En tiempos estancados, es preciso percibir la calma como el preludio de la tormenta. En ese sentido, octubre, en nuestra historia, es un mes especial.

1952. El 4 de octubre se fundó la COMIBOL y el 31 se nacionalizaron las minas. Un año antes nadie lo esperaba: la propuesta del MNR era más impuestos; el PIR, que agitó la consigna de nacionalización de las minas, estaba descalificado por aliarse con la oligarquía en 1946; ahí surgió la masa insurrecta del 9 de abril para imponer la medida, el MNR lo hizo de mala gana. Una lucha entre dos visiones, por un lado, hacer de la empresa estatal el germen de la industrialización del país, versus el desarrollo de la burguesía nacional, con las divisas de COMIBOL, en la agroindustria, la alimenticia y confecciones; finalmente la llevaron al colapso y su cierre en 1985. Hoy, a pesar del carácter imperativo de la Constitución que le asigna el rol protagónico en el sector minero, COMIBOL no deja de ser arrendataria de los yacimientos que le dio el pueblo boliviano, mientras la nacionalización se diluyó entre los intereses corporativos: hoy el Estado no controla nada de la minería.

1967. El 8 fue capturado y el 9 asesinado el “Che” Guevara, junto con el norte-potosino Aniceto Reynaga y el minero de Huanuni Simeón Cuba. Su muerte fue una sorpresa, el triunfador de mil batallas cae en Bolivia; a su muerte insurge el mayo parisino y el México de 1968, y el Che sigue siendo hoy inspiración de justicia y rebeldía.

1970. El 6 dio un golpe de estado el Gral. Miranda, que buscaba cerrar la apertura democrática iniciada por el Gral. Ovando; la COB declaró huelga general y la metralla dejó 100 muertos en Oruro; el 7 asumió el gobierno el Gral. J.J. Torres; soñamos con una democracia directa y participativa con la Asamblea del Pueblo; sin embargo, la estrategia norteamericana puso fin a los gobiernos militares progresistas como el de Omar Torrijos en Panamá y Juan Velasco Alvarado en el Perú. Banzer derrocaría y luego asesinaría a Torres para prolongar su dictadura por siete años.

1982. El 10 asumió la presidencia Hernán Siles Z., la recuperación de la democracia que había comenzado en enero de 1978, con la huelga de las mujeres mineras y entre golpes y contragolpes, donde el pueblo organizado era la fuerza combatiente, concluía con la asunción de un gobierno de izquierda, en el marco de la democracia representativa. Acorralado por un parlamento adverso y la presión imperial para el pago de la deuda externa contraída por la dictadura, le obligaron a acortar su mandato, dejando como herencia una inflación de más de 20.000%. El resultado fue la derrota de la izquierda, por acción u omisión, y la imposición del modelo neoliberal en todos los ámbitos de la vida: económico, político y social, con los valores del individualismo, el logro del éxito rápido sin importar las vías, la dirección política de los partidos de la elite y una sumisión al mandato del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

2003. El 9 murió el minero de Huanuni José Luis Atahuichi, en Ventilla, El Alto; así se inició la semana sangrienta donde murieron más de 68 personas. El conflicto trágico que se inició el mes de septiembre con la masacre de Warisata, logró la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre. Las masas insurrectas impusieron la agenda de octubre, cuyos puntos fundamentales eran la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Sus postulados, recogidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional, se diluyeron en medio de la gestión y la pasividad de las masas, convertidas en benefactoras.

2024. 10 de octubre: triunfó la selección boliviana ante la selección invicta de Colombia, en el estadio de Villa Ingenio, escenario de la Guerra del Gas. Nos da esperanzas, con un ¡Sí, somos capaces! Cualquiera que sea la salida del entuerto actual, definirá las condiciones para los próximos años.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

La Casa Blanca publicó el sábado un reporte médico que concluye que Kamala Harris posee a sus 59 años la “resiliencia física y mental necesaria” para desempeñarse como presidenta, en un intento por presionar a su rival republicano Donald Trump a hacer una publicación similar.

“La vicepresidenta Harris continúa con excelente salud”, dijo su médico Joshua Simmons en el informe, en el que dice que la también candidata a la presidencia “posee la resiliencia física y mental necesaria para desempeñar con éxito las funciones de la presidencia”.

En declaraciones a periodistas el sábado antes de un viaje a Carolina del Norte, Harris dijo que la falta de voluntad de Trump para publicar sus registros médicos era “un ejemplo más de su falta de transparencia”.

“Es obvio que, al menos su equipo, no quiere que el pueblo estadounidense vea todo lo que él es… y si está o no realmente apto para hacer el trabajo de ser presidente de los Estados Unidos”, agregó.

