Tal es el desamparo constitucional de los bolivianos que hoy, próximos a celebrar los 15 años de la aprobación de la “nueva” Constitución Política del Estado, el tribunal encargado de velar por la supremacía de la ley fundamental, el TCP, lleva semanas de haber cesado en funciones por cumplimiento del término de su mandato y todavía no tenemos certeza sobre la oportunidad de su renovación. Curiosamente tiene como vocero a un ministro del Ejecutivo, el de “Justicia”, que asumió la facultad de intérprete oficioso de la Constitución, las sentencias y declaraciones emitidas por el TCP durante los últimos días en funciones, cuando no, justificando su ilegal “autoprórroga” que provocó el masivo repudio ciudadano.

Lamentablemente esta falencia institucional no es nueva, es otro episodio de la desatención de los órganos de poder público a la función judicial, un mal que transitó de la colonia a la naciente República y que el Estado Plurinacional, casi bicentenario, todavía no acaba de reparar.

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Tampoco es casual que sea el Constitucional el tribunal responsable de generar la última crisis. Hace ya varios años se planteó la necesidad de revisar los alcances del control judicial de la constitucionalidad incorporado a través de las iniciativas de reforma judicial a mediados de los años 90, inspiradas también por la cooperación española que llegó a la región promoviendo la creación de Tribunales Constitucionales, Consejos de la Judicatura y Defensorías del Pueblo.

Bolivia las adoptó y se preservaron en la última Constitución con algunos ajustes, aunque no los suficientes para contar un modelo de control de constitucionalidad propio, bien definido y que corresponda a la naturaleza del Estado, la voluntad constituyente y la realización de la justicia. Desde su origen se advirtió que estos tribunales no podían tener las mismas características y atribuciones que aquellos en países europeos con sociedades cultural y étnicamente homogéneas y con una larga tradición institucional ajustada por dos grandes guerras. Cuando se iniciaron las labores del Tribunal Constitucional en Bolivia se comenzó a discutir la importancia de un “poder constituyente” más representativo y democrático para reformar el orden constitucional, un orden que sería el objeto central y referente obligatorio del control judicial encomendado al tribunal.

Aun antes de convocada y celebrada la Asamblea Constituyente, se planteó la urgencia de definir si el Tribunal Constitucional ejercía el control “concentrado” o “difuso” de la Constitución. El primero, siguiendo los modelos europeos como su “único, supremo y último” intérprete y el segundo, más bien compartido con el Congreso que también tenía atribuciones interpretativas a través de leyes especiales y con el resto de la judicatura, servidores públicos y ciudadanía que debían aplicarla con preferencia al resto del orden normativo. Esta definición resultaba imprescindible frente a los debates sobre si todas o solo algunas de sus decisiones tenían carácter obligatorio y vinculante en materia de controversias judiciales o actos administrativos que comenzaron a utilizar los procedimientos constitucionales como otra instancia recursiva o de interpretación so pretexto de que se trataba de la única y última autoridad que podría definir cualquier controversia. Paralelamente surgía la constatación de la legitimidad y utilidad de las atribuciones interpretativas del Congreso, que fueron aplicadas en 2005 para viabilizar la transición democrática y en 2008 para concluir el proceso constituyente.

No era ni es un tema menor, incumbe a cómo los ciudadanos y los órganos de poder público deben honrar el deber de conocer, respetar y hacer respetar la Constitución, norma “suprema” del ordenamiento jurídico con primacía sobre cualquier otra disposición y cómo todos pueden contribuir a garantizar la seguridad jurídica dentro un orden democrático. Desafortunadamente se mal adaptó un modelo de control judicial de constitucionalidad cuasi “concentrado”, de amplio espectro: sin limitaciones de autorrestricción frente a otras competencias especializadas; sin reglas que permitan coordinar sus propios conflictos de competencia; sin modalidades de voto cualificado cuando se trate, por ejemplo, de interpretaciones de la voluntad del constituyente o de control de convencionalidad, y sin principios sobre el sentido de oportunidad y efectos de sus decisiones demoradas.

