Hay un par de cosas que no podemos dejar de mencionar en esta coyuntura. Por una parte, el comportamiento claramente sedicioso de algunos sectores de la oposición que se ilusionan con la posibilidad de repetir las acciones que culminaron con el derrocamiento de Evo Morales en 2019. Les guste o no, ese es un camino golpista, con todas sus letras. No se trata por cierto de un golpismo clásico, conocido por sus madrugones militares, sino de “golpes blandos” o “suaves” que un autor define como “técnicas conspirativas y desestabilizadoras no directas y en un principio no violentas, con el fin de derrocar a un gobierno democráticamente constituido… sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de un grupo económico y político”. Los ejemplos de este tipo de golpes en América Latina abundan, han ocurrido en Venezuela, Paraguay, Honduras, Ecuador, Brasil y Bolivia. Claro está que cada caso tiene matices propios, se da con o sin intervención parlamentaria, con o sin las Fuerzas Armadas y la Policía, o con una participación discreta de éstas seguida de un pronto retorno a sus cuarteles. En tales movidas está presente el rol inspirador y articulador de los Estados Unidos, en especial sus servicios de inteligencia entrenados para realizar “operaciones encubiertas”. Bastaría seguirle los pasos a Carlos Sánchez Berzaín para comprobarlo: ubicado como director y principal ideólogo de una fundación yanqui de supuesta defensa de la libertad y la democracia, es el que prodiga los recursos y las ideas a los golpistas latinoamericanos; la expresidenta Áñez, varios de sus ministros (incluido Murillo), así como algunos opositores actuales, repiten de principio a fin el discurso emitido por el extraditable Sánchez Berzaín, suponen que los bolivianos hemos olvidado a los 67 muertos que precedieron a su huida a los Estados Unidos, en octubre de 2003.

Por otra parte, ¿qué es lo que sucede en el ámbito gubernamental? Lamentablemente se confirma la ausencia de una verdadera conducción estratégica. Pareciera que señalan el camino algunos tecnócratas incapaces de hacer el más elemental análisis político, o que se guían por meras intuiciones propias o ajenas. Peor aún, da la impresión de que existiera una mano negra que actúa desde las sombras induciendo a la comisión de errores a los personeros que ostentan las mayores responsabilidades. Por ejemplo, a quién se le ocurre introducir en la agenda del país una ley para la investigación de ganancias ilícitas sin tomar en cuenta la experiencia pasada del intento de modificar el Código Penal, iniciativa que tuvo que ser retirada por Evo Morales, lo mismo que terminó haciendo Arce Catacora en esta ocasión.

Vienen las preguntas obligadas: ¿No era suficiente, por el momento, la normativa existente sobre esos delitos? ¿Cuál la verdadera urgencia de aprobar ahora mismo una nueva ley? ¿Por qué quererla “socializar” cuando ya estaba aprobada por Diputados en vez de haberla consensuado previamente? ¿Qué instancia gubernamental o del partido oficial asume la responsabilidad de redactar un proyecto con notables y embarazosos flancos al descubierto, como el caso de la presunción de inocencia y el de la confidencialidad? ¿Hasta cuándo los diputados oficialistas seguirán en el triste papel de levantamanos dejando pasar intacto todo lo que viene del Órgano Ejecutivo? ¿Quién o quiénes son los encargados de entregar en bandeja a la oposición los mejores pretextos para su labor desestabilizadora?

En última instancia, los temas más sentidos por el conjunto del pueblo debieran ser a los que se les preste mayor atención: reactivación económica, salud, educación, medio ambiente. A esto se añade la tarea de restablecer el bloque social popular, con gremiales, transportistas, cooperativistas mineros y otros, cuyos intereses fundamentales no están ubicados en el bloque oligárquico, pero pueden ser neutralizados e incluso arrastrados por éste.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

El primer ministro de Relaciones Exteriores nombrado por el presidente peruano Pedro Castillo duró apenas 19 días en el cargo. ¿Quién es el personaje que resultó ser el eslabón más débil del esquema gubernamental, fuertemente cuestionado por la derecha tradicional con mayoría parlamentaria, las instancias castrenses y las corporaciones mediáticas?

Se llama Héctor Béjar Rivera, tiene 86 años y un abultado currículo en los campos político y académico. Encabezó proyectos guerrilleros en la década de los 60 del siglo pasado, fue encarcelado durante cinco años, amnistiado por el gobierno militar progresista de Juan Velasco Alvarado, colaboró intensamente en el proceso de la reforma agraria a través de SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social). Impulsó entidades como CEDEP (Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación), que desde hace más de 40 años promueve la reflexión y el debate sobre los grandes problemas del Perú, de América latina y del mundo. En las últimas décadas, en su calidad de doctor en sociología, Béjar retornó al ámbito académico en la más importante universidad pública del Perú: San Marcos, en Lima.

Sus libros generalmente tienen la marca de los procesos vividos por el autor, de ahí el primero que es un análisis de la experiencia guerrillera escrito desde la cárcel. Después vienen, entre otros, Justicia social y Política social, Mito y utopía y Metas y mitos del milenio.

