En 2012, Robert Skidelsky, profesor e investigador de la Universidad de Warwick (Inglaterra), publicó el artículo Déficits buenos y malos, en el cual analiza el resultado fiscal de Estados Unidos y del Reino Unido a partir de los conceptos desarrollados en el libro The American Gridlock, denominado también el Estancamiento americano.

En su artículo Skidelsky señala que “la distinción entre el gasto de capital y el gasto corriente (y por tanto, entre déficits ‘buenos’ y ‘malos’), no es nada nuevo para cualquier estudioso de la Hacienda Pública, pero se olvidan los conocimientos a un ritmo tan alarmante que vale la pena volver a exponerla”, en particular para aquellos alquimistas del pasado boliviano.

Luego critica la ortodoxia fiscal, indicando que “(…) no debemos atribuir el entusiasmo actual por la disciplina fiscal a semejantes contingencias. Fundamentalmente, se debe a la creencia de que todo gasto estatal por encima de un mínimo necesario es despilfarrador. Europa tiene sus propios chalados del Tea Party, que aborrecen el Estado del bienestar y quieren abolirlo o recortarlo radicalmente, y que están convencidos de que todo el gasto de capital patrocinado por el Estado es una ‘pérdida de tiempo’: tantas carreteras, puentes y líneas férreas que no van a parte alguna y absorben ‘su’ dinero (…). Quienes creen eso no se inmutan ante la corrupción y el despilfarro que caracteriza gran parte del gasto del sector privado y prefieren el despilfarro ‘total’ de mantener a millones de personas sin hacer nada (Brock calcula que el 16% de la fuerza de trabajo estadounidense está desempleada, subempleada o demasiado desalentada para buscar trabajo)”.

En el caso de América Latina, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), en los últimos años presentó una disminución de ingresos y por tanto un déficit fiscal mayor al 4% del PIB. Como consecuencia se incrementó el endeudamiento de los países, llegando en promedio al 50% del PIB. Como la mayoría sigue políticas ortodoxas, en los últimos dos años 15 países ajustaron sus presupuestos, incluyendo la inversión en torno al 2% del PIB, e incrementaron los impuestos a la población en casi la mitad de lo que representaron los recortes, aspectos que también influyeron en la inflación y la tasa de desempleo.

En el caso boliviano, luego de 49 años de registrar un déficit fiscal consecutivo, recién en el 2006 el país consiguió un superávit fiscal, el cual se mantuvo durante ocho gestiones (2006-2013), algo que no se había visto antes en la historia económica del país. Solo a partir de 2014 se evidencia un déficit fiscal, ¿a qué se debe esto? El Plan Nacional de Desarrollo, primero, y posteriormente el Plan de Desarrollo Económico y Social plantean objetivos ambiciosos en cuanto a la inversión pública, por los megaproyectos en curso y aquellos por realizar.

En efecto, entre 2016 y 2020 se pretende invertir $us 48.574 millones para la construcción de carreteras, aeropuertos, plantas hidroeléctricas, termoeléctricas y hospitales; así como proyectos para impulsar la industrialización de nuestras materias primas, entre muchos otros.

Si revisamos los ingresos y gastos corrientes y de capital, como corresponde, se puede advertir que en el balance corriente se registró un superávit del 13% del PIB entre 2006 y 2016. Mientras que en el caso del balance en capital existe un déficit, explicado principalmente por la fuerte inversión pública que se está realizando. Por tanto, según el esquema de Skidelsky, el déficit registrado en el país en los últimos años es bueno, por las inversiones realizadas; las cuales a su vez fortalecen el crecimiento de la economía; muy diferente a los déficits registrados durante 49 años consecutivos, los cuales no trajeron nada bueno para el país.

Una devaluación, o depreciación, consiste en la pérdida del valor de la moneda nacional frente a otras divisas extranjeras. La primera se da como política de gobierno, y la segunda, generalmente en un escenario de poca o casi nula intervención de los bancos centrales.

A finales de 1985, el gobierno del MNR implantó un sistema de subasta para el intercambio de moneda extranjera conocido popularmente como el “bolsín”. Posteriormente, bajo la misma lógica, se puso en práctica el denominado crawling peg (devaluación progresiva y controlada de una moneda).

