Días atrás, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) anunció su decisión de ampliar por un año más la intervención a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) de La Paz, iniciada en abril de 2013. El argumento es que los ocho municipios de la zona no se han puesto de acuerdo para crear una empresa metropolitana.
El Director de la AAPS informó que la determinación fue tomada al amparo de la Ley 1210, del 9 de agosto de 2019, que establece que el nivel central podrá de forma excepcional prestar el servicio “por capacidad institucional, administrativa y técnica insuficientes, o ausencia de acuerdos entre las entidades territoriales autónomas involucradas”, según dispone el inciso c) del artículo tercero de la norma.
En el Gobierno Municipal de La Paz (GAMLP) opinan que la norma es inconstitucional, y que únicamente sirve para impedir la conformación de la empresa metropolitana de agua que propusieron en 2016 las municipalidades de La Paz y El Alto, que ha sido rechazada en diversas ocasiones por la AAPS, cuestionando la presentación de documentos del prácticamente extinto Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA) y pidió su sustitución.
Tanto la concejala Cecilia Chacón (Sol.bo) como el Director de Empresas, Entidades y Servicios Públicos del GAMLP coinciden en que la Ley 1210 es contraria a la norma constitucional que atribuye a los gobiernos locales la competencia exclusiva de administrar los servicios de agua y saneamiento; así como la intervención iniciada en 2013 y cuyo plazo fue numerosas veces ampliado. Lo cierto es que el artículo 299, numeral II, inciso 9 de la Constitución Política nombra a estos servicios entre las competencias concurrentes.
Con todo, el desastre ocurrido entre fines de 2016 y principios de 2017 en La Paz, cuando casi la mitad de la ciudad se quedó sin servicio de agua potable, demostró que EPSAS carecía de capacidad para administrar una crisis de esa naturaleza y que la AAPS no era confiable a la hora de ejercer su papel regulador. Fue una nueva demostración de que la ciudad más importante de Bolivia y los municipios que la rodean merecen un prestador del servicio básico mejor preparado para los desafíos presentes y futuros.
Hará falta indagar por qué los seis municipios aledaños a La Paz y El Alto no logran ponerse de acuerdo para crear una empresa de agua y saneamiento que, si no hoy, necesitarán mañana para dar calidad de vida a sus habitantes. Mientras tanto, el personal de EPSAS hace lo que está a su alcance para resolver los crecientes problemas derivados no solo de la expansión urbana, sino también de la antigüedad de la red de distribución de agua, incapaz por ahora de planificar las multimillonarias inversiones requeridas para mejorar su infraestructura y brindar un servicio acorde con los tiempos que corren y con las demandas de la población.