótica en las elecciones nacionales (1989-1993), en el frente de la Izquierda Unida (IU), cuyos candidatos fueron Antonio Araníbar (MBL) y Wálter Delgadillo (MIR MASAS). Se desintegró en 1990. Sus bases aún continúan en la actividad política, dispersos al interior del MAS.

El MIR Bolivia Libre (luego MBL) participó en las elecciones nacionales (1985-1993) en el Frente del Pueblo Unido (FPU), junto al PCB, PS-1, PRIN; los candidatos fueron Antonio Araníbar (MBL) y Óscar Salas (PCB). En las elecciones (1989-1993) se presentó con la Izquierda Unida (IU), junto al ECP, PCB, PS- 1 ( fracción Ramiro Velazco), MAS (ala de izquierda, de Falange Socialista Boliviana, FSB —de David Áñez—), Filemón Escóbar y todo el saldo de la izquierda; sus candidatos fueron Antonio Araníbar (MBL) y Wálter Delgadillo (MIR MASAS). Participó de las elecciones generales (1993-1997) con sus candidatos Antonio Araníbar y Miguel Urioste. Para el periodo 1997-2002 sus candidatos fueron Miguel Urioste y Marcial Fabricano. Perdió su sigla en 2006. De una fracción del MBL, nació el Movimiento Sin Miedo (MSM).

La fracción que se quedó con la sigla del MIR creó la Nueva Mayoría, y se convirtió en MIR Nueva Mayoría. Con la sigla MIR participó en las elecciones de 1985 a 2002. Fue gobierno (1989-1993). Perdió su sigla en 2006. Del MIR Nueva Mayoría nació Unidad Nacional (UN).

Claudia Miranda Díaz es economista.

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El tono rojo de nuestro progresismo

/ 30 de junio de 2022 / 00:58

Si seguimos la discusión política en la región en torno a que la política se lee cada vez menos con la imagen y los textos del Che o de Marx, y más con la identidad de Pluto o Goofy; entonces podremos convenir que estamos frente a un escenario que invita a la movilización cada vez menos motivada por criterios ideológicos, cada vez más por la identidad política que se tiene, y mucho más aún por el interés que busco obtener a partir del gremio al que pertenezco o de la identidad que profeso.

Este asunto identitario está obligando a los candidatos de izquierda en el continente a moderar —conservadurizar— el discurso, primero porque el discurso que se posicione en un extremo del polo es el que menos incentivo genera a los ismos urbanos de hoy: ecologismo, feminismo, ambientalismo, etc.

Segundo, el contexto político y social que sufrimos en los últimos tres años ha invadido la política de miedo, enfado y desesperanza. Casi nadie está dispuesto por apostar su futuro por algo que no conoce, esto nos hace más cautos de alguna forma a la hora de apoyar algún liderazgo, y también nos inclina a revivir lo añejo en aquello que representa la nostalgia en la que pensamos que vivíamos más cómodamente.

Estos rasgos, grosso modo, son los que se evidenciaron en al menos los dos últimos procesos electorales como los casos chileno y colombiano; es decir, si la hipótesis es que la región de este continente se encuentra en una nueva ola de izquierda de similar impulso como la tenía el socialismo del siglo XXI con Evo, Chávez, Correa y Kirchner; en este caso no es así, porque así, o bien los presidentes de hoy son vistos como figuras tuteladas por otros líderes anteriores a ellos, o bien porque carecen de la fuerza política suficiente como para tomar decisiones de fondo.

Por tanto, quizá esto que se dice que es una ola, solamente alcanza a ser considerado como una brisa con un aliento significativo que viene desde distintas direcciones y no con una fuerza unificada. Con esto no me suscribo tampoco en esas visiones que ya le dieron fecha de caducidad al progresismo latinoamericano usando el atajo más simple y mecánico para denostar esta corriente a través de decir que es mero populismo.

Lo que estamos viviendo en la región es tan incierto que no alcanza como para que los partidarios de la izquierda latinoamericana, cada vez que alguno de sus partidarios triunfa en una elección, entonces se abra demasiado las compuertas como para lanzar vivas en torno a que el bien estaría triunfando sobre el mal. O del otro lado, simplificar demasiado las cosas pensando que todo se reduce a una lucha entre la democracia contra una dictadura.

Son tiempos cuyo color para describirlo se me ocurre que son grises, en distintas tonalidades cuando se habla de la disputa izquierdaderecha. Y para el caso del progresismo latinoamericano diría que es menos color rojo intenso de combate y más tenue hacia un rosado ecléctico; quizá no sería mala idea replantearse el alcance de esto porque en la vereda de la derecha lo que se trabaja últimamente y mucho es cohesionar en torno a valores a su electorado con el marco de que lo que vivimos hoy son auténticos tiempos del libertinaje.

Marcelo Arequipa Azurduy es politólogo y docente universitario.

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