Desde este espacio hemos venido señalando aspectos centrales para la transformación educativa, en el marco de la preparación al Congreso Plurinacional de Educación. Toca ahora abordar uno de los puntos más álgidos en todo sistema educativo: la formación de maestros.

Como afirma la UNESCO (2008) “excluidas las variables extraescolares como el origen socioeconómico de los alumnos, la calidad de los profesores y el ambiente que logran generar en la sala de clase son los factores más importantes que explican los resultados de aprendizaje de los alumnos”. Es importante contar con buenos currículos, condiciones materiales y tecnológicas, recursos suficientes, pero si no se tienen maestros solventes y comprometidos los resultados educativos serán bajos.

Las políticas educativas enmarcadas en la Ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” fueron una contundente apuesta por el fortalecimiento del magisterio; apuesta traducida en el respeto a la especificidad de la carrera docente (escalafón, exclusividad de maestros “normalistas” para cargos docentes y directivos), en la atención sin precedentes de las condiciones laborales del magisterio (incremento sostenido de salarios y de ítems, sobre cuya administración ya hemos hablado [La Razón, 3 de septiembre de 2024], dotación de laptops) y en la generación de una integral estructura de formación docente con su respectiva institucionalidad (formación inicial, ESFM, desconcentrada y con nivel de licenciatura; formación continua, UNEFCO, con una variada oferta; y formación postgradual, UP) y diversos programas transitorios que atendieron de forma contundente los acumulados problemas del sistema (el PPMI eliminó el interinato, el PROFOCOM tituló a más del 90% del magisterio con grado de Licenciatura, el PEAMS, el PROACED, sólo por nombrar algunos).

Pese a recurrentes improvisaciones en las últimas gestiones, esta estructura de formación de maestros está consolidada, pero también viene mostrado nuevos desafíos. A manera de ejemplo: Es necesario analizar la formación inicial del magisterio exclusivamente a cargo de los mismos maestros que, en criterio personal, ha alcanzado su techo. Hoy la formación inicial no logra garantizar “nuevos” maestros solventes en sus especialidades. “Nadie da lo que no tiene”; los futuros maestros formados exclusivamente por maestros normalistas repetirán sus virtudes didácticas, pero también sus limitaciones académicas; sólo la apertura a la interdisciplinariedad puede cambiar horizontes.

En este marco, el congreso podría analizar, continuando con el ejemplo, algunas alternativas para la formación inicial:

– Mantener la estructura de 5 años de formación, pero con planteles docentes mixtos: Maestros normalistas principalmente, complementados con otros profesionales especialistas en sus disciplinas.

– Cambiar la formación inicial a 2 años de carácter pedagógico y didáctico, recibiendo a postulantes al magisterio que ya cuenten con un título universitario vinculado a la especialidad a la que postulan.

Estos u otros lineamientos de política de profesión docente podrían generar un rápido y contundente proceso de mejora en la formación de maestros, con la consecuente mejora de los procesos y resultados educativos en los estudiantes. La apuesta por el magisterio para transformar la educación debe seguir en pie, pero toca dar los siguientes pasos para superar las limitaciones internas propias de toda profesión ensimismada. Habrá que esperar los documentos que emerjan del hasta ahora tímido congreso educativo para ver desde qué horizonte vienen planteándose estos temas, a qué intereses responden y, por tanto, qué se puede esperar para el futuro.

Luis Fernando Carrión Justiniano
es educador e investigador boliviano

Con bidones de agua al hombro, indígenas yagua de Colombia caminan por un desierto de tierra árida, antes cubierto por las aguas del Amazonas. Hasta que una severa sequía redujera un 90% el caudal del río más grande del mundo. 

Cerca de la ciudad de Leticia (sur), la más importante de la Amazonía colombiana, niños, adolescentes y mujeres, entre otros aborígenes, enfrentan un viacrucis para llevar víveres hasta su comunidad de poco menos de 600 habitantes.

Desde hace unos tres meses el río se secó y dejó su caserío aislado por una kilométrica playa de arena.

Sin sequía, el punto más cercano del afluente estaba a unos 15 minutos caminando. Ahora, el calvario bajo el sol dura más de dos horas.

«Este momento es bien difícil», dice a la AFP Víctor Fracelino, un indígena yagua de 52 años.