Sin embargo, a partir del 2006 y producto de la implementación de diferentes políticas económicas y sociales se “bolivianizó” la economía; se incrementaron las reservas internacionales netas, así como el superávit fiscal y comercial durante varios años; y las exportaciones no tradicionales (manufacturas, productos agroindustriales y otros) llegaron a niveles récord. Todo esto permitió que el tipo de cambio recupere su valor, y lo más importante, generó confianza en la economía nacional.

A pesar de ello, en la actualidad vuelven las voces de la devaluación con el objetivo de generar “competitividad e incrementar las exportaciones”. Así lo hicieron conocer por ejemplo algunos de los expositores del reciente foro económico “Desafíos y oportunidades para el desarrollo de Bolivia en el nuevo contexto mundial”.

Al respecto cabe aclarar que para aplicar una devaluación es importante considerar, además de la literatura económica, el contexto externo e interno de la economía. La idea de la devaluación viene de la escuela de pensamiento económico neoclásico. Una vez aplicada, se generan efectos  positivos y negativos. Entre los primeros, las exportaciones se vuelven más competitivas; es decir, al tener un tipo de cambio devaluado, los costos de los productos se vuelven más baratos frente a productos del exterior, y por la mano invisible, las ventas se incrementarían.

Entre los principales efectos negativos están un incremento de los precios (inflación), pérdida del poder adquisitivo de los salarios, erosión de los ahorros de las familias, desajuste en la regulación de tarifas de servicios básicos (tarifazos); lo que se conoce también como pass through.

Para corroborar que una devaluación tiene un impacto positivo en las exportaciones nacionales se deben realizar pruebas econométricas, entre ellas la denominada condición Marshall – Lerner. Los resultados de estas pruebas señalan que para el caso boliviano, la condición no se cumple, por lo que una devaluación no generaría el deseado incremento de las exportaciones, y por el contrario solo se observarían efectos negativos.

La economía mundial no ha terminado de recuperarse ante los efectos que provocó la crisis financiera de 2008, principalmente en los países desarrollados y la desaceleración de las economías emergentes; lo cual ha repercutido negativamente en los precios y en la demanda internacional. Ante este panorama, varios países de la región empezaron a devaluar (depreciar) sus monedas entre 2014 y 2016 con la esperanza de mejorar sus balanzas comerciales. Pero la realidad contrasta con los objetivos, pues estas economías no mejoraron sus exportaciones, más al contrario, corren el peligro de generar una mayor inflación, como es el caso de Argentina.

Manejar una economía con criterios subjetivos no es lo aconsejable, ya que como sucedió en los años 90 podríamos “bailar” nuevamente al ritmo de los efectos tango, samba y tequila, producto de la política cambiaria ortodoxa.

* es economista, funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Se ha iniciado el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) 2017 en la Asamblea Legislativa, y como ya es tradición, los agoreros de siempre salen a la palestra con el discurso de que todo está mal y que el fin del mundo ha llegado. Sin embargo, un análisis minucioso demuestra lo contrario. Para iniciar, lo básico que se tiene que realizar es leer el Art. 321 de la Constitución Política del Estado, que establece que el PGE considera todas las entidades del sector público, a diferencia de su predecesor, el PGN, que solo contemplaba una parte; algo importante que se debe aprender para analizar en su verdadera dimensión el actual presupuesto.

En cuanto al crecimiento del PIB, el PGE proyecta que esta tasa estará en torno al 4,8%, cifra mucho mayor al promedio de 1,6% para América Latina y el Caribe, que en un contexto internacional adverso es por demás importante, ya que muestra que la economía continúa estable y dentro el margen del 5% de crecimiento promedio de los últimos 10 años.

El PGE consolidado asciende a Bs 210.347 millones. El 62% de los recursos corresponde a ingresos corrientes, que provienen de la recaudación de impuestos y las operaciones que realizan las empresas públicas, tan vilipendiadas por los expertos; 3% por ingresos de capital; 9% por endeudamiento externo y un 26% de otras fuentes internas que generan las empresas como ingresos devengados, así como saldos de caja y bancos. Por cierto, la deuda externa hoy en día alcanza al 19% del PIB, muy por debajo de los países de la región y mucho menos en relación a la administración de los 80 y 90, donde llegaron a sobrepasar porcentajes del 90%.