En 2015 publicó Retorno a la guerrilla, que él llama “testimonio novelado sobre el Perú de los sesenta”. Un retorno reflexivo, crítico pero también emotivo y de homenaje a los jóvenes caídos en la guerrilla peruana del Ejército de Liberación Nacional, del cual Béjar es uno de los pocos sobrevivientes.

Entre muchos de los aspectos destacables de este libro está la descripción que hace de los preparativos de la incursión guerrillera desde territorio boliviano, con la colaboración del Partido Comunista de Bolivia, entonces dirigido por Mario Monje, y la obvia tutela cubana. En efecto, el proyecto está sostenido y organizado por Cuba con una cuarentena de muchachos reclutados entre los becarios.

La presentación de los temas en formato novelístico genera un producto literario atractivo y legible. Pero tiene la desventaja de por momentos reflejar únicamente las visiones subjetivas del autor, omitiendo u oscureciendo aspectos esenciales. Tal ocurre, por ejemplo, con la posición del presidente Paz Estenssoro, ¿estaba al tanto del asunto?

 ¿Fueron los dirigentes del PCB, la embajada cubana en La Paz o San Román y sus servicios de inteligencia, cercanos a la CIA, los que le brindaron información al respecto? En el libro Béjar imagina, “algún día de 1962” a Mario Monje y Jorge Kolle en audiencia con Paz Estenssoro, como portadores de un regalo especial enviado para él por Fidel Castro, una reluciente pistola en una caja de terciopelo. Una respuesta del presidente boliviano ante la ayuda solicitada habría sido: la situación es complicada, estamos acorralados, si son hábiles yo no me entero, si fallan trataré de mirar a otro lado, manéjense con cuidado.

Entrevistado por su obligada renuncia como canciller, Héctor Béjar dijo que si no caía preso en 1966, lo más probable es que hubiera muerto en Bolivia con el Che, como lo hicieron otros tres peruanos miembros del ELN, muy cercanos correligionarios suyos (Chino, Eustaquio y Negro).

El proyecto que lideraba Béjar, superada la primera fase con la incursión fallida en Puerto Maldonado a fines de 1963, protagonizó un terrible repliegue por las selvas bolivianas, y terminó con casi todos sus miembros apresados, entre ellos el propio Béjar. Liberados muy pronto, fueron nuevamente acogidos en domicilios de militantes del PCB. Se reagruparon, pasaron a ser menos dependientes de los aparatos de inteligencia cubanos y organizaron bases de apoyo en zonas campesinas levantadas en la lucha por la tierra. Infiltrando armas, equipos y combatientes desde la vecina Bolivia, comenzaron la segunda etapa de lucha en 1965, una vez más con resultados adversos frente a una despiadada represión militar.

Faltó decir que si la guerrilla en Ayacucho se consolidaba, el Che hubiera desembarcado en el Perú y no en Bolivia. La historia pudo haber sido diferente, aunque quizás con resultados muy parecidos.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

Esta semana se supo que el juicio penal contra 40 comunarios de Río Abajo había quedado extinguido. Pero, ¡tuvieron que pasar cuatro largos años para llegar a ese fin! Fiscales arrogantes y abusivos, policías torpes e ineptos, tardaron casi 1.500 días en cerciorarse de la inocencia de todos y cada uno de los acusados. Ni unos ni otros investigaron algo.

Veamos cómo ocurrieron las cosas. La Central Agraria Las Carreras agrupa a subcentrales y sindicatos campesinos del sector Río del municipio de Mecapaca. A fines de agosto de 2017 se les ocurrió a sus dirigentes que había llegado el momento de exigirle al gobernador Patzi que cumpla su promesa de ensanche de vía y asfaltado de la carretera, desde Wancarani (puente Valencia) hasta Waricana. A tal efecto convocaron a una marcha para el martes 29. La misma, muy numerosa por cierto, llegó a la ciudad de La Paz hasta la calle 16 de Obrajes. Allí, cerca del mediodía, intervino la Policía, dialogó con los dirigentes y cuando llegaba a un acuerdo para el repliegue ordenado y pacífico de la concentración, alguien arrojó una piedra. Ese alguien pudo ser un marchista irresponsable o un exasperado conductor molesto por la trancadera. A partir de ahí, en vez de apaciguar, la Policía se dedicó a reprimir con violencia y a tomar presos a cuanto marchista estuvo a su alcance. Se armó el despelote y comenzó el enfrentamiento entre gases lacrimógenos de un lado y pedradas del otro. Así las cosas, algunos proyectiles, al parecer lanzados ex profeso, provocaron destrozos en un bus PumaKatari y, como es natural, asustaron a los pasajeros.

¿Qué deberían hacer las “fuerzas del orden” en tales circunstancias? Por supuesto, proteger a personas y bienes en riesgo, dispersar a los manifestantes, pero por sobre todo identificar y aprehender a los violentos.