«Todas las cositas que se traen de Leticia nos toca cargarlas (….) la arena a veces no nos deja avanzar, no nos deja caminar, nos atrasa», añade mientras lleva un bidón de seis litros donado con fondos estatales, el único remedio que calma su sed en la mayor selva tropical del planeta.

Recientemente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que el caudal del Amazonas se redujo hasta 90% ante la alarmante escasez de lluvias que afecta esta zona en de la triple frontera con Brasil y Perú, únicamente accesible por agua.

«Para muchas de estas comunidades su único medio de transporte es el río, al secarse estos afluentes pues se ven completamente incomunicados», apuntó el director de la entidad, Carlos Carrillo.

La sequía coincide con los peores incendios en la Amazonía en casi dos décadas, según el observatorio europeo Copernicus.

María Soria y otros miembros de su comunidad caminan para vender artesanías a los turistas en un sitio llamado Isla de los Micos. Los más jóvenes juegan fútbol donde antes estaba el río más caudaloso de la Tierra.

«El Amazonas es el ‘pulmón del mundo’ y es bonito, pero en este momento para nosotros no es bonito porque estamos caminando muy lejos», se queja la mujer de 55 años, vestida con trajes típicos yaguas.

La Gobernación de Amazonas calificó la sequía como «la peor crisis climática» que ha experimentado el departamento selvático de unos 109.000 kilómetros cuadrados.

Sin carreteras, el comercio depende del caudal del río que nace en Perú y muere 7.000 más lejos en la costa de Brasil, tras cruzar Colombia. 

Del lado peruano, pequeñas poblaciones reportaron escasez de alimentos. Del brasileño, autoridades decretaron una «situación crítica», especialmente por el bajo nivel de una hidroeléctrica que genera el 11% de la electricidad del país.

Sumado a la deforestación, expertos advierten que la Amazonía está en riesgo de convertirse en una extensa sabana.

David Salazar
es periodista de AFP

El gobierno del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, cumplió un año de su brutal represión contra el pueblo palestino al que ya puede calificarse como genocidio porque han muerto alrededor de 42.000 personas, en su mayoría mujeres y niños.

El 7 de octubre de 2023, Israel respondió con furia el ataque de Hamás perpetrado en territorio hebreo. Más de 1.000 combatientes de Hamás perpetraron un ataque en 24 puntos del sur de Israel, principalmente contra el kibbutz de Beeri y el festival de música Nova. El ataque se saldó con más de 1.200 muertos, de ellas 809 civiles (al menos 280 mujeres y 40 niños, según el informe posterior de la ONU) y 314 militares. Un total aproximado de 14.970 personas resultaron heridas. Al menos 252 personas fueron secuestradas.

Sin embargo, esas cifras quedan cortas ante la represión israelí. Datos del ministerio de Sanidad de Gaza indican que la ofensiva israelí se ha cobrado la vida de 41.909 personas —casi 17.000 menores— y ha causado 97.303 heridos, en solo 12 meses de exterminio palestino.

El genocidio israelí no solamente se refiere a los muertos y heridos, sino también a miles de prisioneros palestinos que colman los centros de detención israelíes. El Club de Prisioneros y la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros palestinos denuncian las sistemáticas redadas de las fuerzas israelíes en territorios palestinos, que incluyen asaltos a viviendas, destrucción de infraestructura y asesinatos extrajudiciales.

Solo en septiembre las Fuerzas Armadas y los colonos israelíes ejecutaron alrededor de 1.334 ataques en la Franja de Gaza en las que incluyeron expropiación de tierras, expansión de las colonias, ejecuciones extrajudiciales, sabotajes, así como demoliciones y confiscación de propiedades.

El asedio y ataques israelíes también han colapsado el sistema de salud en Gaza, apenas 15 de los 38 hospitales permanecen parcialmente en funcionamiento. El 65% de las instituciones de salud están dañadas y con una ocupación del 300%, especialmente en unidades de cuidados intensivos, lo que hace difícil la atención sanitaria, especialmente la de 50.000 embarazadas y 12.000 pacientes de cáncer. También se ha conocido que en los últimos doce meses al menos 986 miembros del sector sanitario fueron asesinados por las fuerzas armadas israelíes. Además, alrededor de 130 ambulancias quedaron fuera de servicio o están bajo los escombros producto de los constantes bombardeos por parte del Ejército sionista.