La campaña de Trump respondió diciendo que él también estaba “en perfecto y excelente estado de salud para ser comandante en jefe”, a la vez que señaló que Harris carecía de fuerza para liderar el país.

En agosto, Trump respondió a un periodista que con “mucho gusto” publicaría su informe médico, pero desde entonces no lo ha hecho.

Según Simmons, los más recientes exámenes médicos de Harris, realizados en abril, no indican nada “fuera de lo ordinario” y ella posee una “excelente salud”.

El informe más detallado señala que Harris reportó un solo tratamiento: una inmunoterapia con alérgenos durante tres años para reducir los síntomas de las alergias estacionales.

La candidata demócrata también es ligeramente miope y usa lentes de contacto, según el informe.

La actual vicepresidenta espera que con este examen médico se alimente el debate sobre las facultades de Trump, quien a sus 78 años se convirtió en el candidato de mayor edad en la historia de las elecciones.

La cuestión de la edad y las capacidades mentales empezó siendo un factor importante en la campaña, hasta que el presidente demócrata Joe Biden, de 81 años, pasó la posta a Harris en julio tras un calamitoso debate contra el expresidente republicano.

Desde entonces, el tema de las facultades físicas se ha abordado poco en los medios y no está teniendo una influencia en los sondeos, muy ajustados entre Harris y Trump, pese a su diferencia de edad.

Recientemente, el equipo de campaña de Harris llamó la atención hacia un artículo del New York Times que señala que el expresidente no ha publicado los resultados de ningún chequeo médico reciente.

Otro artículo del mismo diario analizaba sus discursos recientes, y llegaba a la conclusión de que se han vuelto más “largos”, “confusos”, “vulgares” y “obsesionados con el pasado”, lo que expertos ven como una posible señal de declive cognitivo.

Si el expresidente vence en noviembre, tendrá 82 años cuando concluya su mandato.

Danny Kemp es corresponsal de AFP de la Casa Blanca.

La reciente pausa ambiental, decretada por el gobierno, surge como una respuesta urgente frente a la devastación provocada por los incendios forestales, con el objetivo de proteger tanto el medioambiente como la salud de la población. Esta medida suspende todas las autorizaciones de quema, previamente concedidas, a nivel nacional y prohíbe emitir nuevas. Asimismo, instruye que las tierras fiscales afectadas no podrán ser utilizadas durante un periodo mínimo de cinco años, tiempo indispensable para su regeneración antes de considerar su uso futuro.

Este decreto, aunque bien intencionado, expone un conflicto fundamental: ¿es posible equilibrar la protección ambiental con la necesidad económica de explotar los recursos naturales? Este dilema se presenta con especial crudeza en nuestro país, donde la dependencia de los recursos naturales es estructural. Para muchos, las medidas de protección pueden percibirse como un freno inmediato al desarrollo, aunque, en realidad, son esenciales para garantizar la prosperidad a largo plazo y la supervivencia.

El verdadero problema es que Bolivia ha sobrepasado los límites de explotación de sus recursos. Estamos casi en un punto de no retorno. Los incendios forestales de los últimos tres meses han devastado entre 7 000 y 10 000 hectáreas. La expansión de la frontera agrícola y ganadera ha colocado al país en una crisis ecológica sin precedentes. Según el informe de Oxfam A Fuego y Mercurio. Crisis Ecológica y Desigualdades en Bolivia, entre 2018 y 2022, el 97% de la deforestación fue impulsada por la agricultura y la ganadería, mientras que el 87% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de esta actividad. En consecuencia, la deforestación es el principal motor detrás del aumento de temperaturas, la sequía y, en general, de la crisis ecológica en el oriente boliviano.

El informe también revela que, entre el 2019 y el 2023, en un acumulado de 5 años, los incendios forestales ocurrieron, por orden de importancia en cuanto al número de hectáreas quemadas, en primer lugar, en tierras empresariales y de tamaño mediano, en segundo lugar, en tierras fiscales, en tercer lugar y de muy lejos en cuanto al número de hectáreas quemadas en Territorios Indígenas Campesinos, en cuarto lugar, en tierras comunitarias, y casi muy poco en tierras de propiedad pequeña. El informe también señala que, en Santa Cruz, en la Chiquitanía, más del 50% de la deforestación ocurre en tierras de propiedad empresarial.

