Se ha colocado en el ideario de los incautos la idea de un fraude electoral, en una campaña mentirosa promovida a través de personajes como Waldo Albarracín, quien afirmó días antes de las elecciones que “el MAS solo podía ganar con fraude”. Afirmación sin sustento alguno, pues todas las encuestas daban como ganador al partido oficialista, y varias de ellas con más del 10%.

La noche de la elección, con el 83% del escrutinio, el MAS obtenía el 45,3% de los sufragios y CC, el 38,2%. El 17% restante incluía votos en el extranjero (un 5%) y en las áreas rurales. En el exterior el MAS ganó con el 59%, con lo cual al menos un 3% debía sumarse al 45,3% anunciado la noche del 20 de octubre. Si a ello se añade que el 12% de votos faltante provenían de áreas rurales, donde es fuerte el MAS, no quedaba duda de su victoria con más del 10%.

Carlos Mesa y sus seguidores dieron validez a la encuesta a boca de urna de la empresa ViaCiencia, que le daba al MAS el 43,9% de la votación, cifra que no incluía los sufragios en el extranjero. Paradójicamente, ViaCiencia, empresa a la que Albarracín había descalificado afirmando que era “parte del fraude”, fue usada por la oposición para sustentar sus acusaciones. Al día siguiente, con los nuevos cómputos que daban al MAS el 46% y a Mesa el 36%, la OEA informó de un “radical cambio en la tendencia del voto”. ¿“Radical cambio”? ¿De 45% a 46% es un cambio radical? Lo que sí existió fue la intención de favorecer a CC quitando credibilidad al proceso electoral.

Carlos Mesa sabía la misma noche de la elección de su derrota, por lo que ordenó festejos adelantados para generar la situación que hoy vive el país. Lo demás es la eterna historia de la oposición: acudir a la mentira. Cuando renunció el vicepresidente del Tribunal Electoral, Antonio Costas, la oposición lo hizo su héroe. Pero cuando el propio Costas aclaró que no hubo fraude alguno, lo descalificaron a su más clásico estilo, llegando a la vileza de afirmar que su renuncia “era un plan para legitimar el fraude”.

Cuando la OEA aceptó realizar la auditoría electoral, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) —comparsa de golpistas— rechazó la auditoría y pidió la anulación de la elección. Para seguir alimentando la mentira, presentaron a un tal ingeniero Villegas en el canal de televisión de Albarracín, y como gran novedad el sujeto explicó el supuesto fraude, sin la hidalguía de explicar que las actas que cuestiona, todas, tienen observaciones hechas por los delegados que luego fueron tomadas en cuenta por el Tribunal Electoral. Lo que no explicó el sujeto es cómo existen 600.000 votos de diferencia entre el primero (MAS) y el segundo (CC).

Para seguir el show, el “experto” (héroe para algunos mononeuronales) denunció que lo perseguían y que se había asilado en la Embajada Británica, grosera mentira prontamente descubierta. La fresa en la boca del chancho fue la entrevista que le hicieron a Villegas en CNN con Fernando del Rincón, el mismo “periodista” que entrevistó al “hijo de Evo” en el caso Zapata, y que se quedó mudo ante las masacres en Chile y Ecuador. Después de la entrevista, el “experto”, en lugar de presentar sus “pruebas” a la comisión de la OEA, desapareció.

Quien ha sido jurado sabe que cada presidente de mesa tiene una copia del acta. Hubo un acta por partido. Para comprobar el fraude, basta que dos o tres partidos comparen sus actas. Pero no lo harán, prefieren quemarlas porque saben que lo del fraude es una farsa. Frente a estos embusteros que están sembrando odio y muerte, el pueblo debe salir a las calles a defender el voto, y la Justicia debiera actuar contra los promotores de la sedición con la que pretenden arrebatarnos la democracia.