Debido al genocidio, la Franja de Gaza afronta también una crisis humanitaria sin precedentes. Un informe elaborado por diversas organizaciones como Save the Children, Oxfam o el Consejo Noruego para los Refugiados, que trabajan en la zona de conflicto, denunció que Israel está bloqueado el 83% de la ayuda alimentaria que necesita la población. Los gazatíes han pasado de tener un promedio de dos comidas al día a solo una cada dos días. Se estima que, para finales de año, 50.000 niños de entre 6 y 59 meses necesitarán urgentemente tratamiento por desnutrición.

Los últimos diez meses se han caracterizado por la existencia de dos ciclos simultáneos: la destrucción en Gaza y la incapacidad internacional para detenerla. Mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal de la ONU, ordenaba el 26 de enero a Israel a tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lleva meses intentando promulgar sin éxito una resolución para el alto el fuego, debido a los vetos de Estados Unidos, aliado estrecho de Israel, por considerar los términos de la misma un obstáculo a las negociaciones, si bien acabó absteniéndose en una votación el 25 de marzo, facilitando la aprobación de un texto incumplido hasta el momento.

Lo cierto es que el genocidio israelí sobre los palestinos deja varias secuelas para los años siguientes por el número de víctimas, niños y niñas huérfanos, daños a la infraestructura, desplazamientos forzados, hambruna, infinidad de enfermedades y por la polarización extrema de las direcciones políticas tanto en el movimiento islamista Hamás como por el Gobierno sionista de Israel.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

¿Te imaginas poder proporcionar toda tu información financiera, sin tener que reunir todos los documentos de diferentes fuentes para demostrar tu perfil crediticio solo con un clic? Uno de los beneficios más importantes del open banking es que los usuarios del sistema financiero tradicional puedan concentrar en un solo lugar (a través de una aplicación), toda la información sobre sus cuentas bancarias, de ahorros, créditos y tarjetas, aun cuando sean de diferentes entidades financieras nacionales o internacionales.

Hace días atrás estuve en el Fintech Summit Bolivia, organizado por la Cámara Boliviana Fintech con el apoyo de la Cainco, donde se tocaron justo temas como open banking, blockchain, criptomonedas y finalmente un panel con las billeteras móviles que operan en Bolivia.

Como ustedes saben, he venido escribiendo sobre blockchain y criptoactivos, pero muy poco hemos escuchado sobre open banking, así que lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es open banking y qué oportunidades trae para el país.

Open banking es una práctica bancaria que permite a proveedores de servicios (financieros) de terceros (TPPs), que normalmente suelen ser empresas tecnológicas, acceso abierto a toda la data (información) de consumo de usuarios, transacciones y otros datos financieros de bancos e instituciones financieras no bancarias mediante el uso de APIs (interfaces de programación de aplicaciones).

El open banking permite aprovechar estos datos para el uso por parte de consumidores, instituciones financieras y proveedores de servicios externos, “refinando” los datos y extrayendo valor convirtiéndose en una importante fuente de innovación que está a punto de remodelar la industria financiera.

Esta demás decir que la banca ha sido una de las industrias más conservadoras a lo largo del tiempo, pero que está teniendo que modificar su modelo de negocio en especial con la aparición de las FinTech, que son empresas mucho más agiles y que están centrados en el cliente (y sus necesidades) apoyados por tecnología.

Lo cierto es que open banking trae consigo mayor competencia entre las instituciones financieras, acelera la innovación en los servicios financieros, sin duda mejora la experiencia del cliente y mejora la seguridad. Los principales beneficiarios del open banking son los clientes finales, que tendrán acceso a más y mejores productos financieros, centrado en la experiencia del cliente, mucho más rápido y seguro que antes.

¿Existe algún beneficio para las instituciones que adoptan el open banking? La respuesta es sí. El uso de las APIs puede generar nuevos ingresos, el desarrollo de nuevos productos puede significar ampliar e incrementar el universo de clientes, la mejora en la experiencia del cliente puede generar mayor satisfacción del cliente y por ende mayor fidelización de sus clientes actuales.

A nivel global, existen tres modelos de implementación del open banking. El modelo de adopción obligatoria, como en el Reino Unido (desde 2017), en Australia y la Unión Europea, y se caracteriza por contar con estándares muy detallados, emitidos por la autoridad u órganos implementadores. El modelo voluntario que se utiliza en Hong-Kong, Singapur y Japón, y consiste en el establecimiento de lineamientos generales, que dan cierta libertad para el desarrollo de las API’s, y funcionan a modo de recomendaciones o estándares para su desarrollo. Finalmente, está el modelo hibrido, definido por las instituciones financieras empleado por ejemplo en los Estados Unidos y Nueva Zelandia, donde las propias instituciones definen sus procedimientos.

