La autonomía universitaria en Bolivia, que data de la primera mitad del siglo XX, ha dado grandes avances políticos e institucionalidad a ese componente clave de la sociedad moderna: la academia superior. Sin embargo, el revolucionario modelo de cogobierno con la participación del estudiantado también ha dado lugar a malversaciones y manejos poco transparentes del dinero que administran.
En efecto, en casi todas las casas superiores de estudio públicas del sistema universitario boliviano, las diferentes federaciones universitarias locales (FUL), que agrupan y representan a los centros estudiantiles de las diferentes carreras, reciben una parte de los casi Bs 12 millones que se obtienen por los aportes estudiantiles adosados a la matrícula universitaria, y un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que debe servir para extensión, cultura y deportes. En total, las federaciones universitarias manejan cerca de Bs 1,8 millones; y la ley establece que se debe dar cuenta del uso de este dinero ante la Dirección Administrativa Financiera (DAF) de cada universidad, pero tal rendición es poco clara o ni siquiera se la realiza.
En las universidades Nacional Siglo XX y Mayor de San Simón (UMSS), la FUL presenta descargos ante la DAF por el dinero recaudado con las matrículas. En la UMSS, el dinero se usa para financiar guarderías universitarias y pagar honorarios de abogados. En la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho no se transfiere parte de la matrícula a la dirigencia estudiantil; mientras que en la Universidad Mayor San Francisco Xavier esta partida ha sido congelada por instrucción rectoral.
En todas las demás universidades la dirigencia estudiantil ejecuta sus recursos tras concertar con los representantes estudiantiles de las carreras y facultades, y luego rinde cuentas en asambleas ante los propios estudiantes. Algunos dirigentes reconocen que no es del todo legítimo hacer este tipo de rendición, aunque esto necesita mucho debate, sobre todo en el contexto de la autonomía universitaria.
Y precisamente esta ausencia es la que preocupa a la Contraloría General del Estado (CGE), institución que no puede inmiscuirse en la gestión autónoma de las universidades, pero al mismo tiempo tiene el deber de auditar el uso de estos recursos, que no dejan de ser públicos. En opinión del presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, ese dinero es más bien un “fondo gremial” y, por tanto, no debe ser auditado por la CGE.
El aspecto financiero es apenas un indicador del complejo entramado de poder que existe dentro de las universidades públicas y del cual una buena tajada corresponde a la dirigencia estudiantil, que a menudo produce evidencia de poco apego a la democracia y la transparencia, amén de ejemplos de “estudiantes profesionales” que nunca dejan la universidad, pues viven de los puestos dirigenciales y las canonjías que llegan con ellos.