Por el lado del gasto, continúa la política de redistribución, con una inversión pública como base del crecimiento, que seguirá por encima de los $us 6.000 millones, junto con  políticas sociales como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, además de otros. Los sueldos y salarios representan el 17% del total del PGE, lo cual no considera únicamente los sueldos del Presidente y de los ministros, sino también de todas alcaldías, gobernaciones y universidades en su conjunto, además de los sectores del Magisterio, Salud, Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Estos últimos cuatro sectores representan más del 60% del total de sueldos. Lo anterior muestra que se destina más recursos a inversión antes que a sueldos y salarios, cosa distinta a lo que pasaba cuando los “expertos” administraban la economía, donde se destinaba más dinero a sueldos y menos a inversión.

Un dato que no se toma en cuenta es que desde 2006 los presupuestos presentados al Congreso siempre mostraron déficit, debido a las proyecciones conservadoras de los ingresos. Sin embargo, en cada gestión se hace lo posible porque este resultado sea positivo. Así, entre 2006 y 2015 el superávit fiscal promedió 0,4%, situación que nos coloca por encima de Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil.

Cabe recordar que durante más de 60 años el país, con los gobiernos tradicionales que asumían recetas de política ortodoxa, llevaron a la economía a profundas crisis con déficit fiscales abultados, producto de los cuales recurrían al endeudamiento externo para pagar sueldos y aguinaldos. Desde luego, para los expertos esos años eran maravillosos.

En cuanto a las exportaciones, debido a la volatilidad de los precios de las materias primas, los sectores tradicionales como hidrocarburos y minería presentan disminuciones en su actividad. No obstante, es importante ver el comportamiento de las exportaciones no tradicionales. Entre 2015 y 2016, años de crisis internacional, el volumen de productos de la industria manufacturera y productos agropecuarios crecieron un 20% y 15%, respectivamente. Por tanto, me pregunto, ¿quiénes están haciendo las plegarias? Después de ver el pequeño análisis que realizan los expertos de siempre, al parecer le están rezando a la mano invisible para que alguna vez le atinen a algo.

Una de las exigencias de las movilizaciones de octubre de 2003 era el rechazo a la exportación de gas por Chile para el proyecto LNG, a un precio prácticamente regalado: entre $us 0,50 y 0,70 por millón de BTU. Según algunas estimaciones, el proyecto requería una inversión de $us 3.000 millones, de los cuales se generarían $us 1.000 millones anualmente. Sin embargo, con la Ley 1689 de Hidrocarburos el país percibiría únicamente $us 180 millones.

En tanto se masificaban las movilizaciones, la entonces oposición sindical solicitaba discutir un incremento de los impuestos petroleros del 18% al 50%; no obstante, persistía la negativa de la coalición de Gobierno (MNR, MIR, UCS y NFR), por lo que el Reencuentro Nacional propiciado por la Iglesia Católica no prosperó.

El 18 de octubre, Carlos Mesa visita El Alto y se plantea un referéndum vinculante para decidir sobre la exportación del gas, modificar la Ley 1689 y revisar el proceso de capitalización de las empresas estatales. Con el DS 25507 de 2004, se dio a conocer las preguntas del referéndum, aunque se cuestionó el porqué no se incluyó la interrogante “¿Está de acuerdo con nacionalizar el gas y el petróleo en Bolivia?”. En un marco de presiones, luego de varios proyectos de ley presentados al Congreso, se sancionó la Ley 3058, pero el presidente Mesa decidió devolverla al Parlamento, debido a que la consideraba “confiscatoria” para las empresas extranjeras, una de las razones para que renuncie en junio de 2005.

Si bien la nueva norma no establecía una nacionalización tácita, buscaba fortalecer a YPFB y su participación en toda la cadena de hidrocarburos, además de una obligación para la migración de contratos en un plazo de 180 días y la creación del IDH, entre otros. Cuando Rodríguez Veltzé subió a la presidencia en junio de 2005, las petroleras manifestaron su negativa para migrar los contratos y amenazaron con acudir a instancias internacionales, lo cual forzó a la ampliación de plazos.