Según Jim Wadsworth y Lauren Jones de Raidiam Services Limited, actualmente open banking está activa o en desarrollo en más de 70 países de todo el mundo, con diferentes tipos de implementación. En América Latina, los países que más han avanzado en un marco regulatorio de open banking son Brasil, México, Colombia, Chile, Republica Dominicana y Uruguay.

Para asegurar una implementación exitosa de open banking, es crucial establecer un marco regulatorio robusto que garantice la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios. Las instituciones financieras deben invertir en tecnologías avanzadas de ciberseguridad y en la capacitación continua de su personal. Además, es fundamental fomentar la colaboración entre bancos, fintechs y reguladores para crear un ecosistema financiero integrado y eficiente.

La transparencia y la comunicación clara con los clientes sobre los beneficios y riesgos del open banking también son esenciales para ganar su confianza y promover la adopción de estos servicios innovadores.

Gamal Serhan Jaldin es experto en Tecnología e Innovación.

En las comunidades de la Amazonía y la Chiquitania bolivianas, las mujeres son el corazón de las cadenas de valor de productos del bosque. Su rol en la recolección, procesamiento y comercialización de recursos como la almendra chiquitana y la castaña es clave, pero sus esfuerzos no siempre han sido valorados. Su trabajo no solo sostiene a sus familias y comunidades, sino que es esencial para la conservación del bosque. Sin ellas, el equilibrio entre desarrollo local y sostenibilidad estaría en riesgo.

Mayerlin Hurtado, líder de la comunidad Altagracia en Riberalta, ha dedicado su vida a trabajar la tierra y recolectar castaña. Desde pequeña, su vínculo con el bosque ha sido fuerte, pero fue al integrarse a la Asociación MUIJE que entendió el valor de su labor. Hoy, Mayerlin es Secretaria de Medio Ambiente de su asociación y, a través de capacitaciones y buenas prácticas, contribuye a la conservación de los recursos naturales que sustentan a su gente.

De manera similar, Yuliana Chamo, desde la comunidad de San Ceferino, ha liderado la recolección y procesamiento de almendra chiquitana. A sus 20 años, se convirtió en la principal recolectora de su comunidad, enfrentando los retos del trabajo en el campo y el liderazgo en la asociación de productores. Su esfuerzo ha beneficiado a su familia y ha ayudado a conservar los bosques.

Estos ejemplos no son casos aislados. Las mujeres que trabajan con productos del bosque han jugado y juegan un papel esencial en la conservación de la biodiversidad, sobre todo en un contexto donde la deforestación y los incendios amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas.

El trabajo en conjunto de organizaciones indígenas, gobiernos subnacional y nacional, organizaciones de la sociedad civil y sector privado, están impulsando iniciativas que buscan integrar la igualdad de género en la gestión de los recursos forestales. Estas medidas promueven la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones y el acceso a mercados justos, fomentando una economía local más inclusiva.

El trabajo de las mujeres no es solo una actividad económica, también es una forma de agregar valor al transformar los recursos que recolectan. Como lo dijo Yuliana: “hay que cuidar el monte para que sigan siendo bosques vivos”. Su labor es una defensa activa contra la degradación ambiental y una apuesta por un futuro más justo y sostenible para sus comunidades.

Este 11 de octubre, en el Día de la Mujer Boliviana, es una oportunidad para reconocer el esfuerzo de estas mujeres que, desde la Amazonía y la Chiquitania, protegen el futuro de todos. Al igual que Adela Zamudio luchó por los derechos de las mujeres en el ámbito educativo y social, hoy necesitamos valorar a quienes cuidan nuestros bosques y sostienen nuestras economías locales.

El desafío no es solo visibilizar su trabajo, sino también crear alianzas que lo fortalezcan. El compromiso de las instituciones, empresas y comunidades debe ir más allá de las palabras. Necesitamos acciones concretas que permitan a las mujeres acceder a oportunidades en todas las etapas de las cadenas de valor de productos del bosque. Solo así, aseguraremos que tanto el bosque como sus comunidades prosperen.