Sin desmerecer los logros que tuvo el Tribunal Constitucional desde su creación en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, su extraña naturaleza “cuasi concentrada” y su reciente desempeño abren un nuevo momento constituyente para reflexionar y promover la reforma del TCP. No es posible asumir que el deber de conocer, respetar y hacer respetar la Constitución se haya convertido en una capacidad inútil, inoperante o supeditada a lo que el único y supremo “intérprete oficial” pueda decidir luego de dilatados procedimientos que en notable mayoría se dirigen contra jueces o autoridades, y cuyos actos solo cobran validez “constitucional” si el TCP así lo decide. Esta limitación al sentido común con el que todos podemos leer, entender y aplicar la Constitución es insostenible sobre todo cuando las decisiones del TCP resultan abiertamente ajenas a la voluntad del constituyente o al texto literal de la norma. Las decisiones sobre: reelección y autoproclamación presidencial, interpelación legislativa, autoprórroga de funciones judiciales, o la omisión de pronunciamientos sobre la competencia en juicios de responsabilidades o el abuso de la detención preventiva son algunas de las muestras de esta distorsión institucional. La crisis derivada del desempeño y las decisiones del TCP han abierto el mayor desafío posible para nuestra democracia: vivir en Constitución, no solo honrando la norma legal, también como propósito de convivencia armónica y en paz.

(*) Eduardo Rodríguez Veltzé fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y de Bolivia

Dibujo libre

La crisis de 2019 derivó en una presidencia transitoria y en la celebración de nuevos comicios en octubre de 2020. El recuento está dividido entre quienes insisten en que lo que ocurrió fue un “golpe de Estado” y aquellos que sostienen que fue un movimiento popular que reaccionó ante un “fraude electoral”. Ninguna de estas dos versiones, por sí solas, capturan la verdadera dimensión de los acontecimientos. Sucedió algo aún más grave: el fracaso del orden constitucional expresado en la incapacidad de los órganos de poder público y de sus autoridades para ejercer sus atribuciones, para atender las protestas sociales; para contener la insurrección de las instituciones armadas y de las turbas violentas. Este fracaso también es revelador del quiebre de su espíritu: la convivencia pacífica entre todos los bolivianos bajo el principio de pluralidad y tolerancia y el quebranto de una gobernanza democrática estable. A 11 años de vigencia de la Constitución es ineludible el examen del diseño y el desempeño institucional para una reconciliación con justicia.

El Órgano Electoral no correspondió con integridad la votación de octubre de 2019 a la que la población concurrió en paz. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no pudo concluir un cómputo nacional oportuno y transparente. La suspensión del mecanismo de conteo rápido, la existencia de servidores paralelos y otras críticas detectadas por la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) le restaron credibilidad y despertaron protestas. Las acusaciones penales contra autoridades electorales no resolvieron la existencia de un “fraude” y todavía se debaten los alcances de los informes de la OEA. La Asamblea Legislativa renovó la integridad del Tribunal Supremo Electoral para conducir las elecciones nacionales y subnacionales que se celebraron normalmente. Recientemente el Gobierno designó nuevas autoridades electorales departamentales bajo procedimientos cuestionados que vuelven a poner en duda la imparcialidad institucional .

El Órgano Ejecutivo no pudo contener la espiral de protestas ciudadanas sobre los resultados de la elección de octubre de 2019 y no definió con claridad su postura sobre la continuidad del proceso electoral. Sus principales autoridades, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, acabaron renunciando a su mandato ante la insurrección de la Policía y las Fuerzas Armadas que, pese a estar prohibidas para deliberar, se pronunciaron sobre su dimisión. Ambos dejaron el país y su partida precipitó la irregular sucesión. Las candidaturas de Morales y García cargaban el cuestionamiento ciudadano por los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazaron la propuesta de modificar la norma constitucional que limita la reelección solo a dos periodos. Un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revirtió ilegalmente la voluntad popular expresada en el texto constitucional de 2009 y en el referéndum de 2016. El rechazo a esta decisión judicial fue manifiesto y se espera una opinión consultiva requerida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Órgano Legislativo no fue eficaz con la representación ciudadana y la coordinación con otros órganos. Su actividad legislativa está sometida al Ejecutivo y no cede espacios a las minorías opositoras. Las dos últimas crisis políticas producidas por la dimisión de un Presidente revelaron el intento de desestimar las atribuciones del Legislativo en la sucesión constitucional. En 2005, los parlamentarios tuvieron que trasladar la sesión del Congreso para sortear presiones de grupos de interés. Lograron instalar una sesión en Sucre donde ambas cámaras debatieron y resolvieron la sucesión presidencial en favor del presidente de la Corte Suprema de Justicia, conforme al orden señalado por la Constitución. En 2019 las renuncias de los líderes de las cámaras, varias de ellas por amenazas contra su integridad o la de sus familiares, perjudicaron la convocatoria a las sesiones de la Asamblea. Simultáneamente, un espacio “ad hoc” reunido en la Universidad Católica de La Paz ensayaba “soluciones” a la crisis política. Este no era ni podía ser un espacio que reemplace legítimamente las sesiones de la Asamblea. Sin embargo, se promovió e instrumentalizó la sucesión “ipso facto” a la presidencia vacante por la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, quien se autoproclamó Presidenta del Estado. Se vulneró el orden constitucional que prevé que son las Cámaras Legislativas las que reunidas en Asamblea conocen las renuncias y acuerdan la sucesión. (Arts. 161, 3 y 169 de la CPE), normas de aplicación preferente sobre los Reglamentos Camarales y el oficioso “comunicado” emitido por el TCP.

