Faltando pocos días para las elecciones generales, Bolivia se prepara para un evento histórico en el que se pondrá a prueba la capacidad del sistema político de superar la conflictividad y la polarización política, dirimiendo las diferencias mediante el voto.

Uno de los pensadores más destacados de la ciencia política latinoamericana, Guillermo O’Donnell, esbozó en su extensa obra un análisis esencial sobre las relaciones entre el Estado, la democracia y la ciudadanía. Planteó que las elecciones deben ser limpias, competitivas, libres, igualitarias, decisivas, inclusivas e institucionalizadas— y que para que ello suceda, deben existir condiciones subyacentes, como ciertas libertades relacionadas con las elecciones, tales como las de expresión, asociación, participación e información, que el Estado debe garantizar.

Para las democracias latinoamericanas persisten desafíos, que no son ajenos a Bolivia, vinculados, por ejemplo, con una brecha creciente entre las nuevas demandas y expectativas que acompañan la expansión de clases medias, y un sistema político con aparatos estatales de capacidad reducida. Abordar este desafío supone priorizar reformas institucionales que extiendan la participación, mediante consultas ciudadanas y centralidad del voto, y que fortalezcan la fiscalización y la transparencia. Son requisitos básicos para afirmar la democracia representativa y para responder a demandas por derechos políticos y protección ante la vulnerabilidad.

Frente a estos desafíos, Bolivia se ha preparado en forma bajo el liderazgo técnico del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED), en colaboración con múltiples actores, para llevar adelante un proceso electoral de este tenor.

Existen elementos que denotan una preparación sólida por parte de la autoridad electoral: la presentación oficial del Padrón Electoral Biométrico, la capacitación de notarios y notarias, el sorteo y capacitación de las y los jurados electorales, la aprobación y divulgación de los protocolos de bioseguridad, las pruebas técnicas de los sistemas de sistematización y transmisión de resultados. La transparencia y provisión de información sobre la realización de estos procesos demuestran que el TSE y los TED cumplen de manera oportuna con el calendario electoral aprobado con equidad, calidad técnica y legitimidad.

Asimismo, existe información clara y transparente sobre la transmisión de resultados, un eje central para la transparencia del proceso. Se utilizarán dos mecanismos: el Direpre, que habilita la transmisión de fotografías de las actas desde cada recinto de votación y alimentan un centro de datos del TSE, brindando una aproximación de resultados informativa y no vinculante. El segundo mecanismo, el cómputo oficial, brindará los datos oficiales y definitivos: se inicia con el traslado de las actas físicas a los centros de cómputo, operados por las salas plenas de los TED, cuya revisión física alimenta el sistema de cómputo electoral. 

Ya en días pasados, en un comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal, la Unión Europea y las Naciones Unidas hacíamos una declaración de apoyo al TSE y los TED por el convencimiento que tenemos del rigor técnico, la transparencia y la imparcialidad con la que han manejado el proceso y hacíamos un llamado a una jornada electoral en paz, destacando los avances en la institucionalidad democrática, y alertando sobre los riesgos de un clima de confrontación política que no contribuye a solucionar los retos de la democracia boliviana.

Hoy, más que nunca, es clave que cada actor contribuya, de manera responsable, a unas elecciones en paz. El respeto por parte de todas las organizaciones políticas y de las y los bolivianos por los resultados electorales, certificados por el TSE, es fundamental para dar un paso más en el proceso de reconstrucción democrática. La posesión de las nuevas autoridades y el respeto por los perdedores y las minorías abrirán el camino a una institucionalidad y una Bolivia en paz.

*Luciana Mermet es representante resiente del PNUD en Bolivia.

Faltando pocos días para las elecciones generales, Bolivia se prepara para un evento histórico en el que se pondrá a prueba la capacidad del sistema político de superar la conflictividad y la polarización política, dirimiendo las diferencias mediante el voto.

Uno de los pensadores más destacados de la ciencia política latinoamericana, Guillermo O’Donnell, esbozó en su extensa obra un análisis esencial sobre las relaciones entre el Estado, la democracia y la ciudadanía. Planteó que las elecciones deben ser limpias, competitivas, libres, igualitarias, decisivas, inclusivas e institucionalizadas— y que para que ello suceda, deben existir condiciones subyacentes, como ciertas libertades relacionadas con las elecciones, tales como las de expresión, asociación, participación e información, que el Estado debe garantizar.

