Los millones de niños, niñas y jóvenes que marcharon alrededor del mundo el viernes pasado durante la Huelga por el Clima constituyen el último alarido de la humanidad para adoptar medidas que frenen el cambio climático. Puesto que, de no hacerlo, el planeta ingresará en una era descontrolada, en la que la seguridad alimentaria se pondrá en alto riesgo, los recursos hídricos menguarán exponencialmente, las masivas migraciones se multiplicarán, los eventos extremos inundarán e incendiarán varias regiones y hasta se podrían desencadenar guerras impensadas por recursos y territorios.
Seguro alguien dirá que esto no es más que un augurio apocalíptico. Sin embargo, los hechos evidencian que el tiempo para poner un alto a la causa detrás del cambio climático, las grandes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), se acaba. De hecho, según la ONU, el incremento de la temperatura promedio del planeta hoy se encuentra en torno a un grado centígrado, y se estima que llegará a superar los 2 °C en 2030.
Los principales tomadores de decisiones políticas se han aplazado desde 1996 (cuando comenzaron las negociaciones internacionales en la COP 1 de Berlín). El incumplido Protocolo de Kyoto fue torpedeado por Estados Unidos, el principal emisor de GEI del planeta en aquel entonces, seguido de Japón, Canadá y Australia. Y ahora ocurre lo mismo, pero con el Acuerdo de París, suscrito en 2015. Cuyos compromisos, dicho sea de paso, resultan insuficientes para evitar que la temperatura se eleve por encima de los 3 °C en las próximas décadas. Un incremento que sería catastrófico para el medio ambiente.
El centro de las discusiones internacionales con el que se “marea la perdiz” ha sido siempre el monto de dinero que deberían pagar los países históricamente responsables del cambio climático a las naciones en desarrollo (que sufren con mayor fuerza los embates del cambio climático); y la última cumbre, del 23 de septiembre, no fue la excepción.
Los diferentes fondos creados en el marco de la Convención Marco del Cambio Climático han servido solamente para impulsar pequeños proyectos piloto, que no generan cambios sustanciales en las emisiones de GEI, y tampoco permiten desarrollar un proceso de adaptación al cambio climático consolidado y sostenible. En los últimos años, el Fondo Verde del Clima (FVC), que ya debería estar funcionando con al menos $us 20.000 millones anuales disponibles para los países más vulnerables del planeta, solo ha servido para forzar a que las naciones en desarrollo utilicen su dinero como apalancamiento para recibir el resto de los recursos (otorgados únicamente por algunos países europeos), e imponer largos procesos de burocratización, a los cuales se han sumado los bancos de desarrollo como el BID, la CAF, el Banco Mundial y otros.
Urge que los países emergentes (China, India, Corea del Sur, Brasil, entre otros) no cierren los ojos ante la realidad, impulsando cambios en sus matrices de desarrollo que limiten la emisión de gases de efecto invernadero y, a la vez, garanticen la protección de los bosques y los recursos hídricos.
En este contexto, el clamor de las nuevas generaciones, reproducido en la última cumbre por la joven Greta Thunberg, demanda un giro radical en las negociaciones, para que en la práctica se asuman compromisos vinculantes reales y no solo discursivos. Para ello urge que las autoridades, de todos los niveles, impulsen acciones no solo domésticas, sino de carácter estructural, que limiten efectivamente las emisiones de GEI y frenen el calentamiento global, porque sencillamente el tiempo se nos acaba.