El análisis de la situación muestra una responsabilidad desproporcionada en los actores empresariales y aquellos que ocupan tierras fiscales. Ambos grupos, movidos por intereses económicos, ignoran las consecuencias ambientales de sus acciones, ampliando sus áreas de cultivo sin contemplar los daños colaterales. A diferencia de los pequeños agricultores, que apenas tienen recursos para sobrevivir, estos actores cuentan con tecnología avanzada y alianzas con multinacionales que responden a la demanda global. Asimismo, muchos de ellos lucran directamente con la tierra: la ocupan, la deforestan y luego la venden, obteniendo beneficios rápidos y altamente rentables.

En este contexto, las comunidades indígenas y campesinas son las más vulnerables. Aunque no sobreexplotan la tierra, sufren directamente las consecuencias de la degradación ambiental. Según Oxfam, en los últimos cinco años, estas comunidades han visto una disminución del 45% en sus ingresos debido a problemas ambientales y climáticos, lo que agudiza su pobreza.

Todos estos actores son conscientes del estado de la tierra, de su degradación, de cómo el suelo pierde nutrientes y se vuelve infértil. Sin embargo, la diferencia crucial radica en que los actores que ocupan tierras empresariales y fiscales ven la tierra como un recurso inagotable. Sin límites, ni Estado que los regule, porque tienen poder, influencia y privilegios económicos para seguir expandiéndose, entonces su propia tierra quizás les importa algo, pero saben que tienen recursos y poder para seguir ocupando y deforestando otras tierras.

Al no estar sujetos a una regulación efectiva ni a un Estado que los controle, continúan expandiéndose sin freno, aprovechando vacíos de poder y lagunas jurídicas.

Por ello, es necesario preguntarse: ¿a quién beneficia realmente la pausa ambiental?

Si bien la pausa ambiental es un paso importante hacia la protección del medio ambiente, es imprescindible que venga acompañada de medidas de protección social, tanto a corto como a largo plazo. Estas deben estar orientadas a mitigar los efectos de esta crisis sobre las poblaciones rurales e indígenas, que enfrentan el empobrecimiento acelerado. Además, es urgente replantear los límites del extractivismo, ya que está claro que, a largo plazo, no es un buen negocio para el país.

La pausa ambiental puede ser un punto de inflexión, pero solo si se abordan las desigualdades estructurales que perpetúan la crisis ecológica y social en Bolivia.

Natasha Morales Escoffier es coordinadora de investigación de Oxfam en Bolivia.

La corrupción en Bolivia es el cáncer que ha debilitado profundamente a una de las instituciones más importantes para el funcionamiento de un Estado: la justicia. Aunque los líderes y gobernantes se llenan la boca de promesas sobre su erradicación, la realidad es que el sistema judicial está quebrado, carcomido por una corrupción estructural que impide impartir una justicia imparcial y efectiva.

En Bolivia, es imposible hablar de justicia sin tocar el tema de la impunidad. La ciudadanía ha aprendido que la ley, lejos de ser un mecanismo de equidad, se ha convertido en un instrumento de poder al servicio de unos pocos. Los casos de corrupción dentro del sistema judicial no son excepciones aisladas, sino parte de un patrón en el que las leyes se aplican según el poder adquisitivo o la influencia política de los involucrados.

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Uno de los ejemplos más contundentes de este fracaso se encuentra en el sistema carcelario boliviano. Las cárceles del país están llenas de personas que no han recibido una sentencia justa; muchos de ellos han pasado años en prisión preventiva, esperando un juicio que nunca llega. Mientras tanto, los verdaderos culpables de crímenes graves a menudo evaden la cárcel gracias a sus conexiones políticas o financieras. Así, los inocentes se pudren tras las rejas, mientras los poderosos se pasean libres por las calles.

La cárcel de San Pedro, en La Paz, se ha convertido en el símbolo más visible de este problema. En este centro penitenciario, los reclusos no solo viven en condiciones inhumanas, sino que están obligados a pagar por su espacio dentro de la prisión. Aquellos con recursos pueden comprar celdas mejores, mientras que los pobres deben conformarse con dormir en los patios. Esto no es justicia, es la manifestación más cruda de la desigualdad y corrupción que reina en el sistema.

El colapso de la justicia en Bolivia no solo se refleja en las prisiones. Los casos de corrupción en los tribunales son igualmente alarmantes. Jueces que aceptan sobornos, fiscales que fabrican pruebas y policías que manipulan investigaciones son solo algunos de los ejemplos que ilustran cómo la corrupción ha minado la confianza del pueblo en sus instituciones. La justicia, que debería ser ciega e imparcial, se ha convertido en un lujo que solo unos pocos pueden permitirse.

