Pese al principio constitucional de “equivalencia de condiciones” entre mujeres y hombres, y burlando el mandato normativo de garantizar paridad y alternancia, en las elecciones generales 2019 no habrá paridad en las listas de candidaturas. Se trata, sin duda, de un gran retroceso en el ejercicio de derechos políticos de las mujeres. Y aunque sea un hecho consumado, debe reprobarse.
El 19 de julio, cuando se cumplió el plazo legal para el registro de candidaturas a senadurías, diputaciones y representantes ante organismos parlamentarios supraestatales, todas las fuerzas políticas que participan en los comicios presentaron listas con paridad de género. Así, de un total de 1.346 candidaturas titulares, había 684 mujeres (50,8%) y 662 hombres (49,2%).
El atajo vino después. En el período para la sustitución de candidaturas inhabilitadas, en especial por incumplimiento de requisitos formales, las organizaciones políticas no realizaron todas las sustituciones. Y las más perjudicadas fueron las candidatas mujeres. Un reciente análisis de las listas oficiales publicadas por el TSE mostró que solo un partido cumple con la paridad.
Más allá del evidente retroceso, preocupa que se esté vulnerando la normativa sin ninguna consecuencia. Las fuerzas políticas hacen lo suyo y no presentan listas paritarias. El TSE, que debiera ser el garante de la paridad, deja pasar esas listas pese a que la ley establece que debiera rechazarlas. Y las organizaciones de mujeres, en lugar de movilizarse, hoy hacen estadísticas.