Para las democracias latinoamericanas persisten desafíos, que no son ajenos a Bolivia, vinculados, por ejemplo, con una brecha creciente entre las nuevas demandas y expectativas que acompañan la expansión de clases medias, y un sistema político con aparatos estatales de capacidad reducida. Abordar este desafío supone priorizar reformas institucionales que extiendan la participación, mediante consultas ciudadanas y centralidad del voto, y que fortalezcan la fiscalización y la transparencia. Son requisitos básicos para afirmar la democracia representativa y para responder a demandas por derechos políticos y protección ante la vulnerabilidad.

Frente a estos desafíos, Bolivia se ha preparado en forma bajo el liderazgo técnico del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED), en colaboración con múltiples actores, para llevar adelante un proceso electoral de este tenor.

Existen elementos que denotan una preparación sólida por parte de la autoridad electoral: la presentación oficial del Padrón Electoral Biométrico, la capacitación de notarios y notarias, el sorteo y capacitación de las y los jurados electorales, la aprobación y divulgación de los protocolos de bioseguridad, las pruebas técnicas de los sistemas de sistematización y transmisión de resultados. La transparencia y provisión de información sobre la realización de estos procesos demuestran que el TSE y los TED cumplen de manera oportuna con el calendario electoral aprobado con equidad, calidad técnica y legitimidad.

Asimismo, existe información clara y transparente sobre la transmisión de resultados, un eje central para la transparencia del proceso. Se utilizarán dos mecanismos: el Direpre, que habilita la transmisión de fotografías de las actas desde cada recinto de votación y alimentan un centro de datos del TSE, brindando una aproximación de resultados informativa y no vinculante. El segundo mecanismo, el cómputo oficial, brindará los datos oficiales y definitivos: se inicia con el traslado de las actas físicas a los centros de cómputo, operados por las salas plenas de los TED, cuya revisión física alimenta el sistema de cómputo electoral. 

Ya en días pasados, en un comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal, la Unión Europea y las Naciones Unidas hacíamos una declaración de apoyo al TSE y los TED por el convencimiento que tenemos del rigor técnico, la transparencia y la imparcialidad con la que han manejado el proceso y hacíamos un llamado a una jornada electoral en paz, destacando los avances en la institucionalidad democrática, y alertando sobre los riesgos de un clima de confrontación política que no contribuye a solucionar los retos de la democracia boliviana.

Hoy, más que nunca, es clave que cada actor contribuya, de manera responsable, a unas elecciones en paz. El respeto por parte de todas las organizaciones políticas y de las y los bolivianos por los resultados electorales, certificados por el TSE, es fundamental para dar un paso más en el proceso de reconstrucción democrática. La posesión de las nuevas autoridades y el respeto por los perdedores y las minorías abrirán el camino a una institucionalidad y una Bolivia en paz.

Luciana Mermet es representante resiente del PNUD en Bolivia.

Se estima que la crisis del COVID-19 disparará una recesión económica aún más profunda que la crisis financiera de 2008, provocando una crisis de desarrollo sin precedentes. En este contexto, la pandemia ha expuesto aspectos centrales que afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres. Factores como el aumento de la violencia de género, la reducción en los ingresos, el aumento de los riesgos para las trabajadoras de la salud, la sobrecarga en las tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, que generalmente recaen en las mujeres, y el limitado acceso a servicios de salud sexual y reproductiva son algunas de las dimensiones que impactarán en el bienestar de mujeres y niñas en el corto, mediano y largo plazo.

De acuerdo con ONU Mujeres, 1 de cada 3 mujeres en América Latina y el Caribe ha padecido violencia física y/o sexual; y existe evidencia de que menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda o denuncian el delito. En Bolivia, las cifras todavía son más alarmantes. Según los datos levantados en la Encuesta sobre Prevalencia de la Violencia en el país en 2016 más de 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Debido a las medidas de aislamiento por el COVID-19, los riesgos de violencia de género e intrafamiliar aumentan, tal y como se ha documentado en el contexto de las emergencias, ya sean crisis económicas, conflictos o pandemias. Por ejemplo, en Argentina, Perú y Colombia aumentó hasta en 50% el volumen de llamadas a líneas de denuncia, y los reportes de violencia y feminicidios se incrementaron en todos los casos. En Bolivia, el porcentaje de denuncias atendidas por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) habría disminuido en 25% en las primeras semanas de la cuarentena. Sin embargo, es probable que estas cifras estén subestimadas e invisibilicen la gravedad de la situación, ya que muchas mujeres no pueden contactar a los servicios de manera segura al encontrarse confinadas junto a su agresor. En este sentido, se han creado varias iniciativas apoyadas por ONU Mujeres para apoyar a las mujeres a hacer sus denuncias online o en farmacias y supermercados.