La ausencia de un verdadero estado de derecho en Bolivia ha llevado a una crisis de confianza sin precedentes. Los ciudadanos no solo desconfían del sistema judicial, sino que temen ser víctimas de él. El principio de presunción de inocencia, un derecho fundamental, es continuamente vulnerado. En muchos casos, las personas deben probar su inocencia, en lugar de que el Estado pruebe su culpabilidad, algo que distorsiona completamente los principios básicos del derecho.

Es imposible imaginar un futuro próspero para Bolivia sin una reforma radical de su sistema judicial. La corrupción no puede seguir siendo el talón de Aquiles de nuestra democracia. La justicia debe ser recuperada y blindada contra los intereses corruptos que la han utilizado para sus propios fines. Sin una justicia verdadera, el país seguirá condenado a vivir en un ciclo interminable de impunidad, pobreza y desigualdad.

Bolivia merece un sistema judicial que funcione, que sea capaz de dar a cada quien lo que es suyo, y que castigue a los culpables sin importar su poder o influencia. La corrupción y la impunidad no pueden seguir dictando las reglas de un juego en el que todos perdemos. Ha llegado la hora de que el país exija, de manera decidida y unida, una justicia que sea realmente justa.

(*) Sergio J. Pérez Paredes es historiador

En una importante iniciativa que refleja el compromiso del Gobierno Nacional con el bienestar de los bolivianos, el pasado 2 de octubre de 2024 el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, aprobó el Decreto Supremo Nº 5241, que permitirá a todos los prestatarios solicitar, de forma expresa y voluntaria, la reprogramación y refinanciamiento de sus créditos, estableciendo procedimientos simplificados y ágiles para su evaluación por parte de las entidades financieras.

Se destaca que esta medida surge como respuesta a las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos, que fueron afectados económicamente por eventos climatológicos adversos, conflictos sociales y un entorno económico desafiante, percibiéndose que con esta medida, se daría respuesta a la solicitud de los microempresarios y gremiales, incluso a otros sectores que fueron afectados por los citados eventos, que ocasionó que sus flujos de ingresos hayan sido disminuidos y que no pudieron hacer frente a sus obligaciones bancarias de manera normal.

De dicha política financiera, se puede visualizar los siguientes aspectos relevantes a considerar:

Es una herramienta crucial para equilibrar la economía de los bolivianos al permitir la reprogramación y refinanciamiento de créditos, en consideración que se ofrece un alivio tangible a los prestatarios que han visto comprometida su capacidad de pago por circunstancias ajenas a su gestión financiera, esto no solo ayuda a los prestatarios a reorganizar sus obligaciones, sino que también fomenta un entorno de mayor estabilidad económica en el país ya que podrán refinanciarse, aspecto que fortalecería la actividad económica de los mismos.

Asimismo, la normativa emitida insta a que las entidades de intermediación financiera trabajen de la mano con los prestatarios, analizando sus situaciones económicas y estableciendo condiciones favorables que pueden incluir períodos de gracia y otras opciones que se adapten a las necesidades particulares. Este enfoque personalizado es una muestra clara de la intención de promover un sistema financiero inclusivo y accesible para toda la población.

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Por otra parte, considera un proceso ágil y transparente, siendo que el decreto también establece que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, deberá emitir la reglamentación correspondiente, garantizando que las entidades financieras incluyan políticas internas ágiles y oportunas para atender los requerimientos de los prestatarios, con el fin de asegurar que el proceso de reprogramación y refinanciamiento sea ágil y efectivo, como también de forma transparente y accesible, para lo cual, la ASFI elaborará y pondrá a disposición un formulario para el inicio de dicho trámite.

Asimismo, se ha instruido a las entidades financieras a que informen adecuadamente a sus clientes sobre esta nueva normativa, utilizando canales de educación financiera para socializar el contenido del decreto.

Por tanto, se puede visualizar un compromiso con el futuro, en razón que el Gobierno Nacional reafirma con esta medida su compromiso de apoyar a los bolivianos en tiempos difíciles, en el marco del mandato constitucional y las leyes referentes a las políticas financieras del país, protegiendo a aquellas personas que, debido a factores externos, no pueden cumplir con sus obligaciones crediticias, todo esto en el marco de los derechos de los consumidores financieros que se encuentran establecidos en la Ley de Servicios Financieros, resaltando que dicha reprogramación y/o refinanciamiento tiene un carácter netamente voluntario por parte del prestatario.

Finalmente, el Decreto Supremo Nº 5241, es una clara señal de que el gobierno está escuchando y actuando en favor de los bolivianos y bolivianas, creando un entorno en el que la solidaridad y el apoyo mutuo prevalezcan.

Franklin Tintaya Vela es auditor financiero y abogado.