La Asamblea Legislativa no fue disuelta. Tuvo una línea ambivalente, por una parte repudió el régimen transitorio y por otra ejerció atribuciones para la designación de los miembros de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y sancionó leyes para extender el mandato de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y gobiernos subnacionales hasta las nuevas elecciones generales, que fueron postergadas en dos oportunidades sucesivas so pretexto de las contingencias de la pandemia.

El Órgano Judicial no supera las deficiencias estructurales que arrastra por décadas. Persisten deficiencias que comprometen la seguridad jurídica del Estado y la de los ciudadanos. La falta de acceso, una legislación obsoleta y la ausencia de reformas efectivas afectan el servicio judicial. La elección de magistrados por voto popular no despolitizó el sistema y todavía no se repara en que es la integridad del desempeño de todos los jueces lo que asegura su imparcialidad. La politización y la ausencia de política criminal se expresan en el uso abusivo de la detención preventiva y selectiva, práctica que genera una crecida población de presos sin condena en recintos saturados. Varias decisiones del TCP, en lugar de asegurar la supremacía de la Constitución y la vigencia de derechos y garantías, optan por razonamientos contradictorios y afectos a los intereses político-partidarios. La crisis reveló la urgencia de una reforma judicial a partir de un diagnóstico plural y comprensivo.

La presidencia de Áñez no advirtió su naturaleza “transitoria”, desde su inicio reveló un propósito de repulsa al MAS, desmontó las instituciones públicas y promovió causas criminales selectivas. Pronto Áñez anunció su candidatura a la Presidencia del Estado, proclama que confirmó su desprecio por la imparcialidad que debía distinguir su paso por la Presidencia. La mayor censura al régimen de Áñez se concentra en la represión violenta por fuerzas militares y policiales a manifestaciones civiles. Algunas actuaciones se cumplieron bajo los alcances de un decreto que eximía de responsabilidad a militares que participaban en tareas de preservación del orden público, norma derogada por la crítica pública. Las protestas en Sacaba y Senkata fueron violentamente reprimidas dejando un saldo de más de 30 muertos, cientos de heridos y detenidos. Ni el Fiscal General, ni el Gobierno reaccionaron oportunamente, con diligencia, objetividad y responsabilidad para abrir diligencias de investigación bajo un debido proceso judicial. A más de un año y medio de los hechos, todavía se aguarda el informe de una comisión de investigadores independientes. Las demoras del proceso perjudican a las víctimas y favorecen la impunidad.

Las elecciones de octubre de 2020 restablecieron la composición democrática. Luis Arce y David Choquehuanca fueron elegidos Presidente y Vicepresidente con el 55% de los votos, también se eligieron a senadores y diputados de la Asamblea Legislativa. En abril de 2021 se eligieron a gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales. Los discursos inaugurales de Arce y Choquehuanca contrastan con el rumbo de su gestión gubernamental. Siguen confrontando los viejos problemas estructurales del Estado, el lastre de la gestión transitoria y los efectos de la pandemia que encontró un país con deficiencias estructurales en su sistema de salud, con una economía frágil y sin políticas para atender la educación. No obstante, la administración gubernamental tampoco ha promovido espacios de concertación sobre ningún tema de Estado. Al contrario, así como el gobierno anterior alentó causas penales por el “fraude”, el actual alienta otras por el “golpe”.

Para considerar una reconciliación sincera, cabe destacar que durante las últimas crisis la mayoría de los bolivianos demostraron su voluntad de paz y espíritu solidario, en contraste con las narrativas tan desavenidas entre los líderes y las organizaciones políticas. Son ellos quienes deben comenzar el encuentro, cesar hostilidades y restablecer el diálogo, asumiendo responsabilidad sobre el desempeño institucional, promoviendo soluciones y superando resentimientos. No será posible una reconciliación sin justicia, pero con una justicia imparcial que juzgue con ecuanimidad, no solo buscando castigos, también con reparación para las víctimas y los daños producidos. Las falencias del orden constitucional subsisten, su examen abre un momento constituyente de reflexión para considerar cambios en consenso, poniendo a prueba la responsabilidad de los actores políticos frente a la sociedad que costea sus salarios, que concurre en paz para elegirlos y ratificar su vocación democrática.

(*)Eduardo Rodríguez V. es abogado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.