* Abogado

En el último tramo de la campaña electoral, la candidatura de Comunidad Ciudadana (CC), que postula a Carlos Mesa, intenta persuadir al electorado de oposición para que concentre el voto en su fórmula, en el entendido de que votar por candidatos como Óscar Ortiz o Chi Hyun Chung facilitaría la victoria del MAS. Desde la perspectiva de Carlos Mesa, esta estrategia busca polarizar la elección entre el MAS y CC, y de esa forma impulsar una segunda vuelta electoral en la que suponen se va a repetir la votación lograda por la oposición el 21 de febrero de 2016.  

Frente a esta pretensión, resulta útil preguntarse ¿qué significa el “voto útil”? Y en particular, ¿voto útil para quién? Para responder estas interrogantes, y coincidiendo con aquellos que defienden la importancia del “voto útil” este domingo 20 de octubre pero desde otra perspectiva, convendría realizarse otras preguntas: ¿cuál ha sido el periodo desde la fundación de la República de Bolivia en el que se ha tenido mayor prosperidad y crecimiento económico? ¿Cuál es el periodo de mayor redistribución de la riqueza y disminución de las desigualdades sociales en la vida de nuestro Estado? ¿Cuál ha sido el periodo de mayor estabilidad política y social de nuestra historia? ¿Qué gobierno ha logrado la mayor inversión pública, en infraestructura caminera y ha superado los récords en reservas internacionales respecto al PIB? ¿Qué administración ha permitido consolidar formas participativas de gobierno, descentralización y autonomías?

Frente a estas interrogantes, cabría preguntarse ¿cuáles han sido los periodos de mayor inestabilidad y crisis en nuestro país en los últimos 30 años? ¿En qué años el PIB no llegaba ni siquiera a los $us 8.000 millones anuales? ¿En qué época se entregaron las riquezas naturales a los extranjeros y se sometió la soberanía a poderes extranjeros?

Las pérfidas guerras sucias desatadas en 2016 en ocasión del referéndum dieron su fruto en esa oportunidad. En estas elecciones el voto útil debe ignorar ese tipo de campañas, y analizar quién puede garantizar estabilidad, crecimiento, redistribución y soberanía. Si es para volver al pasado, se trataría de un “voto inútil”, que puede beneficiar a algunos sectores, privilegiados históricamente, en detrimento de los intereses de muchos. En estas elecciones, el “voto útil” puede ser interpretado de diferentes perspectivas, pero ese voto debiera ser útil para beneficio de las mayorías, en beneficio del país. En horas previas a la elección, una pregunta de obligatoria respuesta es para qué será útil el voto.

* Abogado.

Los dirigentes del Comité Cívico Cruceño creen que aún viven en el Santa Cruz feudal, cuando la opinión en favor de los intereses oligárquicos se imponía sin disenso. Paradójicamente, estos dirigentes enuncian sus posiciones a nombre de la “democracia”, término que entienden en términos restringidos.

Hablan de defender la democracia pero el presidente cívico es elegido por menos de 200 personas, en una elección en la que votan representantes de comparsas, fraternidades y clubes sociales en las mismas condiciones que un sindicato o una federación estudiantil. Hablan a nombre de la democracia pero en su propia asamblea no les dan la palabra por ejemplo a los alcaldes de la Chiquitanía, región afectada por los incendios, y expulsan a los activistas ambientales tildándolos de “masistas”.

Los cívicos han quitado la calidad de cruceño a quien es simpatizante del MAS, pese a que en el departamento la primera fuerza política es el oficialismo. O sea, hay “buenos” y “malos” cruceños. Tal parece que es el mito del “cruceñismo” y no los votos el que legitima la representación; típica expresión de feudalismo político.

En un extremo de intolerancia, la semana pasada agredieron a simpatizantes del MAS que pretendía hacer campaña en las rotondas del Segundo Anillo, en la misma condición que lo hacen todas las fuerzas políticas. El pretexto fue que se trataba de “una provocación al pueblo cruceño” (hablan a nombre del pueblo cruceño y califican aquello que no les parece como una provocación).