En mayo de 2006, con el DS 28701, el Estado recupera la propiedad, posesión y control total de los recursos hidrocarburíferos. En junio de ese año se acuerda la venta de gas a Argentina a cinco dólares por millón de BTU, el cual se ratificó en octubre, además del incremento progresivo de los volúmenes exportados y la implementación de una fórmula de ajuste para el cálculo del precio de venta en función al precio internacional del barril de petróleo. Con lo establecido en el Decreto de Nacionalización, el 27 y 28 de octubre de 2006 se suscriben 44 contratos de operación para brindar seguridad jurídica, pero con mejores condiciones para el Estado.

¿Qué hubiese pasado si se mantenían las condiciones anteriores? Según cifras oficiales, se obtuvieron más de $us 19.705 millones desde la nacionalización, en tanto que con las condiciones de la anterior ley de hidrocarburos se hubiesen obtenido apenas  $us 7.368 millones, alrededor de una tercera parte. La diferencia se constituye en lo que las transnacionales se hubieran llevado de no ser la decisión política de recuperar los recursos naturales.

Esta apropiación del excedente también permitió que YPFB deje de ser una empresa residual y se convierta en una corporación que participa en toda la cadena de hidrocarburos, con un patrimonio que se incrementó de Bs 980,8 millones en 2005 a Bs 38.123,3 millones en 2012, y beneficie con la redistribución principalmente a las gobernaciones y municipios del país.

En esta coyuntura, cuando la COB realiza demandas sobre la Ley de Pensiones es necesario analizar en qué consiste el actual sistema de pensiones.

Desde la Ley 065 de 2010, el Sistema Integrado de Pensiones se compone de tres regímenes: a)  contributivo (aquellos aportes que el trabajador realiza durante toda su vida); b) semicontributivo (aportes del trabajador y se crea el aporte solidario); y c) no contributivo (el Estado es el que aporta su totalidad).

En el primer caso, si un trabajador durante su vida laboral aportó a la AFP, quizás con salarios altos, entonces se jubilará con la pensión que le corresponda. No existe un tope máximo a la renta de jubilación en este régimen. El semicontributivo, por su parte, fue implementado para que aquellos trabajadores que tuvieron bajos ingresos y realizaron aportes pequeños puedan acceder a una jubilación digna con la creación del Fondo Solidario (FS), que permite incrementar el monto de la renta de jubilación. Por su parte, el régimen no contributivo establece que el Estado contribuye con el financiamiento de la Renta Dignidad, la cual no necesita del aporte de ningún trabajador, puesto que beneficia también a campesinos, choferes, gremiales y otros que no reciben un salario mensual.

Ahora bien ¿dónde se centra el pedido de la COB? En el régimen semicontributivo (fondo solidario), porque algunos dirigentes pidieron, inicialmente, una pensión solidaria de Bs 8.000; luego pidieron tener una jubilación del 100%, financiada con el FS, y que el referente salarial se calcule con las últimas 24 boletas de pago, aunque éste haya tenido mucha fluctuación.

Con relación al financiamiento del FS, cabe señalar que el 52% proviene del aporte patronal solidario (53% del Estado y 47% del sector privado), 39% de los rendimientos, riesgos profesionales, entre otros, y únicamente el 9% del aporte solidario de los trabajadores. Lo interesante es que de este último porcentaje sólo el 3% proviene de los trabajadores afiliados a la COB. Al igual que usted estimado lector me pregunto ¿cómo es posible que la COB, con una participación del 3%, quiera decidir el futuro de la Ley de Pensiones? O,  ¿por qué la COB quiere hacerse cargo de la Gestora Pública, cuando la mayoría de asegurados del sistema de pensiones provienen de sectores no afiliados a su institución?

Entonces, podemos concluir, primero, que la solicitud pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones puesto que los aportes al FS que realiza cada trabajador se acabarían en pocos años. En segundo lugar, no hay experiencias en países del mundo respecto a una jubilación con el 100%, y actualmente el referente salarial se calcula sobre los 24 últimos periodos, cuando no hay fluctuación de salarios como es el caso de los maestros, porque es un sector que tiene asegurado su salario desde que ingresan al Magisterio, algo que no ocurre con el salario de los mineros puesto que fluctúa según la cotización de los minerales.

Cuando la COB pide una jubilación del 100%, llama la atención de todos porque desde luego todas las personas queremos tener una vejez con el mayor ingreso posible; sin embargo, es menester y responsabilidad de todos nosotros entender el verdadero problema del conflicto y ser lo suficientemente coherentes para no poner en riesgo el sistema de pensiones.