No hicieron nada de eso, solo se dedicaron a tomar rehenes, hasta llegar al número de 40. A ninguno de ellos se le pudo comprobar que haya cometido delito alguno. La podrida y vetusta maquinaria policial-judicial considera “delito” el mero hecho de participar en una marcha de protesta. No les importa que justos paguen por pecadores.

No hablamos sin fundamento. Tenemos el testimonio de las víctimas. Entre ellos el de Agustín Aldo Mamani, comunicador popular, respetado y apreciado por su voluntarioso trabajo bilingüe en las radios locales y sus incursiones en la producción audiovisual. Fue detenido a varias cuadras del incidente mayor, de nada valió su credencial de colaborador de Radio El Valle y su cámara de video que demostraba el trabajo que venía realizando en la marcha. Por el contrario, secuestraron y borraron la evidencia. Más de un mes después, gracias a la intervención de la Asociación de Periodistas y del entonces presidente de la Cámara de Senadores, Gringo Gonzales, se consiguió la devolución de su herramienta de trabajo, aunque con algunas piezas faltantes.

Agustín vivió el calvario que duró los cuatro años. Cinco días encerrado con el resto de sus compañeros en una estrecha celda judicial; una prolongada “detención domiciliaria” con prohibición de ir a trabajar; la obligación de presentarse a firmar un libro cada 15 días; la asistencia a numerosas audiencias, muchas de ellas suspendidas y postergadas hasta el infinito; trabajos realizados en las comunidades para reunir los fondos destinados a cubrir las reparaciones del PumaKatari, las cuotas para pagar abogados; en fin, un sinnúmero de perjuicios de nunca acabar.

La extinción del proceso penal liberó de culpas a 32 de los 40 encausados. Uno falleció por el COVID-19. Otro, al parecer, tiene problemas de salud y de los otros seis hay pocas noticias, no se sabe si murieron, si migraron a otra región o país, o simplemente se rindieron por cansancio y no se presentaron.

Nos dicen que la obra caminera demandada avanzó en aproximadamente un 50%. Tal cual.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

El maestro en la escuela Agustín Aspiazu de La Paz nos pidió que no gastáramos nuestros recreos porque al final íbamos a tener una sorpresa. A la salida, en medio del bullicio atronador y el torbellino de mandiles blancos, distinguimos a un señor de lentes, traje raído y barba oscura con un inmenso bolso de cuero colgado al cuello, ofrecía por unos centavos pequeños libros infantiles con ilustraciones de animales y rondas de chiquillos. Si algo lamenté en la infancia fue el intempestivo retorno de mi familia a Cochabamba a mitad de aquel año, porque así perdí para siempre a un extraordinario profesor de escuela, Ranulfo Fernández, y a su amigo escritor y vendedor de libros, Óscar Alfaro, quien dejó sembrada en muchos la buena semilla de la lectura.

He recordado con emoción esta anécdota infantil, pues la Ley del Libro y la Lectura aprobada el 29 de abril de 2013 (Ley 366) lleva precisamente el nombre de Óscar Alfaro, en justo reconocimiento al poeta y escritor tarijeño.

En el artículo 1º esta ley dice que su objeto es: “… promover el ejercicio del derecho a la lectura y escritura en condiciones de libertad, equidad social y respeto a la diversidad de expresiones culturales…”

Como propuesta no está mal, pero todavía no se hizo una evaluación de los efectos y resultados de este instrumento legal que, entre otros rasgos positivos, alivia las cargas impositivas a la producción y difusión de libros. Recordemos, entretanto, que los objetivos que plantea en su gran mayoría son todavía desafíos a cumplir:

• Generar políticas, planes y acciones dirigidas a la formación de lectores y escritores.

• Promover el hábito de lectura y escritura en la población, a través de la implementación y fortalecimiento de bibliotecas y otros espacios públicos y privados, para la lectura y difusión del libro.

• Fomentar la edición y producción de libros en idiomas oficiales del Estado Plurinacional y su traducción.

• Promover y apoyar la edición de material bibliográfico en formatos apropiados, para la consulta por personas con capacidades diferentes.

• Promover la producción bibliográfica y la industria editorial estatal y privada.

• Promover la participación ciudadana a través de actividades de fomento a la lectura, escritura y el libre acceso a bibliotecas y otros espacios interactivos.

• Fomentar el uso de nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación.

• Impulsar el desarrollo de escritura y lectura en idiomas oficiales reconocidos por la Constitución Política del Estado.

• Implementar el Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas.

• Crear el Fondo Editorial del Libro y el Comité Plurinacional del Libro y la Lectura.

En el Día Internacional del Libro, propuesto por la Unesco desde 1995 y que cada vez más se está convirtiendo en una fecha de conmemoración universal, las noticias bolivianas en este campo son pocas, pero halagadoras: está en marcha la publicación de los 200 libros para el Bicentenario, se entregan  premios de los concursos de novela, literatura infantil y producción literaria en lenguas originarias, y estamos presentes, aunque no con regularidad, en ferias internacionales del libro