Y sin más, procedieron a enviar a sus vándalos a golpear con bate no solo a los que estaban en la rotonda, sino también a destruir las casas de campaña del MAS. En las dictaduras militares la represión era ejercida por los paramilitares o la Policía, hoy el civismo se toma esa atribución, en actitudes reñidas con la democracia.

¡Deciden en una asamblea exigir al Gobierno la declaratoria de “desastre nacional” por los incendios que afectan a la Chiquitanía, y convocan en la misma reunión a un cabildo por el mismo tema el 4 de octubre! Obviamente no son los incendios lo que les preocupa, sino afectar o interrumpir las elecciones presidenciales. Exigen además como parte de la “defensa de la democracia” no invitar a las autoridades del Gobierno a la inauguración de la Feria Exposición, en un acto brutal de discriminación.

Con estos antecedentes, se puede inferir que hay que estar realmente perturbado o disminuido mentalmente para pensar que esta gente pretende luchar por la democracia. Cuando uno observa los actos de agresión física y mental de estos “dirigentes”, lo menos que puede preguntarse es: ¿cómo cabe tanto odio en mentes tan estrechas?

* Abogado.

Los incendios que se producen en el planeta debido al calentamiento global tienen un patrón similar: altos picos de calor, sequedad extrema e imprudencia humana. Los incendios forestales han destruido millones de hectáreas de bosques en Brasil, en el África, en Paraguay y en el país. Sin embargo, solamente en Bolivia gobierna Evo Morales, y a pesar de ello la oposición ha fabricado el clisé de que el Gobierno es el causante de los incendios en la Chiquitanía.

En la guerra y en las elecciones lo primero que muere es la verdad; y ese es el caso en este desastre ambiental, que por supuesto nos afecta a todos y ha significado un duro golpe al ecosistema. Denunciar inoperancia, preocuparse y movilizarse está bien; pero de ahí a mentir y a confundir con esta desgracia es otra cosa.

Indigna que sobre esta tragedia algunos políticos quieran llevar agua a su molino, y preocupa el grado de credibilidad que pueden tener las mentiras que se repiten hasta el cansancio sin fundamento. Se dice que los incendios en la Chiquitanía son producto del Decreto Supremo 3973 de 2019, el cual aprueba la quema y el chaqueo. Los que afirman esto, y es más se autodenominan influencers en las redes sociales, lo único que demuestran es una ignorancia supina. El DS 26075 de 2001 firmado por Hugo Banzer es el que autoriza la quema y el desmonte en Santa Cruz. El DS 3973 de 2019 consta de un solo artículo, que autoriza el desmonte controlado en el Beni. La Chiquitanía está en su integridad en el departamento de Santa Cruz, no en Beni. Por lo tanto esa relación de causalidad con el que se imputa al Gobierno la responsabilidad de los incendios es falsa. Se confunde la Chiquitanía con la Amazonía, y sin rubor se habla de dos zonas totalmente diferentes, en un error que un estudiante de primaria no caería. Pero basta que lo digan los influencers y los candidatos para que parezca verdad.

No se dice que incendios forestales de mucha mayor gravedad se dieron en Santa Cruz justamente a raíz del DS 26075 de 2001; pero como no había elecciones ese año, no trascendieron. Se atribuye los incendios, sin prueba alguna por obra de los “colonizadores del occidente”, cuando evidencias demuestran que el fuego fue iniciado en áreas lejanas a zonas de asentamientos nuevos, y los pocos detenidos en este caso eran empleados de estancias ganaderas. Se ha desatado una campaña mediática de odio racial sin precedentes contra campesinos migrantes del altiplano, y lo paradójico es ver que candidatos y líderes del occidente del país alimentan esas actitudes xenofóbicas.

En situaciones como estas, lo que corresponde es la unidad, la objetividad, la cooperación y no la desinformación, la mentira, o el uso inmoral de un desastre para atraer votos a uno u otro lado. Tan asqueroso como la mentira son las poses de los figuretis que desde la ciudad luchan cómodamente contra el incendio por las redes sociales, criticando a los que están en el lugar de los hechos.