En días pasados, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hacía un llamamiento a poner fin a la violencia en todas partes, identificando áreas críticas para la acción, incluyendo poner a disposición de las organizaciones de derechos de las mujeres financiación urgente y flexible, reconociendo su rol en la respuesta a la pandemia; garantizar servicios sanitarios y sociales, así como acceso a respuesta policial y servicios de justicia, implementación de medidas preventivas y asegurar la recopilación de datos para mejorar los servicios y programas en cumplimiento de estándares éticos y de seguridad.

Las mujeres están en la primera línea en la respuesta a la crisis sanitaria y asumen más costos físicos y emocionales, así como un mayor riesgo de infección. En América Latina, 57% de las doctoras en medicina y 9 de cada 10 de las y los profesionales de enfermería son mujeres. Una sobrerrepresentación en ocupaciones como la enfermería crea mayor riesgo de exposición asociado al manejo de la enfermedad, por ejemplo, en la toma de muestras de pacientes. Sin embargo, aunque las mujeres representan 70 por ciento del sector de la salud en todo el mundo, el acceso a la anticoncepción, la salud materna y los servicios y bienes de salud sexual y reproductiva se han reducido a medida que aumenta la presión de respuesta al COVID-19 en los sistemas de salud. Mujeres entrevistadas reportan resistencia a acudir a los centros de salud por miedo a la exposición al virus, o se enfrentan a otro tipo de obstáculos derivados del confinamiento.

Adicionalmente, las mujeres también están sobrerrepresentadas en sectores que están siendo altamente afectados por la crisis, como los servicios turísticos, transporte aéreo, entretenimiento y servicios de limpieza y cuidado y trabajo doméstico remunerado. De hecho, América Latina es la región del mundo con mayor porcentaje de empleo femenino en turismo, con casi el doble de mujeres empresarias en turismo que en cualquier otro sector (51%). También, las mujeres trabajan de manera desproporcionada en el sector informal y tienden a asumir la carga del trabajo de cuidados no remunerado y mal remunerado. El trabajo de cuidado remunerado constituye uno de los pilares de la economía del cuidado y concentra empleos altamente precarios y mal remunerados, siendo uno de los sectores donde las desigualdades sociales y de género se expresan con mayor claridad y evidencia, pues suele ser la puerta de entrada al mercado del trabajo para las mujeres y niñas más pobres, con menor nivel educativo y que viven en un entorno de mayor exclusión social. Además, debido a la saturación de los sistemas sanitarios, el cierre de escuelas, guarderías y residencias, y dadas las normas sociales imperantes, las tareas de cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres y las niñas, quienes asumen la responsabilidad de atender a familiares enfermos, niños, niñas, personas adultas mayores, entre otras, lo cual puede tener un impacto en la salud física y emocional de estas mujeres por la sobrecarga de trabajo que asumen.

La pandemia es más que una emergencia sanitaria mundial, es una crisis sistémica del desarrollo humano, cuyo impacto sin precedentes ya se ha hecho patente en las dimensiones económicas y sociales del desarrollo. El COVID-19 intensificará las desigualdades económicas y sociales existentes. Los impactos asociados a las medidas de contención, como el aislamiento o el distanciamiento social, instan a que las respuestas de política pública aseguren la dimensión de género, considerando de manera diferenciada las necesidades de mujeres, hombres, niñas y niños y grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre otras medidas, sistemas de protección social fortalecidos, incluidas las transferencias monetarias, la cobertura universal de salud, la creación de un sistema de cuidados, el acceso a otros servicios esenciales, y el desarrollo de planes y programas específicos de empoderamiento y recuperación económica centrados en las mujeres serán centrales para erradicar las desigualdades que caracterizaban a las sociedades antes de la COVID-19, y que hoy se hacen más visibles. Por su parte, las iniciativas de promoción de la igualdad de género deberán recibir apoyos más decididos para coadyuvar en la eliminación de todas las formas de discriminación en razón de género y la deconstrucción de las normas sociales arraigadas en torno al reconocimiento, reducción y redistribución de la sobrecarga de trabajo no remunerado, el liderazgo y participación política de las mujeres en todas las fases de respuesta a la emergencia y su inclusión en la esfera digital.

Luciana Mermet y Violeta Domínguez son representantes del PNUD y ONU Mujeres-Bolivia