Días después de congratularse porque Chile era “un oasis” en medio de la convulsión de otros países sudamericanos, el presidente Sebastián Piñera anunció que estaban “en guerra contra un enemigo poderoso”, al referirse a las protestas que desató el incremento en las tarifas del metro en Santiago. El Mandatario chileno intentaba así justificar la desmedida violencia de Estado, causa de más protestas.
Todo comenzó la semana pasada cuando los estudiantes, organizados bajo el lema “Evadir, no pagar: otra forma de luchar”, dejaron de cancelar el boleto para viajar en el metro, que se incrementó, por cuarta vez desde inicios de 2018, de 800 pesos chilenos a 830 (equivalentes a Bs 8). El viernes, la protesta estudiantil ya había logrado movilizar a otros sectores de la sociedad, y esa noche se produjeron ataques en estaciones del metro y saqueos en algunos comercios. El fin de semana la protesta se expandió a otras regiones del país.
La respuesta gubernamental desde el inicio de las protestas consistió en acusar de vandalismo a quienes reclamaban y criminalizar la protesta. La decisión de declarar el toque de queda y dejar la seguridad interior en manos de las Fuerzas Armadas fue como echar gasolina al fuego del descontento. Algunos medios denunciaron que los Carabineros estaban detrás de ciertos hechos vandálicos, con el fin de acusar a los manifestantes.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció la muerte de 18 personas provocada por los enfrentamientos con los militares y carabineros; más de 220 heridos, de los cuales 173 presentan lesiones por armas de fuego; 2.138 personas detenidas y el inicio de al menos 26 acciones legales en favor de 129 víctimas de tortura. Mientras la violencia se expandía de norte a sur, con mayor incidencia en ciudades como Valparaíso y Concepción, además de la capital, los medios tradicionales informaban con mucho detalle sobre el vandalismo, pero no ofrecían ninguna pista sobre los orígenes del descontento. Fueron académicos de las ciencias sociales quienes recordaron que la sociedad chilena venía acumulando frustración e ira desde hace muchos años.
Así, ahora adquieren nueva relevancia el movimiento mapuche, activo desde fines de la década de 1990; las movilizaciones estudiantiles de 2002, 2006 y 2011; el movimiento en contra de las AFP iniciado en 2016; el “mayo feminista” de 2018; diversos movimientos ambientalistas y contrarios a la privatización del agua; y un evidente descontento con la corrupción en todos los niveles del Estado, así como con la creciente desigualdad e insensibilidad típicos de los Estados neoliberales.
La decisión, anunciada por el presidente Piñera, de enviar al Congreso un paquete de propuestas para resolver las demandas señaladas en el párrafo precedente, y que antes él mismo afirmaba que eran imposibles de transformar, no ha servido para detener la protesta y el paro general de los últimos días. ¿Estará Chile a puertas de su propio proceso de cambio? Los próximos días deberían dar pistas al respecto.