Este tipo de conductas, lejos de llevarnos a un análisis objetivo de un fenómeno que es mundial, nos lleva a confusión, al engaño y, lo que es peor, a dispersar la acción que debería mantenernos unidos. Está bien que los majaderos hagan su show de ignorancia, pero las personas y autoridades responsables de uno y otro bando deberían debatir el tema de fondo: cómo enfrentar este fenómeno climático, y debatir el “modelo de desarrollo cruceño”, cuya base es la explotación irracional de la tierra. La tensión entre la necesidad de producir y conservar es el verdadero dilema, y sobre eso poco se ha dicho.

* Abogado.

En 1999 se publicó el libro Derecho y garantías, la ley del más débil, del tratadista italiano Luigi Ferrajoli, obra paradigmática del neoconstitucionalismo. El trabajo aborda el estudio de las garantías como instrumentos para la efectiva aplicación de los derechos fundamentales, razón de ser del denominado “Estado constitucional de derecho”.

El autor aborda con especial atención la lucha contra uno de los últimos elementos de discriminación: la ciudadanía. Paradójicamente, la ciudadanía, nacida como una conquista contra la exclusión, hoy es una forma de restricción de derechos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en agosto de 1789 por la Asamblea Constituyente francesa, enunciaba que los derechos fundamentales eran de carácter universal, y se asumió que ejercerlos en el ámbito civil no necesitaba otro requisito que la condición humana. Con la excepción de los derechos políticos, los demás derechos fueron reconocidos universalmente.

En el ensayo Ciudadanía y clases sociales (1948), Thomas Marshall disoció teóricamente la ciudadanía de la persona, al señalar que ésta consistía en los derechos civiles, políticos y sociales; en contraposición a las constituciones, que reducían el concepto de “ciudadanía” a los derechos políticos, considerando a los demás como derechos de las personas. Ferrajoli critica que derechos como el de residencia o el de libre circulación internacional, considerados como derechos de las personas, hoy (siguiendo el criterio de T. Marshall) se consideren derechos de ciudadanía.

La deportación masiva de los migrantes en Estados Unidos o Europa, los miles de muertos en el Mediterráneo, las sanciones a las personas que salvan a inmigrantes son noticias cotidianas. Frente a esta situación, Ferrajoli plantea la necesidad de que los derechos fundamentales se internacionalicen, al tener un carácter universal. Así lo entienden la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero también las constituciones estatales que confieren casi todos los derechos a las personas. “En suma (afirma Ferrajoli), llegado el momento de tomar en serio los derechos fundamentales, se ha negado su universalidad, condicionando todo su catálogo a la ciudadanía”.

En resumen, con el criterio de “ciudadanía” se viene limitando derechos a las personas, y en especial los derechos a circulación y residencia, quebrando los fundamentos universalistas de la democracia occidental, proclamados con pompa en 1789. Los derechos a la libre circulación y a la residencia fueron asumidos como universales en los orígenes de la Edad Moderna, comenta Ferrajoli, por la cultura occidental.

En 1539, en sus Relectiones de Indis recenter inventis, Francisco de Vitoria (padre del Derecho Internacional) defiende el ius communicationis ac societatis, el ius peregrinandi y el ius migrandi como derechos naturales de las personas, por lo que podrían circular libremente por el mundo y asentarse en cualquier lugar. Dicha argumentación, utilizada por los españoles para apoderarse de América, fue también la que usaron ingleses, franceses y holandeses en la ocupación de cuatro continentes.

Para Ferrajoli, tomar en serio los derechos humanos significa desvincularlos de la ciudadanía. “El ultimo privilegio de status que subsiste en el derecho moderno. Y esto significa reconocer su carácter supraestatal, garantizarlos no solo dentro, sino también fuera y contra todos los Estados, y así poner fin a este gran apartheid que excluye de su disfrute a la mayoría del género humano”, concluye.

* Abogado.